ANI aplaza la adjudicación del megaproyecto Canal del Dique
Según el nuevo cronograma de la ANI, la adjudicación del megaproyecto se realizaría el último día hábil del gobierno saliente, a las 3:00 de la tarde. Sin embargo, el director de la entidad aseguró que la adjudicación quedará en manos del Gobierno entrante de Gustavo Petro. Frente a las oficinas de la entidad se encontraban comunidades que viajaron desde el Caribe para “protestar por las irregularidades del proyecto Canal del Dique”.
Para este jueves estaba planeada la adjudicación del contrato para el megaproyecto “Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique”, que tendría un costo de 3.2 billones de pesos, y que en las últimas semanas ha sido ampliamente criticado por las inquietudes que hay frente a los impactos ambientales, la participación efectiva de las comunidades, así como su adjudicación a pocas horas del cierre de Gobierno del presidente Iván Duque. (Le recomendamos: Las inquietudes ambientales de las obras en el Canal del Dique)
Sin embargo, en un documento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), publicado el miércoles en la noche, se anunciaron “modificaciones al pliego de condiciones definitivo”, que tienen que ver con el cronograma del proceso de selección. Allí se establecía, entre otras cosas, que la audiencia pública de adjudicación del contrato, que sería este jueves 4 de agosto a las 10:00 a.m., sería aplazada para el viernes 5 de agosto, el último día hábil del Gobierno de Iván Duque, a las tres de la tarde, en las instalaciones de la ANI. (Puede leer: ¿Por qué el megaproyecto del Canal del Dique no tiene licencia ambiental?)
No obstante, este jueves, el presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, aseguró en una entrevista con la W radio que la adjudicación de la APP del Canal del Dique quedaría en manos del Gobierno entrante de Gustavo Petro.
“Nosotros ayer paramos, paramos por un día. Yo solicité directamente que se parara porque llegó un reporte de la Contraloría General, como ocurre en la mayoría de los procesos, haciendo preguntas sobre temas específicos de la propuesta y pedí que se suspendiera”, aseguró a la emisora Gutiérrez. (Le recomendamos: Los reclamos de las comunidades negras frente a las obras del Canal del Dique)
En documentos que conoció este diario, firmados por Luis Fernando Mejía Gómez, contralor delegado, se pone en conocimiento de la Procuraduría una serie de hechos que ponen en riesgo la licitación y los recursos públicos. El ente de control también remitió una alerta a control interno de la ANI.
La Contraloría señala que, “contrario a lo que establece el informe de evaluación de oferta publicado por la ANI”, hay inconsistencias en la oferta presentada por Sacyr.
En primer lugar, existe el riesgo de que la autorización al representante legal de Sacyr no haya cumplido con todas las condiciones y requisitos exigidos en la ley y en el pliego de condiciones. Además, hay diferencias importantes entre los cálculos presentados por Sacyr y las cifras que calculó la Contraloría respecto a los precios del mes de referencia.
Entre otras cosas, se encontró que la certificación de experiencia en inversión de la Empresa Desarrollo Vial al Mar SAS, no cumple con los requisitos establecidos, “toda vez que se certifica un porcentaje de participación patrimonial del oferente Sacuy Concesiones Colombia SAS en la empresa Desarrollo Vial al Mar SAS del 37,49 %, el cual es menor al requisito establecido para poder certificar la situación de control (más del 50 %)”.
Y en los soportes adjuntos a la oferta no está el acuerdo de garantía ni el diagrama de la estructura organizacional, documentos que se requieren.
Ante estos hechos, la Contraloría identificó el riesgo de que “la ANI decida adjudicar una licitación pública sin que el oferente haya cumplido cabalmente con todos los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones definitivo y sus adendas y en las normas del Estatuto de contratación aplicables”.
La alerta a la Oficina de Control Interno de la ANI busca que se garantice “la salvaguarda de los recursos públicos y no se genere un impacto negativo en la comunidad beneficiaria de este proyecto”, la comunicación evidencia una posible afectación del recurso público y solicita que la entidad actúe.
Además, el ente pide verificar dos cosas: si la ANI está realizando las evaluaciones y proyecciones financieras necesarias para constatar la capacidad financiera del oferente y si realizó la verificación de los efectos reputacionales y de relacionamiento con posibles financiadores del oferente, teniendo en cuenta la sanción de Sacyr en España.
Reacciones a la decisión
La firma SACYR informó a El Espectador que “acata la decisión de la ANI y está a disposición de las decisiones que tome el nuevo gobierno sobre el futuro del proyecto”. Asimismo, reiteró su “compromiso con el desarrollo de Colombia”.
Por su parte, los líderes y voceros de comunidades que viven en las inmediaciones del Canal del Dique, y que este jueves llegaron a Bogotá para protestar frente a las instalaciones de la ANI por las “irregularidades del proyecto del Canal del Dique”, aseguran que “el aplazamiento era lo más oportuno. Es el resultado de unas denuncias que vienen haciendo las comunidades desde hace dos años y que nos trajeron hoy hasta Bogotá con el único interés de proteger la naturaleza, el patrimonio del Estado, los derechos de las comunidades y los derechos a la verdad y la memoria del conflicto armado”, afirma Adil Márquez. Ahora, insiste, espera que se les escuche y se les tenga en cuenta.
Para este jueves estaba planeada la adjudicación del contrato para el megaproyecto “Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique”, que tendría un costo de 3.2 billones de pesos, y que en las últimas semanas ha sido ampliamente criticado por las inquietudes que hay frente a los impactos ambientales, la participación efectiva de las comunidades, así como su adjudicación a pocas horas del cierre de Gobierno del presidente Iván Duque. (Le recomendamos: Las inquietudes ambientales de las obras en el Canal del Dique)
Sin embargo, en un documento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), publicado el miércoles en la noche, se anunciaron “modificaciones al pliego de condiciones definitivo”, que tienen que ver con el cronograma del proceso de selección. Allí se establecía, entre otras cosas, que la audiencia pública de adjudicación del contrato, que sería este jueves 4 de agosto a las 10:00 a.m., sería aplazada para el viernes 5 de agosto, el último día hábil del Gobierno de Iván Duque, a las tres de la tarde, en las instalaciones de la ANI. (Puede leer: ¿Por qué el megaproyecto del Canal del Dique no tiene licencia ambiental?)
No obstante, este jueves, el presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, aseguró en una entrevista con la W radio que la adjudicación de la APP del Canal del Dique quedaría en manos del Gobierno entrante de Gustavo Petro.
“Nosotros ayer paramos, paramos por un día. Yo solicité directamente que se parara porque llegó un reporte de la Contraloría General, como ocurre en la mayoría de los procesos, haciendo preguntas sobre temas específicos de la propuesta y pedí que se suspendiera”, aseguró a la emisora Gutiérrez. (Le recomendamos: Los reclamos de las comunidades negras frente a las obras del Canal del Dique)
En documentos que conoció este diario, firmados por Luis Fernando Mejía Gómez, contralor delegado, se pone en conocimiento de la Procuraduría una serie de hechos que ponen en riesgo la licitación y los recursos públicos. El ente de control también remitió una alerta a control interno de la ANI.
La Contraloría señala que, “contrario a lo que establece el informe de evaluación de oferta publicado por la ANI”, hay inconsistencias en la oferta presentada por Sacyr.
En primer lugar, existe el riesgo de que la autorización al representante legal de Sacyr no haya cumplido con todas las condiciones y requisitos exigidos en la ley y en el pliego de condiciones. Además, hay diferencias importantes entre los cálculos presentados por Sacyr y las cifras que calculó la Contraloría respecto a los precios del mes de referencia.
Entre otras cosas, se encontró que la certificación de experiencia en inversión de la Empresa Desarrollo Vial al Mar SAS, no cumple con los requisitos establecidos, “toda vez que se certifica un porcentaje de participación patrimonial del oferente Sacuy Concesiones Colombia SAS en la empresa Desarrollo Vial al Mar SAS del 37,49 %, el cual es menor al requisito establecido para poder certificar la situación de control (más del 50 %)”.
Y en los soportes adjuntos a la oferta no está el acuerdo de garantía ni el diagrama de la estructura organizacional, documentos que se requieren.
Ante estos hechos, la Contraloría identificó el riesgo de que “la ANI decida adjudicar una licitación pública sin que el oferente haya cumplido cabalmente con todos los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones definitivo y sus adendas y en las normas del Estatuto de contratación aplicables”.
La alerta a la Oficina de Control Interno de la ANI busca que se garantice “la salvaguarda de los recursos públicos y no se genere un impacto negativo en la comunidad beneficiaria de este proyecto”, la comunicación evidencia una posible afectación del recurso público y solicita que la entidad actúe.
Además, el ente pide verificar dos cosas: si la ANI está realizando las evaluaciones y proyecciones financieras necesarias para constatar la capacidad financiera del oferente y si realizó la verificación de los efectos reputacionales y de relacionamiento con posibles financiadores del oferente, teniendo en cuenta la sanción de Sacyr en España.
Reacciones a la decisión
La firma SACYR informó a El Espectador que “acata la decisión de la ANI y está a disposición de las decisiones que tome el nuevo gobierno sobre el futuro del proyecto”. Asimismo, reiteró su “compromiso con el desarrollo de Colombia”.
Por su parte, los líderes y voceros de comunidades que viven en las inmediaciones del Canal del Dique, y que este jueves llegaron a Bogotá para protestar frente a las instalaciones de la ANI por las “irregularidades del proyecto del Canal del Dique”, aseguran que “el aplazamiento era lo más oportuno. Es el resultado de unas denuncias que vienen haciendo las comunidades desde hace dos años y que nos trajeron hoy hasta Bogotá con el único interés de proteger la naturaleza, el patrimonio del Estado, los derechos de las comunidades y los derechos a la verdad y la memoria del conflicto armado”, afirma Adil Márquez. Ahora, insiste, espera que se les escuche y se les tenga en cuenta.