5 Oct 2021 - 11:00 a. m.

La sociedad “offshore” de la que Álvaro José Lloreda quería borrar su nombre

El condenado a nueve años por estafa por el caso de Foncolpuertos intentó que su nombre no apareciera en su sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas. #PandoraPapers

Alianza El Espectador - CONNECTAS

Álvaro José Lloreda Caicedo fue condenado por el caso de corrupción en Foncolpuertos.
Álvaro José Lloreda Caicedo fue condenado por el caso de corrupción en Foncolpuertos.

A finales de los años 90, el expresidente de Corfipacífico, Álvaro José Lloreda Caicedo, fue condenado por estafa en el llamado escándalo de Foncolpuertos. Dos décadas después, este controvertido hombre de negocios es uno de los colombianos que aparece en los Pandora Papers. En 2019, tras su regreso al país después de permanecer prófugo en territorio de Estados Unidos, el empresario caleño intentó borrar su nombre y el de su esposa de la sociedad offshore Murabito Management, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. ¿Qué son los Pandora Papers?

Lea el informe completo de los Pandora Papers para Colombia aquí

Los nombres de Álvaro José Lloreda Caicedo y su hijo Jorge Alberto Lloreda Garcés salieron a la luz pública hacia 1991, cuando se creó Foncolpuertos, para cumplir con las acreencias de 18.000 trabajadores de la liquidada empresa estatal Colpuertos. Pero los pagos se atrasaron y eso llevó a los exempleados a acudir a los jueces para pedir el cumplimiento de sus pensiones. En medio de la crisis, los Lloreda ofrecieron una solución. Varios trabajadores vendieron sus derechos fiduciarios a Fidupacífico, donde oficiaba como presidente Jorge Alberto Lloreda. (Urbanismo para el mundo: Enrique Peñalosa en Pandora Papers)

Los trabajadores vendieron sus derechos de cobro y, a cambio, recibieron el valor de la pensión menos un porcentaje acordado con la fiducia. Fidupacífico quedó con la facultad de cobrar ante el Estado esas pensiones, que para los Lloreda significaban un negocio seguro. Se trataba de pagos respaldados por jueces de la República. Sin embargo, muchos de esos derechos fiduciarios siguieron cambiando de manos. Le vendieron a Corfipacífico y, en diciembre de 1998, también se le vendieron $13.000 millones de estos títulos a Bancali. (El negocio que unió a la vicepresidenta y la mintransporte con condenado en EE.UU.)

Esta última era una entidad pública que invertía recursos de la capital del Valle. Sin embargo, este y otros negocios terminaron siendo una estafa. En 1999 se destapó que muchas de las pensiones tramitadas eran fraudulentas y que varios extrabajadores de Colpuertos falsificaron diversos documentos para elevar el valor de las pensiones. El sobrecosto estimado fue de $2,5 billones y llevó al Ministerio de Trabajo a suspender el pago de las acreencias, impactando directamente a Bancali, que mayoritariamente tenía esos títulos.

En 2007, Álvaro José Lloreda Caicedo y su hijo Jorge Alberto Lloreda fueron condenados por estafa a nueve años de prisión. La Fiscalía encontró documentos que dieron cuenta de cómo, antes de la operación con Bancali, los empresarios sabían que las acreencias tenían el riesgo de ser incobrables. Tras la condena, los Lloreda escaparon. En 2012 se emitió orden de captura internacional en su contra, pero en 2018 prescribió la condena. Esa prescripción llevó a que se levantara la circular roja. En diciembre de 2018, Álvaro José Lloreda Caicedo volvió al país.

En Pandora Papers aparece relacionado con dos sociedades offshore. Como director de Pivot S. A., registrada en Panamá en 1981, y como accionista y director de Murabito Management INC, constituida en 1996 en Islas Vírgenes Británicas. Ambas sociedades vinculadas entre sí, pues Pivot era accionista de Murabito. Sobre esta última sociedad existe un acta de 2017 que ratifica que Lloreda fue designado “Director Presidente/Tesorero” de Murabito Management INC” ante la renuncia de Domus Management Corp (sociedad que registraba como el director desde la constitución de Murabito en 1996).

En 2019, por correos detectados entre Lloreda y la firma OMC Group, se supo que el empresario caleño intentó cambiar la estructura de directores para que su nombre no apareciera en los registros de Murabito Management INC. “(…) Me adelanto a pensar que lo mejor es que los directores de Murabito cambien la estructura y procedan a crear con sus abogados una fundación que administre la compañía, que entendemos es una estructura muy usada. Les rogamos darnos una respuesta y señalar la forma para que los directores no tengan que aparecer en las actas de la compañía. La fórmula sería crear la fundación, y cuál sería el costo de ese procedimiento” (SIC), dice Lloreda.

El correo quedó fechado el 22 de octubre de 2019. En respuesta, OMC Group anunció que le daría trámite a su solicitud de crear una fundación, proceso que se frenó después, debido a que la firma encontró diversos artículos de prensa que relacionaban a Álvaro José Lloreda con el escándalo de Foncolpuertos. En contraste, decidió pedirle aclaraciones a su cliente. Frente a esa inquietud, el empresario caleño mencionó en un correo que había adjuntado una certificación oficial de que no tenía antecedentes. Para la época de la comunicación, la condena contra Lloreda estaba prescrita.

“Estos documentos se envían con el propósito de dar claridad respecto a las publicaciones enviadas por ustedes respecto a Álvaro J. Lloreda Caicedo que hoy ni tienen ninguna validez. La documentación enviada respecto a Murabito fue solicitada por ustedes a pesar de que, como se indica en ella, Murabito Management Inc. fue constituida en 1996 y ustedes desde esa época tienen toda la información sobre la compañía”, recalcó Lloreda en un correo. Consultado para este artículo sobre lo sucedido, el empresario no respondió las preguntas de El Espectador - Connectas.

Sin embargo, su relación con las sociedades offshore Pivot S. A. y Murabito Management Inc sí quedó en evidencia gracias a Pandora Papers, la mayor colaboración de periodistas de la historia para investigar más de 11,9 millones de registros de paraísos fiscales. La información fue obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) y compartidos con más de 600 periodistas en todo el mundo. En Colombia, la alianza periodística El Espectador - Connectas tuvo acceso a esa revisión de archivos que corrobora las acciones del empresario vallecaucano.

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