El rastro de los hombres que le vendieron tierras con pasado paramilitar a grupo inversor de Falabella

En las últimas dos semanas, la Unidad Investigativa de El Espectador reveló tres decisiones judiciales que le quitaron al grupo chileno Solari más de 700 hectáreas de tierra, ubicadas en Valencia, Córdoba. La razón: los predios en cuestión tendrían un pasado marcado por la violencia paramilitar que sufrió ese departamento en los años noventa e inicios de los dos mil. El reconocido grupo empresarial chileno que es accionista en Colombia de los populares almacenes de cadena Homecenter y Falabella.

De esos negocios, dicen documentos aportados por la Reforestadora del Sinú (empresa del conglomerado en Colombia), participó Guillermo Alberto Mass Sánchez, quien, desde 2023, comparece en un juicio penal por el asesinato de la reclamante de tierras Yolanda Izquierdo. Según la Fiscalía, él y alias Monoleche (jefe de seguridad de Vicente Castaño), fueron los cerebros de ese crimen cometido en enero de 2007, del cual hizo eco la prensa a escala nacional. Luis Enei, director del proyecto forestal, dice que, cuando llegaron a Colombia, en 2011, no tenían forma de saber que Mass Sánchez habría tenido algún nexo con los paramilitares.

Luis Enei agregó que esa compra al hoy acusado Mass Sánchez fue de una “pequeña” finca. De acuerdo con el certificado de Notariado y Registro, en 2011, la Reforestadora pagó COP 143 millones por 50 hectáreas, un área que equivale a unas 70 canchas de fútbol. Cuatro años más tarde, la Fiscalía incluyó ese terreno en la lista de bienes entregados por las AUC para reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano, pero la compañía insiste en que posee documentos para demostrar que todos sus predios siguieron un riguroso proceso de verificación de antecedentes y que se debe respetar su compra.

Un pasado marcado por el despojo paramilitar

Aunque el asesinato de Yolanda Izquierdo también suscitó, en 2007, un pronunciamiento público de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenando el crimen, Enei dice que los análisis de riesgo de la Reforestadora no tenían forma de saber del asesinato de la lideresa reclamante de tierras, en un municipio donde, según sus cuentas, compraron 4.000 hectáreas. Esas compras las hicieron en los corregimientos de Valencia, Jaraguay y Villanueva, donde los Castaño vivieron varios años. Un habitante de esta zona le dijo a este diario que “intentar negar la existencia del conflicto armado en esta zona es absurdo. Los Castaño controlaban todo en los años 2000. Ellos construyeron el colegio donde me gradué, el Liceo Villanueva Fidel Castaño Gil; eso lo contaron los paramilitares a la Fiscalía”.

Fallos judiciales, informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad han documentado un asunto clave de contexto. Los municipios de Valencia y San Pedro de Urabá —donde la Reforestadora compró un total de 8.000 hectáreas— fueron epicentro de una estrategia paramilitar de despojo. Los campesinos de esta zona y del Urabá chocoano y antioqueño fueron obligados por los Castaño a vender sus predios a precios irrisorios y a firmar documentos falsos que luego eran acreditados por la Fundación para la Paz en Córdoba, más conocida como Funpazcor. La cabeza de esta estafa paramilitar fue Sor Teresa Gómez (suegra de Monoleche y cuñada de los Castaño), quien fue condenada en 2018 por el asesinato de Yolanda Izquierdo.

El exportador de fruta a Estados Unidos

Un reciente fallo del Tribunal Superior de Antioquia dice que de esos negocios también hizo parte Rafael Argumedo Figueroa, un hombre que se dedicaba a la compra vente de tierras en Córdoba. Este empresario fue investigado por ser parte de una red de lavado de activos en la que habría participado un exalcalde de Valencia: Mario Prada Cobos, quien fue absuelto en dos instancias judiciales por parapolítica. Asimismo, la Fiscalía cerró en 2023 el caso por lavado por falta de pruebas. La Liboriana equivale aproximadamente a 371 canchas de fútbol o a seis veces el Estado Vaticano. De acuerdo con la decisión judicial, la empresa del grupo chileno, Reforestadora del Sinú, compró este megalote en 2011 por COP 1.171 millones.

Funcionarios de la Reforestadora del Sinú dijeron en el proceso que la empresa siguió “un proceso muy riguroso” para adquirir La Liboriana, en el cual se estudia la potencialidad del suelo para la explotación forestal, se examinan los títulos de propiedad, los antecedentes y “se paga con cheque de gerencia a favor del vendedor o de su representante para mantener un control sobre los recursos”. Además, explicaron “que la empresa es sucursal de una sociedad de origen chileno, por lo que los dineros con los cuales invierte en tierras y plantaciones vienen de un prestigioso grupo empresarial que es dueño de marcas como Falabella, Jumbo y Homecenter, entre otros, y realiza estrictos controles sobre el origen de los recursos”.

Sin embargo, el tribunal señaló todo lo contrario. Para los magistrados, la compra hecha por la empresa del Grupo Solari a Argumedo Figueroa desconoció el pasado violento que tenía el corregimiento de Jaraguay, donde está ubicado el megapredio. Según el fallo, la reforestadora llegó en 2010 atraída por los incentivos del Gobierno para invertir en la región, pero ello “no la hace adquirente de tierras de buena fe, ni puede justificar la omisión de diligencias más exigentes en territorios con reconocida historia de violencia”. El tribunal también reprochó a la empresa haber intentado desconocer tanto la condición de víctima del conflicto del reclamante de tierras como la delicada situación de orden público que vivía Valencia.

Las otras tierras del vendedor del grupo Solari

Argumedo Figueroa dijo en el proceso que La Liboriana fue apenas una parte de los terrenos que le vendió a la Reforestadora del Sinú. Fueron un total de 1.200 hectáreas, lo que equivale aproximadamente a la mitad de la isla de San Andrés o a 1.680 canchas de fútbol. Un negocio que valió COP 3.800 millones en 2010, según declaró el negociante de tierras. No es la primera vez que Argumedo Figueroa aparece comprando grandes territorios en regiones azotadas por la violencia. En una sentencia de 2016 emitida por el Tribunal Superior de Bolívar, este hombre aparece en un traspaso de un lote de 20 hectáreas en el municipio de María la Baja.

Según el reclamante de esa tierra, que fue desplazado en los años 2000 por grupos paramilitares, él nunca avaló ese movimiento notarial, el cual permitió que una empresa, La Pradera de María S.A., luego le comprara en 2009 esa parcela a Argumedo Figueroa. La segunda aparición del empresario Rafel Argumedo Figueroa en la compra de tierras fue contada en un extenso reportaje de Verdad Abierta, en el que es mencionado un conocido palmicultorbarranquillero. Se trata de Alfredo Tapia Rizzo, quien llegó a los Montes de María y, entre mayo y julio de 2009, le compró 10 terrenos a Argumedo Figueroa.

De acuerdo con el reportaje periodístico, esas tierras terminaron siendo un megaproyecto de siembra de palma de aceite y piña. El medio de comunicación aseguró que “Argumedo compró decenas de predios en María La Baja y los vendió a empresas que llegaron a instalar grandes negocios en el municipio de Bolívar. En los certificados de tradición y libertad de los 10 predios que Argumedo le vendió a Tapia resalta el hecho de que, al menos en el papel, el comerciante de tierras vendió a la empresa de Tapia esos títulos por el mismo valor al que Argumedo los había comprado”.

Aunque esta es la segunda vez que la justicia le anula a Argumedo Figueroa una venta de tierra por las situaciones que rodearon las compras, el empresario le dijo a este diario que “todos mis negocios han sido formales, realizados ante notaría y registrados conforme a los procedimientos de ley. Rechazo de manera categórica cualquier insinuación de que haya existido un aprovechamiento indebido o beneficio irregular. Nunca he tenido ni tengo relación alguna con personas o grupos al margen de la ley, y mis actuaciones siempre se han enmarcado en la legalidad y la buena fe”. Al igual que la Reforestadora, negó que en 2010 existiera una delicada situación de orden público en Valencia.

Argumedo Figueroa, quien actualmente no tiene ningún requerimiento judicial, no entregó mayor detalle sobre sus negocios con el Grupo Solari, y el empresario Tapia, y aseguró que fueron ventas que se hicieron hace más de 15 años y que fue un abogado el que se encargó de los trámites legales. Argumedo dice que vive en Montería, pero hay documentos que señalan que también reside en Atlanta (Estados Unidos). También a su nombre figura una empresa en La Florida llamada Hebron Foods, la cual también tiene sede en Planeta Rica, Córdoba. Según la página web de la compañía, se dedica a la exportación de frutas y verduras del campo colombiano.

La historia de La Liboriana

El megapredio, hoy sembrado con cientos de eucaliptos de la Reforestadora, era tierra baldía de la Nación. Al igual que otros grandes predios de la zona, en los años setenta fue adjudicado por el Gobierno a campesinos sin tierra, quienes, como lo recuerda el fallo, a partir de los años ochenta terminaron sufriendo amenazas, extorsiones, secuestros, asesinatos, desplazamientos forzados y despojo por parte de la guerrilla de las FARC y los paramilitares. Fue en 1986 cuando apareció el reclamante de tierras que hoy la justicia reconoce como tal: Ramiro Cabrales Hodeg (fallecido en 2022), quien compró La Liboriana y la destinó a la ganadería y la agricultura.

Este reclamante de tierras era miembro de una de las familias políticas más importantes de Córdoba, pues su hermano es el exdiputado Álvaro Cabrales Hodeg, señalado por la Fiscalía de haber sido uno de los políticos que se alió con los paras en 2001 en el denominado Pacto de Ralito. En entrevista con este diario, Luis Enei, director del proyecto forestal chileno, afirmó que Ramiro Cabrales vendió el terreno a personas “conocidas” con el fin de saldar deudas. Y fue más allá: “Cabrales no es víctima de nada, pertenecía a la oligarquía cordobesa, iba al mismo club campestre de Mancuso; además, fue alto funcionario de la Gobernación. Este fallo es una usurpación, es decepcionante que no valoraran nuestras pruebas y que no haya una segunda instancia que revise este fallo”.

En cuanto a la situación de seguridad de Cabrales Hodeg el fallo de restitución de tierras dice que, a principios de los noventa, sus empleados recibieron amenazas por parte de la guerrilla, lo que lo obligó a vender el terreno en 1993 a tres empresarios antioqueños que conocía, entre ellos, el ganadero y columnista de El Meridiano de Córdoba Ramiro Vélez Toro. Según testigos que declararon en el proceso, Vélez, fallecido en 2017, alcanzó a acumular “al menos 2.000 hectáreas” en el departamento, ya que “contaba con la liquidez y era el único que estaba adquiriendo tierras en la región”. Cabrales Hodeg dijo durante el proceso que “La venta fue por una suma muy por debajo del precio real”.

Al mismo tiempo —dice la decisión judicial—, a Valencia empezaron a ingresar los primeros grupos paramilitares liderados por Fidel Castaño. Su propósito: acabar con la guerrilla que convirtió al municipio en un corredor estratégico de las Farc. “La Liboriana estaba en un punto estratégico donde se libraban confrontaciones armadas, y en varias ocasiones que visitó su finca Cabrales vio que sacaban heridos y muertos en hamacas. Razón por la cual evitaba frecuentar la zona con su familia”, dice el fallo judicial. El documento señala que, en 2005, el columnista Vélez Toro vendió el terreno a Abis Argumedo González, quien luego, en 2010, se la vendió a Rafael Argumedo. Este último aseguró no tener ninguna filiación con ella.

Un año más tarde, la empresa del Grupo Solari la adquirió. Sobre esta compra, el Tribunal señaló que: “Sería contraevidente negar el provecho que la Reforestadora tomó de los fenómenos de violencia generalizada, visibilizado en la adquisición de grandes extensiones de tierra productivas y estratégicamente ubicadas a un precio que, si bien no reflejaba la depreciación de cuando estaba en manos del reclamante, todavía llevaba signos de un entorno perturbado y enrarecido por los hechos de violencia del pasado inmediato, ya que para el año 2010, cuando empezó su negociación, aún pululaban reductos de los paramilitares y figuras afines que veían en la tierra un potencial negocio, como se evidenció acá”.

Los magistrados también retomaron en su decisión un punto que puso sobre la mesa la Unidad de Restitución de Tierras: “La llegada al municipio de Valencia de megaproyectos, como el de la Reforestadora del Sinú, propiedad del grupo empresarial chileno Solari, y quien funge como opositora de la restitución, no se puede entender por fuera del contexto del conflicto armado en el país, y que los efectos del conflicto armado en Colombia no solo han profundizado las desigualdades en la propiedad de la tierra, sino que han servido para el surgimiento de nuevas élites locales, la entrada de empresas de capital mundial y cultivos industriales de gran escala”.

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