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En un documento de 224 páginas, un juzgado penal de Bogotá acaba de condenar a siete años de prisión a ocho médicos que falsificaron documentos para convalidar títulos en cirugía plástica obtenidos en Brasil. Los condenados en primera instancia son: Marco Antonio Vergara, Giovanny Cortés, Rubén Darío Arciniegas, Gerardo Rojas, Alfredo Rodríguez, Juan Fernando Abadía, Diego Ortiz y María Mónica Martínez.
Todos son reconocidos por promocionarse como cirujanos plásticos con clínicas en las capitales antioqueña y del Valle del Cauca. Sin embargo, según la acusación de la Fiscalía, convalidaron ante el Ministerio de Educación títulos que obtuvieron en São Paulo y Río de Janeiro (Brasil) de manera fraudulenta. Tras el fallo condenatorio, la defensa de los médicos radicaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares por supuesta violaciones a sus derechos humanos.
El abogado colombiano Juan Camilo Sanclemente presentó este lunes ante la CIDH en Washington D. C. (EE.UU.) una solicitud urgente para que se implementen medidas cautelares a favor de sus clientes. “La petición, que apunta directamente a la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, subraya que los acusados han sido sometidos a un proceso penal sin pruebas suficientes, vulnerando su derecho al debido proceso, las garantías judiciales y la presunción de inocencia. La defensa sostiene que tras este proceso hay oscuros intereses que buscan afectar la reputación de los médicos”, señaló la firma del abogado a través de un comunicado de prensa.
“En primer lugar, la homologación de los títulos por parte de la Universidad Veiga de Almeida en Brasil, conforme a las normativas tanto brasileñas como colombianas, demuestra la legalidad de la formación obtenida por los médicos. Además, los documentos presentados fueron validados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y las autoridades de la universidad, lo que garantiza su autenticidad”, señaló el abogado defensor.
Los argumentos de la Fiscalía
La teoría de la Fiscalía, que fue acreditada por el juez del caso, indicaba que: “En las investigaciones se constató que la papelería, sellos y marcas de los documentos que aportaron los profesionales eran auténticos y correspondían a los centros de educación referenciados; sin embargo, la información relacionada como la intensidad académica, las especializaciones y estudios hechos, así como las horas de prácticas cumplidas, no sería real ni existiría soporte sobre ella”.
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El ente investigador concluyó que el supuesto fraude en la convalidación de títulos tiene, más o menos, las mismas características en los casos de los ocho procesados, así como en los de otros 43 cirujanos de diferentes lugares del país que también están en el ojo de las autoridades.
Por ejemplo, señaló la Fiscalía en su momento, todos le aseguraron al Ministerio haber cursado cuatro años presenciales de medicina general y cirugía plástica, reconstructiva y facial a la par en Sao Paulo y Rio. Sin embargo, “las autoridades de ese país señalaron que académicamente es imposible cumplir con esos dos pénsum simultáneamente, más aún cuando el título de medicina general es prerrequisito de cualquier otra especialidad en la salud, como la cirugía estética”, dijo el ente investigador.
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Por otro lado, los médicos insistieron, y así de se lo dijeron a los fiscales, que hicieron prácticas en tres hospitales de las dos ciudades brasileñas y todos acreditaron, por lo menos, 7.336 horas presenciales de práctica. Pero “esta situación no es creíble para la Fiscalía en el entendido de que físicamente no se puede estudiar e ir a prácticas profesionales a dos ciudades distintas y apartadas”.
Asimismo, cuando la Fiscalía constató los movimientos migratorios de los médicos cuestionados con Migración Colombia, encontró un reporte que no tendría relación con la cantidad de horas que los profesionales aseguran haber pasado en Brasil: “Cada uno viajó a ese país entre 25 y 30 días”. Y, por último, en todos los casos, los certificados de intensidad horaria, prácticas profesionales, y demás documentación requerida, que presentaron ante el Ministerio fueron firmados por la misma persona, cuestiona la Fiscalía, “sin tener en cuenta que, supuestamente, se trataban de documentos expedidos por tres instituciones educativas distintas”.
En el fallo judicial, el juez del caso señaló que: “Se encuentra demostrado, que los procesados, actuaron con el ánimo de cometer los ilícitos enrostrados, porque ciertamente sabían que la documentación que presentaron ante el Ministerio de Educación Nacional para la convalidación del Curso de Posgrado Lato Sensu en Cirugía Plástica y Estética, provenía de universidades y hospitales brasileños, pero contenían información falsa frente a las horas cursadas, las cuales se indicó fueron realizadas de manera presencial, pese a que los registros migratorios indicaban una situación completamente diferente a la certificada en esos documentos”.
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Por David Escobar Moreno
