“La gran estafa”: denuncian a colombianos que vendían lotes campestres en Panamá

En Punta Chame, un sector turístico de playas en Panamá, queda Aquamar, un proyecto de 45 hectáreas, en cabeza de empresarios colombianos, que prometieron sería un club residencial de lotes campestres, con vías, piscinas y área social. Hoy no hay más que un predio abandonado, con una piscina a medio construir, sin carreteras, ni servicios de luz o agua. La empresa a cargo se defiende y dice que no fue una estafa, sino que se quedaron sin liquidez.

Frente a un edificio imponente de un sector comercial sobre la calle 50 en Ciudad de Panamá, dos viejos de rasgos asiáticos están sentados sobre la acera. Su semblante es triste. Ambos tienen más de 60 años. Alejandro Román, ingeniero civil, de 40, se conmueve y les pregunta si los puede ayudar. Advierte que hablan poco español pero que tienen algo en común: sin éxito han venido a reclamar a las oficinas de la empresa Promotora Poblados Panamá S.A. (antes El Poblado S.A.) por la inversión que hicieron en un proyecto inmobiliario en el que dejaron sus ahorros y que hoy, siete años después, no es más que un baldío sin servicios ni carreteras: Aquamar, un club de lotes campestres, ubicado en Punta Chame, sector turístico de playas en Panamá, que empezó a venderse en 2015.

“Me dio mucho dolor verlos así. Son personas mayores que perdieron todos sus ahorros, más de 60 mil dólares. Querían dejar ese lote a sus nietos y ya no sabían qué hacer. Han trabajado más de 40 años en Panamá para eso. Prometí que iba ayudarles, aunque no sabía muy bien cómo. Lo que sí sabía era que no podía ser en Panamá, porque aquí son empresas que no tienen un peso para responder, eventualmente, si las querellas judiciales, penales o civiles, salen a su favor. Por eso busqué a la prensa en Colombia”, explica Alejandro Román, en la segunda conversación que tuvo con este diario para denunciar lo que él denomina “la gran estafa”, con vínculos en Colombia, que solo en el caso Aquamar tiene a 192 familias organizadas reclamando por recursos invertidos.

El Proyecto Aquamar se vendió a partir de 2015 como un club residencial de lotes campestres. Según los folletos de publicidad y los contratos de promesa de compraventa, cada persona podía diseñar y construir su casa en este “club campestre”, que se construiría por etapas. Se podía comprar de contado o financiar la compra pagando intereses a la empresa constructora. El proyecto de 45 hectáreas promocionaba un espacio de zonas comunes con parque acuático con toboganes, cancha de fútbol, de voleiplaya, de tenis, zona de spa, baños turcos, sauna, jacuzzi, salón de belleza y gimnasio, área social, restaurante, “mini market”, bar, salón de eventos, parque con ciclorrutas, quioscos, ruta para trotar y garitas de seguridad.

Además, contaría con carreteras interiores, iluminación y red sanitaria, para el suministro de agua potable y el retiro de aguas grises y negras de las casas. “El sueño terminó en una pesadilla compartida”, dice este panameño. Román, por ejemplo, logró que le pagaran alguna parte del dinero que invirtió y, a la fecha, le adeudan 18 mil dólares. Pero hay varias familias, como las de los colombianos Carlos Suárez o Jesús Alberto Ruiz, a quienes la empresa no ha accedido a devolverles un peso de lo invertido. “Yo me sentía mal porque tenía información y conocimiento de que nunca, hasta este momento, me he puesto a favor del grupo de reclamantes”, comenta Román, como antesala para decir que, como ingeniero civil, supo desde tiempo atrás que el proyecto Aquamar no iba bien, y esa formación profesional favoreció que, en su caso, con argumentación sólida, los responsables aceptaran devolverle parte del dinero invertido.

Según la cláusula cuarta de su contrato de compraventa, la fecha de entrega del lote, con servicios de alcantarillado, acueducto, energía eléctrica y titulación, era el 30 de diciembre de 2017. A sabiendas de esta situación, Román viajó a Punta Chame y se presentó como profesional de la construcción y no como comprador. “Me reuní con los ingenieros civiles, en ese momento colombianos, y les pregunté el plan de trabajo. Ellos confesaron que no tenían dinero. Les pedí los planos y me indicaron que no los tenían, ni de infraestructura ni de redes sanitarias ni de calles. Vi la maquinaria parada y los trabajadores me indicaron que solo tenían contratada media jornada. Sin planos, con poquísimos avances y trabajando a media marcha, entendí que no iban a entregar”, comenta Román.

Entonces buscó a los responsables. Habló con Carlos Andrés Echeverrí, colombiano de buenas maneras y tono conciliador, gerente general, de El Poblado S.A., (empresa que cambió su nombre a Promotora Poblados Panamá S.A. en 2016). “En esa reunión, Echeverri admitió que no tenía dinero suficiente para la megaobra, pero me tranquilizó diciendo que se acababan de fusionar con una compañía grande, con presencia en Colombia y constituida en Miami por colombianos, con presencia en Estados Unidos, Nicaragua y República Dominicana: Land Developers Group. Les volví a dar mi voto de confianza, pero exigí un cronograma de trabajo y nuevas fechas de entrega. El cronograma que me enviaron, a vuelta de correo electrónico, no tenía detalles. Cuando los exigí no los entregaron. Tampoco el título del lote segregado. Solo me dieron un certificado de mera tenencia”.

Pasaron algunos meses más. Román volvió a la obra, tomó fotos y volvió a mandar un correo diciendo que no iban a cumplir, porque no habían empezado. Por eso, el 25 de enero de 2018 Román se reunió con Carlos Andrés Echeverri y firmó un documento que se llamó “Aquamar – evolución monetaria acuerdo 01-180125″. La empresa empezó a devolver parcialmente su dinero, aunque no cumplieron con el valor y las fechas acordadas para el pago por cuotas. “En total me hicieron once pagos, desde enero de 2018 hasta mayo de 2019″. El 24 de julio de 2019 le dijeron que su caso pasaría a Land Developers, con sede en Barranquilla (Colombia). Y una semana después, Adriana Durán, agente encargada, le notificó que el saldo era de 13 mil dólares y se lo pagarían en cuotas mensuales de mil balboas, a partir de septiembre de ese año.

Román, juicioso en su contabilidad, adjuntó sus comprobantes y replicó indignado que realmente le adeudaban 18 mil dólares, pero que para salir del tema aceptaba un acuerdo por 15 mil dólares en tres pagos y en dólares. Al final no aceptaron su propuesta, no le hicieron ningún pago más y dejaron de contestar sus correos y sus comunicaciones desde agosto de 2019. En Panamá, mientras tanto, la incertidumbre y molestia de las personas que compraron hizo crisis, porque Promotora Poblados Panamá S.A., a cargo de la construcción del proyecto, cambió de dirección sin previo aviso. Tres veces en los últimos cinco años. Del edificio El Poblado, en la vía España, donde estuvieron ocho años y la gente llegaba a protestar, se mudaron a un sector comercial conocido como Calle 50, en Ciudad de Panamá, con dificultades de acceso a los reclamantes.

Cuando llegó la pandemia volvieron a trastearse. “Cambiaron de oficina y aislaron a la gente que se sentía estafada, pero Panamá es como un pueblo, todos se conocen y la gente empezó a organizarse”, recalca Alejandro Román. Hasta que, en marzo de 2020, en plena pandemia, un grupo de 192 compradores de Aquamar se reunió para buscar salidas conjuntas. “Si nos hubiéramos escondido jamás habríamos firmado un convenio de entendimiento con los promitentes compradores y no estuviéramos instalados en las oficinas actuales de la promotora (…) No nos vamos a esconder, pues la promotora podrá haber incumplido con los tiempos de entrega, pero más pronto que tarde terminaremos los proyectos”, respondió Héctor Briceño, presidente de la alianza El Poblado y Land Developers Group para el caso Aquamar.

Consultado por El Espectador, Briceño aceptó responder las preguntas de este diario.

Solo por escrito. Sobre el proyecto Aquamar afirmó que “la situación económica del país y luego la pandemia terminaron de atrasar la construcción y culminación del proyecto” y que a eso se le sumó que “la gran mayoría de promitentes compradores dejaron de pagar y hasta la fecha actual siguen sin cumplir con los pagos”. Asimismo, confirmó que iniciaron un “proceso de devolución para aquellos promitentes compradores con los que no pudimos llegar a ningún acuerdo” y que inicialmente pudieron “cumplir con muchos de estos pagos”, pero que “al momento de la paralización general de los pagos y luego la llegada de la pandemia, nos dejó sin liquidez para seguir cumpliendo con ellos”.

Sin embargo, hay otro asunto que genera inquietud entre quienes invirtieron sus ahorros en Aquamar: los embargos o “secuestros” de los terrenos del proyecto, que han impedido que se titule a cada propietario su lote. “No se podían titular los lotes, porque además de los retrasos, desde agosto de 2018 una de las fincas fue embargada”, dice Román y se refiere a un proceso judicial (por más de 120 mil dólares) a favor de la Caja del Seguro Social contra la Promotora Poblados Panamá S.A., porque la empresa no pagó algunas prestaciones a empleados. Además, el 4 de octubre de 2019, cuando los atrasos en las obras eran preocupantes, el Juzgado Noveno Civil del primer circuito de la provincia de Panamá embargó otra parte del proyecto a favor de Luis Marceliano Stanziola y su familia, un comprador de Aquamar inconforme.

Ante la pregunta sobre por qué se siguieron vendiendo lotes después de la fecha del primer embargo, Briceño contestó que esa información es “completamente falsa” y agregó que cuando la Caja del Seguro Social embargó la finca madre del proyecto Aquamar, los lotes ya habían sido vendidos: “podemos comprobar que todos los contratos de promesa de compra venta suscritos entre la promotora y los promitentes compradores están fechados mucho antes de cualquiera de las medidas cautelares que tenemos”, dijo. Sin embargo, este diario accedió a un contrato de promesa de compraventa del 17 de febrero de 2019, que lo contradice. El documento describe el precio del bien: 43.600 dólares, pagados en siete cuotas, después de una cuota inicial de 8.720 dólares, por un lote en Aquamar de 284 metros cuadrados, en la manzana 23 del proyecto.

En su respuesta, Briceño también se refirió al convenio de entendimiento que firmó el 25 de febrero de 2021, en la Notaría 11, de Barranquilla, en Colombia, con una comisión que viajó desde Panamá, delegada por el grupo de compradores inconformes. El convenio sostiene que la sociedad mercantil Promotora Poblados Panamá, S.A. iba a transferir las acciones del proyecto Aquamar a una cooperativa creada por los compradores, y mientras se formalizaba, acordaban una etapa “de administración transitoria”. Esa figura, según Briceño, entregó la administración de los proyectos a los propietarios, para recuperar el proyecto, salvar las inversiones y administrar y controlar los recursos financieros de la cartera comercial que aún tenía la empresa con sus clientes.

Dalia Flores fue una de esas cuatro delegadas. Es contadora pública, de clase trabajadora, y comenta que tenía todas sus ilusiones puestas en esa salida para salvar el proyecto que soñó para sus hijos, pero hoy cree que también fue un engaño de la empresa para evitar una querella penal colectiva en 2021. “Maidelis León Farías, la actual representante legal de Promotora Poblados Panamá, nos persuadió para que no instauráramos la querella penal. Nos dijo que fuéramos a Colombia a negociar con Héctor Briceño Martínez para que nos entregara los proyectos. Eso hicimos porque estábamos desorientados y queríamos sacar el proyecto adelante como fuera”, dice Flores sobre el convenio que firmó en Barranquilla.

“A Maideilis la conocí en el año 2018, era la que llamaba a todas las personas que debían. Cuando puse la demanda en la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), por los incumplimientos del contrato de Aquamar, ella me atendió. “Podemos llegar a un acuerdo”, me dijo, y en 2020, en plena pandemia, llegó a mi casa a decirme que desistiera de la demanda, que ella podía condonarme el saldo y pasarme a un lote más grande. Yo le creí y acepté viajar a Colombia”. Antes de hacerlo, León entregó a Flores una “certificación de titularidad” y un “paz y salvo” de la deuda. “A mi regreso de Colombia, quedé a la cabeza del comité administrativo, pero como no estuve de acuerdo con que la empresa siguiera cobrando y ganando dinero dizque por administrar me sacaron”, expresa Dalia Flores.

Y concluye: “Hoy tienen a las personas engañadas diciendo que los propietarios administran, pero mentiras. Sigue siendo la misma Promotora Poblados Panamá S.A., con cuatro propietarios. Le piden a la gente cuotas de 600 dólares para pagar los embargos y así tener todo listo para escriturar los lotes, pero ya ha pasado un año, no han loteado, el terreno no tiene avances de obra y parece abandonado”. El abogado panameño José Luis Juárez aseguró que hay un número cuantioso de demandas en Panamá por el caso Aquamar, pero todas en el ámbito civil, por lo que duda de su efectividad. Según su análisis, lo que cabe ahora es una demanda penal, porque “se aprecia una conducta de tipo dolosa” y los hechos tienen las características del delito de estafa y sus agravantes.

Mientras se desenreda el ovillo judicial de Aquamar, el problema, que se calcula en más de 15 millones de dólares, pasa inadvertido, incluso para la prensa panameña. Pero los defraudados están resueltos a que esta historia no se repita. Para Alejandro Román, la conclusión es que esas 192 personas denunciantes de una posible estafa en el caso Aquamar son personas que trabajaron toda su vida, muchos en Colombia. Doctores, abogados, contadores, comerciantes, gente que tiene una fonda o una tienda de celulares. “Hay gente que ama tanto ese proyecto, que no está dispuesta a renunciar a él fácilmente. Por eso han optado por seguir gastando recursos, en colectas y abogados. A mí me da mucho dolor, porque estoy convencido de que si el asunto no sale de Panamá y se divulga en Colombia, no va a pasar nada. Aquí no tienen un dólar para responder”, puntualiza el ingeniero Román.