Las autoridades identificaron en los últimos años que Jamundí (Valle del Cauca) se volvió una zona en la que confluyen todo tipo de grupos criminales. Por ejemplo, en ese municipio ocurrieron dos recientes hechos que sacudieron al país: en mayo de 2025, fue secuestrado el menor de 11 años Lyan Hortúa en medio de una aparente vendetta mafiosa.
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Luego, el 10 de junio, el corregimiento jamundeño de Potrerito sufrió un atentado por parte de las disidencias de las FARC que dejó 3 personas asesinadas. El escenario es tan complejo que, desde 2019, la Defensoría del Pueblo ha dicho que a esta zona, aledaña a Cali, llegan fichas de carteles mexicanos para pactar envíos de cocaína a Norteamérica. Además, se trata de un municipio en donde, Según la Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito, en 2023 en esta localidad había más de 1700 hectáreas sembradas.
Para la Fiscalía, hasta Jamundí también llegaron los tentáculos de una de las estructuras más grandes que lavó dinero del narcotráfico y que llevaba más de 15 años operando en varias zonas de Colombia. El ente investigador asegura que, desde 2009, el empresario de la construcción Humberto José Mayorga Vidal fue uno de los primeros aliados para lavar dinero de un presunto narcotraficante que trabajó con los carteles de Cali y del norte del Valle: Javier García Rojas, alias Maracuyá, quien fue capturado en agosto de 2024 y hoy está a punto de afrontar un juicio por, aparentemente, liderar tras bambalinas una red de empresas que se extendió por Bogotá, Antioquia, Bolívar, Quindío, Huila y Meta.
El Espectador conoció que un exclusivo proyecto inmobiliario en Jamundí, encabezado por una empresa de Mayorga Vidal, quedó paralizado por un aparente nexo con los dineros de alias Maracuyá. Se trata del Essencial Country Club, un conjunto de 51 casas de 123 metros cuadrados, que estaban siendo construidas en lotes de aproximadamente 1.200 metros cuadrados. Según información del mismo proyecto, también se ubica cerca de los corregimientos de Potrerito, es decir, a tan solo 20 minutos del sur de la capital del Valle del Cauca. La Fiscalía dice que esa compañía del empresario, Constructora Domus SAS, fue pieza clave para lavar dineros que habría obtenido Maracuyá con el narcotráfico.
Esa firma, asegura la Fiscalía, lavó más de $9.140 millones que fueron usados para comprar un porcentaje de un megalote de 107 hectáreas en el sector de Mamonal en Cartagena, entre otros inmuebles adquiridos entre 2009 y 2016. En este último año, señala el ente investigador, la firma de Mayorga Vidal le entregó ese predio a otra empresa que estaba controlada por una testaferro de Maracuyá. En otra parte del enorme terreno también tuvo participación una empresa de la que Mayorga Vidal era miembro de la junta directiva: Business and Marketing Consultants, la cual, según el escrito de acusación de la Fiscalía, habría blanqueado, entre 2009 y 2014, $14.421 millones.
Los inversionistas del condominio
En medio de este proceso judicial contra Maracuyá, Mayorga Vidal y otros cuatro grandes miembros de esa supuesta red de lavado, los inversionistas del condominio se presentaron ante el juez del caso para pedir que sean considerados como víctimas, ya que la Fiscalía decomisó los 51 lotes donde se estaban construyendo las casas del proyecto inmobiliario. Entre los inmuebles que fueron intervenidos por el ente investigador y que harían parte de la red de narcotráfico de Maracuyá están, por ejemplo, casi 1.000 hectáreas de tierras en Quindío, Huila y Meta. El Espectador conoció un documento de 10 páginas en el que el abogado de los inversionistas da detalles de cómo fue el negocio suscrito con Domus, la empresa de Mayorga.
“Para el pago de las obligaciones adquiridas con Domus, mis representados destinaron sus ahorros y/o contrajeron deudas por fuertes sumas de dinero, llegando en algunos casos a vender buena parte del patrimonio familiar para completar el precio de compra de los inmuebles prometidos en venta por la constructora. Algunos de mis representados nunca recibieron algo a cambio del dinero que entregaron de buena fe a Domus, pues las obras de construcción se paralizaron y los lotes prometidos en venta fueron embargados y secuestrados”, señaló el abogado Fabián Esteban Revelo en la misiva que hace parte del expediente contra la red de lavado de Maracuyá.
El abogado de Mayorga le dijo a este diario que durante las audiencias los fiscales del caso dejaron claro que en el proyecto no se habrían usado dineros del narcotráfico. Sin embargo, en el proceso de extinción de dominio, que adelanta otro funcionario del ente investigador ante otro estrado judicial, la entidad sostiene que Essencial Country sí sería parte del grupo de inmuebles sospechosos de tener origen ilícito. Además de señalar que su cliente no tiene nada que ver con la supuesta red de lavado, apuntó contra la Sociedad de Activos Especiales, la cual es la encargada de terminar el proyecto, “pues la SAE adquirió el pleno control administrativo desde febrero de 2024, fecha en la cual él fue relevado de su cargo como gerente y representante legal de la Constructora Domus”.
Y agregó: “Otro tema es que la SAE, desde esa época (más de 16 meses), no ha desplegado ninguna actuación al respecto, dejando abandonado el proyecto y sin responder ante los más de 200 colaboradores de la empresa, sus proveedores y en especial aquellos promitentes compradores, que en efecto adquirieron los derechos para obtener una vivienda que la constructora venía cumpliendo, y todo porque a la fecha aún la SAE no ha designado un gerente o representante legal que se haga cargo”, señaló el abogado de Mayorga. En estos momentos, los inversionistas no han sido reconocidos como víctimas en el caso y está pendiente que un tribunal superior de Bogotá lo decida.
El pasado 17 de julio se retomó el juicio contra Maracuyá y Mayorga, luego de que estuviera frenado durante casi ocho meses. Durante ese tiempo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia analizó si el proceso se quedaba en el despacho de un juzgado de Bogotá o se trasladaba a un despacho judicial en Cali, como querían los abogados de los acusados. Por ahora, será la Fiscalía la que tendrá que definir si el Essencial Country Club hará parte de los bienes que seguirán bajo la lupa de la Fiscalía por haber sido parte de la red de lavado de activos del capo narcotraficante Javier García Rojas, alias Maracuyá.
¿Qué dice la defensa de Maracuyá?
Durante las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento, uno de los abogados de la bancada de la defensa, David Albarracín, señaló que la investigación contra Maracuyá y su hermana era injusta. “Es decir, la Fiscalía dice: ‘te quiero mandar a la cárcel porque el dinero que lavaste y con el que te enriqueciste proviene del narcotráfico, delito del que no te puedes defender porque no te investigué y te acusé a tiempo’. Esto es atentatorio contra la dignidad y la presunción de inocencia del señor Javier Rojas García. No tiene presentación utilizar un delito del que no se tiene capacidad de demostrar judicialmente para luego acreditar que se estaba cometiendo un lavado de activos”, señaló el abogado penalista.
Albarracín señaló que la argumentación de la Fiscalía era “triste e inconstitucional”la cual estaba afectando los derechos de sus defendidos. “Es fácil decir que mi defendido es narcotraficante, cuando él no se puede defender porque no hay vía procesal para hacerlo, pero cualquiera que haga esa afirmación, tendría que responder por el delito de calumnia e ir a las autoridades pertinentes. Mi pregunta es: ¿Esa afirmación hecha por un funcionario judicial, puede tener consecuencia la afectación de la libertad de Javier Rojas? La respuesta es no”. Además, el abogado señaló que no existe ninguna prueba de que Maracuyá haya participado en la supuesta coima ante CISA y de la cual “todavía hay que probar si existió”, puntualizó el abogado.
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Por David Escobar Moreno
