Un expediente que aún no se cierra en la Fiscalía tiene inquieto al Gobierno. Se trata, en teoría, de un caso no muy grande, relacionado con personas que se han dedicado a estafar al erario comercializando gasolina destinada para municipios fronterizos, a través de estaciones de servicio que sólo existen en papel. El fraude consiste en que el combustible termina vendiéndose en el interior del país, pero al haberse adquirido para zonas fronterizas —con descuentos especiales—, se evaden impuestos. El caso, no obstante, se está volviendo una preocupación en altas esferas gubernamentales desde que aparecieron en el panorama unos actores no esperados: empleados de Bureau Veritas.
Esta multinacional, según su propia página web, hace presencia en 140 países de los cinco continentes y es “líder mundial de la conformidad y la certificación”. Su papel en el tema de estaciones de servicio, en términos básicos, es garantizarle al Estado que cada estación que certifica es porque cumple con los requisitos de ley, indispensables ante el Ministerio de Minas y Energías para que éste autorice el funcionamiento de la estación. Bureau Veritas, como cualquier otra empresa que elabore documentos de esa naturaleza, sólo certifica después de que un empleado suyo haya visitado la estación. Pero ahí es donde empieza a enredarse la historia.
Tres personas están con detención domiciliaria por cuenta del supuesto fraude: Armando García, auditor hasta enero de este año; Alexánder Serrano, coordinador de operaciones de la unidad Oil & Gas, despedido en 2011; y el de mayor relevancia por su cargo: Carlos Hernando Varona Lehmann, quien era el jefe directo de Serrano y, al momento de ser capturado, director comercial para Colombia. A los tres la Fiscalía les imputó —es decir, empezó a investigarlos— fraude procesal y concierto para delinquir. Y la razón por la que estos hombres están en líos con la justicia es una investigación que lleva más de un año andando y que, a la fecha, ha producido la captura de no menos de 15 personas entre dueños de estaciones, conductores de camiones y los de Bureau.
El origen de todo
En marzo del año pasado, con datos que un informante dio a la Policía, este organismo arrestó en flagrancia a dos hombres en una estación de servicio de Buenaventura llamada El Puerto. Uno de los detenidos era Esteban Posada, de 19 años, hijo de Luis Mario Posada, un comerciante del Pacífico que tiene al menos 10 estaciones, camiones y hasta buques que van hasta Panamá para surtir de combustible la región. La gasolina que se estaba descargando en ese momento en Buenaventura, según los documentos, debía ir para Juradó, que es uno de los cuatro municipios del Chocó en los que se puede vender combustible a precio de zona fronteriza, o sea, sin pagar el impuesto global que sí se paga en el resto del país.
Esteban Posada ya fue condenado y está con casa por cárcel. Cuatro meses luego la investigación llegó a nueve personas más, entre ellos su papá, quien terminó cooperando con la justicia. Posada delató directamente a Armando García, el auditor de Bureau Veritas. En septiembre de 2013, los investigadores llegaron al contacto de Luis Mario Posada para hacer los ‘torcidos’: Juan Carlos Quiñones Landázuri, quien a cambio de $30 millones hacía las ‘vueltas’ para conseguir los permisos de las estaciones de servicio fantasmas. Quiñones fue alcalde de Barbacoas (Nariño) entre 2001 y 2003 y, en 2008, la Procuraduría lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por, entre otras cosas, apropiarse de $85 millones destinados para el sector salud de su pueblo.
Quiñones Landázuri contó que había viajado hasta Bogotá para, supuestamente, reunirse con el entonces gerente de la unidad de Oil & Gas de Bureau Veritas, Carlos Hernando Varona Lehmann, quien a su turno lo puso en contacto con su subalterno, Alexánder Serrano. Por cada certificado tramitado legalmente, Bureau Veritas cobra $1’800.000 más IVA. Varona, Serrano y García, según han dicho los investigados, cobraban $7 millones por certificar una estación fantasma. Hasta ahora se han encontrado 17 certificados expedidos irregularmente en 2010. Las autoridades calculan que, en lo que se ha indagado, el Estado ha perdido unos $3.300 millones por venta en el interior del país de combustible destinado para la frontera.
A los investigadores del caso les preocupa lo que ellos consideran un serio descuido por parte del Gobierno en a la asignación de cupos de combustible para lugares fronterizos y remotos. En Juradó, por ejemplo, hay 11 estaciones, cada una con un cupo de 10.000 galones mensuales: todo normal si no fuera porque en ese pueblo la población no pasa de 4.500 habitantes. “Ni que tomaran gasolina”, le dijo a este diario uno de los investigadores. Dicho cupo se traduce que, en promedio, cada habitante usa mensualmente 24,4 galones de gasolina, lo cual tendría sentido de no ser porque Juradó no es turístico, ni punto comercial, y allí sólo circulan dos carros, una que otra moto y algunas lanchas que usan los resguardos indígenas vecinos.
En Juradó, además, se encontró que de las 11 estaciones de servicio, nueve eran fantasmas —todas con certificado de conformidad de Bureau Veritas—. Se han encontrado dos estaciones fantasmas más en Acandí, una en Riosucio, una en Unguía y seis regadas en Nariño. “Como están ubicadas en zonas de difícil acceso, ellos cuentan con que a las autoridades se nos hace muy difícil ir a comprobar si existen o no. Es más difícil aún rastrear todo el combustible que se vende en el país exento de impuestos. Hemos detectado, incluso, que algunas estaciones fantasmas están siendo construidas ahora, a raíz del trabajo que estamos haciendo”, le dijo a este diario un funcionario de la Dirección de Carabineros de la Policía.
Lo que se viene
Hasta ahora, las autoridades calculan que esa destinación ilegal de combustible ha hecho que el Estado deje de recibir más de $3.300 millones en impuestos en relación con las irregularidades de 2010. La investigación continúa y hace apenas dos semanas fueron capturadas 14 personas más, entre ellas los tres hombres relacionados con Bureau Veritas. En la audiencia de imputación, ni Carlos Varona, ni Alexánder Serrano ni Armando García aceptaron cargos. Ninguno ha manifestado intención de colaborar con la justicia. Y Varona, el único que seguía trabajando para Bureau Veritas en el momento de su arresto, reitera que él es inocente de las acusaciones en su contra.
Hace poco más de una semana, representantes de la multinacional estuvieron en el despacho del fiscal de Cali que lidera la investigación y le manifestaron su intención de constituirse como víctimas en el proceso. La petición se formalizará ante un juez cuando se formalice también la acusación contra Varona, Serrano y García, lo cual ocurrirá en máximo cuatro meses. Esta empresa está igualmente bajo la lupa de la Superintendencia de Industria y Comercio: hay 12 investigaciones en curso por el tema de certificaciones presuntamente irregulares. Mientras tanto, la compañía empezó una intensa auditoría en busca de revisar otros certificados y de constatar que no haya más anomalías.
Bureau Veritas busca que la reconozcan como víctima en el proceso porque cree que, si hubo irregularidades, éstas fueron cometidas no como directriz de la compañía —la Fiscalía no ha hallado tampoco un solo indicio que apunte en esa dirección—, sino por decisión de tres empleados entre los 52 mil que tiene en todo el mundo. Este asunto preocupa aquí y en la casa matriz, en Francia: por la naturaleza de su negocio, la reputación lo es todo. En manos de esta multinacional está, entre otras cosas, un millonario contrato para la fiscalización de 4.389 títulos mineros. Un manto de duda sobre la veracidad de sus reportes es un lujo que esta organización no se puede dar.
En un país que apenas se está despertando de la pesadilla que se vivió en Fundación (Magdalena) el pasado 18 de mayo, que se resume en la escena dantesca de 33 pequeños calcinados, es evidente que los controles sobre las operaciones que involucren combustible deben ser tan estrictos como se pueda. Es por eso que el rol de certificadoras como Bureau Veritas, las cuales testifican ante el Estado las condiciones de las estaciones de servicio, es esencial. Carlos Varona, quien pertenece a la alta sociedad de Popayán, insiste en su inocencia, al igual que Serrano y García. Es la justicia la llamada a decantar las pruebas del caso y determinar si estas tres personas tuvieron o no que ver con la certificación de estaciones de servicio que nunca han existido.
“Trucos” de las estaciones fantasmas
En la última fase de esta investigación fueron detenidos dos secretarios de Gobierno locales: el de Barbacoas y el de Olaya Herrera. Para establecer una estación de servicio, uno de los requisitos esenciales es contar con un certificado del gobierno municipal. Otro de los detenidos es un patrullero de la Policía. Algunos de ellos, como José Abel Garcés, pidieron firmar un preacuerdo con la Fiscalía.
Los investigadores han hallado que, en algunos casos, se falsificaban los permisos de los bomberos o de construcción. Juan Carlos Quiñones, incluso, llegó a fundar su propia empresa de certificados (Certiproducto de Colombia) para poder expedir los documentos de manera fraudulenta. De las nueve estaciones halladas en Juradó, por ejemplo, tres tenían certificados renovados por Certiproducto. Según el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, estas estaciones vendían cada galón de combustible hasta $2.000 por debajo del valor comercial.
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