El escándalo generado esta semana por el cambio de destinación para el futuro de un predio de 17.000 hectáreas ubicado en la zona conocida como la hacienda Carimagua, en Puerto Gaitán (Meta), que hoy tiene en aprietos políticos al ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, terminó por sacar a la luz pública el nombre y la cercanía al Gobierno de cuatro de las empresas que estaban interesadas en desarrollar cultivos de palma de aceite y caucho en la región durante 50 años.
Primero se conoció que la empresa Sabanas de Puerto Gaitán (Sapuga S.A.) constituida en abril de 1987 y pionera de los cultivos de palma de aceite en el departamento del Meta, tiene como uno de sus principales socios al acreditado empresario caldense Mario Escobar Aristizábal, tío del ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y delegado de la Presidencia de la República en la Agencia Acción Social, que precisamente se encarga de atender a la población desplazada.
Ahora El Espectador ha logrado establecer que otra de las empresas interesadas en el negocio en Carimagua, la firma Palmasol, constituida en Bogotá en febrero de 1986 para el desarrollo del negocio agroindustrial de la palma de aceite, hizo parte de los aportantes menores a la candidatura presidencial de Álvaro Uribe Vélez en 2002. Palmasol S.A., a través de su gerencia, le dio a la campaña cinco millones de pesos, tal como aparece registrado en el reporte de la campaña presidencial a las autoridades electorales del país.
En el mismo informe se registra además que otras empresas palmicultoras de Cali, Bogotá, Bucaramanga y Medellín también aportaron generosamente a la campaña presidencial. Una vez elegido, el presidente Uribe se reunió con los palmicultores en su congreso anual y, además de conminarlos a la siembra de 80.000 nuevas hectáreas durante su gobierno, les ofreció beneficios. Muchos empresarios legales se ampararon en incentivos agrícolas, pero casos como Urabá, hoy son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General.
En la firma Palmasol aparecen como socios Enrique Acuña Aguirre, Enrique Acuña Leal, Mario Acuña Aguirre y Juan Manuel Acuña Aguirre, quienes además de participar en el negocio de la palmicultura, son conocidos por la cadena de droguerías Acuña. El centro de operaciones de la firma Palmasol S.A. está ubicado en el municipio de San Martín (Meta) y, según reportes de la Cámara de Comercio de Bogotá, por sus actividades en 2006 registró activos totales de $21.022 millones.
En cuanto a la firma Estructuras en Finanzas S.A. (Esfinanzas), también referenciada por su interés en el proyecto Carimagua, se trata de una empresa creada el 15 de enero de 2004 y tiene como objeto social prestar servicios de asesoría en actividades relacionadas con el mercado de capitales. Según registro de la Cámara de Comercio de Bogotá, el socio mayoritario es Julio Roberto Vaca Mayor. Durante el año 2007 mostró activos por valor de $3.809 millones.
Finalmente, la empresa Palmeras Santana S. A., también incluida entre las interesadas en el proyecto Carimagua, aparece constituida en diciembre de 1986 en Bogotá, expresa que su objeto social es el cultivo, beneficio y procesamiento industrial de la palma africana y sus principales socios son José Vicente Torres Cabrera, Flor María Laverde y Cecilia Laverde Polanco. En su calidad de sociedad limitada, la firma Palmeras Santana Ltda. registró activos en 2005 por valor de $10.050 millones.
Como puede observarse, en general las cuatro empresas que miraron el terreno de 17.000 hectáreas y que pensaban participar en el proceso de adjudicación que debía estar concluido el próximo 21 de febrero, de una u otra manera están vinculadas al negocio de la palma de aceite. Claro está que, como lo han dejado entrever voceros de estas mismas empresas, después del escándalo ya no existe el mismo interés por participar en el negocio en Carimagua.
Una iniciativa del Gobierno que ahora tendrá que ser examinada por una comisión de expertos creada por el mismo Gobierno y en la cual participarán los ex ministros de Agricultura Gabriel Rosas y Roberto Junguito, el ex director de Planeación Juan Carlos Echeverry y los expertos Ramiro Tafury Diego Miguel Sierra, quien hizo parte de la Corporación Altillanura. Estos peritos deberán determinar si es rentable, o no, entregar estas tierras a los desplazados o darle paso al proyecto de los empresarios privados de la palma.