Al tiempo que en Colombia se estrenó esta semana la ley que aumentó los castigos a los conductores que manejan con tragos en la cabeza, un exsenador vive su propio drama por cuenta del alcohol. Es Eduardo Carlos Merlano Morales, a quien el 13 de mayo de 2012 le cambió la vida. Era un domingo en la madrugada y en un retén en el norte de Barranquilla impidió que agentes policiales le hicieran la prueba de alcoholemia. Además, no tenía licencia de conducción. Como si fuera poco, usó su cargo y contactos para impedir la acción de la autoridad, pero todo le salió al revés.
Hoy, 19 meses después de los bochornosos hechos, el exparlamentario se sigue hundiendo por el uso indebido de su poder para no reconocer su embriaguez. Esta vez por cuenta del Consejo de Estado, que al cierre de la actividad judicial esta semana dejó lista la ponencia que determina que el parlamentario debe perder su investidura y abandonar cualquier intención de retornar a la actividad política. Una decisión que debe ser ratificada en Sala Plena del tribunal a mediados de enero, cuando los magistrados retornen de vacaciones.
El jueves, y en sólo doce horas de vigencia de la ley, fueron detectados en el país por las autoridades de tránsito los primeros 51 infractores de la ley. El primero en caer fue Juan José Ramírez, de 46 años de edad. Se negó a hacerse la prueba, por eso se le aplicó la máxima sanción: grado 3 de alcoholemia, multa de $28 millones, inmovilización por veinte días del vehículo Honda Civic en que se transportaba y suspensión o cancelación de su licencia hasta por 25 años.
Ni Lucía Gaviria, madre de la modelo Natalia París, se salvó de la dureza de la nueva ley. Se accidentó en Medellín y la prueba de alcohol marcó grado dos. Ahora se enfrenta a cinco años de suspensión de la licencia, 40 horas de trabajo comunitario, seis días de inmovilización de su vehículo y una multa de $7’074.000. Eso para citar dos de los 51 casos que se registraron en las primeras horas de entrada en vigencia de la norma, cuando se efectuaron 14.592 pruebas. La estadística oficial indica que sin la norma, la cifra diaria era en promedio de 250 casos.
Simultáneamente, según la ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, Merlano Morales no sólo debe perder su investidura, sino que además el proceso debe ir a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. También compulsa copias a la Policía Nacional a fin de que se determine por qué luego del incidente algunos miembros de la institución finalmente accedieron a algunas pretensiones del parlamentario.
Pese al escándalo, esa noche efectivos dieron luz verde a Merlano para que siguiera su camino. Además, se busca determinar si tuvieron responsabilidad en que la prueba original del caso, un video del operativo, fuera borrada. También el Consejo de Estado ordenó investigar a los congresistas que conformaron la mesa directiva del Senado por el delito de prevaricato, por no solicitar la pérdida de investidura de Merlano como era su obligación.
La justicia ha actuado con eficiencia en el caso. El 16 de octubre de 2012, la Procuraduría falló en el caso del senador Eduardo Carlos Merlano y lo sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años por tráfico de influencias. En segunda instancia ratificó la decisión. El 10 de mayo de 2013, el Consejo de Estado anuló su elección por irregularidades en varias mesas de votación y en los escrutinios. La Corte Suprema lo indaga por presuntos vínculos con las autodefensas, al igual que su padre Jairo Enrique Merlano Fernández, quien fue condenado por nexos con el jefe paramilitar de Sucre Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena.
En su ponencia de 41 páginas, conocida por El Espectador, la magistrada Stella Conto deja claro que el senador Merlano Morales incurrió en el delito de tráfico de influencias: “Lo que importa es que el señor Merlano Morales utilizó su calidad de congresista para presionar a los policiales, intimidándolos con el fin de obtener a cambio un beneficio, siendo ello suficiente para que se estructure la causal”. Destaca el documento que para Merlano existen dos órdenes normativos paralelos, uno para todos por igual y otro para él como senador.
Actualmente, a sus 37 años, el exsenador Merlano se dedica a negocios entre Sincelejo y Barranquilla. Algunas veces pasa por Bogotá. Su caudal electoral, cerca de 38.000 votos que lo hicieron congresista en 2010, busca doliente en Sucre y varios partidos se lo disputan. Si el día que lo encontraron ebrio hubiera aceptado su responsabilidad, tal vez no estaría viviendo este infierno. Entre tanto, cerca de dos millones de personas que tienen licencia de conducción deberán entender que el asunto es en serio y que conducir con tragos es un problema mayor.
nquevedo@elespectador.com
@norbeyquevedo