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De la actriz Amparo Grisales se sabe casi todo. Que desde hace varias décadas es considerada como la diva de los colombianos. Que es una deportista exigente y dedicada. Que a sus 57 años de edad parece como de 20. Que cada que emprende una aventura amorosa causa ampolla entre amigos y enemigos. Que su intento como cantante fue un fracaso. Que es espontánea y temperamental. Que no quiso tener hijos y por eso es la tía ideal. Pero lo que no se sabe es que en sus negocios y producto de una aventura empresarial que emprendió junto con su familia hace 15 años, están ad portas de recibir cerca de US$17 millones.
La significativa suma de dinero es producto de un litigio que se adelanta ante la justicia de Estados Unidos, entre la compañía Cable Andino, de la cual Grisales es fundadora, y la empresa española de telecomunicaciones Amper. Se trata de un negocio en donde la compañía ibérica fue denunciada por incumplir un contrato para la instalación de una red de fibra óptica con el fin de prestar el servicio de televisión por suscripción que Cable Andino necesitaba para distribuir la señal entre sus abonados. En la última semana y ante la inminencia de una decisión de la justicia norteamericana, abogados de la firma Brigard Urrutia, que representa a Amper, empezaron, a través de las autoridades colombianas, a buscar acercamientos con los abogados de Cable Andino para lograr una conciliación por el millonario pleito.
El abogado Gustavo Romero, quien representa los intereses de Cable Andino, se comunicó recientemente con funcionarios de la Superintendencia de Sociedades con el fin de explorar los alcances de un eventual acuerdo económico antes de la decisión de la justicia de Estados Unidos. No obstante, El Espectador conoció que éste se estaría produciendo porque los accionistas de la empresa Amper solicitaron unos préstamos ante la banca norteamericana y allí les señalaron que debían resolver el litigio en Colombia y el crédito por ahora estaba cerrado. Un alto funcionario señaló: “El proceso está prosperando en Estados Unidos, las exigencias de la banca allá son muy rígidas y por eso las partes ya empiezan a hablar de una conciliación”.
La aventura financiera de Amparo Grisales y sus familiares para consolidarse como empresaria en el negocio de la televisión por suscripción se inició el 1° de febrero de 1999. Ese día, en la Notaría 40 de Bogotá, la propia Amparo Grisales, su hermano José Fernando Grisales y un grupo de sociedades familiares crearon la compañía Cable Andino, una empresa dedicada a promover, organizar y explotar actividades relacionadas con la operación y montaje del servicio de televisión por suscripción y de telecomunicaciones.
Para esa época, el escenario para hacer negocios en televisión era prometedor. La mayoría de los colombianos recibían las señales de los canales internacionales a través de la llamada “Perubólica”. Se trataba de pequeñas antenas comunitarias instaladas por ciudadanos del común en sus casas que no pagaban derechos y veían en ese entonces exitosos talk show como Laura en América, por citar sólo un caso. Entonces, el presidente Andrés Pastrana, acogiendo recomendaciones del gobierno de Estados Unidos sobre respeto a los derechos de autor, empezó un proceso de formalización del negocio.
A instancias de la desaparecida Comisión Nacional de Televisión (CNTV), el 3 de julio de 1998 julio, el Gobierno abrió una licitación para entregar el servicio en concesión. Se buscaba legalizar a los piratas de la imagen, recibir dineros por las licencias y obligar a pagar a los usuarios que veían gratis la programación internacional. La convocatoria fue exitosa para licencias en las zonas centro, occidente y norte del país, tanto que se presentaron 152 aspirantes para acceder a sólo ocho licencias.
El asunto no era nada fácil, los Grisales tenían que competir con pesos pesados del negocio. Telecom, la ETB, EPM, el programador Diego Fernando Londoño, el industrial Julio Molano, algunos empresarios internacionales y la compañía Cable Centro, que tenía parte del mercado en el centro del país. Un comisionado de la época recuerda que a la CNTV fue varias veces la diva Amparo Grisales y su equipo para hablar del asunto. “Cómo no olvidarla, si cuando llegaba a la entidad causaba conmoción entre los funcionarios”.
Para sorpresa del mundo empresarial, la compañía de la diva fue una de las ganadoras de la licitación. Según el comité calificador de la CNTV, cumplió con todos los requerimientos técnicos, jurídicos y económicos. Cartas de crédito con la banca extranjera y alianzas internacionales con la empresa española Amper para construir la red de fibra óptica con el fin de prestar el servicio de mejor calidad, fueron esenciales para obtener la licencia. Como contraprestación al Estado se determinó que Cable Andino debía pagar cerca de $2.000 millones y una contribución por cada usuario afiliado.
Una victoria fugaz. De inmediato empezaron los problemas y lo que se entregó en papeles no apareció en la realidad. La banca extranjera se corrió del negocio. El músculo financiero de los Grisales mostró signos de flacidez. Otros socios estratégicos se retiraron y empezó Cristo a padecer. La CNTV comenzó a cobrar los dineros por la concesión y para colmo de males el principal socio en telecomunicaciones, la firma española Amper, no apareció para instalar la red de fibra óptica.
Con escasos fondos, sin red, sin usuarios, con deudas por doquier, Amparo Grisales y el representante legal de Cable Andino, su hermano José Fernando Grisales, buscaron salvar el barco del naufragio. El 12 de julio de 2002, la sociedad fue admitida por la Superintendencia de Sociedades en un acuerdo de reestructuración de sus deudas, conocido como Ley de Quiebras. Al año siguiente, la compañía manejada por José Fernando Grisales siguió luchando y con sus acreedores llegó a un acuerdo para tratar de pagar sus obligaciones, ya era el 12 de septiembre de 2003.
El asunto se agravó. En los años siguientes, la empresa no pudo operar el servicio de televisión por suscripción. Amparo Grisales dejó todo el proceso en manos de su hermano José Fernando Grisales. La compañía incumplió los acuerdos con sus acreedores y por eso el 29 de noviembre de 2012 la Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación judicial de Cable Andino y nombró a un agente especial para manejar el proceso. Los estados financieros a 31 de diciembre de 2013 cuentan que tiene deudas por $20.256 millones con al menos 40 entidades públicas, acreedores en moneda nacional y extranjera y acreedores internos. Para colmo de males, José Fernando Grisales, dentro de otro proceso, fue capturado por las autoridades por el manejo indebido de dineros de la pirámide DMG.
Paralelamente al difícil entorno, empezaron a avanzar toda suerte de procesos judiciales para tratar de establecer quiénes fueron los responsables de la quiebra de la compañía. Entre ellos uno que hoy puede representar millonarios ingresos para Cable Andino. Resulta que el Juzgado 26 Civil del Circuito obligó a la empresa Amper a pagar a Cable Andino por US$17,3 millones más intereses causados desde el año 2000. Para su cobro, como Amper no tiene activos en Colombia, se adelantaron acciones en otros países en donde sí opera. Por eso, el caso llegó a Estados Unidos y se aproxima el millonario pago. De hecho, el pasado 18 de diciembre hubo una reunión de mediación entre las partes.
El caso está en cabeza de la liquidadora Claudia Marcela Rodríguez, designada por la Superintendencia de Sociedades. En los próximos días debe hacer el cruce de cuentas una vez reciba la millonaria cifra en dólares y determinar cuánto les corresponde a los dueños de Cable Andino. Tal vez la desconocida aventura empresarial que inició Amparo Grisales y sus familiares hace 15 años, dentro de poco le puede reportar una millonaria e inesperada cifra con la que podrá seguir explorando nuevos horizontes de prosperidad económica.
La última reunión de las partes en Miami
El pasado 18 de diciembre en Miami (Estados Unidos) se realizó una reunión de mediación entre las empresas afectadas. Fue apoyada por el conciliador Juan Ramírez. En representación de la empresa Amper asistieron el abogado Ryan Reetz y otros dos de origen español. Por parte de Cable Andino asistieron los abogados Rey Dorta, Andrés Bazo y Gustavo Romero. Como representante legal de Cable Andino asistió a la cita la liquidadora Claudia Marcela Rodríguez. Ese día no se logró un acuerdo entre las partes, aunque la empresa Amper ofreció una considerable cifra. Por esta razón se espera un nuevo pronunciamiento de la justicia en Estados Unidos. Otro proceso en Colombia fue en favor de Cable Andino. En Brasil fue suspendido y en España fue fallado en favor de Amper. A su vez esta compañía tiene tres procesos en contra de Cable Andino: uno ante el Juzgado 10 Civil, otro ante el Juzgado 17 Civil del circuito y uno más ante otro juzgado civil.El Espectador intentó comunicarse con la actriz y empresaria Amparo Grisales pero no fue posible.
La multinacional del litigio con Cable Andino
Según su página web, Amper es un grupo multinacional español cuya misión es facilitar la transformación del mercado hacia nuevos modelos de negocio, integrando soluciones sectoriales y tecnología de las comunicaciones.Opera en Europa, África, Asia y América, en las actividades de negocio de defensa, comunicaciones y seguridad. Con sedes en Madrid, São Paulo y Miami, y presencia local en 38 oficinas de 22 países, sus acciones cotizan en la Bolsa de Madrid y Barcelona (AMP) desde 1986. En 2013 su cifra de negocio fue de 285,3 millones de euros.
La actividad de comunicaciones y seguridad de Amper realiza proyectos de ingeniería, integración y mantenimiento de redes.
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