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El miércoles 9 de septiembre de 2020 se realizaron 101 capturas en flagrancia en Bogotá por hechos acontecidos en las manifestaciones que ese día se originaron por la muerte en abuso policial del ciudadano de 43 años, Javier Ordóñez. 64 de las personas que fueron capturadas ese día quedaron en libertad tras el escrutinio de la Fiscalía. Treinta y cinco de los detenidos fueron sometidos a jueces de control de garantías y también quedaron libres. La relatoría que documentó lo sucedido por mandato de la alcaldía de Bogotá, destaca que únicamente en dos casos se legalizaron capturas por situaciones de flagrancia. En síntesis, que no hubo una incidencia en el ejercicio penal desde la protesta. En cambio, desde la represión sí quedaron múltiples pistas.
(Lea aquí todos los detalles, hallazgos y conclusiones de esta relatoría)
Hasta el momento, por las catorce víctimas que dejaron las protestas de 2020 solo hay cuatro imputaciones a cuatro patrulleros. Jhon Antonio Gutiérrez, en la localidad de Verbenal. Andrés Eduardo Díaz, de Rincón Suba. Óscar Alexander Márquez, de Ciudad Verde, Soacha. Y Jorge Andrés Lasso, del caso Aures, Suba. “La identificación de los responsables tuvo como fundamento probatorio el cotejo balístico entre los proyectiles y las armas de dotación asignadas a los patrulleros”, resalta el informe. Respecto al último de los citados, el patrullero Jorge Lasso, el informe detalla que llegó al CAI Aures como parte de una unidad de apoyo del CAI de San José de Bavaria y que su bala fatal se hizo a una distancia de doce a quince metros.
(Reviva la transmisión de la entrega de esta relatoría en la Alcaldía de Bogotá)
El caso del patrullero Andrés Eduardo Díaz es singular. Disparó su arma de dotación en 24 oportunidades. La Fiscalía concluyó que obedeció a una crisis nerviosa por la situación de violencia que se registraba en la ciudad. Una sola de sus balas tuvo un resultado letal. Le quitó la vida al joven Germán Smith Puentes en Rincón Suba. También existe un proceso contra el patrullero Óscar Alexander Márquez por la muerte de Anthony Estrada. En este mismo expediente, un patrullero y un jefe de armerillo de la estación están vinculados a un proceso por ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. En la muerte de Jáider Fonseca y Andrés Felipe Rodríguez, hay un proceso abierto contra el patrullero Jhon Antonio Gutiérrez.
En contexto:
En todos los casos mencionados, ninguno de los patrulleros imputados admitió su responsabilidad. Eso derivó en nulos avances en materia de imputaciones. Los defensores de los patrulleros solicitaron remitir sus procesos a la justicia penal militar y en todos los casos los jueces de garantía no accedieron. Respecto al patrullero Jorge Andrés Lasso y su responsabilidad en la muerte de Angie Paola Baquero en Aures, Suba, además de condecorado a principios de 2021, su medida de aseguramiento no privativa de la libertad, solo implica presentarse una vez al mes en la Fiscalía, mostrar buen comportamiento social y no participar en manifestaciones públicas.
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En el caso del venezolano Anthony Estrada, muerto durante las protestas del 9 de septiembre de 2020, el patrullero Óscar Alexander Márquez está detenido en su domicilio. Es el único proceso en el que un uniformado de la Policía tiene privación de la libertad. El patrullero Andrés Eduardo Díaz, por ejemplo, comprometido en la muerte de Germán Smith Puentes, por buen comportamiento, porque se ha presentado ante la justicia y porque tiene arraigo familiar, continúa en servicio y patrullando en las calles. En cuanto al patrullero Jhon Antonio Gutiérrez, imputado por el homicidio de Jáider Fonseca y Andrés Felipe Rodríguez, hay una solicitud de imposición de medidas propuesta por las víctimas. En resumen, solo han pasado a fase de juicio tres casos.
Corresponden a los procesos por la muerte de Angie Paola Baquero, Germán Smtih Puentes, Jáider Fonseca y Andrés Felipe Rodríguez. Las audiencias de juicio oral siguen sujetas a las variaciones judiciales. En este incierto horizonte para las víctimas, existen preocupaciones mayores. Como las amenazas sufridas por Nury Rojas, madre de Angie Paola Baquero, quien ha denunciado panfletos contra su vida y vidrios rotos en su casa. DH Colombia, organización que la representa, manifestó que se han interpuesto las denuncias pertinentes. En el habitual maremágnum judicial, el informe resalta la importancia de insistir en la pesquisa por eventuales episodios de omisiones de socorro, lesiones personales, abusos de autoridad, tortura y violencia sexual.
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El informe de la relatoría resalta el apartado de las personas vestidas de civil que dispararon contra manifestantes. Incluso hay videos en los que miembros de la Policía intercambian armas de fuego con civiles, como se vio en el barrio El Galán, de Puente Aranda, o en El Tintal, en Kennedy. Un informe de la Veeduría Distrital lo calificó como parapolicialismo. La relatoría agrega que en Engativa Pueblo o Timiza, Kennedy, los autores de los crímenes de Cristian Alberto Rodríguez y Julián Mauricio González, vestían de civil. En el plano disciplinario la inspección nacional de Policía abrió 91 procesos en agosto de 2021, solamente 9 seguían vigentes, aunque en 11 casos la Procuraduría invocó su poder preferente. De 103 funcionarios investigados, 91 son patrulleros.
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