
Reclamos pensionales, pleitos con multinacionales, diferencias contractuales, fallos en la prestación de la salud, desplazamiento forzado y, sobre todo, privaciones injustas de la libertad le siguen costando al Estado billones de pesos. La cifra crece año tras año y le quita al presupuesto un enorme porcentaje para pagar sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones. Pero el monto no alcanza y las entidades no destinan dineros para cumplir con esas obligaciones. Desde 2014 se dejaron de pagar parte de esas condenas y la deuda...
Por Redacción Investigación - investigacionee@elespectador.com
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