La Contraloría recuerda que un destituido no debe contratar con el Estado en los cinco años siguientes. / Getty Images
El Estado destina más de $100 billones al año para contratar a miles de personas y desarrollar actividades tan fundamentales como construir una vía, diseñar una política pública, suministrar alimentos o reparar escuelas. Todo esto se hace con recursos públicos, de ahí la importancia de que cada proceso de contratación se adelante con transparencia y que los contratistas escogidos no tengan tacha alguna. De hecho, la ley prohíbe negociar con quienes están sancionados disciplinariamente con destitución y con los responsables...
Por Redacción Investigación
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