Después de un año de ejercer como acusadores y promover con sus delaciones el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, este martes 5 de abril los primos Miguel, Guido y Manuel Nule pasarán a la condición de acusados, con la obligación de aclarar el mayor descalabro empresarial en la historia de Colombia. Y lo que empezó como un incumplimiento en las obras de Transmilenio, apunta a convertirse en un explosivo ventilador que hoy tiene en ascuas a políticos, empresarios, abogados y funcionarios que compartieron o fueron artífices de sus negocios.
Por eso, los últimos días de los Nule en su refugio de Miami, más allá de la ansiedad y el peso de conocer infidencias que prometen un sismo judicial, han transcurrido en medio de permanentes consultas con abogados, asesores, amigos y familiares para saber cuál será su estrategia para encarar a la justicia. El primer reto es obvio: acudir a la citación de la Fiscalía o incurrir en desacato. El cálculo ha pasado entre la única presencia de Manuel Nule, el experto en contratación pero reacio a hacerlo, o los tres primos dispuestos a dar nombres y negociar sus penas.
El segundo asunto es la seguridad, pues ese ha sido su principal argumento para mantenerse en Estados Unidos. Públicamente han dicho que están amenazados y temen porque sus secretos pueden tocar muchos poderes. Y alrededor de este aspecto empieza su negociación con la justicia. Un pulso que, según conoció El Espectador , ha permitido que sus abogados y asesores en ambos países hayan planteado diversas fórmulas. Desde acudir a la audiencia de imputación de cargos y regresar en la noche a Miami, hasta contar con el blindaje del CTI de la Fiscalía.
La protección del ente investigador está garantizada, pero la primera opción fue descartada de plano por la Fiscalía, que les hizo saber a los Nule que ni pueden medir los tiempos de la audiencia ni mucho menos pueden aceptar un condicionamiento de este tipo para quienes deben someterse a un proceso judicial. En otras palabras, es un hecho que si los Nule se presentan este martes a la Fiscalía, pueden quedar detenidos. Ese es precisamente el tercer aspecto de su negociación, sobre todo porque ellos insisten en haber sido víctimas de extorsión de funcionarios estatales.
En medio de los acercamientos, surgió la propuesta de que en caso de ser afectados con una medida de aseguramiento, puedan quedar recluidos en una guarnición militar. La Fiscalía ya les hizo saber a sus asesores que no es posible porque no ostentan la condición de servidores públicos. Existe una norma que habla de establecimientos de reclusión especial, pero no está contemplada la condición de particulares. De cualquier manera, la decisión tendría que ser concertada con el Inpec y sometida a consideraciones de máxima seguridad por la gravedad del caso.
No ha faltado la fórmula de requerir de antemano la detención domiciliaria, pero una vez más la Fiscalía ha contestado con un no rotundo porque la gravedad de los delitos impide concertar ese compromiso. Como lo manifestó esta semana la fiscal Viviane Morales, de ninguna manera habrá principio de oportunidad absoluto. Tiene que ser parcial porque lo que está por saberse es inédito. En esta medida, no es posible que los Nule acudan a la justicia con una decisión preconcebida. Tienen que someterse al imperio de la ley y en lo posible la audiencia no será pospuesta.
La sindicación es contra los tres primos Nule y el hecho de que falte alguno de ellos ya constituye un desacato. Ellos lo saben y, según estableció El Espectador , sus familiares más cercanos les han insistido en que tienen que darle la cara a la justicia, pues de ninguna manera pueden mantener una condición de prófugos. El consejo es que la única salida es un principio de oportunidad total bien negociado, y eso implica confesar abiertamente cómo lograron posicionarse como los primeros contratistas del Estado, untándoles la mano a muchos proveedores de sus obras.
Y este es el aspecto más complejo de la negociación. Ya el tema del excontralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi o los altos funcionarios del IDU está parcialmente saldado. Asimismo, lo que dijeron contra los senadores Iván Moreno o Germán Olano ya está judicializado. Lo que ahora la Fiscalía quiere saber es qué pasó en el resto de Colombia. Y extraoficialmente ya se habla de al menos 10 congresistas, la mayoría de la Costa Atlántica, con quienes concertaron dádivas para obtener contratos. Eso sin contar alcaldes, gobernadores y funcionarios locales.
Es claro que el tema de los Nule y su extraordinario éxito empresarial pasa por las comisiones para la concesión de obras, la financiación de campañas políticas, la concertación con otros empresarios y el apoyo de más de un abogado. Y en este carrusel de negocios non sanctos, ya se especula de concejales de Bogotá, diputados en varios departamentos o encargados de presupuestos. De alguna manera, el caso Nule puede representar un modelo escalonado de cómo se consiguen contratos oficiales apelando a la politiquería, los amigos con poder y los tentáculos de la corrupción.
Los asesores de los Nule han insistido en que no pueden ser imputados por el delito de cohecho, porque no fueron funcionarios públicos, y tampoco en fraude procesal, porque no han engañado a la justicia, pero acudan o no a la citación de la Fiscalía, además de los tipos penales descritos ya pesan en su contra la sindicación de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y concierto para delinquir. Y, más allá de sus dilemas personales, ya sea que acudan en vuelos comerciales o en un chárter privado, la Fiscalía confía en que no tenga que acudir a una circular roja de la Interpol para capturarlos.
Lo demás es lo que sigue aconteciendo en Colombia donde, a cuentagotas, continúan surgiendo nombres, cifras y empresas que, de una u otra manera, hicieron parte del carrusel de los Nule. Por eso ya son 14 los procesos penales abiertos contra su organización en el país, con más de 33 procesados, y además de otros expedientes de naturaleza disciplinaria o fiscal, existe la orden judicial de rastrear sus propiedades en Estados Unidos, Guyana, Belice, Islas Caimán, Panamá, Suiza, Italia, España o Emiratos Árabes, entre otros destinos.
Cada nombre que aparece representa en sí mismo un expediente y basta asomarse a la Superintendencia de Sociedades y examinar la lista de acreedores de sólo sus cuatro firmas matrices —MNV, Gas Kpital, Bitácora Soluciones y Ponce de León y Asociados—, para constatar que más de 1.200 particulares, entidades oficiales, compañías de leasing, bancos, fondos de inversión y mesas de dinero, aguardan que alguien responda por los capitales que algunas vez empeñaron en las empresas de los prometedores Miguel, Manuel y Guido Nule.
Según la Superintendencia de Sociedades, la suma de acreencias de los Nule perfectamente llega a los $1,5 billones. Una cifra exorbitante que ha puesto a algunos a considerar que se llegó a fraguar el delito de captación masiva de dinero, mientras el Estado trata de calcular cuánto dinero deben en materia de retención en la fuente, impuestos al patrimonio e IVA o diferentes multas de los organismos de fiscalización. La quiebra de un imperio económico que incluso ya sacó de su silencio a algunos de sus recientes socios, hoy convertidos en decididos contradictores.
El caso más representativo lo constituye el llamado grupo Vergel y Castellanos S.A., un conglomerado empresarial con más de 30 años de experiencia en el campo de la ingeniería, que a partir de 2004 se hizo socio de los Nule en tres importantes proyectos de infraestructura y hoy están enfrentados. De hecho, recientemente Miguel Nule afirmó que una de estas empresas, Aguas Kpital, de Cúcuta, fue ilegalmente capitalizada por Vergel y Castellanos a través de maniobras fraudulentas para hacer desaparecer el valor de las acciones de otra empresa del grupo, Aguas Kpital Bogotá.
Pero Alfonso Vergel Hernández, presidente de la empresa, no se quedó atrás y en su mas reciente informe de gestión, conocido por El Espectador, se despachó contra los Nule. Tras reconocer que 2010 fue el año más difícil e importante de su existencia, precisó que sus intereses económicos se vieron seriamente afectados por las actuaciones de sus socios, los Nule, en tres empresas claves del grupo: Aguas Kpital Cúcuta S.A., Kpital Energy S.A. y la Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A. En dos de ellas, sin buscarlo, tuvieron que invertir para blindar su capital.
Pero lo más significativo del informe de gestión 2010 de Vergel y Castellanos a sus socios, son sus explicaciones de lo sucedido. En su criterio, sus inversiones en Kapital Energy S.A. siguen afectadas por las empresas del Grupo Nule y las de Alberto Ríos Velilla, “quienes mediante diferentes movimientos financieros sospechosos comprometieron aproximadamente $60 mil millones de la tesorería de la Empresa Electrificadora de Pereira”, afectando a los demás socios, entre ellos la FEN, Fonade, Findeter, la Empresa de Energía de Cundinamarca y las Centrales de Nariño.
Y agregó Vergel que “no contento con esto, el señor Ríos Velilla se ha valido de todo tipo de artimañas legales” para alejarlos del gobierno corporativo de Enertolima y de la Empresa Electrificadora de Pereira, ocultando información financiera, en especial con operaciones que se hicieron con la Empresa Electrificadora de Pereira por $38 mil millones, según Vergel depositados en un fondo de capital privado para prestárselos al propio Ríos y al Grupo Nule. Una operación que ya fue denunciada ante los organismos de fiscalización, la Alcaldía de Pereira y la Contraloría General de la República.
Vergel aclaró que si bien esos dineros al parecer ya se devolvieron, a él le gustaría saber de dónde salieron los recursos, teniendo en cuenta que los Nule entraron en situación de insolvencia. Su sospecha es que salieron de la misma caja de Enertolima, que aparentemente se los transfirió a título de supuesto crédito a Eninsa. Y añadió que además se pignoraron acciones al Grupo Aval para respaldar operaciones por $20 mil millones. Con un reclamo adicional: “¿Por qué nos impiden examinar los movimientos contables, si tenemos el 49% de la propiedad accionaria?”.
El informe de gestión se va de frente contra los Nule y dice que en la Concesión Autopista Bogotá-Girardot quedaron debiendo anticipos por valor cercano a los $70 mil millones y en Aguas Kpital Cúcuta quedaron debiendo en anticipos y pagarés solidarios $54 mil millones. Vergel admitió que el destino los puso en el camino con este grupo, pero que la situación, con compromisos adicionales de capitalización, les dejó una enseñanza: “el manejo moderado de la ambición”.
El empresario Ríos ha sostenido que no hubo irregularidades en el proceso de capitalización de la Empresa de Energía de Pereira y que, por el contrario, su desempeño ha sido adecuado y ha cumplido con la ciudad y las obligaciones bancarias. El Espectador lo buscó para conocer sus explicaciones a los señalamientos de Vergel, pero sus asesores comentaron que se encuentra fuera del país. Recientemente, en carta dirigida a este diario a raíz de una publicación sobre el tema de la Empresa de Energía de Pereira, manifestó que todas sus operaciones se ajustaron a la ley.
A su vez, el gerente de la Empresa de Energía del Tolima, John Jairo Toro, señaló que no puede entrar en polémicas sobre diferencias entre socios, pero que hoy la entidad, con 1.500 empleos directos e indirectos y un capital aproximado de $500 mil millones, posee una estructura de organización responsable, está cumpliendo con todos los requerimientos de ley y va muy bien en materia económica. El directivo se abstuvo de exteriorizar su punto de vista sobre la situación que actualmente atraviesan los Nule, aunque admitió que afectaron la reputación de la compañía.
De cualquier manera, mientras siguen apareciendo evidencias de descalabro económico, nombres de notables en aprietos o escandalosas cifras de contratos oficiales sin concluir, por lo pronto la expectativa radica en saber si los Nule llegarán este martes a la Fiscalía a empezar a explicar las dimensiones de su quiebra. Se sabe que en medio de su crisis han tenido rencillas personales y que ni siquiera a la hora de encarar a la justicia hay unidad de criterios. A la sociedad sólo le interesa saber quiénes fueron los cómplices del imperio que ahora se desmorona como un castillo de naipes.
Los tiempos de la doble calzada a Girardot
En junio de 2004, el Grupo Nule logró ganar el más importante proceso de licitación en la era Uribe: la construcción de la doble calzada entre Bogotá y Girardot. En ese momento el valor del contrato quedó tasado en $882 mil millones y el aval lo otorgó el Instituto Nacional de Concesiones.
Miguel Nule comentó en ese momento que el mayor aportante de fondos para el proyecto era la firma de ingenieros cucuteña Vergel y Castellanos. Hoy los dos grupos empresariales están enfrentados y la obra está prevista para concluirse hasta 2012.
Otro de los integrantes de esa sociedad, con un 25% de participación, fue el actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Igualmente, participó la firma cartagenera Álvarez y Collins. Todos hoy lamentan haberse embarcado en esa aventura por cuenta de los primos Nule.
Más de 1.200 acreedores de los Nule
Al revisar la lista de acreedores de las cuatro sociedades matrices que conforman el Grupo Nule —Bitácora Soluciones, Gas Kpital, Ponce de León Asociados y MNV— se advierte toda clase de personas naturales y jurídicas, además de entidades oficiales. En el caso de Bitácora van desde la Secretaría Distrital de Hacienda, la DIAN o el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), hasta los bancos Colpatria y BBVA o la firma Jorge Barón Televisión.
En cuanto a Gas Kpital, entre los acreedores están Leasing Bancoldex, la Notaría 25 de Bogotá, el municipio de Cali, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la DIAN en Sincelejo, Barranquilla y Bogotá o los particulares José Guerra de la Espriella y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.
Otros acreedores en Ponce de León son Compensar, Colfondos y el ICBF. En MNV vuelve a aparecer José Guerra de la Espriella y José Guerra Tulena. Son 365 acreedores de igual número de personas.
Denunciantes en medio de la crisis
El pasado 24 de marzo de 2011, los polémicos empresarios Nule decidieron denunciar a varios compradores y abogados que participaron en el proceso de adquisición de varias empresas del conglomerado. La imputación fue de presunto hurto agravado en concurso heterogéneo con estafa.
La demanda apunta a demostrar que algunos compradores realizaron reuniones con acreedores de sus empresas y nunca les pagaron los valores concertados. En esa acusación, los Nule sostienen que entre los causantes del hecho estuvieron sus antiguos socios Javier Castellanos y Alfonso Vergel, de Vergel y Castellanos.
Esta denuncia forma parte de la confrontación que ya libran los Nule con sus antiguos socios Vergel y Castellanos, a quienes atribuyen maniobras indebidas y capitalización ilegal. En contraste, Vergel ha dicho que, en el caso de Cúcuta, por ejemplo, se hizo para proteger los contratos después de la crisis de los Nule.