Siete meses después de que la Superintendencia Financiera dispusiera la toma de posesión inmediata de los bienes y negocios de la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa S. A., como consecuencia de la suspensión del pago de sus obligaciones, la Procuraduría determinó que esta intervención fue tardía y les imputó cargos a seis altos funcionarios del organismo de vigilancia. Su conclusión general es que a pesar de que tuvieron conocimiento de las irregularidades de la firma comisionista, no actuaron a tiempo y con su conducta no protegieron a los inversionistas y, en cambio, hicieron perder la confianza del público en el mercado bursátil.
La gravedad de los cargos imputados por el Ministerio Público, el pasado martes 4 de junio, deja ver que al parecer el Estado fue negligente a la hora de impedir que la cuestionada firma Interbolsa concretara diversas prácticas non sanctas, que hoy también son objeto de investigación penal en la Fiscalía. El Espectador tuvo acceso al documento de 229 páginas firmado por el procurador Alejandro Ordóñez sobre el caso Interbolsa, y en él se establece que, al menos en cuanto a los tiempos se refiere, la Superintendencia Financiera tuvo la opción de haber neutralizado un descalabro financiero que hoy constituye un escándalo insuficientemente aclarado.
Buena parte de las responsabilidades atribuidas por la Procuraduría a la Superintendencia Financiera recaen en su titular, Gerardo Hernández Correa, quien tomó posesión del cargo en septiembre de 2010. Según el pliego de cargos, este alto funcionario supo desde septiembre de 2011 de la posible manipulación de precios de las acciones ordinarias de Fabricato y del probable manejo de la liquidez de las acciones de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC). Sin embargo, insistió la Procuraduría, no tomó medidas preventivas para evitar que el tema siguiera creciendo a sus anchas. Es decir, pudo evitar el escándalo y no lo hizo.
En julio de 2012, resalta el documento, el superintendente Hernández sabía que el comisionista Alessandro Corridori había manipulado la liquidez de las acciones de Fabricato, pues así se lo informaron un grupo de expertos, pero no reaccionó a tiempo, a pesar de saber que en el mercado de valores la prontitud y celeridad en la aplicación de medidas correctivas es crucial dada la volatilidad y rapidez con que funciona el sistema. De esta manera, no cumplió con su deber y desestimó las situaciones que por más de un año se avizoraban como atentatorias del mercado bursátil. La Procuraduría calificó lo sucedido como una falta disciplinaria grave.
Además, en el pliego de cargos formulado por el Ministerio Público, se recalca que el superintendente financiero, Gerardo Hernández, retardó la denuncia que tenía que instaurar ante la Fiscalía, razón por la cual presuntamente incurrió en una conducta dolosa. En términos generales, con base en una indagación adelantada en el Autorregulador del Mercado de Valores, la Bolsa de Valores de Colombia, el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y la propia Superintendencia Financiera, el procurador Ordóñez puntualizó cuáles fueron los escenarios específicos que resultaron omitidos en el momento de que el Estado debía controlar.
La manipulación de los precios de la acción de Fabricato, una actividad detectada a partir del último trimestre de 2009 y hasta el cuarto trimestre de 2011, cuando un grupo de inversionistas liderados por Alessandro Corridori fueron aumentando paulatinamente su porcentaje de participación accionaria, utilizando para sus operaciones a la firma Interbolsa. Asimismo, las irregularidades del contrato de corresponsalía del Fondo Premium Capital, detectadas desde abril de 2011, pero que pasaron de largo captando dineros a pesar de una sanción pecuniaria de $50 millones impuesta por la Superintendencia Financiera.
El segundo de los encartados fue Diego Mauricio Herrera, superintendente delegado para la Supervisión de Riesgos de Mercado e Integridad. Según el documento conocido por El Espectador, él conocía desde septiembre de 2011 de la manipulación de las acciones de Fabricato, la liquidez de la Bolsa Mercantil y las anomalías en Interbolsa, pero nunca propuso acciones para neutralizar los riesgos. Con un agravante en su caso particular: había laborado con Interbolsa entre mayo de 2006 y abril de 2008, razón por la cual debió declarase impedido y no lo hizo. La Procuraduría consideró que Herrera pudo haber incurrido en conflicto de intereses.
Además estableció vínculos de amistad con la mayoría de los funcionarios, directivos y representantes legales de Interbolsa, por lo cual, con mayor razón, estaba en el deber de manifestar su impedimento para conocer decisiones relativas a la aludida firma comisionista de bolsa. La Procuraduría consideró, frente a este caso específico, que al igual que el superintendente financiero, Gerardo Hernández, sabía muy bien lo que estaba sucediendo en el mercado de valores con Interbolsa, pero no dijo nada que pudiera neutralizar el descalabro financiero. Sus intereses particulares terminaron cruzados con los de Interbolsa y prevalecieron más sus relaciones de amistad con funcionarios y personas con cargos directivos en la entidad cuestionada.
La señora Rosita Esther Barrios Figueroa, en su calidad de superintendente delegada adjunta para la Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado, fue la tercera persona afectada por las investigaciones de la Procuraduría. Al igual que los imputados antes descritos, el Ministerio Público le atribuye hacerse la de la vista gorda frente a su deber de denunciar ante la Fiscalía lo que había conocido. Según el documento del pliego de cargos, sus labores de supervisión se dieron con gran laxitud, al punto de que delitos dolosos, preterintencionales o culposos que debieron ser evaluados por la funcionaria, nunca se tuvieron en cuenta como dice la ley.
El caso de la funcionaria Sandra Patricia Perea Díaz, para el momento de los hechos superintendente delegada para Emisores, Portafolios de Inversión y otros agentes, su responsabilidad está relacionada con haber omitido dar aviso de las irregularidades que se detectaron en septiembre de 2011 respecto a infracciones al mercado de valores ejecutadas por Interbolsa. Ese fue el único cargo en su contra. Tuvo en sus manos 11 hallazgos con anomalías de la firma comisionista, en especial sobre negocios prohibidos que se venían presentando reiteradamente, pero no fue precavida para contrarrestar los daños causados a los inversionistas.
Finalmente, el documento del Ministerio Público examinó la conducta de Luis Fernando Cuadrado Zafra, superintendente delegado para Intermediarios de Valores y otros agentes, y Juan Pablo Arango Arango, superintendente delegado adjunto. Sobre el primero, la Procuraduría pretende establecer por qué si conocía desde 2011 las irregularidades de Interbolsa respecto al contrato de corresponsalía en el exterior con Premium Capital, no emitió las órdenes necesarias para que se suspendieran de inmediato las prácticas ilegales. La Procuraduría observó que incumplió con su deber de salvaguardar los activos de los inversionistas.
Un caso similar al de Juan Pablo Arango, a quien el Ministerio Público le imputó básicamente un cargo: no haber tomado medidas preventivas para neutralizar daños a los inversionistas ni haber conminado a los superintendentes delegados para que obraran en defensa del mercado y la confianza pública en la Bolsa de Valores. En la evaluación del único cargo imputado en su contra, la Procuraduría determinó que Arango al parecer actuó con plena voluntad de abstraerse al cumplimiento de sus deberes, pues conocía la situación de Interbolsa y literalmente pasó de agache en vez de dejar constancia de lo que estaba sucediendo en el mundo bursátil.
En términos generales, la decisión del procurador Alejandro Ordóñez puso el dedo en la llaga sobre un escándalo que se ha venido revelando a cuenta gotas en los medios de comunicación, pero que la justicia apenas empieza a aclarar. Ya es de conocimiento público que se manipuló la acción de Fabricato y que la compra de repos desnudó lo que venía pasando en Interbolsa. Lo demás, es decir, el Fondo Premium Capital, las acciones de la Bolsa Mercantil o la misma actuación de Interbolsa como sociedad administradora de inversiones, constituyen temas cuya incidencia es un enigma que la Fiscalía también empieza a meterle los dientes.
Por coincidencia o no, tanto en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá como en el caso Interbolsa, hay un denominador común: deslumbrados por su poder, hubo un momento en que el sector privado y el sector público estaban encantados por este ascenso. En su momento, los primos Guido, Manuel y Miguel Nule llegaron a ser los nuevos cacaos y a ellos acudían decenas de empresarios de todo el país. Otro tanto ocurrió con Interbolsa, que a finales de 2011 representaba la firma comisionista de bolsa con más participación en el mercado de valores. En ese tiempo llegó a tener el 32% de los activos totales de las 29 comisionistas de bolsa que aún operan en el país.
Sin embargo, tanto en un caso como en el otro, lo que se ha venido demostrando es que, como reza el refrán, la avaricia rompe el saco. Hoy los Nule están presos y Bogotá vive una verdadera crisis causada por las revelaciones de cómo hizo la corrupción para convertirse en un asunto cotidiano en la administración pública. Algo parecido a lo que se está desnudando alrededor del caso Interbolsa: de qué manera el mercado bursátil, a partir de escenarios como Interbolsa o Proyectar Valores, fueron escenarios de un enriquecimiento progresivo que la justicia está en la obligación de determinar si se hizo con métodos legales o defraudando la confianza de los inversionistas.
Hora cero para la imputación en Fiscalía
El próximo 26 de junio la Fiscalía imputará cargos contra las primeras 15 personas implicadas en el escándalo de Interbolsa. Se trata de directivos y personas asociadas con las empresas del italiano Alessandro Corridori. En consideración del ente acusador, estas personas, entre ellas cuatro directivos de la firma comisionista, deben responder por los delitos de manipulación de acciones, administración desleal, abuso de confianza y concierto para delinquir.
Se ha conocido que los imputados serían Rodrigo Jaramillo, presidente del Grupo; Álvaro Tirado Quintero, presidente de la firma comisionista, y los señores Javier Villadiego y Juan Camilo Arango, integrantes del comité de riesgos de la misma. También serán llamados a audiencia de imputación el inversionista italiano Alessandro Corridori, su esposa Claudia Jaramillo, su cuñada, la inversionista María Eugenia Jaramillo, y Carlos Neira, representante de P&P Investment S. A. S., sociedad ligada al italiano.
El informe inédito del regulador
Dentro de la investigación de la Procuraduría se encontró un informe del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) sobre el caso de Fabricato. Mostró que existió posible afectación del precio de la acción por operaciones celebradas por accionistas de la compañía. También evidenció 22 operaciones al parecer acordadas previamente y sin surtir el trámite correspondiente. Se encontraron ocho accionistas que negociaron el 50% del volumen transado y sobre los cuales hay vínculos probados. Según el informe del AMV, cinco compañías tienen como domicilio la misma dirección de Interbolsa S. A. Concluye además la auditoría, incrementos de la acción del 55,76%, mientras que el mercado decrecía en un 5,84%.