Como nunca en su vida, el destacado diseñador de modas Hernán Zajar se siente utilizado. Prestó su imagen profesional y trabajó durante cerca de un año en el diseño de Kalasalada, el megaproyecto turístico más importante de la actualidad en Cartagena, pero le pagaron mal. Por eso, entre molesto y apesadumbrado acudió a los estrados judiciales. Un asunto que de paso deja interrogantes sobre los manejos de una obra con inversiones de US$30 millones.
Artesano de la moda. Orfebre de la confección. Salió de su natal Mompox (Bolívar) y hoy, a sus 53 años, es reconocido como el maestro. Un brouchure construido a lo largo de tres décadas de estudio y trabajo en las pasarelas de Colombia y el mundo. Sus almacenes, colecciones, eventos y franquicias lo muestran como un hombre que experimenta, innova y diversifica.
Fue en un salón inmobiliario en Cartagena, hace más de un año, que un hombre joven de no más de 25 años se le presentó y le propuso un negocio: hacer el diseño de interiores de un exclusivo proyecto hotelero y ambiental. Un resort de 180 casas, ubicado a 35 kilómetros de Cartagena, con precios unitarios de entre $300 y $400 millones.
Se trataba de Juan David Ortega Cabrera, hasta ese momento un anónimo empresario que vio en Zajar al personaje preciso para diseñar y promocionar su producto, al estilo de los grandes proyectos en el exterior. Para Zajar era un nuevo reto: incursionar en otro concepto de moda, el diseño de interiores, por eso no vaciló ni un momento.
El negocio parecía claro. Por diseñar y permitir el uso de su imagen por tres años, Ortega en representación de su empresa Kalasalada de Indias S.A. pactó un pago de $260 millones. Zajar se emocionó, dejó por un momento los hilos, las telas, las texturas y los desfiles. Como buen artesano, hizo equipo con tres arquitectos y un diseñador.
A finales de 2008 y en 2009 encabezó varios eventos de promoción del proyecto. El plan se publicitó con su nombre, los catálogos y vallas hacían énfasis en su diseño y hasta decoró la sala de ventas de la obra. Su hermano Álvaro también llegó al proyecto y asumió la parte comercial.
Pero el proyecto se empezó a deshilvanar. Mientras que las ventas avanzaban, Zajar no veía el dinero. La relación con Juan David Ortega, representante de Kalasalada se destiñó. Reuniones, promesas, citas no cumplidas y desfiles de abogados terminaron en una denuncia ante la Fiscalía.
Estafa, ofrecimiento engañoso de productos y servicios, y usurpación de derechos de propiedad industrial hacen la combinación de presuntos delitos que tendrá que investigar el ente acusador. La empresa propietaria del proyecto le pone otros matices al asunto. Dice que no paga porque el contrato no se llevó a feliz término, no cumplió con las obligaciones en el plazo establecido e incumplió con lo pactado.
El pasado 30 de octubre trazó otro argumento para no pagar el dinero: que la empresa de Zajar, Moda & Diseño de Colombia Ltda. no tiene en el objeto social la actividad de diseño de interiores y arquitectura que ofrecieron en el contrato, y no se encuentra contemplada y autorizada en los estatutos sociales, por eso no está en capacidad jurídica para desarrollarla. Argumentó que Zajar incumplió el negocio. El asunto lo dirimirá la justicia.
El megaproyecto
Pero más allá de quién tenga la razón en el negocio, un ex comercializador del producto, quien pidió el anonimato, puso el dedo en la llaga sobre las dificultades que puede tener el proyecto. Y las cosas no parecen estar del todo bien. Afirma que se retiró de la megaobra porque pese a que le insistió a Juan David Ortega su preocupación por el manejo y la falta de estudio de aguas, por la indefinición en los acabados de las casas, por la incertidumbre de la entrega de la licencia de construcción y por un pleito por la propiedad de los terrenos en la zona, no hubo una respuesta efectiva. “Es una responsabilidad muy grande vender el proyecto en esas condiciones”.
Juan David Ortega, gerente de Kalasalada, descartó cualquier falla en el proyecto y atribuyó el asunto a una indebida presión por parte de los abogados con el fin de pagar un dinero que, según él, no tiene por qué pagar, pues Zajar incumplió. Además, señaló que tiene el respaldo de varias firmas reconocidas, como la Fiduciaria Bogotá, y da un parte de tranquilidad a los inversionistas o futuros clientes.
No obstante, El Espectador revisó los documentos de la sociedad y encontró varias particularidades. Según el propio Ortega, el 60% del proyecto es de Unity Development Group, una compañía que maneja tres proyectos en Estados Unidos y República Dominicana.
El restante 40% del negocio es de propiedad de la empresa Kalasalada de Indias S.A. Se trata de una empresa constituida el 9 de septiembre de 2008. Tiene cinco socios, dos compañías y tres personas naturales.
La primera es el Grupo Empresarial Aurum S.A. Según el registro público de Panamá, está dedicada a la compra y venta de bienes y tiene vida comercial desde el 10 de enero de 2008. Su capital es de US$10 mil. Es representada por Nancy Patricia Cabrera y el apoderado general es Juan David Ortega. Según sus estatutos, está “incorporada bajo la ley de la Isla Nevis” y aparece la dirección l Charlestown, su principal centro poblado. Esta pequeña isla, ubicada en el Caribe, entre Puerto Rico y Trinidad y Tobago, es considerada un paraíso fiscal.
La segunda compañía es Inversiones y Representaciones Roca Ltda. Es de propiedad de los hermanos Juan David, Luis Felipe y Carolina María, todos menores de 30 años. Fue constituida en julio de 1997 y su capital asciende a los $360 millones. Las otras tres personas accionistas de Kalasalada son Nancy Patricia, Luis Felipe y María Carolina Ortega Cabrera.
El proyecto más ambicioso de Cartagena avanza a buen ritmo. Según sus gestores, las ventas se vienen cumpliendo dentro de las expectativas, aspiran a que al final del proyecto sean cercanas a los US$60 millones. La licencia de construcción está en trámite. El proceso por la propiedad de la tierra sigue su curso. En la publicidad sigue apareciendo como diseñador de interiores del proyecto Hernán Zajar. El maestro de la moda no se cansa de repetir que lo usaron, por eso dejó el asunto en manos de sus abogados. No quiere perder los $260 millones que cobró por su trabajo. El caso apenas comienza.