El temor de los empresarios de la Zona Franca de Occidente

Ad portas de que el Consejo de Estado tome una decisión frente a la acción popular que se presentó hace once años que pretende tumbar la Zona Franca de Occidente (ubicada en Mosquera, Cundinamarca), por supuestas irregularidades administrativas que habrían beneficiado a los hijos del expresidente Álvaro Uribe, alrededor de 86 empresarios nacionales y extranjeros emprendieron una cruzada para que el alto tribunal los escuche y los haga parte del proceso. Para las sociedades, acabar con la Zona Franca provocaría su quiebra, comprometería inversiones por $606.000 millones y acabaría con cerca de 7.350 empleos directos. Agregan que, a pesar de no tener color político, serán los perjudicados en un pleito con más tinte político que jurídico.

Ad portas de que el Consejo de Estado tome una decisión frente a la acción popular que se presentó hace once años que pretende tumbar la Zona Franca de Occidente (ubicada en Mosquera, Cundinamarca), por supuestas irregularidades administrativas que habrían beneficiado a los hijos del expresidente Álvaro Uribe, alrededor de 86 empresarios nacionales y extranjeros emprendieron una cruzada para que el alto tribunal los escuche y los haga parte del proceso. Para las sociedades, acabar con la Zona Franca provocaría su quiebra, comprometería inversiones por $606.000 millones y acabaría con cerca de 7.350 empleos directos. Agregan que, a pesar de no tener color político, serán los perjudicados en un pleito con más tinte político que jurídico.

En cabeza de la abogada Marcela Monroy, más de setenta empresas de sectores como fabricación de plásticos, tecnología 4.0, logística, salud, química y oil & gas presentaron memoriales para que sean considerados terceros de buena fe. Según la abogada, si el Consejo de Estado le quita la capacidad jurídica a la Zona Franca de Occidente terminaría afectando a personas que nada tienen que ver en la pelea ni con el trámite de aprobación de la Zona Franca, pues muchos se vincularon o comenzaron sus negocios sin que hubiese algún problema legal (en 2011 eran dos empresas y hoy son más de cien), pues en primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones.

(Le puede interesar: La acusación contra Diego Cadena, antiguo abogado del expresidente Uribe)

La pelea jurídica por la Zona Franca de Occidente comenzó el 6 de julio de 2009, seis meses después de que se diera vía libre a su funcionamiento. Ese día, Felipe Zuleta presentó una acción popular contra el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Industria y Comercio y la DIAN, al considerar que se violaron los derechos a la moralidad administrativa y la libre competencia. El argumento de Zuleta es que el trámite para autorizar la Zona Franca lo realizó una sociedad que no estaba legalmente inscrita y que obviar esas irregularidades tenía como fin beneficiar a la empresa de Tomás y Jerónimo Uribe, propietaria de parte de los terrenos en los que se construiría la Zona Franca.

El 26 de julio de 2011 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la acción, pues para la corporación no se cometieron irregularidades en los trámites y cambios de uso de suelo donde quedaban los predios de la Zona Franca de Occidente, que incluso se dieron en 2000, antes de que Álvaro Uribe llegara a la presidencia, por lo que no hubo posibilidad de favorecimiento. El fallo fue apelado y el Consejo de Estado lo admitió. Durante nueve años, el proceso permaneció en absoluto silencio. La primera ponente fue la magistrada Stella Conto, quien decidió que el proceso fuera revisado en Sala Plena. Ante su retiro, el expediente cayó en manos del magistrado Alberto Montaña.

Hace unas semanas en varios medios se filtró el sentido del proyecto de fallo, que sería revocar la decisión de primera instancia y evidenciar que sí existieron irregularidades en la creación de la Zona Franca de Occidente. Esta alerta ya generó preocupación entre los empresarios que operan en allí y por esa razón decidieron, por intermedio de la abogada Monroy, insistir al Consejo de Estado que los escuchara. Según ellos, una decisión de tal magnitud provocaría nuevas demandas multimillonarias al Estado por su parte, ya que les estarían ocasionando un daño irreversible.

(Vea también: Arte, oro y fútbol: FinCEN Files para Colombia)

“El tema era tan claro para los empresarios en la primera instancia, porque no veían vocación de prosperid ad. Por eso no los llamaron ni le dieron relevancia al tema. Ahora, ante las noticias, hay preocupación y queremos hacerle ver al Consejo de Estado que existen terceros de buena fe que deben ser escuchados. Las sociedades no fueron notificadas del proceso durante estos años y piden ahora que les permitan plantear su situación y que los magistrados se abstengan de ocasionar un daño mayor”, manifestó Marcela Monroy. La abogada agregó que en ningún ente de control existe hoy un proceso por irregularidades relacionadas con el tema y desde hace seis años los hijos de Uribe no tienen relación alguna con la Zona Franca de Occidente.

A su vez, Jhonnie Giordano, empresario venezolano dueño de la comercializadora de alimentos Digioca Colombia, explicó que se vinculó a la Zona Franca de Occidente en 2015 y que, si bien sabía de la acción popular por medios de prensa, nunca fue un tema relevante o que le pusieran de presente a la hora de construir sus oficinas en la Zona Franca “Siempre consideré que ninguna de esas demandas se podía probar. No vimos riesgos, porque en este proceso de compra es el mismo Estado quien garantiza que no hay problemas legales. Pero hoy es inexplicable cómo después de haber pasado por un proceso tedioso para la instalación y operación de una empresa en una zona franca, en la que fuimos inspeccionados numerosas veces, nos digan que todo estaba mal”.

(Otros temas: #FinCENFiles Sospechas doradas: las millonarias transacciones de CIJ Gutiérrez)

Fuentes consultadas explicaron que el tema de la Zona Franca de Occidente se filtró desde el Consejo de Estado a la prensa en la misma época que la Corte Suprema de Justicia hizo oficial la medida de aseguramiento contra el expresidente Uribe, por lo que consideran que se trata de una pelea política más que jurídica. Según advirtieron, hay magistrados cercanos a los sectores de oposición de Uribe que encontraron el momento perfecto para sacar adelante el tema, aunque en este caso podrían resultar afectados los intereses de un centenar de empresarios. En Sala Plena varios magistrados estudian con juicio los memoriales presentados por Monroy, para evitar daños a la seguridad jurídica y la inversión extranjera.

La abogada Monroy explicó que la sociedad que administra y opera la Zona Franca de Occidente está en manos de accionistas y personas diferentes a las de hace once años. Asimismo, que la decisión del Consejo de Estado generaría consecuencias sobre todos los ministros de Hacienda e Industria y Comercio, y directores de la DIAN de los últimos años, pues si bien en el gobierno de Uribe se dio la autorización para el funcionamiento de la Zona Franca, en la era de Juan Manuel Santos se ratificó su operación y se permitió su ampliación en 220.000 metros cuadrados. “Esto no puede centrarse en un tema político, porque funcionarios de dos gobiernos opuestos resultan afectados. Y ni siquiera a esas personas se les ha citado en el Consejo de Estado para dar explicaciones”, indicó.

“Somos una empresa que no es ni uribista ni petrista. Simplemente somos empresarios que hemos invertido en zona franca. Incluso, aún estoy terminando de pagar la bodega al banco. Hoy nos podemos ver afectados con este fallo del Consejo de Estado, que nos podría quebrar y acabar con los empleos que brindamos. No venimos de cuna rica ni conocemos a los hijos de Uribe, pero nos vemos afectados por un fallo que nos cambiaría el panorama y liquidará nuestra inversión. Lo lógico es que se vengan demandas contra el Estado”, manifestó Higor Rojas, empresario colombiano dueño de Impocoser, una de las primeras empresas que se instaló en la Zona Franca de Occidente.

(Lea: Arte sin rastro: ¿un Botero en Odebrecht?)

“Estar en medio de una pelea política molesta muchísimo. El Estado y las autoridades saben dónde está la Zona Franca. ¿Y en diez años no se les ocurrió mandar la notificación para que participáramos y lograr una sentencia con el mayor criterio posible? Hay que escuchar a todas las partes afectadas. Pero el Consejo de Estado solo se está refiriendo al papel y al demandante. La sentencia puede modularse, porque si es necesario responsabilizar a alguien, existe la forma de hacerlo sin perjudicar económicamente a nadie. Si existe la voluntad de los magistrados de continuar con la operación, hay un camino labrado para que eso suceda sin afectar ninguna inversión”, concluyó Jhonnie Giordano.

A la espera de que decida la Sala Plena del Consejo de Estado, la abogada Monroy dijo que están en juego más de $164.000 millones en activos, plantas y adecuaciones industriales, y cerca de $16.000 millones aprobados en varios planes de inversión en el parque empresarial. Asimismo, que en caso de no respetar a los terceros de buena fe se abriría la puerta para demandas internacionales porque, al parecer, se estarían violando los tratados de libre comercio.

El llamado de Monroy y los empresarios es que, si bien el Consejo de Estado puede cambiar la decisión, la module y evite una crisis económica, permitiendo que la Zona Franca de Occidente continúe operando, al considerar que quienes hoy la manejan nada tienen que ver con las causas que impulsaron la acción popular.