La Loma es codiciada en Barranquilla por constructores, empresarios, abogados, propietarios, invasores, políticos y ambientalistas. En este terreno, ubicado a orillas del río Magdalena, según han reconocido los últimos alcaldes, se erige el principal polo de desarrollo de la ciudad. La idea es construir 3.500 viviendas, la nueva sede de la Alcaldía, decenas de locales comerciales y corredores verdes. Son 96 hectáreas para edificar mediante una iniciativa público-privada, por lo que el asunto ha derivado también en múltiples peleas y denuncias de irregularidades.
Según el Concejo de Barranquilla, La Loma debía ser un terreno protegido, pero una modificación al POT en 2005 lo proyectó como escenario para desarrollar un complejo urbanístico. La actual promotora de la iniciativa es la empresa Covain y ya el alcalde Alejandro Char anunció que las constructoras de apartamentos, cuyos precios oscilan entre $190 millones y $250 millones, serán Amarilo, Bolívar, Marval, Prodesa y Colpatria. “Durante muchos años crecimos sin ver el río, de espaldas al Magdalena, y ahora será parte del sueño de volcar la ciudad a esa arteria”, recalcó el mandatario.
Sin embargo, a pesar de que el ambicioso proyecto promete cambiarle la cara al sector, también ha motivado denuncias, demandas administrativas y pesquisas disciplinarias por presuntas arbitrariedades de las autoridades para hacer realidad la construcción, así como supuestos daños ambientales. La inconformidad mayor proviene de las familias que alegan ser propietarias del terreno y señalan a la administración de apropiarse de sus tierras en 2008, cuando la primera Alcaldía de Alejandro Char declaró que 30 hectáreas del sector eran baldías.
Según los documentos para acreditar el reclamo, el 8 de mayo de 2008, el entonces alcalde Alejandro Char se presentó en la Notaría Sexta de la ciudad y declaró que cuatro lotes del terreno La Loma eran propiedad del distrito de Barranquilla. La razón: eran baldíos asentados en suelo urbano y no constituían reserva ambiental, como finalmente quedó consignado en una escritura pública. El mandatario acompañó la solicitud con unos certificados del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el que quedaron consignadas las limitaciones de los predios y el avalúo catastral.
Lo que hoy alegan los demandantes es que esos terrenos tenían dueños privados. Se trata de los herederos de las familias Bula Ojeda, Pantoja Maldonado, Palacio de Antequera, Cepeda Bula, Palacio del Valle y Angulo Lacouture, entre otras. Uno de los abogados reclamantes, Fabián Araújo, en representación de los herederos de Antonio José Pantoja, interpuso en 2015 una denuncia por los presuntos delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, fraude procesal, obtención falsa de documento público y estafa agravada. La acción está en indagación preliminar.
Así se planea construir en La Loma
Hace más de 70 años, justamente fue Antonio José Pantoja el primer abogado que se enfrentó al Estado colombiano por la misma razón que hoy lo hace su descendencia: tratar de demostrar que los terrenos de La Loma son privados. Al menos las primeras anotaciones en los certificados de tradición y libertad dan cuenta de que los lotes fueron adquiridos por particulares desde 1916, aunque en 1932 también está acreditado que el Gobierno nacional, sin mucha justificación, tomó los terrenos de La Loma como baldíos y los destinó para obras del puerto local de Barranquilla.
Casi dos décadas después, el Ejército Nacional usó una parte de los mismos terrenos para desarrollar su grupo de artillería La Popa 2 y específicamente para construir una bodega de almacenamiento de pólvora y armamento. Fue en ese momento cuando Antonio José Pantoja intervino, en su nombre y el de otros propietarios, e inició varios juicios contra la nación en el Tribunal Superior de Barranquilla. El abogado Pantoja le ganó el pleito al Estado y los supuestos propietarios le cedieron, como forma de pago, el 40 % de los terrenos mediante una escritura pública.
Incluso en 1957, con una resolución, el Ministerio de Guerra reconoció el error y ordenó devolver los predios, despejando las dudas sobre la titularidad de La Loma. Pero en 2008, “cuando se creía que el asunto ya era cosa juzgada, se violó la propiedad privada, la seguridad jurídica y la confianza legítima. No hay evidencia de que el alcalde hubiese solicitado a la Oficina de Instrumentos Públicos una revisión sobre los títulos, cuando el certificado de tradición y libertad era el único documento que podría demostrar la titularidad de dichos bienes”, asegura el abogado Fabián Araújo.
Otro de los argumentos con los que los denunciantes buscan frenar el proyecto es que la naturaleza jurídica de los baldíos son los fines agrícolas o de conservación ambiental, mientras que el objetivo que ahora persigue el Distrito de Barranquilla es la explotación urbanística. Por eso, la pelea por La Loma no solo se quedó en la disputa por la existencia o no de los baldíos. En diciembre del año pasado, la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla (Edubar) emitió tres resoluciones para expropiar a las mismas familias de la disputa anterior sobre un terreno de otras 16 hectáreas.
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Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. / Archivo
La expropiación, según Edubar, era necesaria por motivos de utilidad pública o interés social, dado que ya estaba en marcha desde 2005 un plan parcial, aprobado por el Concejo de Barranquilla, para urbanizar La Loma. Los propietarios fueron indemnizados con $950 millones, calculados con un avalúo comercial de 2016 que, según Edubar, fue practicado por la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla. El metro cuadrado tenía un valor de $50.000. No obstante, según los denunciantes, ese no es el valor real y no hay evidencias de los estudios técnicos de Edubar.
Estas resoluciones también fueron atacadas judicialmente por medio de recursos de reposición y acciones de reparación directa. “En las expropiaciones se notificaron a los titulares de la propiedad, pero todos están fallecidos. En cambio, no se notificó a los herederos o los terceros indeterminados. Por eso, esas expropiaciones están viciadas de nulidad. Ya solicité que la investigación sea manejada desde la Fiscalía en Bogotá, porque es claro que hay intereses políticos y económicos de mucho poder que pueden presionar las decisiones”, insistió el abogado Fabián Araújo.
Sin embargo, el expediente se quedó en Barranquilla y hoy constituye una de las peleas jurídicas más nombradas en la capital del Atlántico. “No nos oponemos al desarrollo de Barranquilla, pero queremos que el Distrito, la constructora y la empresa Edubar se sienten con nosotros y, como corresponde, nos paguen un precio justo por los terrenos”, insistió el abogado Araújo. Según estableció El Espectador, la disputa de las 16 familias tiene un estimativo de $320.000 millones, pero personas cercanas al caso señalan que podría ascender hasta los $760.000 millones.
A los procesos penales y administrativos se suman las quejas disciplinarias de José Raúl Rodríguez. En este frente específico, los reclamos son contra actuaciones de la exalcaldesa Elsa Noguera por supuestamente haber decretado el Plan de Ordenamiento Territorial en 2014 sin haberlo concertado con el Concejo de Barranquilla. La pelea se concentra en el plazo que tenían los cabildantes para aprobar el POT y la habilitación que tuvo la exalcaldesa para expedirlo por decreto. Noguera aseguró en su momento que eran 60 días, pero Rodríguez hoy afirma que son 90.
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Barranquilla le ha apostado al sector de la construcción en los últimos años. / Archivo
“La Alcaldía convocó a sesiones extras durante 95 días y no por 60 días, lo que indujo a error al Concejo, que sesionó confiando en la convocatoria y el plazo establecidos. Por eso, pido investigar si se hizo de manera premeditada, lo que lo convertiría en un acto engañoso y alejado de los principios de buena fe para imponer un proyecto que la ley obligaba a concertar”, sostiene José Raúl Rodríguez. En ese momento, la concertación iba a crear un intenso debate porque los concejales se oponían a la urbanización de La Loma y pretendían declararla zona paisajística y recreativa.
Según José Raúl Rodríguez, las administraciones de Elsa Noguera y Alejandro Char deben responder por posible daño ambiental. “En el POT anterior, los porcentajes de ocupación eran del 50 % y el índice de construcción permitía edificaciones de cinco pisos, mientras que con el POT aprobado por la exalcaldesa Noguera se estableció un índice que permite construcciones hasta de 50 pisos. Estas determinaciones han acarreado serios y graves daños ambientales en el sector de La Loma, situada a cinco kilómetros de los límites del Parque Nacional Isla Salamanca”.
La conclusión de Rodríguez —consignada en su denuncia, que ya evalúan las autoridades disciplinarias— es que las presuntas actuaciones abusivas no fueron aisladas o producto de simples errores u omisiones en el desarrollo de funciones públicas; en su criterio, obedecen a “prácticas premeditadas y sistemáticas cuyo fin no fue otro que despojar a los titulares de esos predios, para luego desarrollar proyectos económicos en beneficio de terceros”. Las autoridades de Barranquilla confían en salir bien libradas de la pelea y que La Loma se convierta en otro polo de desarrollo de la ciudad. El Espectador envió una solicitud de información a la oficina de prensa de la Alcaldía de la ciudad, pero no recibió respuesta.
Las dudas sobre el cambio de notario
La escritura pública a través de la cual el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, declaró baldíos varios terrenos de La Loma, fue avalada por un notario de la ciudad. Quienes se oponen a este acto piden a las autoridades investigar al funcionario (que no era el titular del cargo, sino que estaba encargado), por no exigirle al mandatario los certificados de tradición y libertad de esos predios.
A su vez, le pidieron a la Superintendencia de Notariado y Registro información relacionada con el caso. La entidad respondió que el notario estaba reemplazando a la notaria titular, debido a que ésta pidió cuatro días de licencia para atender una calamidad familiar. “Los notarios tienen derecho a separarse del ejercicio de sus cargos mediante licencias hasta por 90 días”, añadió la Superintendencia.
La escritura pública en cuestión fue expedida el 8 de mayo de 2008. El notario estuvo encargado del puesto desde el 7 hasta el 12 de mayo de 2008.
