El colapso de Electricaribe: Gobierno, bancos y un fantasma llamado Odebrecht
Con la intervención de Electricaribe, el Estado comenzó a firmar cheques para evitar que la región se apagara. La pésima red que recibió, más los problemas para encontrar un reemplazo, terminó jugando en contra del bolsillo del país que asumió deudas durante años. Un episodio que recuerda a uno similar ocurrido con la multinacional Odebrecht.
María José Medellín Cano @Majomedellinc mmedellin@elespectador.com
La intervención de Electricaribe, a finales de 2016, no fue una decisión que se tomó a la ligera. Por lo menos durante cuatro meses, la Superintendencia de Servicios Públicos estudió esa posibilidad con reserva, pues sabía bien que asumir la deuda y todos los problemas que tenía la empresa podía ser insostenible para el país. Pero la crisis del servicio de prestación de energía la puso contra la pared. En noviembre de ese año, los funcionarios que estudiaron esa situación sabían que la amenaza podía ser letal: “O interveníamos o la costa Caribe se apagaba”. La decisión se tomó en el ocaso de 2016, justo cuando el Gobierno negociaba la reforma tributaria en el Congreso. Aunque el apagón en esta región era posible, tras la decisión de la Superintendencia hay otras hipótesis.
En la segunda parte de esta investigación para entender el contexto, las razones y la trasescena de la salida de Electricaribe del país, varias personas que conocieron los pormenores de estos asuntos legales le contaron a El Espectador que, en el fondo, los dueños de la empresa buscaron que el Estado los interviniera. Dos abogados que participaron en este proceso, pero siguen trabajando con el Gobierno y por ello revelar su nombre podría significar perder su trabajo, señalaron que, a finales de 2014, Gas Natural se dio cuenta de que era imposible salvar su negocio. “Si bien trataron de conciliar con el Gobierno, la situación fue insostenible. Sus pérdidas eran del orden de los $2 billones, la sequía siguió siendo un problema, los precios de la energía estaban en el cielo y, por la falta de recaudo, no tenían la plata para invertir en la red. Por eso, la mejor forma de salir de semejante rollo era que el Estado interviniera”.
(Lea aquí la primera parte de esta investigación: Así resultamos pagando con nuestros impuestos $7,29 billones de la deuda de Electricaribe)
“Ellos se lo buscaron”, agregó el otro abogado. Aunque él acepta que la motivación de la Superintendencia para intervenir la empresa estaba bien fundamentada, pues era evidente que Electricaribe no estaba en condiciones de superar sus problemas y garantizar una prestación continua y eficiente del servicio, lo que sucedió todavía tiene sus cuestionamientos. Sobre todo porque, agregan los abogados, Gas Natural salió del país sin mayores trabas y ni el Gobierno ni la Superintendencia exigieron que trabajaran a fondo para resolver la crisis y tampoco tuvieron la voluntad de hacerlo. Solo cuatro meses después de la intervención, la entidad que dirigía José Miguel Mendoza ordenó la liquidación de Electricaribe, una decisión que le dio la estocada final al negocio de los españoles.
¿Por qué el Estado no les exigió un rendimiento de cuentas real a los directivos? ¿Quiénes fueron los responsables de que Electricaribe llegara a tal punto de crisis en el que o salían de la ecuación o la costa Caribe podía apagarse? ¿Por qué el Estado no vigiló más de cerca la falta de inversión de la empresa y no hizo algo más para evitar los robos de energía que, claramente, afectaron el negocio? Estas son preguntas que aún, cinco años después de la intervención, nadie aclara. Y esto tiene un agravante todavía más preocupante: lo que vino después de la decisión de intervenir la empresa podría ser igual de grave, o incluso peor, de lo que ya había sucedido desde que había ocho electrificadoras en la costa, hacia los años 70, hasta la orden de liquidar Electricaribe, en 2017.
Las investigaciones que han adelantado las autoridades por lo sucedido en Electricaribe son muestra de ausencia de control. La Procuraduría, por ejemplo, abrió 641 procesos disciplinarios en contra de personas vinculadas a las irregularidades en Electricaribe, pero, a cierre de abril de 2021, 367 de ellos fueron archivados y solo uno ya se resolvió con fallo sancionatorio. La Fiscalía, por su parte, en 2016 llamó a interrogatorio a los representantes legales de la empresa, por una compulsa de copias que realizó el entonces contralor Edgardo Maya, pero el caso no avanzó, ni se vincularon más personas a la investigación que ordenó el exfiscal Néstor Humberto Martínez. En contraste, la Superintendencia y la Contraloría, mostraron resultados más contundentes.
La primera logró, en 14 años, 52 sanciones de multas económicas y tres sanciones con carácter de amonestación. La mayoría de esas irregularidades correspondieron a temas relacionados con el no suministro de información a la entidad, cobros no autorizados a los usuarios, deficiencias en sus reportes al Sistema Único de Información (SUI), violación del debido proceso, fallas en la prestación del servicio, la no expedición de certificados de paz y salvo a los usuarios, entre otras malas prácticas. En total, esas sanciones sumaron $10.214 millones. Y la segunda, la Contraloría, ha abierto por lo menos quince procesos de responsabilidad fiscal y está tras la pista del supuesto desvío $20.408 millones de subsidios del fondo de Fondo de Energía Social (FOES) que se habrían perdido.
El episodio con los bancos y el recuerdo de Odebrecht
La antesala de la intervención de Electricaribe, en noviembre de 2016, fue un episodio de altísima tensión para el gobierno Santos. Por un lado, la Superintendencia de Servicios Públicos tenía claro que debía meter la mano en el tema, pues veía que un apagón en la costa Caribe era posible. Y esa situación la sabía la comitiva del presidente Juan Manuel Santos. Por otra parte, los españoles y directivos de Electricaribe tenían ya la soga al cuello y su preocupación se concentró en cuál de los escenarios posibles podían salir mejor librados. En medio de esa tensión, el empresario español Isidro Fainé le pidió al presidente Santos una audiencia para hablar sobre la situación. No se trataba de cualquier hombre de negocios.
Fainé era, en ese momento, presidente de Gas Natural, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, uno de los grupos bancarios más grandes de España y del mundo, y Forbes ya lo tenía en la mira para incluirlo en su lista de los filántropos más importantes del siglo XXI. El banquero viajó a Colombia justo antes de la intervención de Electricaribe y logró entrevistarse con Santos y varios de sus ministros. A su salida del Palacio de Nariño, Fainé comentó a la prensa: “Hemos abierto una vía de diálogo muy positiva dentro de un proceso que será necesariamente largo”. Pero el 15 de noviembre de 2016, días después de esa reunión, la Superintendencia intervino la empresa y cuatro meses después anunció su liquidación. Fainé siguió declarando que su intención era lograr un acuerdo con Colombia; pero sus declaraciones iban en contravía con las acciones que tomó su empresa, pues en cuestión de días se supo que había demandado a Colombia en un tribunal de arbitramento.
Mientras en el terreno internacional Gas Natural empezaba a mover sus fichas, en Bogotá la decisión de intervenir ocasionaba todo tipo de reacciones. Una de las más críticas fue la de los bancos que tenían deudas y créditos con Electricaribe. Un exfuncionario de la Superintendencia de Servicios Públicos, que pidió reservar su nombre pues sigue trabajando para el Estado, explicó que, cuando se anunció que además de intervenir iban a liquidar (decisión que solo se ejecutó este año), lo que debía suceder era que los bancos que tenían créditos o deudas con la empresa debían proveer un dinero para ayudarle al país a resolver esa papa caliente.
Los bancos que llamaron las autoridades para responder, agregó la fuente, fueron Bancolombia y el Banco de Occidente. El superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, acompañado de delegados de la Superintendencia Financiera, les explicó la situación y les recordó que, por ley, esa provisión de dineros debía ser del orden del 20 % de todos los compromisos que tuviera Electricaribe con ellos. Aunque nunca fue claro de cuánta plata se trataba, lo que sí supieron los funcionarios es que a los empresarios no les gustó para nada esa decisión. El exfuncionario relató que justo un día después de esa reunión, los superintendentes y sus equipos fueron citados a una reunión con delegados del presidente Santos. En la mesa encontraron a los mismos banqueros con los que se habían reunido unas horas antes.
“Ahí lo que nos dijeron es que no podíamos pedirles ese dinero de provisión porque le habían advertido al Gobierno que, si les cobrábamos esa plata, ellos dejaban de financiar las obras de infraestructura de cuarta generación y subían de inmediato las tasas de interés para vivienda”, recordó la fuente. Esta historia fue corroborada por otro funcionario de la Superintendencia Financiera que pidió reservar su nombre pues sigue vinculado a la entidad. “Amarraron al Gobierno y lo extorsionaron. Y lo que terminó sucediendo es que el Estado colombiano tuvo que proveer todos los gastos de su propio bolsillo, algo que está prohibido porque, precisamente, para eso hay leyes que obligan a los bancos a responder”, señaló el funcionario, quien recordó que esta práctica es más usual de lo que se quisiera.
(En contexto: Polémica por deuda de Concesionaria Ruta del Sol con bancos que asumirá el gobierno)
Lo dice con certeza, pues recuerda un episodio reciente de agosto de 2019: la polémica que causó el hecho de que el Ministerio de Transporte, en cabeza de Ángela María Orozco, estaba listo para pagar la deuda que tenían siete bancos con Odebrecht y sus socios. Aunque en esa oportunidad no se trataba de dineros de provisión, como en el caso de Electricaribe, lo que trascendió fue que el Estado también estaba protegido de tener que responder por esas deudas, más teniendo en cuenta el escándalo de corrupción que rodeaba ese expediente. En el caso de Orozco, la advertencia de la banca fue muy similar, pues amenazó con no seguir prestando plata para obras 4G. La diferencia entre lo que sucedió con Electricaribe y Odebrecht es que la prensa denunció el hecho en el segundo caso y, claro, en el caso de los brasileños, había un escándalo mundial de corrupción de por medio.
La negociación finalmente se cayó y hoy los bancos y la multinacional brasileña y socios colombianos están negociando por su lado. En cambio, respecto a Electricaribe, el Estado asumió toda la responsabilidad financiera. Lo hizo durante al menos tres años, pues encontrar a un inversionista que se hiciera cargo del servicio de energía en la costa, con las deudas e inconvenientes del negocio, fue una misión casi imposible. El gobierno Santos comenzó con la búsqueda. Sus funcionarios, incluso, hicieron una gira mundial buscando a alguien que les quitara semejante problema de encima. Pero las cuentas y su realidad, simplemente, no eran atractivas. Y el gobierno Santos, que ya estaba en su ocaso, no se atrevió a negociar y asumir compromisos para que alguien se invirtiera. El problema se lo dejó al nuevo presidente.
El desenlace del negocio
Como ya había sucedido en campañas electorales, desde los años 70, el tema de la comercialización y distribución de la energía en la costa Caribe fue habitual en los discursos de los candidatos. Y la contienda presidencial en 2018 no fue la excepción. Los entonces candidatos Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo expresaron que era claro que el sistema necesitaba un nuevo operador, pero que el nuevo operador debía ser el encargado de cubrir los pasivos de Electricaribe. Su máximo contrincante, Iván Duque, coincidió en que sí se necesitaba un nuevo inversor, pero que durante un debate aclaró que el primer paso para salir de la crisis era que el Gobierno cubriera los cerca de $2,4 billones en deudas que tenía esa empresa. Finalmente, Duque terminó cumpliendo su palabra.
El primer oferente apareció a finales de noviembre de 2018, por intermediación del gobierno Santos. Se trató de la multinacional italiana Enel, presente en 26 países, incluido Colombia, en donde ya tenía negocios con Codensa (en la energía en Bogotá y Cundinamarca). Un alto ejecutivo de esta empresa le contó a El Espectador que, aunque la negociación con el Gobierno no los convenció completamente, “pues era un riesgo enorme, lo que nos sacó del negocio fueron leyes nacionales”. El empresario alude a que, según las normas del mercado nacional, una sola empresa que quiera comercializar y distribuir energía no puede tener más del 25 % del mercado. Y si Enel compraba Electricaribe iba a superar ese porcentaje, por los negocios que ya tenía en el centro del país.
Así anunció el expresidente Juan Manuel Santos, en junio de 2018, que abriría el mercado para que una empresa privada se hiciera cargo del negocio que dejaba Electricaribe:
Para la superintendente que reemplazó a Mendoza, Natasha Avendaño, la historia fue diferente. “En ese momento hay una reunión en la que se decide el cambio de rumbo y que lo mejor era suspender el proceso (...) El presidente [Duque], junto con el ministro de Hacienda [Alberto Carrasquilla], la entonces ministra de Minas y Energía [María Fernanda Suárez], la exdirectora de Planeación Nacional [Gloria Amparo Alonso] y yo decidimos cambiar, sobre todo desde el punto de vista financiero”, explicó Avendaño a la alianza de medios y periodistas La Liga Contra el Silencio. Ese nuevo rumbo se reflejó en un cambio extremo en el negocio. Hasta ese momento, lo que había negociado el Estado era que el nuevo inversor asumiría hasta el último centavo de las obligaciones de Electricaribe.
Aunque era complicado encontrar a alguien que se atreviera, la presencia de Enel en la negociación demostró que era difícil, pero posible. La nueva estrategia del gobierno Duque, en cambio, se enfocó en otra opción. El primer intento lo hizo en abril de 2019, cuando abrió una subasta para cualquiera que quisiera entrar. En esta oportunidad, el Gobierno también tanteó terreno en Estados Unidos y Europa para atraer a inversionistas y tocó puertas en empresas nacionales. El resultado de la gira fue prometedor: se presentaron seis empresas, tres de Colombia y el resto extranjeras. Como el modelo que había planteado el Estado para concretar el negocio, el paso siguiente fue el de estudio de mercado, por parte de cada empresa, para que pudieran concretar su oferta.
Así anunció el presidente Iván Duque la ruta, que él mismo llamó estructural, para solucionar el problema de Electricaribe. La declaración es del 29 de noviembre de 2018:
Según la superintendente Avendaño, ese proceso debía durar entre seis y ocho meses, para que, en octubre de 2019, todos destaparan sus cartas. Pero la fecha se fue embolatando, especialmente porque la Corte Constitucional rajó la Ley de Financiamiento aprobada a finales de 2018 y sin ella la venta no podía seguir adelante, porque las reglas tributarias que habían planteado con los seis candidatos ya no estaban en firme. Aunque ese traspié afectó el tiempo que el Gobierno había calculado para salir del problema de Electricaribe, lo cierto es que el Ejecutivo se encargó de blindar el proceso de la mejor forma posible. En ese momento, la Contraloría ya le había puesto su lupa en el asunto, pues, ya se sabía, miles de millones se estaban invirtiendo para mantener con vida la red de energía en la costa.
Investigadores de este órgano de control empezaron a seguirle el rastro al proceso. Fue así cómo, en un informe que le presentaron al actual contralor, Felipe Córdoba, en diciembre del año pasado, detallaron cada uno de los pasos que tomaron el Gobierno y la Superintendencia, liderada por Natasha Avendaño. ¿Qué decía ese documento? ¿Para qué sirvió la investigación de la Contraloría? ¿Qué otros hallazgos hizo este ente fiscal que encontró que en Electricaribe se desviaron miles de millones de pesos del Estado? Las respuestas a estas preguntas las podrá leer mañana en la última entrega de esta investigación.
Lea aquí la tercera parte de esta investigación: Electricaribe, la deuda que vale cuatro veces vacunar contra el COVID-19 a toda Colombia
Lea aquí la primera parte de esta investigación: Así resultamos pagando con nuestros impuestos $7,29 billones de la deuda de Electricaribe
La intervención de Electricaribe, a finales de 2016, no fue una decisión que se tomó a la ligera. Por lo menos durante cuatro meses, la Superintendencia de Servicios Públicos estudió esa posibilidad con reserva, pues sabía bien que asumir la deuda y todos los problemas que tenía la empresa podía ser insostenible para el país. Pero la crisis del servicio de prestación de energía la puso contra la pared. En noviembre de ese año, los funcionarios que estudiaron esa situación sabían que la amenaza podía ser letal: “O interveníamos o la costa Caribe se apagaba”. La decisión se tomó en el ocaso de 2016, justo cuando el Gobierno negociaba la reforma tributaria en el Congreso. Aunque el apagón en esta región era posible, tras la decisión de la Superintendencia hay otras hipótesis.
En la segunda parte de esta investigación para entender el contexto, las razones y la trasescena de la salida de Electricaribe del país, varias personas que conocieron los pormenores de estos asuntos legales le contaron a El Espectador que, en el fondo, los dueños de la empresa buscaron que el Estado los interviniera. Dos abogados que participaron en este proceso, pero siguen trabajando con el Gobierno y por ello revelar su nombre podría significar perder su trabajo, señalaron que, a finales de 2014, Gas Natural se dio cuenta de que era imposible salvar su negocio. “Si bien trataron de conciliar con el Gobierno, la situación fue insostenible. Sus pérdidas eran del orden de los $2 billones, la sequía siguió siendo un problema, los precios de la energía estaban en el cielo y, por la falta de recaudo, no tenían la plata para invertir en la red. Por eso, la mejor forma de salir de semejante rollo era que el Estado interviniera”.
(Lea aquí la primera parte de esta investigación: Así resultamos pagando con nuestros impuestos $7,29 billones de la deuda de Electricaribe)
“Ellos se lo buscaron”, agregó el otro abogado. Aunque él acepta que la motivación de la Superintendencia para intervenir la empresa estaba bien fundamentada, pues era evidente que Electricaribe no estaba en condiciones de superar sus problemas y garantizar una prestación continua y eficiente del servicio, lo que sucedió todavía tiene sus cuestionamientos. Sobre todo porque, agregan los abogados, Gas Natural salió del país sin mayores trabas y ni el Gobierno ni la Superintendencia exigieron que trabajaran a fondo para resolver la crisis y tampoco tuvieron la voluntad de hacerlo. Solo cuatro meses después de la intervención, la entidad que dirigía José Miguel Mendoza ordenó la liquidación de Electricaribe, una decisión que le dio la estocada final al negocio de los españoles.
¿Por qué el Estado no les exigió un rendimiento de cuentas real a los directivos? ¿Quiénes fueron los responsables de que Electricaribe llegara a tal punto de crisis en el que o salían de la ecuación o la costa Caribe podía apagarse? ¿Por qué el Estado no vigiló más de cerca la falta de inversión de la empresa y no hizo algo más para evitar los robos de energía que, claramente, afectaron el negocio? Estas son preguntas que aún, cinco años después de la intervención, nadie aclara. Y esto tiene un agravante todavía más preocupante: lo que vino después de la decisión de intervenir la empresa podría ser igual de grave, o incluso peor, de lo que ya había sucedido desde que había ocho electrificadoras en la costa, hacia los años 70, hasta la orden de liquidar Electricaribe, en 2017.
Las investigaciones que han adelantado las autoridades por lo sucedido en Electricaribe son muestra de ausencia de control. La Procuraduría, por ejemplo, abrió 641 procesos disciplinarios en contra de personas vinculadas a las irregularidades en Electricaribe, pero, a cierre de abril de 2021, 367 de ellos fueron archivados y solo uno ya se resolvió con fallo sancionatorio. La Fiscalía, por su parte, en 2016 llamó a interrogatorio a los representantes legales de la empresa, por una compulsa de copias que realizó el entonces contralor Edgardo Maya, pero el caso no avanzó, ni se vincularon más personas a la investigación que ordenó el exfiscal Néstor Humberto Martínez. En contraste, la Superintendencia y la Contraloría, mostraron resultados más contundentes.
La primera logró, en 14 años, 52 sanciones de multas económicas y tres sanciones con carácter de amonestación. La mayoría de esas irregularidades correspondieron a temas relacionados con el no suministro de información a la entidad, cobros no autorizados a los usuarios, deficiencias en sus reportes al Sistema Único de Información (SUI), violación del debido proceso, fallas en la prestación del servicio, la no expedición de certificados de paz y salvo a los usuarios, entre otras malas prácticas. En total, esas sanciones sumaron $10.214 millones. Y la segunda, la Contraloría, ha abierto por lo menos quince procesos de responsabilidad fiscal y está tras la pista del supuesto desvío $20.408 millones de subsidios del fondo de Fondo de Energía Social (FOES) que se habrían perdido.
El episodio con los bancos y el recuerdo de Odebrecht
La antesala de la intervención de Electricaribe, en noviembre de 2016, fue un episodio de altísima tensión para el gobierno Santos. Por un lado, la Superintendencia de Servicios Públicos tenía claro que debía meter la mano en el tema, pues veía que un apagón en la costa Caribe era posible. Y esa situación la sabía la comitiva del presidente Juan Manuel Santos. Por otra parte, los españoles y directivos de Electricaribe tenían ya la soga al cuello y su preocupación se concentró en cuál de los escenarios posibles podían salir mejor librados. En medio de esa tensión, el empresario español Isidro Fainé le pidió al presidente Santos una audiencia para hablar sobre la situación. No se trataba de cualquier hombre de negocios.
Fainé era, en ese momento, presidente de Gas Natural, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, uno de los grupos bancarios más grandes de España y del mundo, y Forbes ya lo tenía en la mira para incluirlo en su lista de los filántropos más importantes del siglo XXI. El banquero viajó a Colombia justo antes de la intervención de Electricaribe y logró entrevistarse con Santos y varios de sus ministros. A su salida del Palacio de Nariño, Fainé comentó a la prensa: “Hemos abierto una vía de diálogo muy positiva dentro de un proceso que será necesariamente largo”. Pero el 15 de noviembre de 2016, días después de esa reunión, la Superintendencia intervino la empresa y cuatro meses después anunció su liquidación. Fainé siguió declarando que su intención era lograr un acuerdo con Colombia; pero sus declaraciones iban en contravía con las acciones que tomó su empresa, pues en cuestión de días se supo que había demandado a Colombia en un tribunal de arbitramento.
Mientras en el terreno internacional Gas Natural empezaba a mover sus fichas, en Bogotá la decisión de intervenir ocasionaba todo tipo de reacciones. Una de las más críticas fue la de los bancos que tenían deudas y créditos con Electricaribe. Un exfuncionario de la Superintendencia de Servicios Públicos, que pidió reservar su nombre pues sigue trabajando para el Estado, explicó que, cuando se anunció que además de intervenir iban a liquidar (decisión que solo se ejecutó este año), lo que debía suceder era que los bancos que tenían créditos o deudas con la empresa debían proveer un dinero para ayudarle al país a resolver esa papa caliente.
Los bancos que llamaron las autoridades para responder, agregó la fuente, fueron Bancolombia y el Banco de Occidente. El superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, acompañado de delegados de la Superintendencia Financiera, les explicó la situación y les recordó que, por ley, esa provisión de dineros debía ser del orden del 20 % de todos los compromisos que tuviera Electricaribe con ellos. Aunque nunca fue claro de cuánta plata se trataba, lo que sí supieron los funcionarios es que a los empresarios no les gustó para nada esa decisión. El exfuncionario relató que justo un día después de esa reunión, los superintendentes y sus equipos fueron citados a una reunión con delegados del presidente Santos. En la mesa encontraron a los mismos banqueros con los que se habían reunido unas horas antes.
“Ahí lo que nos dijeron es que no podíamos pedirles ese dinero de provisión porque le habían advertido al Gobierno que, si les cobrábamos esa plata, ellos dejaban de financiar las obras de infraestructura de cuarta generación y subían de inmediato las tasas de interés para vivienda”, recordó la fuente. Esta historia fue corroborada por otro funcionario de la Superintendencia Financiera que pidió reservar su nombre pues sigue vinculado a la entidad. “Amarraron al Gobierno y lo extorsionaron. Y lo que terminó sucediendo es que el Estado colombiano tuvo que proveer todos los gastos de su propio bolsillo, algo que está prohibido porque, precisamente, para eso hay leyes que obligan a los bancos a responder”, señaló el funcionario, quien recordó que esta práctica es más usual de lo que se quisiera.
(En contexto: Polémica por deuda de Concesionaria Ruta del Sol con bancos que asumirá el gobierno)
Lo dice con certeza, pues recuerda un episodio reciente de agosto de 2019: la polémica que causó el hecho de que el Ministerio de Transporte, en cabeza de Ángela María Orozco, estaba listo para pagar la deuda que tenían siete bancos con Odebrecht y sus socios. Aunque en esa oportunidad no se trataba de dineros de provisión, como en el caso de Electricaribe, lo que trascendió fue que el Estado también estaba protegido de tener que responder por esas deudas, más teniendo en cuenta el escándalo de corrupción que rodeaba ese expediente. En el caso de Orozco, la advertencia de la banca fue muy similar, pues amenazó con no seguir prestando plata para obras 4G. La diferencia entre lo que sucedió con Electricaribe y Odebrecht es que la prensa denunció el hecho en el segundo caso y, claro, en el caso de los brasileños, había un escándalo mundial de corrupción de por medio.
La negociación finalmente se cayó y hoy los bancos y la multinacional brasileña y socios colombianos están negociando por su lado. En cambio, respecto a Electricaribe, el Estado asumió toda la responsabilidad financiera. Lo hizo durante al menos tres años, pues encontrar a un inversionista que se hiciera cargo del servicio de energía en la costa, con las deudas e inconvenientes del negocio, fue una misión casi imposible. El gobierno Santos comenzó con la búsqueda. Sus funcionarios, incluso, hicieron una gira mundial buscando a alguien que les quitara semejante problema de encima. Pero las cuentas y su realidad, simplemente, no eran atractivas. Y el gobierno Santos, que ya estaba en su ocaso, no se atrevió a negociar y asumir compromisos para que alguien se invirtiera. El problema se lo dejó al nuevo presidente.
El desenlace del negocio
Como ya había sucedido en campañas electorales, desde los años 70, el tema de la comercialización y distribución de la energía en la costa Caribe fue habitual en los discursos de los candidatos. Y la contienda presidencial en 2018 no fue la excepción. Los entonces candidatos Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo expresaron que era claro que el sistema necesitaba un nuevo operador, pero que el nuevo operador debía ser el encargado de cubrir los pasivos de Electricaribe. Su máximo contrincante, Iván Duque, coincidió en que sí se necesitaba un nuevo inversor, pero que durante un debate aclaró que el primer paso para salir de la crisis era que el Gobierno cubriera los cerca de $2,4 billones en deudas que tenía esa empresa. Finalmente, Duque terminó cumpliendo su palabra.
El primer oferente apareció a finales de noviembre de 2018, por intermediación del gobierno Santos. Se trató de la multinacional italiana Enel, presente en 26 países, incluido Colombia, en donde ya tenía negocios con Codensa (en la energía en Bogotá y Cundinamarca). Un alto ejecutivo de esta empresa le contó a El Espectador que, aunque la negociación con el Gobierno no los convenció completamente, “pues era un riesgo enorme, lo que nos sacó del negocio fueron leyes nacionales”. El empresario alude a que, según las normas del mercado nacional, una sola empresa que quiera comercializar y distribuir energía no puede tener más del 25 % del mercado. Y si Enel compraba Electricaribe iba a superar ese porcentaje, por los negocios que ya tenía en el centro del país.
Así anunció el expresidente Juan Manuel Santos, en junio de 2018, que abriría el mercado para que una empresa privada se hiciera cargo del negocio que dejaba Electricaribe:
Para la superintendente que reemplazó a Mendoza, Natasha Avendaño, la historia fue diferente. “En ese momento hay una reunión en la que se decide el cambio de rumbo y que lo mejor era suspender el proceso (...) El presidente [Duque], junto con el ministro de Hacienda [Alberto Carrasquilla], la entonces ministra de Minas y Energía [María Fernanda Suárez], la exdirectora de Planeación Nacional [Gloria Amparo Alonso] y yo decidimos cambiar, sobre todo desde el punto de vista financiero”, explicó Avendaño a la alianza de medios y periodistas La Liga Contra el Silencio. Ese nuevo rumbo se reflejó en un cambio extremo en el negocio. Hasta ese momento, lo que había negociado el Estado era que el nuevo inversor asumiría hasta el último centavo de las obligaciones de Electricaribe.
Aunque era complicado encontrar a alguien que se atreviera, la presencia de Enel en la negociación demostró que era difícil, pero posible. La nueva estrategia del gobierno Duque, en cambio, se enfocó en otra opción. El primer intento lo hizo en abril de 2019, cuando abrió una subasta para cualquiera que quisiera entrar. En esta oportunidad, el Gobierno también tanteó terreno en Estados Unidos y Europa para atraer a inversionistas y tocó puertas en empresas nacionales. El resultado de la gira fue prometedor: se presentaron seis empresas, tres de Colombia y el resto extranjeras. Como el modelo que había planteado el Estado para concretar el negocio, el paso siguiente fue el de estudio de mercado, por parte de cada empresa, para que pudieran concretar su oferta.
Así anunció el presidente Iván Duque la ruta, que él mismo llamó estructural, para solucionar el problema de Electricaribe. La declaración es del 29 de noviembre de 2018:
Según la superintendente Avendaño, ese proceso debía durar entre seis y ocho meses, para que, en octubre de 2019, todos destaparan sus cartas. Pero la fecha se fue embolatando, especialmente porque la Corte Constitucional rajó la Ley de Financiamiento aprobada a finales de 2018 y sin ella la venta no podía seguir adelante, porque las reglas tributarias que habían planteado con los seis candidatos ya no estaban en firme. Aunque ese traspié afectó el tiempo que el Gobierno había calculado para salir del problema de Electricaribe, lo cierto es que el Ejecutivo se encargó de blindar el proceso de la mejor forma posible. En ese momento, la Contraloría ya le había puesto su lupa en el asunto, pues, ya se sabía, miles de millones se estaban invirtiendo para mantener con vida la red de energía en la costa.
Investigadores de este órgano de control empezaron a seguirle el rastro al proceso. Fue así cómo, en un informe que le presentaron al actual contralor, Felipe Córdoba, en diciembre del año pasado, detallaron cada uno de los pasos que tomaron el Gobierno y la Superintendencia, liderada por Natasha Avendaño. ¿Qué decía ese documento? ¿Para qué sirvió la investigación de la Contraloría? ¿Qué otros hallazgos hizo este ente fiscal que encontró que en Electricaribe se desviaron miles de millones de pesos del Estado? Las respuestas a estas preguntas las podrá leer mañana en la última entrega de esta investigación.
Lea aquí la tercera parte de esta investigación: Electricaribe, la deuda que vale cuatro veces vacunar contra el COVID-19 a toda Colombia
Lea aquí la primera parte de esta investigación: Así resultamos pagando con nuestros impuestos $7,29 billones de la deuda de Electricaribe