La antesala del juicio contra Gustavo Hernández, colombiano procesado por caso PDVSA

Hace un año el nombre del colombiano Gustavo Hernández Frieri acaparó titulares en la prensa internacional a raíz de su captura en Italia. En ese momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que el empresario fue una de las 20 personas que se aliaron para lavar US$1,2 millones saqueados a la petrolera de Venezuela Pdvsa. Desde entonces libra una dura pelea por su inocencia, que parcialmente se resolverá el próximo 26 de noviembre, cuando una jueza decida si se le declara culpable o si acepta cooperar con las autoridades americanas, como ya lo hicieron algunos de sus colegas. (Lea aquí: La innegable relación entre capturado por caso PDVSA y Global Securities Colombia)

La historia judicial de Hernández Frieri se destapó en julio de 2018, cuando Estados Unidos anunció su captura en suelo europeo y su posterior extradición. El cartagenero había pasado inadvertido en Colombia, pero sus negocios sí eran reconocidos en Florida, pues fue accionista y directivo de una de las comisionistas de bolsa más importantes del país: Global Securities. La acusación de la Fiscalía norteamericana describe al empresario como “lavador de dinero profesional”, y asegura que participó en el esquema ilegal para lavar los recursos que exdirectivos y funcionarios venezolanos robaron de Pdvsa.

Los hechos evaluados por la Corte del sur de Florida se iniciaron en diciembre de 2014. En la acusación, de 33 páginas, se menciona que su función principal fue lavar el dinero que correspondía a Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de la petrolera venezolana. Dentro de las evidencias se encuentra una grabación que hizo un agente infiltrado de una reunión a la que asistieron varios de los sospechosos en 2016 en Panamá. En dicho encuentro, el colombiano supuestamente explicó cómo podía hacer operaciones falsas desde sus compañías en paraísos fiscales y hacerlas pasar por legítimas usando, por ejemplo, tarjetas, cheques y transferencias.

Hernández asegura que es inocente, pese a que su supuesto aliado, Abraham Edgardo Ortega, ya se declaró culpable y acordó colaborar con las autoridades gringas. Ortega, a la espera de ser condenado, reconoció haber recibido sobornos para beneficiar compañías y aceptó que él y varios acusados lavaron dinero de Pdvsa a través de inversiones ficticias. Además, renunció a varios de sus activos, entre ellos la cuenta que poseía en uno de los fondos con los que Hernández, según la Fiscalía estadounidense, intervino en el esquema ilícito: Global Securities Trade Finance, ubicado en Islas Caimán.

Asimismo, el banquero alemán Matthias Krull se declaró culpable de haber participado en el esquema de Pdvsa cuando trabajó en el banco suizo Julius Baer. Además de Krull, Hernández y Ortega, en el proceso también fueron señalados Francisco Convit Guruceaga, accionista de Derwick Associates, firma acusada de obtener contratos de forma irregular en el sector de energía en Venezuela; Carmelo Urdaneta, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; Marcelo Federico Gutiérrez, banquero uruguayo, y los hijastros de un “oficial venezolano 2”, no identificado en el expediente. Según el diario Miami Herald, serían los hijastros del presidente Nicolás Maduro.

Mientras estos procesos avanzan, Hernández Frieri ha comparecido varias veces ante una jueza de Miami. En esas audiencias se ventilaron detalles, como que su hermano, César Hernández, y su cuñado, Juan Carlos Gómez (quienes han participado en Global Securities Colombia) firmaron un bono de garantía por $25 millones. Es decir, que si Hernández se fuga, ellos deben responder económicamente. “Su negocio (el de César) también sigue generando ingresos (…) es un negocio regulado, del sector de valores de inversión, separado del de su hermano”, argumentó el abogado defensor, Michael Pasano.

Gustavo Hernández se comprometió a pagar una fianza de US$1,5 millones con pago inmediato del 10 % de esa cantidad (US$150.000). Pero inicialmente se le complicaron las cosas. Primero, porque su esposa se negó a financiarlo, pues contemplaba divorciarse. “En el último año, él (Hernández) ha vivido de préstamos de amigos y familiares. Cuando digo que el negocio se cayó, no estoy exagerando, señoría. No está recibiendo ingresos y ha renunciado a cada puesto y cada entidad debido a esta acusación”, agregó el abogado Pasano. De hecho, el empresario renunció como miembro de la junta directiva de Global Securities Colombia una vez estalló el escándalo, en agosto de 2018.

La jueza no quedó convencida de las dificultades económicas del procesado para pagar su fianza y mencionó que un apartamento avaluado en US$5 millones en Nueva York aparece a nombre de sus hijos. “Claramente los niños no generaron esos dineros. Son generados por sus padres y mantenidos en fideicomiso para su protección (…) No digo que haya algo inapropiado o ilegal, pero ese dinero no era de los niños porque son muy jóvenes. Y vive en una casa de US$4 millones en Miami, que también se mantuvo en fideicomiso para protegerlo de exactamente lo que está pasando aquí”, agregó la jueza.

La discusión por la fianza subió de tono porque no hubo certeza sobre la procedencia de los recursos con los que Hernández debía pagar el 10 % de su fianza. Según la togada, los hijos del empresario estudiaban en una escuela privada que suma más de US$75.000 al año. “Entonces, pagar US$150.000 no debería ser tanto problema”. Al final, un amigo se ofreció a firmar un bono de garantía para el pago de la suma, pero también se discutió su procedencia. El hombre dijo que provenía de activos que mantenía en un fondo, luego afirmó que ante la urgencia de la situación llamó a varias personas que le adeudaban dinero. Y el tema terminó en la venta de una obra de arte.

“Sé que si miento al tribunal soy un criminal y nunca haría eso. Quiero decir incluso que tengo una excelente reputación en los negocios por más de 26 años. Entonces, por sacarlo de la cárcel por dos o tres días, no voy a poner mi reputación en riesgo. Este es mi dinero y lo estoy poniendo para ayudar a un amigo”, dijo en su intervención la persona que ayudó a Gustavo Hernández Frieri en el proceso por lavado de activos en su contra. Esa misma persona, según trascendió en la audiencia, fue su socio en un negocio de vino que quedó en bancarrota tras la revelación del caso Pdvsa en los Estados Unidos.

Finalmente, el asunto de la fianza se resolvió favorablemente para el empresario cartagenero Hernández Frieri, pero la jueza sí le hizo una fuerte advertencia: “Espero que no vaya a ningún lado, señor, porque si se va a algún lado, estará en un mundo de dolor con sus hijos, su esposa, su hermano que prometió 25 millones, este amigo, el cuñado. ¿Y sabe qué? ¿A dónde va? ¿A Colombia? Tenemos extradición con Colombia y volverá enseguida antes de darse cuenta. Me gustaría pensar que no va a hacer eso y que entienda completamente lo que está en riesgo aquí si huye”.

Desde junio, la Corte dejó claras las condiciones de monitoreo de Hernández. Solo puede abandonar su residencia para asistir a reuniones o audiencias en los edificios del Tribunal Federal de Miami, para reunirse con sus abogados en las oficinas de Carlton Fields, para citas médicas y dentales, y los domingos para asistir a servicios religiosos. El empresario tuvo que entregar su pasaporte y el de sus hijos, y no puede visitar ningún establecimiento de transporte comercial, es decir, aeropuertos, puertos marítimos, terminales de autobuses o estaciones de tren. Por ahora acudirá este 26 de noviembre ante la jueza Kathleen M. Williams para decir si es o no culpable.

Global Securities Comisionista de Bolsa

Hace más de un año, cuando estalló el escándalo de Pdvsa en Estados Unidos, Global Securities Comisionista de Bolsa en Colombia señaló que las empresas y personas vinculadas por las autoridades norteamericanas no tenían relación con esta sociedad; que Gustavo Hernández Frieri, quien fue socio y miembro de su junta directiva, no tuvo injerencia en la operación diaria y que los recursos administrados en el país no tenían relación con las compañías extranjeras ni tampoco con Hernández Frieri. “Todos nuestros procesos están regulados y auditados permanentemente por entes externos, lo que permite blindar la operación”, agregó la empresa.