El pacto incumplido entre empresarios, el Estado y víctimas de despojo en Urabá

A comienzos de mayo de 2021, conté en estas páginas un acuerdo inédito que había sucedido por esos días: empresarios del proyecto portuario Pisisí y seis familias víctimas, en Turbo, en el Urabá antioqueño, habían acordado salidas de vivienda, trabajo y pensión a cambio de dejar de oponerse a que en esas tierras, despojadas por paramilitares en los años 90, se adelantara la primera Terminal Portuaria de esa región.

La foto que selló el pacto fue la de varios representantes de las víctimas y empresarios, juntando sus manos al centro (como se acostumbra durante la celebración de un equipo deportivo), ataviados con tapabocas, común por esos días de pandemia. Cuatro años después, la imagen se ve deslucida y muy lejos de representar la realidad, pero para entender su dimensión hay que volver atrás.

El despojo

En la vereda Casanova, de Turbo, Antioquia, en un predio baldío y abandonado de 30 hectáreas, se asentaron seis familias, hace 38 años. Sembraron papaya, arroz, yuca e hicieron pozos de peces en esa tierra con salida al mar Caribe, conocido como El Trópico.

Allí hicieron una vida en medio de amenazas por su militancia en el partido político Unión Patriótica (UP), que surgió tras los fallidos acuerdos de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc, en mayo de 1985.

Una persecución que, tres años después, le costó la vida al primero de ellos. El 7 de febrero de 1990 fue asesinado Candelario Pérez de la Rosa, concejal y secretario del Concejo de Turbo por la UP. “Cuando asesinaron a Candelario, yo tuve que dejar de estudiar y me quedé con dos niños pequeños, uno de 7 y uno de 4 años. Me tocó muy duro, trabajar la tierra, tirar pala y machete para sacarlos adelante. Hasta el año de 1997 que me sacaron a la fuerza de esa tierra los paramilitares”, recordó para El Espectador, Visitación Pedroza Escobar, esposa de Candelario Pérez.

A María Bergenet Rubio Gómez, la esposa de Hoover Antonio Quintero, el segundo líder de la Unión Patriótica y exconcejal de Turbo asesinado en esas tierras, el 24 de agosto de 1993, le tocó similar. “Cuando lo matan yo quedé con semejante responsabilidad: cuatro hijos, el mayor de 15 años. Al comienzo me fui con los dos niños mayores por un tiempo y mi mamá se quedó en la tierra con los dos más pequeños, ella fue muy fuerte, después volví a echar machete, porque no teníamos nada más y al final salí de nuevo corriendo por tanta persecución y porque ya me amenazaron a mis hijos”, comentó.

Luego fue Luis Edward Cubides Vanegas, también exconcejal de ese municipio por la UP, asesinado el 17 de enero de 1996. Y, después, fue Isabelina Torres, asesinada a sus 77 años. Los cuatro eran líderes políticos visibles de la Unión Patriótica en el Urabá y quienes promovieron el asentamiento y ocupación de estos terrenos por parte de campesinos y familias de pocos recursos. “Cuando nos fuimos, mi hermana ya había sido violada por un paramilitar en 1993 en ese sector, cuando tenía 12 años”, contó Liliana Espinosa, hija de crianza de Luis Edward Cubides.

La mayoría vendieron a muy bajo precio las mejoras sobre las tierras que habían trabajado. Lo hicieron por la necesidad y por la presión armada del paramilitarismo que para ese entonces se expandía en la región, con apoyo de varios hacendados y empresarios, como se ha esclarecido con el tiempo. En la finca colindante, conocida como Maryuri, los paramilitares montaron una base de operaciones y cometieron asesinatos e inhumaciones clandestinas, reconocidas por el comandante paramilitar Hevert Veloza García, conocido como “HH” en el tribunal de Justicia y Paz.

Solo en 2014, muchos años después de haber salido, las familias de Casanova se llenaron de valor para pedir la restitución de sus predios despojados, a propósito de la Ley 1448 de 2011, o ley de víctimas y restitución de las tierras.

Las tierras se compraron y vendieron varias veces, durante los años más duros del conflicto armado, que solo en la región de Urabá dejó, según los anexos del informe final de la Comisión de la Verdad, 47,657 homicidios y 581,293 desplazamientos forzados, entre 1985 y 2014.

En 2015, esas tierras fueron tituladas a la empresa Pisisí S.A. Y más adelante, en el año 2018, se constituyó la Sociedad Portuaria de Turbo Pisisí- Pisisí S.A., para la construcción del Puerto Internacional de Pisisí, por su salida estratégica al mar.

Entre 2015 y 2020, la relación entre la empresa, los socios del puerto y las familias que pedían ser restituidas de sus tierras era tensa y difícil. En un principio no había ningún reconocimiento de la victimización de estas familias por parte de la empresa y algunos inversionistas del puerto, y políticos del partido Centro Democrático en la región, difundieron videos diciendo que se trataba de falsas víctimas y de personas oportunistas y que estaban en contra del desarrollo de Turbo. Por esa razón, varios de los integrantes de las víctimas fueron estigmatizados y amenazados de muerte, así como la fundación Forjando Futuro, que los ha representado jurídicamente desde entonces en este proceso.

El 31 de diciembre de 2020, la Unidad de Restitución de Tierras ordenó inscribir en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente a estas familias y los predios de Casanova, donde se proyectó la construcción del Puerto Internacional de Pisisí.

Además, la Agencia Nacional de Infraestructura condicionó la expedición de la resolución del contrato de concesión portuaria a resolver este asunto de tierras. Esto motivó a que los empresarios y las víctimas empezaran a conversar, con la mediación de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, para llegar a una salida negociada.

Fue así que el 27 de abril de 2021, la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí S.A. y las familias de los predios firmaron y autenticaron en una Notaría un acuerdo en el que partían de un principio fundamental: el reconocimiento de que estas familias sí fueron víctimas de despojo y violencia en el conflicto armado que los obligaron a abandonar sus tierras y que la empresa no tuvo ninguna participación ni auspicio en esos hechos, porque se constituyó dos décadas después.

La empresa se comprometió también a financiar una empresa asociativa de propiedad de las víctimas, que tendría la facultad de contratar hasta el 30% del personal que trabaje en Pisisí. E incluso, como resultado de los excedentes de esa empresa asociativa, se pensaba pagar una pensión de tres salarios mínimos legales a las cabezas de familias de esas víctimas, por el tiempo que durara la concesión del puerto (de 28 a 30 años). Así como la empresa se comprometía a comprar un predio, de la misma extensión que tenían, en Turbo, y a entregarles una vivienda y un proyecto productivo.

En ese momento, hubo un ánimo de celebración de lo alcanzado. “A pesar de que nosotros no fuimos los despojadores, sí buscamos que este sea un puerto ciudad, que integre a la gente, para que podamos pasar esa página tan terrible de violencia que ha vivido esta región”, dijo en ese momento Teófilo Lemus, entonces gerente de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí S.A.

El 12 de septiembre de 2022, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó ordenó proteger el derecho fundamental a la restitución y formalización de tierras a estas familias, con la entrega de una compensación o predio de propiedades similares al que les despojaron. También les fueron reconocidas salidas de vivienda y de proyectos productivos.

No fue un proceso de restitución de tierras convencional, porque gracias al pacto suscrito, la empresa se comprometió a no participar como opositor en el caso y las familias solicitaron una compensación en lugar de la restitución material de los predios.

Hoy, tres años después de este fallo, y cuatro del acuerdo, la reparación total de las víctimas sigue en vilo. La Unidad de Restitución de Tierras (URT), en respuesta a una consulta hecha por este diario, detalló las resoluciones que, al 3 de septiembre, han expedido en cumplimiento a este fallo. Se trata de cuatro resoluciones de compensación, ordenadas a dos viudas, un viudo y dos herederos. Aún falta notificar dos resoluciones más, a favor de los hijos de Hoover Quintero y Eunice Gómez (quien falleció antes de ser compensada), terminar el proceso de sucesión por parte de los herederos de Vicente Valencia y Candelario Pérez, y las parcelas prometidas a los adultos mayores, Visitación Pedroza y Elías José Carpa, que tienen una edad avanzada y su estado de salud es frágil.

“El fallo solo se ha cumplido en un 35%, porque aún no se nos ha notificado dos de esas resoluciones de pago. Ojalá así sea porque son muchos años en espera. Ya una reclamante murió sin compensación. Sigue siendo una sentencia simbólica. Ni hablar del acuerdo con los empresarios. Nos sentimos engañados. Cuando pusimos la demanda de restitución, la empresa nos propuso que no reclamáramos la tierra en restitución, sino en compensación, que ellos iban a cumplir. Al día de hoy, nosotros cumplimos, pero ellos no”, asegura Vanderley Quintero, hijo de Hoover Quintero, el líder de la Unión Patriótica y exconcejal de Turbo, asesinado en esas tierras, en diálogo con El Espectador.

Por eso es que las víctimas creen que la reparación total sigue en vilo. Tan en vilo como la construcción del Puerto Internacional de Pisisí, que no ha empezado.

El mismo Teófilo Lemus, por ejemplo, se reconoce víctima de ese proceso: “Si las víctimas se sienten engañadas y desesperanzadas, imagínese cómo me siento yo que empecé con este proceso en 2008. Hicimos un acuerdo de asociación con unas empresas que no nos cumplieron. Pactamos que le dábamos el 30 % de participación en el proyecto y ellos cumplían con unos compromisos de inversión, pero no lo han hecho. Cuando les dimos la participación quisieron cambiar las reglas del juego. Soy el fundador del proyecto y siempre les he informado a las familias víctimas qué ha pasado. Ojalá hubiéramos podido arrancar, pero la verdad es que en este momento estamos en riesgo todos. Puede ocurrir que perdamos la concesión porque no hemos empezado, pero ese sigue siendo un pacto vigente”, dijo en entrevista con este diario.

Una versión contraria a esa le dio a El Espectador uno de esos inversionistas mencionados por Lemus. Se trata de José María Díaz Pernas, español inversionista de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí S.A. “Lemus es un mentiroso compulsivo. Renunció de forma irrevocable a la gerencia representación legal de la sociedad portuaria y luego falsificó documentos y actas. Me atengo a lo que digan los procedimientos judiciales y de la Superintendencia en este caso. A las familias víctimas solo les digo que el acuerdo sigue adelante con absoluto compromiso, pero no podemos responder con él sin empezar el proyecto”.

Entre diferencias y tensiones, que están ad portas de los tribunales, se desvanece este camino de reconciliación, que hace cuatro años fue ejemplo en el país. Las familias víctimas que sobrevivieron a la violencia y el despojo en Urabá anhelan un final distinto.

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