Intimidaciones y allanamientos: así se hizo el mural “¿Quién dio la orden?”

El 18 de octubre de 2019, los artistas intentaron pintar el primer mural de “¿Quién dio la orden?”. / Mauricio Alvarado

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tres artistas urbanos se dieron cita el 18 de octubre de 2019 frente a la sede de la Escuela Militar, en el occidente de Bogotá, para pintar el mural “¿Quién dio la orden?”, que luego le dio la vuelta al mundo y que, en los dos años siguientes, se convirtió en el principal blanco de censura por parte de la Fuerza Pública. Junto a los artistas estaban tres personas de las organizaciones sociales que gestaron la obra. Todos quedaron atónitos con lo que pasó después. Las caras de los asistentes empezaron a ser fotografiadas desde carros y por lo menos una decena de soldados armados y policías llegaron a impedir que la obra terminara de ser pintada. (Falsos positivos: la cruzada del Ejército contra la campaña ¿Quién dio la orden?)

En poco tiempo, los militares cumplieron su propósito de censura. El mural no se terminaba de pintar cuando varios soldados lo taparon rápidamente con pintura blanca. “Fue imposible seguir pintando, porque teníamos miedo. Había hombres armados en el lugar y lo sentimos como un ataque directo”, contó a El Espectador un testigo de lo sucedido. Uno de los artistas y una comunicadora social que acompañaban el montaje de la obra “¿Quién dio la orden?” también terminaron amedrentados por la Policía a través de la imposición de comparendos. (Corte Constitucional protege mural “¿Quién dio la orden?” sobre falsos positivos)

“Un grupo de militares (algunos de civil) y policías nos hostigaron y reclamaron de forma agresiva exigiéndonos información personal. A mí me impusieron un comparendo por supuesto daño en bien público y, días después, se realizaron allanamientos a mi residencia y a las de personas cercanas con las que he desarrollado trabajos similares. Me fue incautado el material gráfico, cámaras, celular, computador y todas las herramientas de trabajo. Esto demuestra que existió criminalización al trabajo artístico (…) pareciera que buscaran frenar las acciones ciudadanas por medio de la persecución política y los montajes judiciales”, contó Carsal, uno de los artistas. (Vuelve y juega: Mural “¿Quién dio la orden?”, sobre falsos positivos, fue vandalizado)

La molestia de los uniformados se presentó porque, por primera vez, los rostros de los altos mandos del Ejército aparecieron en un mural sobre ejecuciones extrajudiciales y no los de las víctimas. El título “¿Quién dio a orden?” apareció seguido de la impactante cifra de 5.763 víctimas de falsos positivos entre los años 2002 y 2008, es decir, civiles que fueron asesinados por miembros de la Fuerza Pública para ser pasados por guerrilleros muertos en combate. A cambio, como lo pudo establecer la justicia, los militares obtenían ascensos o incentivos económicos.

Los rostros protagonistas del mural fueron los de los generales Juan Carlos Barrera, Adolfo León Hernández, Mario Montoya, Nicacio Martínez y Marcos Pinto, que aparecieron acompañados del número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en cada uno de los batallones que ellos comandaron. Al final de obra, quedó escrito el nombre de su gestora: la Campaña por la Verdad, una iniciativa de varias organizaciones defensoras de derechos humanos que históricamente han representado a víctimas de crímenes de Estado y que buscan ahora hacerle seguimiento a la comparecencia de militares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Vea en video: ¿Quién dio la orden? Los tapabocas que luchan contra el olvido de los “falsos positivos”

“¿Quién dio la orden?” nació entonces como una estrategia de comunicaciones para difundir la Campaña por la Verdad. Los antecedentes de su construcción se remontan a mediados de 2019, cuando las comunicadoras sociales de las organizaciones se reunieron para proponer ideas y acordaron hacer un mural. Lo siguiente fue definir sus elementos, aunque siempre hubo claridad sobre el objetivo: realizar un escrache contra los altos mandos del Ejército, por su posible responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales conocidas como los falsos positivos, por las que se suele enjuiciar a los soldados rasos y no a sus superiores en las unidades militares.

El escrache es una forma de protesta que busca denunciar a ciertas personas ante la opinión pública y que ya ha sido empleada en redes sociales por grupos feministas para señalar a posibles abusadores sexuales. Los primeros cinco nombres de generales fueron seleccionados con base en varios informes presentados a la JEP, en los que fueron mencionados como los mandos que supuestamente dieron órdenes en los batallones. Después, se buscaron las fotos de sus caras en internet y, por último, se agregó un título que reflejara la intención de la campaña, cuidando la presunción de inocencia. De manera unánime fue el interrogante: ¿Quién dio la orden?

El siguiente paso fue materializar la idea. Los primeros bocetos presentados por los artistas no convencieron a las organizaciones, porque contenían elementos como calaveras o el color rojo que simulaba sangre. Querían algo menos sugestivo y más contundente. Hubo incluso organizaciones que desistieron de participar en la campaña. Al final quedaron el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Movice, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Jurídica Yira Castro, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Acción Colectiva de Objetoras y Objetores de Conciencia, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Asociación Minga, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda. Luego se sumaron las Madres de Víctimas de Falsos Positivos (Mafapo).

Después de cuatro meses, la propuesta gráfica convenció a las organizaciones. “La imagen tiene un orden de lectura, la idea es que la gente del común pueda dar respuesta al gran interrogante, entender la línea de mando y preguntar quién estaba sobre los mayores retratados. Ahora bien, en términos simbólicos, la imagen representa la exigencia de verdad y justicia por parte ya no sólo de las víctimas, sino de la sociedad colombiana”, afirmó el artista Carsal a este diario.

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Cuando el Ejército impidió que el 18 de octubre de 2019 se pintara el primer mural, el Movice publicó un trino ese día a las 8:22 p.m, en el que contó lo que estaba sucediendo y mostró una foto del mural. En cuestión de horas, el tema se viralizó en redes sociales con las etiquetas #EjércitoCensuraMural y #QuiénDioLaOrden, y los medios de comunicación se volcaron sobre la noticia. Desde entonces, el último hashtag ha sido publicado en Twitter todos los días de los dos últimos años, un impacto sin precedentes, según un estudio de Linterna Verde realizado en junio de este año.

“Según análisis anteriores de Linterna Verde, el tiempo promedio de vida de un hashtag impulsado por organizaciones de sociedad civil en Twitter es entre un día y un mes. #QuiénDioLaOrden ha perdurado en el tiempo y ha sido compartido diariamente por lo menos tres veces desde el 18 de octubre de 2019 (…) Su eco se ha mantenido vivo, descentralizado y reinterpretado hasta ‘institucionalizarse’ en el debate de Twitter Colombia”, concluyó la organización Linterna Verde, que analiza los debates que se realizan en internet.

En pocas palabras, la censura del Ejército volvió exitoso y viral el mural y, según sus promotores, dejó de ser una campaña de las organizaciones, para ser de todo el mundo. “Todos se sienten dueños del hashtag. Al día siguiente de la censura, 5.000 carteles con el diseño del mural inundaron las calles de Bogotá. Empezó a replicarse en Berlín, Barcelona y París. Incluso se usó durante marchas en Europa. Pero el alcance se agrandó el 19 de noviembre de 2019, cuando empezaron nuevas jornadas de paro nacional. Famosos comenzaron a compartir la pieza y aparecieron tapabocas y camisetas”, contó a este diario una persona cercana al proceso artístico.

La idea del mural fue también transformada. En la Universidad de Caldas hicieron una versión con cifras del departamento y los militares de los batallones allí ubicados, y después fue replicado en varias zonas de Colombia que querían adaptarlo con sus propios datos regionales. Además, Linterna Verde identificó que la etiqueta #QuiénDioLaOrden se ha movido de forma vertiginosa en Twitter no solo con contenidos relacionados con falsos positivos y denuncias de casos de impunidad por crímenes de Estado, sino también con debates más amplios sobre la verdad y la reparación en casos de violaciones de derechos humanos por parte de actores estatales.

Así sucedió por ejemplo el 3 de mayo de 2020, cuando la revista Semana reveló que el Ejército ejecutó un programa de seguimiento informático contra 130 víctimas, entre ellas periodistas, políticos, generales, organizaciones sociales y sindicalistas. Asimismo, se registró otro pico de la tendencia en septiembre de 2020, cuando un policía asesinó al abogado Javier Ordóñez, por uso excesivo de la fuerza. Los usuarios de Twitter usaron la etiqueta #QuiénDioLaOrden para denunciar el abuso policial, que también se sufrió en días posteriores en las protestas en Bogotá. El mismo comportamiento se detectó en las manifestaciones del más reciente paro nacional, que comenzó el pasado 28 de abril.

En medio de este impacto cada vez más incontrolable, a las organizaciones les empezaron a llegar derechos de petición de los militares protagonistas del mural, para exigir borrar sus rostros de la obra, por atentar contra su buen nombre. Luego sobrevino otra oleada de acciones de tutela. La presión fue de tal magnitud que las organizaciones conformaron un grupo de abogados para responder las solicitudes de información y acciones judiciales. Personas ingresaron a la fuerza a la casa del Movice, algunos teléfonos fueron chuzados y se registraron sobrevuelos con drones sobre la oficina. Cuando el frente jurídico estuvo más controlado, en diciembre de 2019, se inició el intento por instalar el mural, esta vez frente a la JEP.

En esa oportunidad los artistas sí lograron instalarlo, porque cambiaron la técnica para que, en vez de pintarlo, se pudiera pegar en la pared en asunto de cinco minutos. Aunque la obra logró terminarse, a las dos horas fue borrada. En los meses siguientes, un juez de Bogotá le ordenó al Movice eliminar en 48 horas la imagen de “¿Quién dio la orden?” de murales, redes sociales y medios de comunicación hablados o escritos. El fallo, que se dio por una tutela del general Marco Evangelista Pinto, excomandante de la Segunda División, fue cuestionado por las organizaciones, que le solicitaron a la Corte Constitucional seleccionarlo para su revisión.

Mientras eso se definía, el 5 de marzo de 2021, las gestoras de la idea y los artistas volvieron al primer muro frente a la Escuela Militar para instalar nuevamente el mural, que ya incluía nueve rostros de altos mandos del Ejército y la cifra actualizada de 6.402 víctimas de falsos positivos. La asistencia masiva de congresistas, cantantes de rap, fotorreporteros y representantes de entidades de cooperación internacional hizo imposible que alguien se atreviera a impedir de nuevo su instalación. La obra sobrevivió la primera noche, pero luego desapareció.

Finalmente, la semana pasada, la Corte Constitucional le puso punto final a esta larga historia de censura. Los magistrados protegieron el mural como una manifestación de la libertad de expresión y recordaron que los ciudadanos tienen derecho a denunciar de manera pública los hechos y actuaciones que consideren irregulares y que sean atribuibles a servidores públicos. Para ello no se requiere previamente que haya una condena dictada por una autoridad judicial.

En ese sentido, “¿Quién dio la orden?” es un discurso protegido, pues la gravedad y el impacto de los falsos positivos en la sociedad y la responsabilidad de miembros del Ejército dan cuenta de una problemática de interés público. Es una crítica al Estado, porque funcionarios públicos pudieron estar inmersos en graves violaciones de derechos humanos. En resumidas cuentas, lo que empezó como una estrategia de comunicaciones, terminó convirtiéndose en un precedente jurisprudencial para la libertad de expresión. Y todo gracias a los militares retratados en el mural que intentaron censurarlo.

¿Por qué el amarillo en el mural?

El diseño y montaje del mural “¿Quién dio la orden?” fue producto de un trabajo colectivo. Carsal, uno de los artistas que participó en la obra, asegura que su proceso de elaboración requirió varias propuestas y versiones; además, explica cómo eligieron los colores finales.

“Se escogió el color amarillo porque generalmente se presenta como un símbolo de advertencia dentro de la señalética, el cual fue acompañado de retratos en altos contrastes, que permitieran dar una lectura rápida y fácil de la imagen y que, a su vez, fuera apta para sacar en esténcil, que la gente se pudiera apropiar de la imagen para replicar en diferentes espacios con esta técnica. Sin embargo, para llegar a ello fue necesario realizar todo un proceso creativo en el que se tuvieron presentes los informes presentados ante la JEP, el contexto jurídico en el que actuábamos y la traducción semiótica y pragmática, que nos recordaba el ambiente en el que se estaba produciendo la imagen”, afirmó el artista Carsal.

Los argumentos de los militares

El general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, quien aparece en el mural “¿Quién dio la orden?”, presentó una solicitud de tutela con el objeto de que fueran protegidos sus derechos fundamentales de petición, dignidad humana, buen nombre, honra y debido proceso, entre otros, así como los de su esposa y sus hijos.

Esto debido a la publicación en Twitter de la imagen del mural “¿Quién dio la orden?”, de la “Campaña por la Verdad”. Según el general Pinto, el Movice tenía que rectificar la información publicada, al considerarla como no veraz. El accionante pedía, además, que dicha rectificación se hiciera públicamente mediante la red social Twitter y que tuviera un despliegue y relevancia equivalentes a la información publicada.

“Que Movice, en el entendimiento de su equivocación, negligencia, error, tergiversación o falsedad, solicite a las organizaciones a quienes etiquetó y a las personas que replicaron dicha imagen que sea retirada y repliquen la retractación de la misma”, solicitó Pinto en su tutela, que fue fallada a su favor en un primer momento, pero que luego fue negada por la Corte Constitucional.