Contratos millonarios sin concurso público desangraron a Caprecom

Un rosario de contratos entregados a dedo durante la administración de Luisa Fernanda Tovar, la última directora de la EPS pública Caprecom, quien renunció un mes antes de su liquidación, es uno de los motivos principales de la decisión de cerrar las puertas de la entidad y trasladar los 2,4 millones de usuarios a otras EPS. Una vena rota de la que poco se habla en el Gobierno, aunque los empleados de Caprecom consideran que fueron esas actuaciones irregulares las que le impusieron los “santos óleos”.

Caprecom ha sido objeto de malos manejos desde hace varios años, pues los gobiernos la entregaban como cuota burocrática a congresistas y partidos políticos, pero el asunto empeoró con la llegada de Tovar en enero de 2013. Pocos meses después de posesionarse en el cargo, el 28 de junio, la entonces directora cambió el manual de contratación a través de la resolución 817 (ver facsimil), que establecía que “independientemente de la cuantía”, Caprecom podría contratar “directamente la adquisición de bienes y servicios, sin que se requiera previamente varias ofertas”, es decir, sin concurso público y a dedo.

Con base en la resolución 817 privilegiaron pagos, dieron amplios plazos de ejecución y hasta fueron entregados cuantiosos anticipos a contratos, algunos de ellos con la sola presentación de los planes de trabajo, aunque había una millonaria deuda con la red pública hospitalaria.

Una empresa que resultó ampliamente favorecida con dicha movida fue Vihonco, que tenía bajo su cargo contratos complejos y millonarios: uno para la atención a pacientes de VIH y otro para la prestación de servicios de salud en las cárceles. La evidencia del incumplimiento está en las quejas de los pacientes, documentadas en los informes de supervisión de la entidad.

El contrato dirigido a la atención de pacientes con VIH fue firmado por $14 mil millones, pero luego de una adición la cifra llegó a los $24 mil millones. Además, fue entregado sin concurso público y con un anticipo del 20 %. En el de la atención a la población reclusa, sí hubo licitación; sin embargo, la Procuraduría abrió una investigación contra la exdirectora Tovar por presuntas irregularidades en el proceso de contratación, evaluación, adjudicación y ejecución del mismo.

En materia financiera el contrato se dio así: un anticipo de $4.371 millones, correspondientes al 20 % del valor inicial, con fecha del 1º de agosto de 2014; y una adición, con fecha del 30 de enero de 2015, con la que se cancelaron nuevamente $3.965 millones a modo de anticipo. El valor total fue de $8.336 millones.

Los beneficios fueron más allá. La facturación presentada fue cancelada al día, a pesar de las irregularidades denunciadas en la prestación de los servicios de salud. Incluso hubo un pago de un giro directo programado para diciembre de 2015, por valor de $4.051 millones, que fue frenado tras la salida de Tovar.

Gabelas similares recibió la empresa IPS Especializada, que obtuvo dos contratos, uno por $6.232 millones y otro por $12.000 millones, entre los meses de agosto y septiembre. Nuevamente hubo un anticipo del 20 % y % y pagos totales realizados al mes de noviembre por valor de $11.373 millones, cuando en el sistema de facturación radicada solo superaba los $1.200 millones.

A eso se suma un contrato realizado con la Unión Temporal-Comunicaciones y Publicidad Estratégica de Colombia, por $402 millones, para el diseño, ejecución y evaluación de estrategias de educación y fomento relacionadas con los programas de promoción y prevención en salud, en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Sucre, Bolívar, La Guajira, Cesar y Córdoba. Aunque de éste se pagó el 40 % de anticipo, no existen facturas que demuestren el cumplimiento. Llama la atención, además, que la Contraloría había objetado un contrato similar, de orden nacional, por $28 mil millones, asegurando que tenía vicios de pertinencia.

El Espectador buscó durante dos semanas a la exdirectora Tovar para preguntarle por el cambio al manual de contratación y los convenios que se habrían entregado por altos montos y sin concurso público, pero no fue posible localizarla. Sin embargo, frente a las denuncias que se venían haciendo durante su administración, en declaraciones a medios de comunicación señaló que cuando se han encontrado irregularidades, éstas fueron puestas en conocimiento de las autoridades.

Irónicamente, ante los señalamientos del desgreño de los recursos públicos en Caprecom, la directora Luisa Fernanda Tovar contrató una auditoría forense por un valor de $4.700 millones con la firma Jahv McGregor, que se encargó de revisar irregularidades de directores anteriores, que efectivamente se dieron. A este contrato la Contraloría le encontró 31 irregularidades.

Los términos de la Contraloría al referirse al mismo fueron: “Lejos de cumplirse los fines esenciales de la administración pública, genera una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente (...) porque no permite determinar hechos o situaciones en concreto para que se adopten medidas frente a Caprecom, generando un daño patrimonial”.

Estos fueron solo algunos de los cuantiosos contratos entregados sin mayores requisitos, concurso público ni vigilancia adecuada durante la dirección de Tovar, ocasionando en este período pérdidas por casi $700 mil millones. El resto es historia. El Gobierno estaba advertido de las irregularidades en Caprecom, pero no hubo forma de frenar la ida a pique de la EPS pública más grande del país, que finalmente fue liquidada con deudas cercanas a los $1,4 billones.

Un rosario de contratos entregados a dedo durante la administración de Luisa Fernanda Tovar, la última directora de la EPS pública Caprecom, quien renunció un mes antes de su liquidación, es uno de los motivos principales de la decisión de cerrar las puertas de la entidad y trasladar los 2,4 millones de usuarios a otras EPS. Una vena rota de la que poco se habla en el Gobierno, aunque los empleados de Caprecom consideran que fueron esas actuaciones irregulares las que le impusieron los “santos óleos”.

Caprecom ha sido objeto de malos manejos desde hace varios años, pues los gobiernos la entregaban como cuota burocrática a congresistas y partidos políticos, pero el asunto empeoró con la llegada de Tovar en enero de 2013. Pocos meses después de posesionarse en el cargo, el 28 de junio, la entonces directora cambió el manual de contratación a través de la resolución 817 (ver facsimil), que establecía que “independientemente de la cuantía”, Caprecom podría contratar “directamente la adquisición de bienes y servicios, sin que se requiera previamente varias ofertas”, es decir, sin concurso público y a dedo.

Con base en la resolución 817 privilegiaron pagos, dieron amplios plazos de ejecución y hasta fueron entregados cuantiosos anticipos a contratos, algunos de ellos con la sola presentación de los planes de trabajo, aunque había una millonaria deuda con la red pública hospitalaria.

Una empresa que resultó ampliamente favorecida con dicha movida fue Vihonco, que tenía bajo su cargo contratos complejos y millonarios: uno para la atención a pacientes de VIH y otro para la prestación de servicios de salud en las cárceles. La evidencia del incumplimiento está en las quejas de los pacientes, documentadas en los informes de supervisión de la entidad.

El contrato dirigido a la atención de pacientes con VIH fue firmado por $14 mil millones, pero luego de una adición la cifra llegó a los $24 mil millones. Además, fue entregado sin concurso público y con un anticipo del 20 %. En el de la atención a la población reclusa, sí hubo licitación; sin embargo, la Procuraduría abrió una investigación contra la exdirectora Tovar por presuntas irregularidades en el proceso de contratación, evaluación, adjudicación y ejecución del mismo.

En materia financiera el contrato se dio así: un anticipo de $4.371 millones, correspondientes al 20 % del valor inicial, con fecha del 1º de agosto de 2014; y una adición, con fecha del 30 de enero de 2015, con la que se cancelaron nuevamente $3.965 millones a modo de anticipo. El valor total fue de $8.336 millones.

Los beneficios fueron más allá. La facturación presentada fue cancelada al día, a pesar de las irregularidades denunciadas en la prestación de los servicios de salud. Incluso hubo un pago de un giro directo programado para diciembre de 2015, por valor de $4.051 millones, que fue frenado tras la salida de Tovar.

Gabelas similares recibió la empresa IPS Especializada, que obtuvo dos contratos, uno por $6.232 millones y otro por $12.000 millones, entre los meses de agosto y septiembre. Nuevamente hubo un anticipo del 20 % y % y pagos totales realizados al mes de noviembre por valor de $11.373 millones, cuando en el sistema de facturación radicada solo superaba los $1.200 millones.

A eso se suma un contrato realizado con la Unión Temporal-Comunicaciones y Publicidad Estratégica de Colombia, por $402 millones, para el diseño, ejecución y evaluación de estrategias de educación y fomento relacionadas con los programas de promoción y prevención en salud, en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Sucre, Bolívar, La Guajira, Cesar y Córdoba. Aunque de éste se pagó el 40 % de anticipo, no existen facturas que demuestren el cumplimiento. Llama la atención, además, que la Contraloría había objetado un contrato similar, de orden nacional, por $28 mil millones, asegurando que tenía vicios de pertinencia.

El Espectador buscó durante dos semanas a la exdirectora Tovar para preguntarle por el cambio al manual de contratación y los convenios que se habrían entregado por altos montos y sin concurso público, pero no fue posible localizarla. Sin embargo, frente a las denuncias que se venían haciendo durante su administración, en declaraciones a medios de comunicación señaló que cuando se han encontrado irregularidades, éstas fueron puestas en conocimiento de las autoridades.

Irónicamente, ante los señalamientos del desgreño de los recursos públicos en Caprecom, la directora Luisa Fernanda Tovar contrató una auditoría forense por un valor de $4.700 millones con la firma Jahv McGregor, que se encargó de revisar irregularidades de directores anteriores, que efectivamente se dieron. A este contrato la Contraloría le encontró 31 irregularidades.

Los términos de la Contraloría al referirse al mismo fueron: “Lejos de cumplirse los fines esenciales de la administración pública, genera una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente (...) porque no permite determinar hechos o situaciones en concreto para que se adopten medidas frente a Caprecom, generando un daño patrimonial”.

Estos fueron solo algunos de los cuantiosos contratos entregados sin mayores requisitos, concurso público ni vigilancia adecuada durante la dirección de Tovar, ocasionando en este período pérdidas por casi $700 mil millones. El resto es historia. El Gobierno estaba advertido de las irregularidades en Caprecom, pero no hubo forma de frenar la ida a pique de la EPS pública más grande del país, que finalmente fue liquidada con deudas cercanas a los $1,4 billones.