Casas de la discordia en Chía

La hacienda Sidonia, de casi 40 hectáreas, ubicada en el municipio de Chía (Cundinamarca) y donde se pretende construir un proyecto de vivienda de interés social, ha sido en los últimos años el epicentro de una álgida polémica. La constructora Amarilo tiene los permisos, estudios y planos de una gran urbanización con 3.500 apartamentos, que puede costar casi $300.000 millones, con la infraestructura de una ciudadela. Vale aclarar que estará muy cerca de la orilla del río Frío.

Todo estaría bien si el lote donde se piensa edificar el proyecto no hubiera sido clasificado desde el año 2000 hasta finales de 2010 como zona rural en la que estaba prohibido construir, al ser de vocación agrícola y de reserva, debido a los posibles riesgos de inundación. Sin embargo, la anterior administración, liderada por el alcalde Jorge Orlando Gaitán Mahecha, modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para dar luz verde al proyecto, bajo el argumento de que el municipio necesitaba suelo urbanizable.

Quienes se oponen a la obra denuncian que detrás de este proyecto habría intereses particulares del exalcalde Mahecha, quien supuestamente abusó de su autoridad para favorecer a particulares y habilitar el predio. Agregan que, de acuerdo con estudios que en el año 2000 hicieron expertos de la Universidad Nacional, allí no se debe construir nada, debido a los riesgos que representa estar a la orilla del río y las implicaciones que tendría en épocas invernales.

Por su parte, los promotores de la obra señalan que el terreno tiene varios estudios también de expertos que indican que hay una zona en la que sí se puede construir y que detrás del rechazo se esconde la inconformidad de las élites del municipio, que no quieren tener como vecinas a familias de estratos bajos. “El cambio del uso del suelo es la oportunidad para cubrir el déficit de vivienda y abrir la puerta para que familias de escasos recursos puedan tener casa propia”, dijo el exalcalde Gaitán Mahecha en una de sus tantas defensas del proyecto.

Lo cierto es que, más allá de la polémica, hay otra cuestión de fondo: el precio de la tierra. De concretarse el proyecto, los primeros beneficiados serán los dueños del lote donde se pretende construir, ya que obtendrían ganancias por un predio que hasta hace un par de años valía muy poco, por haber sido declarado zona agrícola y de reserva. Sin embargo, al tratarse de viviendas de interés social, algunos creen que la obra desvalorizaría las propiedades vecinas.

Cabe resaltar que un metro cuadrado de tierra agrícola tiene un costo aproximado de $50.000. Sin embargo, la diferencia es ostensible frente al costo de la tierra urbanizable. Según datos del banco inmobiliario de Chía y algunas inmobiliarias que tienen lotes para la venta en el municipio, el metro cuadrado puede costar entre $300.000 y $1 millón, dependiendo de su ubicación. En este caso se está hablando de un lote de casi 400.000 metros cuadrados, de los cuales serían urbanizables casi 180.000 metros cuadrados, según datos de la constructora.

La hacienda donde se pretende construir el megaproyecto aparece actualmente a nombre de Fideicomiso Proyecto Sidonia Las Mercedes. Sin embargo, su real propietario es la sociedad Álvaro Ucrós Umaña y Compañía en liquidación, empresa familiar que se dedicaba a la ganadería. La transferencia del terreno se hizo en mayo de 2010, desde que comenzó a concretarse la futura urbanización.

El predio ha sido de la familia Ucrós desde 1976. En el año 2000 se desvalorizó cuando un estudio de la Universidad Nacional, previo al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Chía, señaló que esa zona se debía declarar de protección e impedir cualquier tipo de urbanización, debido a que era parte de un ecosistema estratégico que impedía el desborde del río Frío. Ante estas recomendaciones, el predio quedó clasificado como zona agropecuaria.

Un año después, los socios de la empresa Álvaro Ucrós Umaña y compañía decidieron disolver la sociedad, porque estaba generando muchas pérdidas por la caída del negocio del ganado. Liquidaron y vendieron todos los activos de la empresa, incluido el predio. En 2005, ante los buenos precios de la tierra en Chía, la empresa intentó entrar en el negocio inmobiliario y radicó ante la oficina de Planeación de Chía una solicitud para licencia de urbanismo, con el fin de construir un condominio campestre de 283 viviendas. Sin embargo, le negaron la licencia un año después, con el argumento de que el terreno no estaba habilitado.

El salvavidas de la familia Ucrós llegó con la elección del alcalde Jorge Orlando Gaitán Mahecha para el período 2008-2011. En su Plan de Desarrollo incluyó la construcción de 3.200 viviendas de interés social, plan que fue aprobado por el Concejo Municipal. Una de las críticas en la población fue el no tener claros ni el sitio ni los recursos para el ambicioso proyecto. Fue cuando otro exalcalde de Chía, Eduardo Pizano, y la familia Ucrós le presentaron a Gaitán Mahecha el proyecto que querían adelantar en la hacienda Sidonia, con la constructora Amarilo. El mandatario inicialmente se opuso, pero al ver que el municipio no tenía cómo desarrollar su ambicioso plan público, respaldó la iniciativa privada. “Nosotros hemos invertido, pero realmente el propietario de este negocio es la familia Ucrós”, dijo la constructora Amarilo.

Al tener aprobado el plan de desarrollo, el único obstáculo era el uso del suelo, lo que obligaba a Gaitán Mahecha a impulsar la modificación del POT ante el Concejo del municipio. La Personería de Chía, en septiembre de 2009, advirtió al mandatario que el predio era zona agrícola y de protección, por la posibilidad de inundaciones. “No es conveniente, ni oportuno, ni aceptable, desarrollar un proyecto urbanístico sobre la ronda del río”, señaló el entonces personero Samuel Francisco Torres. Este concepto lo ratificó la Procuraduría para asuntos agrarios y ambientales, ente de control que solicitó al alcalde Gaitán Mahecha frenar la idea.

En contravía de las advertencias y asesorado por la constructora, ese mismo mes Gaitán Mahecha inició gestiones ante la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca para concertar el proyecto de modificación del POT para realizar el macroproyecto. Mediante resolución de marzo de 2010, el director de la CAR, Édgar Alfonso Bejarano Méndez, declaró concertados “todos los asuntos ambientales” y respaldó la modificación del POT con unas condiciones.

La administración presentó ante el Concejo el proyecto para modificar el POT, pero se lo rechazaron. Los concejales dieron razones de forma (como falta de algunos documentos), pero nunca discutieron sobre la zona de protección y agrícola. La decisión generó la crítica de la administración contra los ediles y señaló públicamente que el proyecto se ajustaba a la ley.

Por eso, ante la negativa, el mandatario acudió a la Ley 388 de 1997, que lo facultaba para modificar directamente el Plan de Ordenamiento en caso de que el Concejo no hubiera tomado una decisión de fondo. En octubre de 2010 expidió el Decreto 92, con el que habilitó los predios de los Ucrós, pero exclusivamente para vivienda de interés social. En diciembre de 2010 la Fiduciaria Bogotá S.A. solicitó a la Alcaldía la Licencia de Construcción y en enero del año pasado obtuvo el permiso. En marzo la Procuraduría nuevamente se pronunció en contra del proyecto, pidiendo suspender la obra.

A pesar de la confrontación, el proyecto parece estar cada vez más sólido. La constructora Amarilo, la misma que adelanta el macroproyecto más grande del país con 40.000 viviendas en Soacha (Cundinamarca), tiene todo listo para empezar a construir. De acuerdo con la propia constructora, de las 3.500 viviendas que pretenden construir, 600 serían viviendas de interés prioritario, que tienen el visto bueno de la administración.

“En Chía hay casi 500 viviendas en situación de pobreza que se verían beneficiadas. Podríamos arrancar mañana, tenemos todo en orden. Es increíble que el municipio tuviera ese suelo rural en la mitad del municipio, donde no puede comprar una viviendas por menos de $150 millones. Ahí no hay opción para la gente de menos recursos”, dijo Roberto Moreno, gerente de la constructora.

Sobre la posibilidad de inundación, agregó que en la pasada temporada invernal no se inundó, porque está seis metros por encima del nivel del afluente. “La idea es hacer un parque lineal en la ribera para protegerlo. En el POT no había lineamientos para preservar las rondas del río y nosotros planeamos mantener 150 metros. Vamos a ejecutar unas obras de mitigación para que siempre haya protección del río”.

Agregó que existe un compromiso con la Procuraduría de atender todas las recomendaciones, entre ellas la de construir una planta de aguas residuales. De igual forma, se ejecutará nueva infraestructura de alcantarillado, que no sólo beneficiará el proyecto, sino que cerrará el anillo de todo el municipio. “No vamos a hacer un proyecto en contra de la comunidad, así tengamos todos los permisos. Queremos hacer un proyecto para la comunidad, pero si no quieren, invertimos en otro lado”, concluyó Moreno a nombre de Amarilo.

Ante lo fortalecido que está el proyecto, el procurador delegado para el medio ambiente, Óscar Darío Amaya, ratificó que su recomendación de frenar el proyecto es clara y no ha cambiado ni una coma sobre las recomendaciones. “Amarilo dice que acogieron las recomendaciones, pero no las han presentado de manera oficial. Por eso nos mantenemos en la posición inicial”.

Y aclaró: “No se activó la alerta disciplinaria, porque pensamos que el proyecto había muerto. No creímos que volviera de sus cenizas. Por eso, cuando nos presenten el nuevo proyecto, nos ocuparemos y enviaremos los técnicos, para que confirmen si acogen todas las recomendaciones”.

Hoy, el macroproyecto de vivienda en Chía sigue en veremos, aunque más cerca de poner el primer ladrillo que de renunciar a una gran obra, justo ahora que el Gobierno Nacional impulsa la construcción de viviendas en el país. Sólo en próximas temporadas invernales se podrá establecer realmente quién tiene la razón frente al debatido riesgo de inundación.

Procesos contra Gaitán Mahecha

Orlando Gaitán Mahecha ha sido alcalde de Chía (Cundinamarca) tres veces. En todos los períodos ha sido cuestionado por sus detractores, al punto de tener 17 quejas en Procuraduría, de las cuales 12 están en indagación preliminar, otras cuatro han avanzado a etapa de investigación y una está en etapa de prueba. Como sanción ratificada cuenta con una suspensión de 30 días impuesta por Procuraduría.

Entre estas investigaciones disciplinarias existe una por la supuesta omisión en las denuncias que se presentaron dentro de la Alcaldía por acoso laboral, otra relacionada con un grupo de seguridad y dos en las que está procesado junto a Manuel Horacio Pinilla, quien fue su secretario de Planeación.

Entre las otras quejas que están en marcha se encuentran hallazgos disciplinarios que se han hecho en algunas auditorías; un presunto detrimento patrimonial y presuntas irregularidades en la expedición de un decretos. Sin embargo, son quejas que aún no tienen decisión de fondo.

Historia del predio

1936 Marzo

Aparentemente el señor Silverio Sánchez cede el terreno a María Elena Umaña de Ucrós, madre de los actuales propietarios. Según el certificado de tradición, la nueva propietaria no paga por esta transacción.

1975 Diciembre

La señora María Elena Umaña de Ucrós vende el predio a la Agropecuaria San Luis Ltda. por $2’700.000. En 1984, la Agropecuaria vende de nuevo el terreno a la sociedad Álvaro Ucrós Umaña y Cía. por $4’855.000.

2010 Agosto

Con el propósito de adelantar la construcción del proyecto Sidonia, Álvaro Ucrós Umaña y Cía. en liquidación transfiere el dominio del título en beneficio de la Fiduciaria Bogotá.