Así se vivió la toma del Palacio de Justicia en la Casa de Nariño

Dos meses después de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, cuando el país permanecía expectante frente a las investigaciones judiciales ordenadas por el gobierno del presidente Belisario Betancur, los medios de comunicación revelaron el acta de ministros número 176 celebrada el 7 de noviembre de 1985. Durante muchos años, lo descrito en esos documentos fue la única referencia sobre las decisiones adoptadas ese día en Casa de Nariño. Ahora, 30 años después, El Espectador revela detalles de otras actas de consejos adelantados desde el 8 de noviembre al 28 de enero de 1986.

 

Inicialmente se supo, en el acta del 6 de noviembre, que a las 11:45 de la mañana del día anterior, cuando empezó la toma, Belisario Betancur, se encontraba listo para recibir las credenciales de los nuevos embajadores de México, Uruguay y Argelia. Jaime Acevedo, director general de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, entró al salón con la noticia. De inmediato, las órdenes del presidente fueron recibidas por el Secretario General, quien tenía la tarea de comunicarse con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y el Presidente del Consejo de Estado, Carlos Betancur Jaramillo.

 

Ambos magistrados fueron localizados. Se encontraban en sus despachos y tanto Reyes como Betancur aseguraron al Secretario General que desde el cuarto piso se podían escuchar disparos. La información fue comunicada al Jefe de Estado, quien simultáneamente recibió el parte de su ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, con la confirmación del asalto al Palacio y la noticia del envío de las tropas para repeler a los guerrilleros. Mientras tanto, la ceremonia de credenciales siguió juiciosamente su protocolo hasta las 12:35, cuando los primeros ministros comenzaron a llegar a la Casa de Nariño.

 

Al Salón Protocolar, llegó la ministra de comunicación, Noemí Sanín Posada con un telegrama que había enviado minutos antes a las estaciones de radio y televisión, en las cuales les pidió abstenerse de transmitir en directo, entrevistas, comunicados y en general información sobre los operativos militares. El entonces director de Inravisión, Fernando Barrero, estuvo de acuerdo con la ministra y promovió cambios en la programación. En medio de esta deliberación, a la que se le unió el director del noticiero “24 Horas”, Mauricio Gómez, llegó una cassete a manos del periodista, que hizo conocer a toda la mesa reunida en la Casa de Nariño.

 

El himno del M-19 se escuchó por el teléfono, seguido por una explicación sobre la “Operación Antonio Nariño” y las exigencias de los guerrilleros que pedían la divulgación completa de sus pretensiones y la realización de lo que llamaron un juicio memorable al gobierno. De inmediato, Betancur se comunicó con cuatro ex presidentes y tres candidatos presidenciales desde la Casa Privada. Junto a su esposa de entonces, Rosa Helena Álvarez, y la cartera ministerial con la ausencia del ministro de defensa, el presidente comenzó una deliberación sobre la posición y las decisiones que debían tomarse.

 

Todos coincidieron en que no podían acceder a las solicitudes formuladas por los guerrilleros y que tampoco abriría una negociación pues “el solo intento de realizarla comprometería la independencia y el funcionamiento regular de los poderes públicos”. Entretanto, la arremetida de la fuerza pública se desplegó por el sótano del Palacio y, a la 1:57 exactamente, dos tanques ingresaron por la puerta principal. La reunión se suspendió y se retomó a las cuatro de la tarde, cuando las cadenas radiales, desobedeciendo la orden de la ministra Sanín, transmitieron el testimonio del magistrado Reyes Echandía pidiendo el cese al fuego”.

  

Ante el llamado de angustia del presidente de la Corte Suprema, los ministros de justicia, educación y comunicaciones solicitaron que mientras se lograba una comunicación con una de las cabezas al mando del M-19, Andrés Almarales, se suspendiera el operativo de la Policía para tomar el control del cuarto piso, donde se creía que se encontraban los magistrados. Pero la única manera de concretar un cese al fuego, según la posición que se lee en el acta de ministros del día, tenía que conseguirse con la libertad de los rehenes y con la recuperación total del Palacio de Justicia.

 

Hacia las cinco de la tarde, el Consejo de Ministros escuchó por primera vez en directo la voz del presidente de la Corte Suprema, quien reiteró el peligro del cruce de balas y aseguró que si no se suspendían el operativo militar, los iban a matar a todos. Eso fue lo último que se supo de Reyes Echandía y de lo que ocurría en los despachos. Una hora después de esta comunicación, llegó la noticia de que el operativo de la Policía, al que se habían opuesto tres ministros, había logrado forzar la puerta de la azotea del Palacio e informaron que en el cuarto piso no había muertos ni heridos.

El equipo de ministros se terminó de completar a las siete de la noche. Durante la siguiente hora, el Presidente Betancur logró comunicarse con dos consejeros de Estado que se encontraban tendidos en el suelo de sus oficinas, agachando las cabezas para esquivar las balas. Mientras el Palacio ardía en llamas, Betancur confirmó que lo decidido por el gobierno había sido lo más conveniente para el país, el estado de derecho y el sistema democrático y aceptó toda la responsabilidad de las decisiones tomadas ese 6 de noviembre. La reunión terminó a la 1:30 de la mañana.

 

El gabinete se volvió a reunir el 7 de noviembre con una mesa compuesta por 23 personas, entre los que estaban el presidente Betancur; el ministro de Gobierno, Jaime Castro; de Relaciones Exteriores, Augusto Ramírez; de Justicia, Enrique Parejo; y de Comunicaciones, Noemí Sanín. “Todos, sin excepción nos sentimos orgullosos de haber acompañado al Presidente en este proceso”, declararon. Al día siguiente discutieron la manera en la que se iban a desarrollar las investigaciones y el presidente rechazó una petición de la Alcaldía de Bogotá de organizar movilizaciones de repudio al terrorismo.

 

El 9 de noviembre, el Consejo de Ministros se volvió a reunir en sesión extraordinaria. El ministro de gobierno se refirió a la inhumación de los guerrilleros y aclaró que se debían evitar los entierros con manifestación y “que lo ideal sería inhumarlos en fosa común, previa al cumplimiento de los requisitos que ordena la ley”. Al día siguiente, el ministro de justicia se refirió a la creación de una Comisión encargada de investigar los hechos. El presidente Betancur declaró que el gobierno no debía temer investigaciones, que estaba sereno, seguro y que incluso, alcanzó a pensar que se había hecho más de lo que se debía hacer.

 

A partir del día 11 de noviembre, las sesiones se hicieron más cortas que los días anteriores y el día 13, a raíz de la tragedia de Armero, mencionada en varios Consejos, se ordenó la creación de varios informes simultáneos sobre los hechos del Palacio de Justicia y con lo ocurrido después de la erupción del volcán Arenas del Nevado del Ruiz. Para el día 23 de diciembre, el Secretario Jurídico de la Presidencia explicó las alternativas para decretar el estado de emergencia y así definir el procedimiento para establecer la muerte de los desaparecidos del Palacio de Justicia.  

 

El Consejo de Ministros se volvió a reunir hasta el 28 de enero de 1986 y ese día decidieron que, después de la filtración del acta del 7 de noviembre, que ese día había sido publicada por varios medios de comunicación, era necesario dejar por escrito los planteamientos de los miembros del gabinete, con la presencia del presidente Belisario Betancur, en la noche del 6 de noviembre de 1986. El acta de esa mañana de enero terminó hacia a las 8:15 con las mismas firmas que le dieron fin a las actas que hoy se conocen 30 años después y que demuestran el ambiente que se vivió en el alto gobierno. (Vea el especial Ayer y Hoy frente al Palacio)