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En diciembre de 2016, cuando el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, terminaba de ajustar su equipo, una denuncia por presuntas irregularidades en el proceso de extinción de dominio contra los predios en los que se construía el proyecto inmobiliario Meritage, en Medellín, prendió las alarmas. Los señalamientos recaían sobre Andrea Malagón, exdirectora de la unidad, y Alejandra Ardila Polo, la fiscal del caso. Por esa época, la decisión fue mantener a Malagón en la Dirección de Extinción de Dominio por su cercanía con la Embajada de Estados Unidos, y con el mayor sigilo adelantar las pesquisas. El pasado martes la denuncia fue ampliada por el socio principal del Meritage, Angel Seda, quien insiste en que el objetivo era extorsionarlos.