Mientras Buenaventura sigue a la espera eterna de una respuesta eficaz a su dolorosa violencia, en las entrañas del puerto se desarrolla otra disputa calculada en miles de millones, que compromete el futuro inmediato del sector energético: la construcción de la regasificadora del Pacífico y el gasoducto Buenaventura-Yumbo. El Gobierno argumenta que su construcción es urgente, pues solo hay reservas de gas para ocho años, pero desde la academia y la política se diagnostica que será un golpe incalculable a las finanzas del país, además de un mal negocio que, en principio, costará más de US$1.000 millones, que terminarán pagando los colombianos en sus facturas de gas. Algunos ya lo comparan con Reficar y Bioenergy.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
Desde hace una década, cuando se estructuró la regasificadora de Cartagena, la idea de reproducir este modelo en el Pacífico siempre se mantuvo. Los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos no se atrevieron a darle vía libre. Sin embargo, en 2018, ya en la era Duque, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) retomó la idea de la regasificadora del Pacífico, que se consolidó en plena pandemia, en octubre de 2020, cuando se conoció la convocatoria pública para seleccionar al inversionista que presente la oferta más barata para construirla, junto al gasoducto y una planta de almacenamiento y transferencia. Desde ese momento, la controversia gasífera está al rojo vivo. El último debate se dio el pasado martes en el Congreso.
En una audiencia pública en la Comisión Quinta del Senado, a instancias del congresista Jorge Enrique Robledo, además de varios senadores, funcionarios públicos, académicos, voceros de los organismos de control, representantes de los consumidores y expertos del sector minero-energético del país debatieron sobre la conveniencia de construir o no la regasificadora del Pacífico. La mayoría coincidió en que, por ahora, lo que predomina es la desconfianza frente a las cifras que tiene la UPME, pues crean un escenario de alarma respecto a la producción de gas en Colombia. Esa misma percepción es la base del organismo para justificar una regasificadora como la solución frente a una eventual crisis en la prestación del servicio.
La UPME y el Ministerio de Minas y Energía se defienden manifestando que sus cálculos se basan en estudios técnicos elaborados desde 2015, que concluyen que uno de los ocho planes de priorización para garantizar el abastecimiento de gas es la importación. Por esta razón, para la UPME, la construcción de la regasificadora constituye una respuesta a la pérdida de autosuficiencia y el desabastecimiento. Además, resalta que su costo es menor a construir una nueva interconexión al yacimiento offshore (fuera de costa) Barranca-Ballena en La Guajira o a ampliar la terminal de Cartagena. Las autoridades mineras insisten en que se trata de una idea confiable que también diversifica las fuentes de suministro de gas, hoy concentradas en el norte del país.
Según los análisis de la UPME, por efectos del fenómeno de El Niño, en Colombia puede haber un desabastecimiento de gas en 2026, porque aumentaría la demanda de las termoeléctricas. Expectativa pesimista a la que le salieron críticos en la Comisión Quinta del Senado, como la del congresista José David Name, quien enfatizó: “No estoy de acuerdo con las cifras que la UPME está dando sobre las reservas de gas, porque crean una zozobra para que los colombianos digamos nos vamos a quedar sin gas”. Otros participantes del debate agregaron que la UPME debe ajustar su metodología, porque es ilógico concluir que en ocho años no habrá gas, pues reconoce que los yacimientos actuales (incluyendo los offshore) van a dejar de ser productivos, desconociendo las proyecciones reales de explotación.
“La UPME no ha podido demostrar que no hay gas. Desde hace varios años dicen que se acaba, pero la producción aumenta. Hacen cálculos con reservas declaradas, pero no con las que pueden existir. Naturgas dice que las reservas en Colombia son cerca de 18 veces las que están declaradas”, se sumó el senador Jorge Enrique Robledo. Canacol, una de las productoras en la costa Caribe, explicó que las estimaciones de la UPME son de siete a ocho años porque es el gas que ya está vendido. “Las reservas aumentan a medida que se va perforando, porque crece la demanda”, agregó Jorge Linero, presidente de Gas de Canacol Energy. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, reveló que hay previstas inversiones por US$400 millones para aumentar la producción en los yacimientos offshore en el Golfo de Morrosquillo.
En su defensa, el director de la UPME, Christian Jaramillo, dice que sus estimaciones son diferentes a las de los productores porque su mandato es garantizar el abastecimiento y no hacer apuestas con probabilidad de ganar. “Es la diferencia entre el ejercicio de quién garantiza y quién hace una inversión a riesgo. Si bien los inversionistas dicen que van a tener más gas, ellos no lo han puesto en comercialización. Eso no es seguridad para nosotros”, indicó Jaramillo. Sin embargo, la Contraloría anunció que en pocos días publicaría los resultados de un control preventivo sobre los posibles riesgos de la regasificadora y agregó que eran preocupantes las cifras que estaban manejando las autoridades, porque no eran congruentes con la realidad.
¿Quién va a pagar?
Sin resolver las dudas respecto a las reales reservas de gas en Colombia, la otra incertidumbre es cómo pagará el Estado la regasificadora del Pacífico. Según la UPME, una vez esté operando —58 meses después de elegido el inversionista— comenzará el período de remuneración por quince años. Este diario consultó si se prevé un eventual atraso en las obras, sobre todo del gasoducto Buenaventura-Yumbo, dados los graves problemas sociales, ambientales y de orden público que presenta la región. La UPME respondió que “no se ha considerado una remuneración parcial, pero sí está abierta la posibilidad para que el inversionista implemente alternativas temporales para prestar los servicios asociados”. Es decir, una puerta abierta a que se pague sin que se termine el gasoducto.
Respecto al espinoso asunto de los consumidores, la UPME dejó claro que, una vez se conozcan las propuestas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) se encargará de definir las tarifas que se aplicarán y cómo van a repercutir en las facturas de los usuarios. Según los estudios del Gobierno, los consumidores están dispuestos a pagar hasta US$30 (casi $100.000) mensuales para evitar un corte en el servicio del gas. Y agregó que, seguramente, las tarifas tendrán una variación del 15 % al 25 %, que no resulta significativo frente al aumento anual que tienen las facturas de gas, en especial, en el suroccidente, donde los costos de transporte están sumando entre US$4 y US$5 (algo más de $17.500).
Los opositores al proyecto cuestionan estos números y alegan que el Estado no puede sacar a convocatoria un proyecto de semejante envergadura sin definir cómo va a pagarlo. Creen que no lo hicieron antes por el costo político que significaba reconocer que a los estratos 1, 2 y 3 les subirá la factura de gas. “Montar la regasificadora y el oleoducto son cerca de US$800 millones que van a terminar cargados al costo del gas. El costo subirá cerca del 60 %. Son cifras escandalosas. Ese gas extranjero para esa regasificadora es más caro que el gas nacional. Esto puede ocasionar que empresas que hoy están en el negocio del gas vuelvan al carbón. Y todo el discurso de pasar a las energías limpias queda en entredicho”, denunció el senador Robledo.
“Los hogares, de todos los estratos, van a pagar la inversión de la regasificación y me parece injusto con el Caribe colombiano, que ya pagamos la regasificadora de la costa. El recibo del gas va a subir. Los estratos 1 y 2, sobre todo, van a pagar más de $45.000 millones durante los próximos veinte años”, agregó el senador Name en la Comisión Quinta. Un empresario añadió: “Esos ingresos revierten al inversionista y no a la nación. La planta tiene cincuenta años de vida útil. Los consumidores quedan treinta años pagando al privado y no revirtiendo a la nación, porque no es una concesión. Es inaceptable que el Gobierno cobre a los estratos bajos por un gas que no van a utilizar. No habría problema si el inversionista pone la planta y paga quien la use. Así funciona en todo el mundo”.
“El proyecto no cumple con los objetivos de reactivación económica y de transformación energética. Serán los usuarios quienes respondan por la regasificadora sin tener garantizada la conectividad del gas. Esa inversión no es reactivación del país, sino que se hace para productores de afuera. Eso encarecerá el costo del gas, los industriales van a tener que migrar al uso de carbón y gas licuado del petróleo, los cuales van en contra de la transformación energética. Además, ocasionará que se erosione lo que ha ganado el país en transformación energética”, manifestó Sandra Stella Fonseca, directora de Asoenergía, que, desde una visión técnica, como otras agremiaciones privadas, también tiene reparos frente a la iniciativa de la regasificadora del Pacífico.
El impacto a Ecopetrol
Entre las voces críticas está la de Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, quien, respecto a la necesidad, conveniencia y justificación de la regasificadora del Pacífico, planteó que “a las empresas transportadoras les da lo mismo que el gas sea producido en el país o importado, pero los usuarios son los principales afectados, quienes han apostado al gas vehicular, la industria que migró del carbón al gas, las plantas generadoras de electricidad a gas y los domiciliados”. Quienes se oponen a la regasificadora, entre ellos varios senadores de la Comisión Quinta de distintos partidos políticos, sostienen que Ecopetrol será el principal afectado, pues sus costos de producción aumentarán y pagarán a extranjeros por un gas que la empresa puede producir. “Es un tiro a Ecopetrol”, dijo uno de los académicos consultados.
Desde el Congreso, críticos de la iniciativa recalcaron que la regasificadora del Pacífico ahuyenta la inversión extranjera y plantea una política contraria a la impulsada por el Gobierno para promocionar la exploración y explotación de gas, al punto que, señalan, es una puñalada al fracking, que en un 90 % produce gas. Y no faltan las dudas acerca de los intereses que pueda tener Estados Unidos en su propósito de exportar gas a Colombia. El senador Robledo reveló que, en noviembre de 2019, el gobierno de Iván Duque firmó con Estados Unidos un acuerdo marco para afianzar la cooperación en el fortalecimiento financiero en materia de energía e infraestructura, con un acápite sobre la promoción de infraestructura para facilitar la importación del gas licuado. “Es un negocio de burro amarrado”, sentenció.
En la actualidad, Estados Unidos es el principal productor de ese gas gracias a los proyectos de fracking en Luisiana. “Acá (en Colombia) en energía no se va a hacer nada, no se va a caer una hoja de un árbol sin que esté por fuera de ese marco en el cual el Gobierno le entregó la dirección de la política energética a Estados Unidos”, manifestó Aurelio Suárez. Cierto o no, por ahora continúa la convocatoria de la UPME para conseguir inversionista a la regasificadora del Pacífico. Hasta el 27 de abril se pueden presentar ofertas y el 18 de mayo se elegirá al ganador. La CREG publicará las tarifas y se conocerá a ciencia cierta cuánto tendrán que pagar los colombianos. La decisión no está tomada, pero la discusión técnica ya pasó a los escenarios públicos y, por supuesto, al radar de los organismos de control.
Otros ‘peros’ a la construcción
Por las grandes dificultades para la construcción, es que la Dirección General Marítima (Dimar) envió una carta en 2019 en la que alertó que la Regasificadora del Pacífico suponía riesgos en la operación del puerto de Buenaventura, pues entre otros riesgos está que afectan el tráfico marítimo y el canal de acceso para descarga de contenedores. Asimismo, alertan que el dragado debe ser constante para no afectar las áreas de maniobra y reviro, así como de atraque. En el mismo sentido se pronunció la Armada Nacional, que alertó que una planta en alta mar de este tipo, cerca de un batallón, es un riesgo para la seguridad nacional y, además, puede afectar las operaciones de guardacostas.
“Los resultados de las reuniones con la Dimar y la Armada permiten concluir que estos aspectos son gestionables por parte de los interesados. Cabe aclarar que no manifestaron estar en “desacuerdo” con la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico”, señaló la UPME. Es decir, estos problemas deben ser resueltos por el futuro inversionista.
“El riesgo es del inversionista”: UPME
Al consultar a la UPME sobre si estaban listas las licencias ambientales, de construcción y operación, la respuesta fue que el proceso de selección es a riesgo del inversionista. “Es decir, es responsabilidad de este llevar a cabo todos los trámites y las acciones relacionadas con la obra, incluyendo (pero sin limitarse) a la elaboración de diseños, planos, gestión de predios y otros documentos, obtención de permisos y licencias (incluyendo licencia ambiental, permisos de construcción u otros necesarios), gestión de consultas previas, vinculación (de ser el caso) de contratistas, proveedores y terceros, obtención de concesión portuaria y otros permisos asociados y, en general, todas las actividades, licencias, permisos, autorizaciones, consentimientos y trámites necesarios para llevar a cabo el Proyecto de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico”. Sin embargo, una fuente le dijo a este diario que la licencia ambiental por la que iría el gasoducto, al parecer, está ya en manos de un empresario de Buenaventura que es reconocido por su poder en los puertos.
