El contraataque del “Ñoño” Elías
El detenido congresista Bernardo Elías comenzó a prender su ventilador y ya tiene un esquema de colaboración que salpica a más de un funcionario.
Norbey Quevedo Hernández.
Un mes después de su captura, el senador Bernardo Miguel Elías hizo público su interés por adelantar un proceso de colaboración con la justicia para que se conozca la verdad del escándalo Odebrecht. Así se lo hizo saber el pasado 20 de septiembre a dos fiscales delegados que instruyen el caso, luego de entregar una declaración en la que dio las primeras puntadas de su visión sobre el caso, dejando claro que toma distancia del gobierno Santos y del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade. (Puede ver: Así es el contraaque de Bernardo Elías en el caso Odebrecht)
Aunque la intención general del senador Elías trascendió durante la diligencia de imputación de cargos a Andrade, El Espectador conoció en su integridad la primera declaración de su acercamiento a la justicia. Un documento que empieza con una afirmación contundente: “mi interés era ayudarles a los de Odebrecht a que sacaran rápido los otrosís Ocaña-Gamarra, para que ellos entregaran recursos económicos con destino a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, período 2014-2018, reelección, primera y segunda vuelta”.
El Ñoño Elías aclaró que no sabía si el presidente Santos estaba enterado o no, pero que esa fue la propuesta que le hizo el exsenador Otto Bula, quien le dijo que Odebrecht quería ayudar a la campaña, pero necesitaba recursos a través de la adjudicación de ese contrato. Inicialmente, creían que iba a salir a más tardar en diciembre de 2013, pero el tema se alargó, se vino la campaña política, se requería firmar el otro sí de manera urgente, incluso sin Conpes ni Confis, es decir, sin asignación presupuestal, lo que sucedió en marzo de 2014.
El declarante agregó que no sabía de las maniobras de Odebrecht en Colombia y que a él sólo le dieron una plata. En su opinión, cuando Bula lo abordó, el asunto estaba listo, pues era una decisión del Ejecutivo, no dependía del Congreso. El Ñoño Elías insistió en que lo que hizo fue averiguar con el presidente de la ANI, y pasar la información a Bula, para que este se las diera a los brasileños, y que eso es lo que se refleja en los chats que se encontraron en el celular de Bula. De ahí surgieron sus múltiples encuentros con Luis Fernando Andrade.
Sobre este aspecto, Elías aseveró que tres o cuatro veces visitó al presidente de la ANI, una vez con Eleuberto Martorelli y Éder Ferracutti, y más de cuatro veces en su apartamento con Martorelli y Juan Sebastián Correa. En esas reuniones, “Andrade y Martorelli abordaron el tema de la adición del contrato Ruta del Sol 2, y después de que salió la adición, las reclamaciones por sobrecostos y luego el cierre financiero de Navelena”. Bernardo Elías aseguró que lo que el hacía era prestar su apartamento para los encuentros Andrade-Martorelli.
El senador recalcó que en una de esas reuniones presenció una discusión muy pesada entre Andrade y Martorelli; y en otra ocasión escuchó decir a Martorelli o Ferracutti que tenían controlada la Procuraduría, para que en el evento de que se conciliara, el Ministerio Público no se opusiera. Uno de los intereses de Andrade, recalcó Elías, era sacar adelante esa conciliación. Incluso recordó que el actual presidente de la ANI, Dimitri Zaninovich, para la época viceministro de Transporte, se la pasaba en el Congreso impulsando esa propuesta.
Sobre el asunto del tramo Ocaña-Gamarra, el declarante recalcó que esa obra venía siendo analizada desde que Cecilia Álvarez era directora del Fondo de Adaptación, y que tan es así que, a pesar de que existían unos diseños, se suscribió un otrosí para hacer otros “sobrepreciados”, como lo calificó la interventoría de la Ruta del Sol 2. Incluso, Juan Sebastián Correa le contó que Andrade le había dicho que él sabía que a Elías le iban a entregar plata, pero que a él no le importaba porque era una orden de arriba sacar el otrosí Ocaña-Gamarra.
Con respecto al escándalo Odebrecht, el presidente Santos ha sido claro en que no hay evidencias de pagos ilegales al “excelente funcionario” Luis Fernando Andrade. “Que opere la justicia y que la investigación sobre corrupción llegue hasta el fondo y no importa a quién toque. Si es gente de mi gobierno –y espero que no sea así–, que le caiga todo el peso de la ley. Si es gente que pertenece, dentro del Congreso, a la Unidad Nacional, que le caiga todo el peso de la ley”, recalcó el primer mandatario en entrevista con este diario el pasado mes de agosto.
Al margen de la corta declaración del Ñoño Elías, de apenas cinco folios, El Espectador corroboró, en fuentes de la Corte Suprema y de la Fiscalía, que ya existe un esquema de trabajo para hacer efectiva la colaboración del congresista con la justicia. El propósito del detenido senador es que se evalúe el rol cumplido por varios funcionarios públicos y abogados, empezando por los de la ANI, sobre la base de que, por órdenes de Éder Ferracutti, presidente del consorcio Ruta del Sol 2, hubo algunos que trabajaban al servicio de Odebrecht.
El senador Elías le ha dicho a la justicia que tiene pruebas de la participación directa de funcionarios del Ejecutivo para acelerar o influenciar los contratos de Odebrecht o algunas de sus filiales. Al respecto, se declaró dispuesto a hablar sobre el contrato de estabilidad jurídico en la Ruta del Sol Sector 2, en el cual intervino el actual viceministro de Asuntos Agropecuarios y Desarrollo Rural, Luis Miguel Pico Pastrana, para la época de los hechos asesor del Viceministerio de Comercio. Ya la Procuraduría le abrió investigación.
La otra funcionaria de la que el Ñoño Elías quiere hablar es de la exministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa, quien ha sido llamada a declarar tres veces por la Fiscalía, al igual que la exministra Gina Parody, sin que ninguna de ellas comparezca. El pasado miércoles, los abogados de las exministras expidieron una declaración para manifestar que tienen disposición a colaborar con la justicia y que en la actualidad es posible que ellas rindan su declaración a través de videoconferencia, pues ambas hoy estudian en Estados Unidos.
De igual modo, en desarrollo de su contribución a la justicia, el Ñoño Elías quiere hablar del papel del abogado Javier Alberto Hernández López, hijo del excontralor Antonio Hernández Gamarra, viceministro de Transporte en la gestión de Cecilia Álvarez y vicepresidente ejecutivo de la ANI en octubre de 2013. En principio, la idea de Elías es reportar que Hernández llegó a la ANI seis meses antes del otrosí Ocaña-Gamarra, después de ser viceministro de Cecilia Álvarez, y que fue un funcionario que ayudó a los fines de Odebrecht.
Hernández López tuvo su primer contrato con el Ministerio de Comercio en septiembre de 2014, dos semanas después de la posesión de Cecilia Álvarez, y en julio de 2015, la entonces ministra de Educación Gina Parody lo designó como miembro de la Junta Administradora del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media. Javier Hernández ha sido asesor de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno en la Alcaldía de Bogotá, y también fue gerente del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
La propuesta del senador Bernardo Elías apunta a que la confluencia de intereses entre la exministra Cecilia Álvarez, el expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade y el abogado Javier Hernández López fue determinante para los intereses de Odebrecht en Colombia. No sólo para la creación de cargos estratégicos, sino también con el concurso de asesores del Ministerio de Transporte para acelerar las decisiones que pudieran favorecer a la multinacional brasileña en su propósito de expandir sus negocios en Colombia.
En la matriz de colaboración planteada por el senador Bernardo Elías, también quiere incluir a otros personajes. En especial al exgerente de la campaña política del presidente Santos, el empresario Roberto Prieto, clasificado como un lobista de Odebrecht para la adjudicación de contratos y reclamaciones del concesionario Ruta del Sol Sector 2, y referenciado desde el principio del escándalo por el mismísimo Otto Bula. Prieto ha negado cualquier vinculación con actividades ilícitas o que haya recibido dineros de la firma Odebrecht.
En términos generales, en sus aproximaciones con la justicia, el senador Bernardo Miguel Elías busca que se conozcan otros protagonistas del caso: la procuradora Fanny González, quien supuestamente resolvía favorablemente las reclamaciones del concesionario Ruta del Sol 2; el vicepresidente de gestión contractual de la ANI, Camilo Mendoza, quien aparentemente era un contacto del organismo en la Procuraduría para presionar las gestiones del contratista; o el director del Fonade, Carlos Bula, interviniente en los hechos.
En principio, Elías también está dispuesto a probar que recursos provenientes de Odebrecht entraron a la campaña de Santos a través de los departamentos de Córdoba, Sucre y La Guajira; y que supuestamente el entonces gerente de la campaña del Partido Liberal, Esteban Moreno, fue el enlace. En reciente comunicado, los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe pidieron a la Fiscalía investigar la gestión de Moreno a través de la firma Logistic Soluciones Integrales SAS, como hilo conductor de dineros de Odebrecht a la política.
En concreto, Elías prepara su contraataque, con nuevos nombres con los que busca demostrar que el asunto va más allá de su gestión como congresista. Por eso, también le ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que envíe cuestionarios a los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas; Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín; Salud, Alejandro Gaviria; Agricultura, Aurelio Iragorri, y hasta la de Cultura, Mariana Garcés, para que todos ayuden a dilucidar como surgió el Conpes del que nació el corredor Ocaña-Gamarra.
Como colofón, la Procuraduría tampoco ha querido sustraerse de las investigaciones alrededor del tema Odebrecht y, a través del representante del Ministerio Público en este caso, el abogado Jorge Caldas, le ha sugerido a la Corte Suprema de Justicia que los exministros y demás funcionarios y exfuncionarios consultados respondan un cuestionario genérico en el que expliquen qué supieron del Conpes 3817 de 2014 y del proyecto Ruta del Sol Tramo 2, sobre todo si hubo injerencia, directa o indirecta, de algún senador o representante a la Cámara.
En particular, el delegado de la Procuraduría ha sugerido enviar también un cuestionario al exvicepresidente y candidato presidencial Germán Vargas Lleras, para establecer si, previo al Conpes de la controversia, conoció de documentos sobre la contratación de la Ruta del Sol Tramo 2, qué manejo interinstitucional se le dio al asunto, quiénes formalizaron el documento y, sobre todo, si existió presión por parte del algún congresista para desarrollar la política estratégica y financiera aplicada por el Conpes a los contratos de la polémica.
En síntesis, el escándalo Odebrecht en Colombia, que va por su décimo mes, parece que va para largo. Sin embargo, entre los expertos siguen en suspenso dos interrogantes: ¿Por qué los directivos brasileños de Odebrecht no están en Colombia ayudando a la justicia a aclarar el enredo que crearon?; y en la misma línea, ¿por qué la Superintendencia de Sociedades no interviene a Odebrecht y al Consorcio Ruta del Sol Tramo 2, como una manera de presionar en busca de la verdad? El escándalo no para y aún tiene mucha tela por cortar.
Indagan a tres congresistas y a exparlamentario
A mediados de esta semana se conoció que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar a los congresistas Musa Besaile, del partido de la U; Ciro Rodríguez, del partido Conservador, y Antonio Guerra, senador de Cambio Radical. Igual medida se tomó frente al excongresista del partido de la U Plinio Olano.La determinación del alto tribunal tiene como propósito que los cuatro políticos presenten explicaciones sobre sus presuntos vínculos con la multinacional brasileña Odebrecht. En estos casos, la citación de la Corte Suprema obedece a que otros procesados en el caso los señalaron ante la justicia de supuestos nexos con la citada empresa.
Se trata de establecer si por el proceso de adjudicación de la Ruta del Sol en 2009, una obra que comunica el centro del país con la costa Caribe, recibieron dinero de Odebrecht de manera directa o por contratos a través de otras empresas. A mediados de junio pasado, la Fiscalía había compulsado copias a la Corte por el caso Odebrecht.
Un mes después de su captura, el senador Bernardo Miguel Elías hizo público su interés por adelantar un proceso de colaboración con la justicia para que se conozca la verdad del escándalo Odebrecht. Así se lo hizo saber el pasado 20 de septiembre a dos fiscales delegados que instruyen el caso, luego de entregar una declaración en la que dio las primeras puntadas de su visión sobre el caso, dejando claro que toma distancia del gobierno Santos y del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade. (Puede ver: Así es el contraaque de Bernardo Elías en el caso Odebrecht)
Aunque la intención general del senador Elías trascendió durante la diligencia de imputación de cargos a Andrade, El Espectador conoció en su integridad la primera declaración de su acercamiento a la justicia. Un documento que empieza con una afirmación contundente: “mi interés era ayudarles a los de Odebrecht a que sacaran rápido los otrosís Ocaña-Gamarra, para que ellos entregaran recursos económicos con destino a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, período 2014-2018, reelección, primera y segunda vuelta”.
El Ñoño Elías aclaró que no sabía si el presidente Santos estaba enterado o no, pero que esa fue la propuesta que le hizo el exsenador Otto Bula, quien le dijo que Odebrecht quería ayudar a la campaña, pero necesitaba recursos a través de la adjudicación de ese contrato. Inicialmente, creían que iba a salir a más tardar en diciembre de 2013, pero el tema se alargó, se vino la campaña política, se requería firmar el otro sí de manera urgente, incluso sin Conpes ni Confis, es decir, sin asignación presupuestal, lo que sucedió en marzo de 2014.
El declarante agregó que no sabía de las maniobras de Odebrecht en Colombia y que a él sólo le dieron una plata. En su opinión, cuando Bula lo abordó, el asunto estaba listo, pues era una decisión del Ejecutivo, no dependía del Congreso. El Ñoño Elías insistió en que lo que hizo fue averiguar con el presidente de la ANI, y pasar la información a Bula, para que este se las diera a los brasileños, y que eso es lo que se refleja en los chats que se encontraron en el celular de Bula. De ahí surgieron sus múltiples encuentros con Luis Fernando Andrade.
Sobre este aspecto, Elías aseveró que tres o cuatro veces visitó al presidente de la ANI, una vez con Eleuberto Martorelli y Éder Ferracutti, y más de cuatro veces en su apartamento con Martorelli y Juan Sebastián Correa. En esas reuniones, “Andrade y Martorelli abordaron el tema de la adición del contrato Ruta del Sol 2, y después de que salió la adición, las reclamaciones por sobrecostos y luego el cierre financiero de Navelena”. Bernardo Elías aseguró que lo que el hacía era prestar su apartamento para los encuentros Andrade-Martorelli.
El senador recalcó que en una de esas reuniones presenció una discusión muy pesada entre Andrade y Martorelli; y en otra ocasión escuchó decir a Martorelli o Ferracutti que tenían controlada la Procuraduría, para que en el evento de que se conciliara, el Ministerio Público no se opusiera. Uno de los intereses de Andrade, recalcó Elías, era sacar adelante esa conciliación. Incluso recordó que el actual presidente de la ANI, Dimitri Zaninovich, para la época viceministro de Transporte, se la pasaba en el Congreso impulsando esa propuesta.
Sobre el asunto del tramo Ocaña-Gamarra, el declarante recalcó que esa obra venía siendo analizada desde que Cecilia Álvarez era directora del Fondo de Adaptación, y que tan es así que, a pesar de que existían unos diseños, se suscribió un otrosí para hacer otros “sobrepreciados”, como lo calificó la interventoría de la Ruta del Sol 2. Incluso, Juan Sebastián Correa le contó que Andrade le había dicho que él sabía que a Elías le iban a entregar plata, pero que a él no le importaba porque era una orden de arriba sacar el otrosí Ocaña-Gamarra.
Con respecto al escándalo Odebrecht, el presidente Santos ha sido claro en que no hay evidencias de pagos ilegales al “excelente funcionario” Luis Fernando Andrade. “Que opere la justicia y que la investigación sobre corrupción llegue hasta el fondo y no importa a quién toque. Si es gente de mi gobierno –y espero que no sea así–, que le caiga todo el peso de la ley. Si es gente que pertenece, dentro del Congreso, a la Unidad Nacional, que le caiga todo el peso de la ley”, recalcó el primer mandatario en entrevista con este diario el pasado mes de agosto.
Al margen de la corta declaración del Ñoño Elías, de apenas cinco folios, El Espectador corroboró, en fuentes de la Corte Suprema y de la Fiscalía, que ya existe un esquema de trabajo para hacer efectiva la colaboración del congresista con la justicia. El propósito del detenido senador es que se evalúe el rol cumplido por varios funcionarios públicos y abogados, empezando por los de la ANI, sobre la base de que, por órdenes de Éder Ferracutti, presidente del consorcio Ruta del Sol 2, hubo algunos que trabajaban al servicio de Odebrecht.
El senador Elías le ha dicho a la justicia que tiene pruebas de la participación directa de funcionarios del Ejecutivo para acelerar o influenciar los contratos de Odebrecht o algunas de sus filiales. Al respecto, se declaró dispuesto a hablar sobre el contrato de estabilidad jurídico en la Ruta del Sol Sector 2, en el cual intervino el actual viceministro de Asuntos Agropecuarios y Desarrollo Rural, Luis Miguel Pico Pastrana, para la época de los hechos asesor del Viceministerio de Comercio. Ya la Procuraduría le abrió investigación.
La otra funcionaria de la que el Ñoño Elías quiere hablar es de la exministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa, quien ha sido llamada a declarar tres veces por la Fiscalía, al igual que la exministra Gina Parody, sin que ninguna de ellas comparezca. El pasado miércoles, los abogados de las exministras expidieron una declaración para manifestar que tienen disposición a colaborar con la justicia y que en la actualidad es posible que ellas rindan su declaración a través de videoconferencia, pues ambas hoy estudian en Estados Unidos.
De igual modo, en desarrollo de su contribución a la justicia, el Ñoño Elías quiere hablar del papel del abogado Javier Alberto Hernández López, hijo del excontralor Antonio Hernández Gamarra, viceministro de Transporte en la gestión de Cecilia Álvarez y vicepresidente ejecutivo de la ANI en octubre de 2013. En principio, la idea de Elías es reportar que Hernández llegó a la ANI seis meses antes del otrosí Ocaña-Gamarra, después de ser viceministro de Cecilia Álvarez, y que fue un funcionario que ayudó a los fines de Odebrecht.
Hernández López tuvo su primer contrato con el Ministerio de Comercio en septiembre de 2014, dos semanas después de la posesión de Cecilia Álvarez, y en julio de 2015, la entonces ministra de Educación Gina Parody lo designó como miembro de la Junta Administradora del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media. Javier Hernández ha sido asesor de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno en la Alcaldía de Bogotá, y también fue gerente del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
La propuesta del senador Bernardo Elías apunta a que la confluencia de intereses entre la exministra Cecilia Álvarez, el expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade y el abogado Javier Hernández López fue determinante para los intereses de Odebrecht en Colombia. No sólo para la creación de cargos estratégicos, sino también con el concurso de asesores del Ministerio de Transporte para acelerar las decisiones que pudieran favorecer a la multinacional brasileña en su propósito de expandir sus negocios en Colombia.
En la matriz de colaboración planteada por el senador Bernardo Elías, también quiere incluir a otros personajes. En especial al exgerente de la campaña política del presidente Santos, el empresario Roberto Prieto, clasificado como un lobista de Odebrecht para la adjudicación de contratos y reclamaciones del concesionario Ruta del Sol Sector 2, y referenciado desde el principio del escándalo por el mismísimo Otto Bula. Prieto ha negado cualquier vinculación con actividades ilícitas o que haya recibido dineros de la firma Odebrecht.
En términos generales, en sus aproximaciones con la justicia, el senador Bernardo Miguel Elías busca que se conozcan otros protagonistas del caso: la procuradora Fanny González, quien supuestamente resolvía favorablemente las reclamaciones del concesionario Ruta del Sol 2; el vicepresidente de gestión contractual de la ANI, Camilo Mendoza, quien aparentemente era un contacto del organismo en la Procuraduría para presionar las gestiones del contratista; o el director del Fonade, Carlos Bula, interviniente en los hechos.
En principio, Elías también está dispuesto a probar que recursos provenientes de Odebrecht entraron a la campaña de Santos a través de los departamentos de Córdoba, Sucre y La Guajira; y que supuestamente el entonces gerente de la campaña del Partido Liberal, Esteban Moreno, fue el enlace. En reciente comunicado, los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe pidieron a la Fiscalía investigar la gestión de Moreno a través de la firma Logistic Soluciones Integrales SAS, como hilo conductor de dineros de Odebrecht a la política.
En concreto, Elías prepara su contraataque, con nuevos nombres con los que busca demostrar que el asunto va más allá de su gestión como congresista. Por eso, también le ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que envíe cuestionarios a los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas; Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín; Salud, Alejandro Gaviria; Agricultura, Aurelio Iragorri, y hasta la de Cultura, Mariana Garcés, para que todos ayuden a dilucidar como surgió el Conpes del que nació el corredor Ocaña-Gamarra.
Como colofón, la Procuraduría tampoco ha querido sustraerse de las investigaciones alrededor del tema Odebrecht y, a través del representante del Ministerio Público en este caso, el abogado Jorge Caldas, le ha sugerido a la Corte Suprema de Justicia que los exministros y demás funcionarios y exfuncionarios consultados respondan un cuestionario genérico en el que expliquen qué supieron del Conpes 3817 de 2014 y del proyecto Ruta del Sol Tramo 2, sobre todo si hubo injerencia, directa o indirecta, de algún senador o representante a la Cámara.
En particular, el delegado de la Procuraduría ha sugerido enviar también un cuestionario al exvicepresidente y candidato presidencial Germán Vargas Lleras, para establecer si, previo al Conpes de la controversia, conoció de documentos sobre la contratación de la Ruta del Sol Tramo 2, qué manejo interinstitucional se le dio al asunto, quiénes formalizaron el documento y, sobre todo, si existió presión por parte del algún congresista para desarrollar la política estratégica y financiera aplicada por el Conpes a los contratos de la polémica.
En síntesis, el escándalo Odebrecht en Colombia, que va por su décimo mes, parece que va para largo. Sin embargo, entre los expertos siguen en suspenso dos interrogantes: ¿Por qué los directivos brasileños de Odebrecht no están en Colombia ayudando a la justicia a aclarar el enredo que crearon?; y en la misma línea, ¿por qué la Superintendencia de Sociedades no interviene a Odebrecht y al Consorcio Ruta del Sol Tramo 2, como una manera de presionar en busca de la verdad? El escándalo no para y aún tiene mucha tela por cortar.
Indagan a tres congresistas y a exparlamentario
A mediados de esta semana se conoció que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar a los congresistas Musa Besaile, del partido de la U; Ciro Rodríguez, del partido Conservador, y Antonio Guerra, senador de Cambio Radical. Igual medida se tomó frente al excongresista del partido de la U Plinio Olano.La determinación del alto tribunal tiene como propósito que los cuatro políticos presenten explicaciones sobre sus presuntos vínculos con la multinacional brasileña Odebrecht. En estos casos, la citación de la Corte Suprema obedece a que otros procesados en el caso los señalaron ante la justicia de supuestos nexos con la citada empresa.
Se trata de establecer si por el proceso de adjudicación de la Ruta del Sol en 2009, una obra que comunica el centro del país con la costa Caribe, recibieron dinero de Odebrecht de manera directa o por contratos a través de otras empresas. A mediados de junio pasado, la Fiscalía había compulsado copias a la Corte por el caso Odebrecht.