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Desde diciembre de 2016, las sospechas sobre la existencia de un supuesto cartel de funcionarios corruptos en el interior de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía, siguen cogiendo fuerza. Contados despachos del ente investigador están al tanto de los avances y, durante cuatro años, en total sigilo, han tratado de conseguir los testimonios necesarios para destapar el escándalo. Sus proporciones no son claras, pues mientras fuentes de la Fiscalía aseguran que podrían estar involucrados funcionarios de la entidad y delegados de la Embajada de Estados Unidos, la versión estadounidense lo contradice.
La investigación tomó fuerza cuando la fiscal Ana Catalina Noguera Toro llegó a la Dirección que se encarga de recuperar los bienes comprados con dinero ilícito. La abogada aterrizó en este despacho tras la renuncia de la fiscal Andrea Malagón, que estuvo a la cabeza de esta unidad entre 2013 y 2018, durante las administraciones de Eduardo Montealegre y Néstor Humberto Martínez. La salida de Malagón no fue de bajo perfil ni rutinaria, pues desde 2018 había rumores sobre presuntos actos ilícitos. Noguera Toro llegó a la Dirección sin conocer lo que estaba pasando, pero no tardó en darse cuenta. Fuentes de la Fiscalía y colegas suyos le contaron a este diario lo que ocurrió tras su llegada.
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Consolidar confianza con sus fiscales fue su prioridad. En esa tarea se dio cuenta de que había funcionarios que no le daban buena espina. Sabía, por fuentes suyas, que la fiscal Mónica Valencia era una de las de más alto perfil y la que, por orden de Andrea Malagón y su mediación en el sistema de repartos, recibió algunos de los procesos más importantes de la Dirección de Extinción de Dominio. En especial, los relacionados con narcos y testaferros de la Oficina de Envigado. Las mismas fuentes advirtieron que Valencia tenía estrecha relación con funcionarios de agencias estadounidenses como la DEA y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés).
Mónica Valencia, le dijeron a Noguera, era conocida como la “protegida de los gringos”. Cuando tomó posesión como directora, a su oficina llegaron los agentes norteamericanos William Neff y Tarik Rashidi. Los recibió sin problema, pues pensó que se trataba de una simple reunión de trabajo y presentación. Aunque sí lo fue, ambos funcionarios insistieron en un tema que a Noguera llamó la atención: su trabajo en temas relacionados con la Oficina de Envigado y su interés de no tocar a Mónica Valencia. Acreditaron sus buenos resultados y el impacto que podría tener su salida de importantes investigaciones de narcotráfico.
Ella los escuchó, pero no tomó decisiones. Tiempo después, en una reunión en la embajada con todos los directores de las agencias, los de la OFAC volvieron a insistir a Noguera de la importancia de la fiscal Valencia y su permanencia como pieza clave para dar continuidad al trabajo en temas relacionados con la mafia en Medellín. Aunque no la sacó en ese momento, Noguera decidió asignarle a Valencia un fiscal de apoyo de su confianza. Aunque Neff estaba de salida, dicen las fuentes que en la trasescena siguió “maniobrando” para que, tras su salida, Tareck Rashidi, siguiera con la misma línea de trabajo, fuentes y objetivos. En una tercera reunión, Rashidi volvió a insistir que Valencia no podía irse.
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Pero la fiscal Noguera estaba decidida. Aunque la decisión de fondo tardó meses, en octubre de 2019, Noguera ordenó el traslado de Valencia a otra unidad. Sin explicaciones, y por información que pudieron recolectar en varios despachos, Noguera y su equipo constataron que la saliente fiscal alcanzó a intervenir en procesos de la Dirección hasta diciembre. Se sospecha que pudo borrar evidencias o rastros que la pudieran incriminar. Sin embargo, otros despachos de la Fiscalía, el Departamento del Tesoro y la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR, por su sigla en inglés), ya estaban tras la pista de denuncias sobre la relación entre Valencia y los agentes de la OFAC.
Consultada por El Espectador, un portavoz de la Embajada de Estados Unidos se pronunció así sobre el caso: “El gobierno de Estados Unidos se toma todas las acusaciones de mala conducta profesional y de irregularidades muy en serio. Cuando surgen acusaciones de mala conducta, los organismos responsables les hacen seguimiento a esas acusaciones y cooperan plenamente con todos los organismos de investigación. Estas acusaciones se remitieron a la oficina del procurador general del Tesoro, se investigaron a fondo y se consideraron injustificables y sin fundamento. En cuanto a cualquier investigación que se encuentre en curso, no podemos comentar al respecto”.
La versión de José Bayron Piedrahíta
Quien terminó prendiendo las primeras alarmas fue José Bayron Piedrahíta, reconocido narco lavador de dinero de al menos cuatro carteles de la droga. Tras su captura en septiembre de 2017 en Estados Unidos, envuelto en un escándalo por narcotráfico en Argentina y cuentas pendientes con las autoridades colombianas, este hombre les contó lo que había escuchado, que desde la Dirección de Extinción de Dominio bajo la dirección de Malagón y el trabajo de Valencia, oficiales de la OFAC y abogados ofrecían ofertas para que, a cambio de dinero, pudieran interceder en procesos, no solo de extinción, sino también ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La versión causó sorpresa y hasta alivio en la Fiscalía, pues hasta ese momento las sospechas sobre presuntas irregularidades solo apuntaban a funcionarios de la institución. Sin embargo, un despacho dedicado a temas de corrupción en la justicia decidió indagar la veracidad de la versión de Piedrahíta. Noguera lo supo y solicitó ayuda en la Embajada de Estados Unidos. Entretanto, el fiscal del caso pidió a un juez autorización para acceder a los celulares de Valencia. En total, tuvo acceso a tres. Después los peritos comenzaron su labor para desencriptar los contenidos. De los primeros dos teléfonos pudieron sacar varias comunicaciones con el abogado Luis Valero que causaron sorpresas.
Según una fuente consultada, los mensajes dejaron entrever que, entre ambos abogados, habría una relación sentimental que Valencia nunca reportó. Según fuentes de la Fiscalía, ella estaba en la obligación de hacerlo, pues Valero habría sido abogado suplente en un proceso de extinción de dominio en contra de Javier García, alias Maracuyá. Un expediente en manos de la fiscal Valencia. Y, por otra parte, porque en esas conversaciones ella siempre insistió en que, para hablar de “esos temas” espinosos, “era mejor hacerlo por el otro lado”. Y ese “otro lado” era el tercer celular que retuvo la Fiscalía y que no han podido acceder a su contenido.
El Espectador consultó al abogado Luis Valero, quien sostuvo que es falso que tuviera una relación con Mónica Valencia, porque él está felizmente casado, o le hubiese pagado dinero. Valero dijo que solo conoció a Valencia en 2018 (después de que se decretaron las medidas cautelares contra los bienes de Maracuyá) en las negociaciones que se adelantaron con la OFAC y la Fiscalía. El objetivo era que su defendido, Javier García, se acogiera a la sentencia anticipada. “Ojalá los mostraran todos (los mensajes) para que se dieran cuenta de que fue una relación estrictamente profesional”. Agregó que ya fue citado por autoridades estadounidenses para dar las explicaciones pertinentes.
Ante el fracaso de los peritos de desencriptar el tercer celular, el fiscal del caso decidió enviarlo a Brasil, donde existe un laboratorio especializado al que la Fiscalía ha recurrido en otras ocasiones. El lío fue que la pandemia por el COVID-19 frenó estos intentos. El contenido de los mensajes a los que sí logró acceder la Fiscalía probarían una relación irregular entre Valencia, Valero y los agentes gringos, y por eso fue enviado a la embajada para que sus autoridades hicieran lo suyo. Al parecer, Marlon Cobar fue el encargado de darles trámite a las denuncias. La lupa de las autoridades en ese momento se enfocó en tres agentes: William Neff, Tarek Rashidi y Marc Samara.
Este diario pudo establecer que las investigaciones del Departamento del Tesoro ya se cerraron a favor de los agentes y la Fiscalía ya fue notificada. Sin embargo, fuentes del ente investigador señalaron que no están al tanto del avance de los procesos de las autoridades de Estados Unidos. Lo que sí saben es que los tres agentes salieron del país después de desplegar una supuesta campaña contra Catalina Noguera. Según funcionarios de la Fiscalía, Noguera fue la primera en darse cuenta de las ofertas que habrían hecho las fiscales de extinción de dominio, en connivencia con agentes estadounidenses.
Los indicios de la Fiscalía apuntan a que, a través del abogado Luis Valero, los exdirectivos de la OFAC concretaban el perfil adecuado de narcos para entrar a los listados de su oficina, más conocidos como los señalados de la Lista Clinton. Así no tuvieran suficiente sustento probatorio para agregar a una persona, en la elección intervenía Valero que contactaba a las personas y ofrecía sus servicios, básicamente sacarla “rápido” de la lista. Al tiempo que les hacía esa promesa, les ofrecía una ayuda similar para enfrentar los procesos de extinción de dominio que, en varios casos, comenzaban al tiempo con el anuncio del ingreso a la temida lista de la OFAC.
Al parecer, la tarifa que por varios años manejó Extinción de Dominio era cobrar el 10 % del valor de los bienes afectados, explicó una fuente, quien agregó que el valor variaba según el perfil de las personas contactadas. El dinero, señaló un funcionario de la Fiscalía, se repartía entre los agentes de turno en la OFAC y las fiscales que se encargaban de cometer errores técnicos en la incautación de bienes, para que después los abogados pudieran alegar la ilicitud de los procesos y retomar la posesión de los mismos sin problemas. Este modus operandi habría encajado con las sospechas de Noguera sobre las andanzas de la fiscal Valencia. Y justamente el caso que fue clave para concretar su tesis fue el de alias Maracuyá.
Noguera, ante funcionarios y fuentes de la Fiscalía, explicó que, cuando revisó el proceso en contra de este narco invisible, supuesto testaferro de Byron Piedrahíta, cuyos bienes están avaluados en más de $1 billón, se dio cuenta de que era también uno de los posibles clientes. Noguera lo frenó todo. Sacó a Valencia, en contravía de la petición de los agentes de la OFAC, y dio la orden de que el proceso por extinción contra Maracuyá, que arrancó en 2018, se acelerara. La hermana del narco, Ruth García Rojas, quedó bajo el radar de las autoridades como la persona que pagó “las ayudas”. En cuestión de meses el caso se resolvió y, en octubre del año pasado, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció la venta de un predio en Cartagena que hoy es “la joya de la corona” de los bienes incautados.
Aunque esta versión es la que se maneja dentro de la Fiscalía, y es justamente la que investiga un despacho de una unidad especial sobre casos de corrupción en la justicia, lo cierto es que los protocolos para definir quién entra y sale de la Lista Clinton no son unilaterales de la OFAC. En cualquier proceso de este tipo, los departamentos del Tesoro, de Estado y de Justicia supervisan las investigaciones y el sustento legal para agregar a una persona a estos listados. El blindaje jurídico que les brindan estas tres dependencias del más alto nivel de Estados Unidos a estos casos ha logrado que, durante 25 años, no se haya caído una sola decisión de la OFAC en Colombia.
En diálogo con este diario, Luis Valero recalcó que es imposible que él tuviera la capacidad de solicitar a la OFAC el ingreso o retiro de una persona de la Lista Clinton. “Es de total ignorancia asegurar eso. Soy uno de los abogados en Colombia que más procesos lleva ante la OFAC. El objetivo era darle una solución integral al proceso de Maracuyá, quien había aceptado devolver unos bienes, en especial el lote de Cartagena. Pero todo cambió cuando relevaron a Valencia por Liliana Donado, quien nos solicitó bajarle el valor comercial al predio sin justificación alguna. Nosotros nos negamos”.
La persecución
Noguera contó a sus colegas que supo que todo estaba listo para que, con el pago de Javier García, alias Maracuyá, su nombre saliera de la Lista Clinton, donde finalmente fue a parar en febrero de 2018. Según varias fuentes consultadas por El Espectador, el frenazo que aplicó Catalina Noguera al caso despertó la inconformidad de los gringos. Ella misma contó al investigador del expediente y a otros fiscales que con esa decisión arrancó una persecución en su contra, que no solo denunció ante la embajada, sino también ante el FBI. Según la versión de la fiscal, y de dos de sus compañeros de trabajo, Tarek Rashidi y William Neff la intimidaron por la salida de Valencia y su intromisión en algunos casos.
Por lo menos cinco fuentes diferentes conocen los pormenores relatados por la misma Ana Catalina Noguera. Sin embargo, El Espectador le preguntó directamente a la Fiscalía por las versiones que apuntan a una supuesta persecución de agentes de Estados Unidos. La respuesta: “La doctora Noguera no ha denunciado a ningún exdirectivo de la OFAC, pues no los conoce. A su vez, la Fiscalía General de la Nación, cuando observe la comisión de delitos dentro de su territorio y competencia, sin dubitación alguna, realizará las investigaciones que en derecho correspondan (...). La doctora Ana Catalina Noguera manifiesta desconocer un montaje en su contra”.
Al margen de la respuesta institucional de la Fiscalía, El Espectador tuvo acceso a pormenores del caso. Uno de ellos, la versión de uno de los implicados que conoce de primera mano la manera en que Noguera advirtió que los agentes de la OFAC le iban a montar un falso positivo judicial para sacarla de la Dirección de Extinción de Dominio y de la Fiscalía. La alerta fue comunicada a las autoridades de Estados Unidos, a través de oficios que envió Noguera al exagregado del Departamento de Justicia Marlon Cobar, quien solicitó protección para ella. La fiscal, sin embargo, dejó de confiar en la embajada. Por eso decidió ir ella misma a Estados Unidos a alertar a las autoridades.
Los agentes se enteraron del viaje. Aunque William Neff ya no formaba parte de la delegación diplomática, una fuente de la Fiscalía señaló que se siguió moviendo en el país. El primer ataque fue amenazar a Noguera con quitarle la visa. Ella, sin embargo, viajó a Estados Unidos. En el aeropuerto empezaron los líos, pues en su información para el ingreso apareció su nombre con advertencia en rojo (red flag). La llevaron a un cuarto para hacerle preguntas. Noguera sospechó que Neff y Tareck estaban detrás de esa alerta roja, porque, por primera vez en cientos de viajes a este país, tuvo problemas para ingresar.
Los agentes que la detuvieron en EE. UU. le hicieron preguntas, pero al consultar su perfil advirtieron su condición en Colombia. Noguera no solo es una de las funcionarias de confianza del fiscal Francisco Barbosa, sino que sus lazos familiares tienen arraigo de vieja data en el mundo académico y político. Su padre es Rodrigo Noguera Calderón, rector de la Universidad Sergio Arboleda, fundada por el abuelo. Este es el centro educativo que más egresados tiene actualmente en los más altos cargos del país (Fiscalía y Presidencia), y desde hace años se sabe de su cercanía con algunos líderes del Centro Democrático, partido que respalda al gobierno Duque. Con el problema de migración resuelto, la fiscal cumplió con el objetivo de su viaje: alertar a las autoridades.
En Colombia, la Fiscalía sigue a la espera de la información que se pueda obtener de los celulares de Valencia. Dentro del ente investigador el tema se está moviendo con extremo sigilo. No solo porque el fiscal Barbosa dio instrucciones claras de “purgar” la Fiscalía de cualquier sospecha de corrupción, sino porque el tema terminó siendo personal para una de sus principales colaboradoras, Ana Catalina Noguera. Entretanto, en Estados Unidos, los papeles parecen haber cambiado. Los agentes extranjeros siguen trabajando con el gobierno y, al parecer, existe un expediente que sigue interesado en develar los actos de corrupción que habrían sucedido en la Dirección de Extinción de Dominio.