Del intento golpista para tumbar a Petro a otras conspiraciones en Colombia

“Hay que sacar a ese tipo”, se escucha en uno de los audios de abril, revelados por el País de España, al canciller Álvaro Leyva, mientras le explica su conspiración a un interlocutor desconocido.

De acuerdo con la investigación del periodista Juan Diego Quesada, Leyva incluso intentó acercarse a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, con la intención de que ayudara a ejercer “una presión internacional”, que terminara con la salida del poder del presidente Gustavo Petro.

El plan tenía la supuesta anuencia de la vicepresidenta Francia Márquez y buscaba según Leyva un “gran acuerdo nacional” que involucraba al ELN, el Clan del Golfo, y hasta los aspirantes a la presidencia Miguel Uribe Turbay (quien hoy sigue luchando por su vida tras el atentado que sufrió en junio pasado), y la candidata Vicky Dávila.

Tanto La Casa Blanca, como la vicepresidenta Márquez, y la candidata Dávila, han rechazado cualquier vinculación con el rústico plan.

Pero no es la primera vez que en el país trascienden intentonas golpistas.

No es la primera vez que en el país trascienden intentonas golpistas.

El Golpe de Pasto

El primer episodio “golpista” del siglo XX, por ejemplo, fue conocido como el Golpe de Pasto.

El presidente liberal Alfonso López Pumarejo viajó a Pasto, el 9 de julio de 1944, a pesar de que había “ruidos de sables”.

Se hospedó en el Niza, el mejor hotel de la ciudad. Ahí estaba cuando en la madrugada del 10, el coronel Luis F. Agudelo y el capitán Olegario Camacho llegaron hasta su habitación, le avisaron del golpe militar y lo esperaron a que se vistiera y desayunara.

Al rato, el coronel Agudelo le alcanzó un papel sellado que tenía escrito a máquina la renuncia “voluntaria” de López Pumarejo a la Presidencia y el encargo del mando al coronel Diógenes Gil.

López no firmó y, en cambio, los planes golpistas se conocieron volando en Bogotá. El designado presidente Darío Echandía asumió el poder con un concepto extraordinario que pidió al Consejo de Estado y a través del ministro de Gobierno, Alberto Lleras, controlaron la intentona golpista, por la Radiodifusora Nacional.

Al final, el coronel Diógenes Gil pidió ser ministro de Guerra, pero terminó preso, así como el líder conservador Laureano Gómez, a quien comprometieron como parte de la conspiración, terminó exiliado en Ecuador.

Con el final de la Segunda Guerra Mundial, las conspiraciones se volvieron parte del paisaje regional, con el espionaje internacional y la llamada Guerra Fría. La victoria de la Revolución Cubana desembarcó el “fantasma del comunismo” en el continente americano, el nacimiento de las guerrillas y las teorías del enemigo interno. Con la Operación Cóndor, que cranearon el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y su secretario de Estado, Henry Kissinger, se montaron regímenes militares en América Latina.

El golpe de opinión de Rojas Pinilla

Colombia marcaría una interesante distancia de esa tendencia. A raíz de los años turbulentos en los 40 y la violencia bipartidista de los 50, el 13 de junio de 1953, el general del Ejército, Gustavo Rojas Pinilla, se tomó el poder y sacó a Laureano Gómez.

En su momento, fue considerado más un golpe de opinión, porque no derramó una gota de sangre, y Rojas Pinilla hizo su golpe, el 13 de junio de 1953, de la mano de líderes reconocidos del Partido Liberal y Conservador, como el expresidente conservador Mariano Ospina Pérez.

Cuando hubo ecos de que el militar se estaba amañando en el poder, se realizaron acuerdos políticos para forzar su salida.

El más clave fue el Acuerdo de Benidorm, firmado por Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, el 24 de julio de 1956. Un pacto político que buscaba la alternancia en el poder entre liberales y conservadores, y que también sentó las bases para la resistencia civil contra el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, con una máxima, que años atrás ya se comentaba en la prensa del país: “Colombia es tierra estéril para las dictaduras”.

La resistencia civil logró sus efectos y Rojas dejó el poder, el 10 de mayo de 1957.

“Militares a los cuarteles”: Lleras

El Frente Nacional, que surgió de estos acuerdos, tuvo como objetivo principal sacar a Rojas Pinilla del poder y asegurar la transición democrática.

Los militares no estaban a gusto. Por eso, el 2 de mayo de 1958, un día antes de la primera elección del Frente Nacional, un grupo con aires de golpe apresó a Lleras y a los miembros de la Junta Militar.

El único que no estaba era el almirante Rubén Piedrahíta, que se había ido de copas. Pues alrededor del borrachito que no aparecía se armó el contragolpe hasta que controlaron la conspiración.

En ese contexto, es que el presidente Alberto Lleras Camargo reunió a todos los oficiales y exmilitares en el Teatro Patria y dio su discurso icónico, del 15 de agosto de 1958, para decir, “zapatero a tus zapatos”. Es decir, los militares a los cuarteles y los gobernantes a su oficio. Esto marcó una diferencia regional sustancial.

De esa idea echaron mano a lo largo de todo el Frente Nacional que se extendió hasta 1974: cuando el orden público se desbordaba, se declaraba el estado de sitio y se blindaba sin titubeos a las fuerzas armadas.

Betancur y la paz

Así fue hasta que se quiso hacer la paz. En 1982, por ejemplo, cuando llegó a la presidencia Belisario Betancur, del Partido Conservador, y quiso negociar un alto a la violencia con las guerrillas, la idea no cayó nada bien.

El general y ministro de Defensa de ese entonces, Fernando Landazábal Reyes, se opuso públicamente y llegó a decir que la Unión Patriótica, el partido político que resultó de los acuerdos de paz con las Farc y fue exterminado, era una farsa. De hecho, Betancur pidió la renuncia de Landazábal en enero de 1984 por sus críticas a los diálogos de paz.

Años después, en 1998, el general Landazábal fue asesinado cerca de su casa. El crimen solo se lo atribuyeron las Farc en 2020, con la entrada de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

La intentona golpista a Samper

Después vinieron los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, en los que no hubo ruidos de sables que trascendieran, entre otras, porque el país estaba sumido en una profunda confrontación armada. Pero, a raíz de la fuga de Pablo Escobar, de la cárcel que él mismo construyó a su medida, el 22 de julio de 1992, el gobierno Gaviria estableció un nexo muy importante con agentes de la CIA y la DEA de Estados Unidos.

Una relación que sigue vigente con nuestros operadores de justicia hasta hoy, como lo reconoció el Informe de la Comisión de la Verdad.

De hecho, cuando llegó el presidente Ernesto Samper a la Presidencia y estalló el escándalo de los 4.000 millones de narcotráfico que entraron a su campaña, el antiguo jefe de la Agencia Estadounidense contra la Droga en Colombia, Joseph Toft, aseguró que Colombia era una “narcodemocracia”.

En esos días intensos, también salieron a la luz supuestas reuniones entre “conspiretas” de Samper y el embajador de Estados Unidos, Myles Frechette, que este último se llevó a la tumba, porque no se supo mucho más.

El clímax de tensión se dio en junio de 1997, cuando Frechette anuncio la cancelación de la visa a Samper. El país estaba entregado a una guerra sucia, con crímenes urbanos que lo hacían invivible, como el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado o el atentado al abogado de Samper, Antonio José Cancino.

En octubre de 1997, cuando Samper ya había sido absuelto por el proceso 8.000 que le adelantaron en la Cámara de Representantes, el comisionado de Paz, José Noe Ríos, develó que existía un plan para tumbarlo, que adelantaba el entonces precandidato Juan Manuel Santos, que desde entonces buscaba una palomita para ser Presidente.

Santos argumentó, públicamente, que se trataba de una iniciativa de paz. También se conoció que con ese fin alcanzó a tener reuniones con el miembro del secretariado de las Farc, Raúl Reyes, y otros, de la mano de Álvaro Leyva, y encuentros con el esmeraldero Víctor Carranza, para llegar al jefe paramilitar, Carlos Castaño y Ramón Isaza, entre otros. Así como supuestamente contó con la venia de algunos expresidentes y el nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, y alcanzó a reunirse en Washington con el asesor del presidente Clinton, Thomas McLarty, para compartirle su plan.

La iniciativa consistía en que Samper saliera del poder y se hiciera una constituyente para pacificar el país. Pero se conoció antes de que cuajara y Samper pudo terminar su conflictivo periodo presidencial. El episodio se conoció como el “complot de Santos y los conspiretas contra Samper”, pero nunca pasó a mayores en la justicia.

El capítulo lo recordó por encima el expresidente Samper en su cuenta de X, cuando dijo a propósito de los recientes audios de Leyva sobre Petro que “no es la primera vez que el exministro Álvaro Leyva intenta armar una conspiración contra un gobierno legítimamente elegido”.

Más adelante, con las filtraciones de WikiLeaks que reveló El Espectador, en 2011, también se conocieron cables diplomáticos de Estados Unidos que contaban cómo en la era Uribe fue común que funcionarios desfilaran por la embajada de ese país. Se echaban a la guerra entre unos y otros y mantenían informado de todo a los estadounidenses.

Militares descontentos

En general, en los distintos gobiernos, siempre ha habido militares descontentos con los procesos de paz, que terminaron haciendo política, pero que nunca han firmado verdaderas conspiraciones.

Al presidente Guillermo León Valencia, por ejemplo, le tocó sacar al ministro Alberto Ruiz Novoa, en 1965, porque se entregó a la política. A Alfonso López Michelsen le tocó sacar al general Álvaro Valencia Tovar, comandante del ejército, por rumores de desobediencia cuando López quiso armar un proceso de paz con el ELN, en 1975.

Ni hablar de la renuncia en bloque de 17 generales en el gobierno de Andrés Pastrana cuando anunció que el despeje para negociar con las Farc iba a ser indefinido, en mayo de 1999.

Y, bueno, en los tiempos de Juan Manuel Santos tampoco faltaron los “conspiretas” contra el proceso de paz de La Habana. El 6 de mayo de 2014, la Fiscalía capturó al llamado hacker Andrés Sepúlveda, por chuzar a funcionarios y guerrilleros para obtener información confidencial del proceso con las Farc. Para ese momento, Sepúlveda estaba contratado como asesor en redes de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Al final, Sepúlveda firmó un acuerdo con la Fiscalía, fue condenado a 10 años por este episodio y en 2020 salió de la cárcel, con libertad condicional.

De cualquier forma, los ambientes conspirativos son riesgosos en cualquier democracia y, en Colombia, han producido guerras sucias de las que aún no nos recuperamos.

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