De cuotas, ascensos y lealtades

“Las semanas que vienen son cruciales para recomponer la corporación y que vuelva a tener el quórum y las mayorías que se necesitan”. Este comentario del actual presidente del Consejo de Estado, magistrado Luis Rafael Vergara, alivió la tensión que se vivía alrededor del alto tribunal a raíz de las explosivas declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez, cuando declaró que existe un acuerdo entre el Gobierno y las Farc para sacarlo del cargo. Sin embargo, acertó cuando advirtió lo que verdaderamente se está jugando en el contencioso.

Aunque el pasado miércoles se resolvió una de las nueve vacantes que existían en el Consejo de Estado, y el elegido fue el exmagistrado del Tribunal de Cundinamarca Carmelo Perdomo Cuéter, aún restan ocho cupos por definir. Por los comentarios del procurador y el consecuente debate han proliferado los rumores de que la pelea es si los que van a llegar al alto tribunal entrarían a sumar en favor o en contra de la caída del jefe del Ministerio Público. No obstante, un análisis de los candidatos evidencia otras líneas de sucesión o poder.

El Espectador indagó los nueve procesos planteados para ocupar el mismo número de magistraturas, y encontró detalles a tener en cuenta. Por ejemplo, sumando los candidatos y a pesar de que una de las vacantes ya fue cubierta, la primera conclusión es que 83 abogados quieren ser consejeros de Estado. Pero el primer detalle es que 12 de los aspirantes son magistrados auxiliares de actuales consejeros. En otras palabras, se trata de legítimas aspiraciones avaladas por sus propios jefes o incluso por el propio entorno laboral que los rodea.

Entre los que pretenden o buscaban llegar a las magistraturas principales siendo los segundos de los consejeros actuales están: Ómar Barreto Suárez, actual magistrado auxiliar del consejero Germán Bula; Sonia Patricia Téllez, magistrada auxiliar del consejero Alberto Yepes; Lola Elisa Benavides, magistrada auxiliar de la consejera Stella Conto; Guillermo Alfonso Sánchez, del consejero Ramiro Pasos; Óscar Eduardo Vargas, del consejero William Zambrano, o Fernando Alarcón, del magistrado Jaime Orlando Santofimio.

La otra particularidad es que 28 de los 83 postulados acaban de terminar períodos en distintos tribunales administrativos del país. Es lógico que sea el número más alto de los postulados, pues al fin y al cabo el Consejo de Estado es la última instancia de esos mismos tribunales. Sin embargo, hay un detalle particular: dos tribunales evidencian el interés mayoritario por dar el salto a las ligas mayores de esa jurisdicción. Los de Cundinamarca y Huila. Del primero hay siete, del segundo, cinco. De la primera lista ya llegó el primero, Carmelo Perdomo.

La pregunta lógica es: ¿por qué tantos postulados exmagistrados del Tribunal de Huila? Hay del Valle, Santander, Boyacá, Meta o Caldas, pero en esta ocasión los postulados vienen de Cundinamarca, entendible porque trabajan en Bogotá, y los que quieren dar la rodadita al revés y pegar el salto desde Neiva. Si se evalúan las cuotas de representación regional en la justicia en los últimos tiempos, se advierte que Huila tiene una notable presencia. Hoy, en el Consejo de Estado con ascendentes huilenses, el más destacado es Alberto Yepes.

Se dice que el procurador Alejandro Ordóñez mueve sus fichas. De hecho, esta semana trascendió que uno de sus alfiles, la procuradora María Eugenia Carreño, perdió la opción de llegar a la Sección Segunda. La verdad es que además de ella, en la lista de los 83 que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura candidatizó para ser magistrados titulares, hay 11 que provienen del Ministerio Público. Eso sí, unos trabajaron directamente con Ordóñez, otros vienen de la era Maya o incluso hicieron carrera en esa entidad.

Como era de esperarse, siete de los postulados vienen de otros tribunales de justicia, lo cual también resulta lógico dentro de las perspectivas de ascenso de quienes trabajan en la Rama Judicial. Hay cuatro con otro detalle especial a bordo: hasta hace poco o asesoraron o trabajaron o capacitaron a los miembros de las Fuerzas Militares. Trece eran o son funcionarios públicos de otras ramas del poder y los ocho restantes buscan que sus méritos académicos o privados sean suficiente carta de presentación para ser elegidos como consejeros.

Entre los funcionarios públicos están los exauditores generales Jaime Ardila Barrera y Laura Emilce Marulanda, la directora de la Agencia de Defensa del Estado Adriana Guillén o la excontralora delegada Caroline Urrego. Entre los exfuncionarios cercanos a los militares está el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Luis Manuel Neira; los asesores jurídicos Janeth Sanabria y Jaime Alberto Duque, o el exvicerrector académico de la Universidad Nueva Granada, Jaime Duque Casas.

Al margen de los que sean escogidos, la crítica proviene de que en algunos casos llevan casi dos años sin completar las magistraturas. Una situación tan atípica, que un consejero consultado por El Espectador lo calificó diciendo que se gastan más tiempo en candidaturas y elecciones que desatrasándose con los expedientes a su cargo. De alguna forma, la política que se atribuye hoy a la cotidianidad de la justicia. Claro está que antes de la Constitución del 91, el sistema era por cooptación, es decir, que los magistrados elegían a sus sucesores.

Habrá que ver en qué posición están los 83 candidatos respecto a la pelea que hoy tiene en la mira del país al Consejo de Estado. En otras palabras, si llegarían a sumar en favor o en contra de la caída del procurador. En algunos casos se dice que los candidatos que son magistrados auxiliares no van a estar muy lejos de lo que piensan los titulares que los apoyan. Respecto a la candidatura de Rocío Araújo, como quiera que recibió procesos que antes llevaba el magistrado Alberto Yepes, la distancia no es muy grande. Cada quien trae su historia.

Quizá nunca antes en la historia del Consejo de Estado había sucedido algo como lo que acontece hoy. En otros tiempos, las 27 magistraturas estaban ocupadas y si había diferencias no existían las rencillas de hoy, incluso con denuncias de por medio. ¿Se dejaron dominar por la política desbordando la premisa de que los jueces sólo hablaban por sus providencias? Como comentó un analista consultado, lo que espera el país es que los escogidos no lo sean para que sumen o resten en la pelea por tumbar al procurador Alejandro Ordóñez.

La pelea por tumbar al procurador

“Las semanas que vienen son cruciales para recomponer la corporación y que vuelva a tener el quórum y las mayorías que se necesitan”. Este comentario del actual presidente del Consejo de Estado, magistrado Luis Rafael Vergara, alivió la tensión que se vivía alrededor del alto tribunal a raíz de las explosivas declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez, cuando declaró que existe un acuerdo entre el Gobierno y las Farc para sacarlo del cargo. Sin embargo, acertó cuando advirtió lo que verdaderamente se está jugando en el contencioso.

Aunque el pasado miércoles se resolvió una de las nueve vacantes que existían en el Consejo de Estado, y el elegido fue el exmagistrado del Tribunal de Cundinamarca Carmelo Perdomo Cuéter, aún restan ocho cupos por definir. Por los comentarios del procurador y el consecuente debate han proliferado los rumores de que la pelea es si los que van a llegar al alto tribunal entrarían a sumar en favor o en contra de la caída del jefe del Ministerio Público. No obstante, un análisis de los candidatos evidencia otras líneas de sucesión o poder.

El Espectador indagó los nueve procesos planteados para ocupar el mismo número de magistraturas, y encontró detalles a tener en cuenta. Por ejemplo, sumando los candidatos y a pesar de que una de las vacantes ya fue cubierta, la primera conclusión es que 83 abogados quieren ser consejeros de Estado. Pero el primer detalle es que 12 de los aspirantes son magistrados auxiliares de actuales consejeros. En otras palabras, se trata de legítimas aspiraciones avaladas por sus propios jefes o incluso por el propio entorno laboral que los rodea.

Entre los que pretenden o buscaban llegar a las magistraturas principales siendo los segundos de los consejeros actuales están: Ómar Barreto Suárez, actual magistrado auxiliar del consejero Germán Bula; Sonia Patricia Téllez, magistrada auxiliar del consejero Alberto Yepes; Lola Elisa Benavides, magistrada auxiliar de la consejera Stella Conto; Guillermo Alfonso Sánchez, del consejero Ramiro Pasos; Óscar Eduardo Vargas, del consejero William Zambrano, o Fernando Alarcón, del magistrado Jaime Orlando Santofimio.

La otra particularidad es que 28 de los 83 postulados acaban de terminar períodos en distintos tribunales administrativos del país. Es lógico que sea el número más alto de los postulados, pues al fin y al cabo el Consejo de Estado es la última instancia de esos mismos tribunales. Sin embargo, hay un detalle particular: dos tribunales evidencian el interés mayoritario por dar el salto a las ligas mayores de esa jurisdicción. Los de Cundinamarca y Huila. Del primero hay siete, del segundo, cinco. De la primera lista ya llegó el primero, Carmelo Perdomo.

La pregunta lógica es: ¿por qué tantos postulados exmagistrados del Tribunal de Huila? Hay del Valle, Santander, Boyacá, Meta o Caldas, pero en esta ocasión los postulados vienen de Cundinamarca, entendible porque trabajan en Bogotá, y los que quieren dar la rodadita al revés y pegar el salto desde Neiva. Si se evalúan las cuotas de representación regional en la justicia en los últimos tiempos, se advierte que Huila tiene una notable presencia. Hoy, en el Consejo de Estado con ascendentes huilenses, el más destacado es Alberto Yepes.

Se dice que el procurador Alejandro Ordóñez mueve sus fichas. De hecho, esta semana trascendió que uno de sus alfiles, la procuradora María Eugenia Carreño, perdió la opción de llegar a la Sección Segunda. La verdad es que además de ella, en la lista de los 83 que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura candidatizó para ser magistrados titulares, hay 11 que provienen del Ministerio Público. Eso sí, unos trabajaron directamente con Ordóñez, otros vienen de la era Maya o incluso hicieron carrera en esa entidad.

Como era de esperarse, siete de los postulados vienen de otros tribunales de justicia, lo cual también resulta lógico dentro de las perspectivas de ascenso de quienes trabajan en la Rama Judicial. Hay cuatro con otro detalle especial a bordo: hasta hace poco o asesoraron o trabajaron o capacitaron a los miembros de las Fuerzas Militares. Trece eran o son funcionarios públicos de otras ramas del poder y los ocho restantes buscan que sus méritos académicos o privados sean suficiente carta de presentación para ser elegidos como consejeros.

Entre los funcionarios públicos están los exauditores generales Jaime Ardila Barrera y Laura Emilce Marulanda, la directora de la Agencia de Defensa del Estado Adriana Guillén o la excontralora delegada Caroline Urrego. Entre los exfuncionarios cercanos a los militares está el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Luis Manuel Neira; los asesores jurídicos Janeth Sanabria y Jaime Alberto Duque, o el exvicerrector académico de la Universidad Nueva Granada, Jaime Duque Casas.

Al margen de los que sean escogidos, la crítica proviene de que en algunos casos llevan casi dos años sin completar las magistraturas. Una situación tan atípica, que un consejero consultado por El Espectador lo calificó diciendo que se gastan más tiempo en candidaturas y elecciones que desatrasándose con los expedientes a su cargo. De alguna forma, la política que se atribuye hoy a la cotidianidad de la justicia. Claro está que antes de la Constitución del 91, el sistema era por cooptación, es decir, que los magistrados elegían a sus sucesores.

Habrá que ver en qué posición están los 83 candidatos respecto a la pelea que hoy tiene en la mira del país al Consejo de Estado. En otras palabras, si llegarían a sumar en favor o en contra de la caída del procurador. En algunos casos se dice que los candidatos que son magistrados auxiliares no van a estar muy lejos de lo que piensan los titulares que los apoyan. Respecto a la candidatura de Rocío Araújo, como quiera que recibió procesos que antes llevaba el magistrado Alberto Yepes, la distancia no es muy grande. Cada quien trae su historia.

Quizá nunca antes en la historia del Consejo de Estado había sucedido algo como lo que acontece hoy. En otros tiempos, las 27 magistraturas estaban ocupadas y si había diferencias no existían las rencillas de hoy, incluso con denuncias de por medio. ¿Se dejaron dominar por la política desbordando la premisa de que los jueces sólo hablaban por sus providencias? Como comentó un analista consultado, lo que espera el país es que los escogidos no lo sean para que sumen o resten en la pelea por tumbar al procurador Alejandro Ordóñez.

La pelea por tumbar al procurador