La última cruzada de Joselito Guerra

A pesar de que el escándalo por el Proceso 8.000, que surgió en los años 90 con el objetivo de cortar los nexos entre el narcotráfico y la política, ya es asunto del pasado, quedan coletazos que podrían causar incalculables problemas al Estado colombiano. Así se desprende de una tutela ganada por el condenado excongresista José Elías Guerra de la Espriella, que de ser respaldada por la Corte Constitucional, como lo advierte el proyecto de fallo, podría abrir la puerta a un sinnúmero de acciones similares con serios apremios para la justicia.

Esta historia se remonta a mayo de 1995, cuando estalló el escándalo por la narcofinanciación de la campaña de Ernesto Samper a la Presidencia y la justicia dispuso que también se iniciaran pesquisas contra varios congresistas. Entre los investigados fue incluido el entonces senador José Elías Guerra, procesado por enriquecimiento ilícito. En abril de 1998, un juez sin rostro lo condenó además por falsedad en documento privado y estafa. En noviembre del mismo año el Tribunal Nacional dejó la sentencia en 72 meses de prisión.

Nueve años después, el 23 de enero de 2007, José Elías Guerra decidió revivir su caso y escribió al Comité de Derechos Humanos de la ONU para buscar reparación de la justicia. En términos generales, Guerra de la Espriella alegó que el Estado colombiano había violado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues al procesarlo no tuvo garantías en debido proceso. Según él, no hubo audiencia pública y los fiscales y jueces que lo acusaron y condenaron ni siquiera dieron su rostro.

En desarrollo del 98 período de sesiones, que se adelantó entre el 8 y el 26 de marzo de 2010, el Comité de Derechos Humanos de la ONU examinó el caso y parcialmente le concedió la razón a José Elías Guerra. En esencia, el Comité encontró que Guerra fue procesado por un juez y un tribunal sin rostro, sin audiencia pública ni opción de su abogado a estar presente. Además, que fue interrogado en cuartos en penumbra con voz distorsionada. En otras palabras, que no tuvo garantías y que el Estado debe permitirle un recurso e indemnización.

Aunque el Estado colombiano fue notificado en abril de 2010, sólo hasta octubre de ese año la Cancillería informó a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos su decisión. En dicho informe manifestó que la justicia sin rostro ya no existe y el Sistema Penal Acusatorio de hoy ofrece todas las garantías, y que en lo pertinente a la opción de presentar un recurso, el caso fue remitido a la Defensoría del Pueblo. Sobre la posible indemnización, se reiteró que José Elías Guerra había gozado de todos sus derechos.

Ante esta circunstancia, Guerra de la Espriella decidió apelar a la tutela, con una pretensión directa: revocar los fallos de la justicia en su contra dentro de su capítulo del Proceso 8.000. En enero de 2011, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca declaró la acción improcedente. Sin embargo, en segunda instancia, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le dio la razón a Guerra, y aunque se negó a anular las sentencias, sí abrió el camino a la revisión del caso y posible indemnización.

En agosto de 2012 el caso llegó a la Corte Constitucional y la tutela fue seleccionada para su revisión. Durante dos años y medio el expediente tuvo un largo trámite en el alto tribunal. Finalmente quedó en manos del magistrado Alberto Rojas Ríos. A un mes de que comience el período de vacancia judicial, se acerca la hora de una decisión. El Espectador conoció que el sentido del fallo propuesto por el magistrado Rojas, es que se confirme la posibilidad de que el proceso de José Elías Guerra se revise, y de ser el caso haya indemnización.

La ponencia de Rojas Ríos plantea que, de conformidad con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, José Elías Guerra cumplió con la pena que le impuso la justicia colombiana, pero los perjuicios de la sentencia pueden seguir vigentes si se prueba que fueron infringidas las garantías del debido proceso. En consecuencia, plantea el documento, el Estado tiene que remediar la situación. Pero la salida no es anulando los fallos en su contra, sino debatiendo de nuevo la responsabilidad penal del excongresista Guerra de la Espriella.

La fórmula sugerida por el magistrado Rojas Ríos es que Guerra presente una acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia. Si este alto tribunal admite que las condenas de 1998 se ajustaron a derecho, no le podrán imponer a José Elías Guerra una pena adicional. Pero si es al contrario, y se concluye que el excongresista es inocente, tendrá que dictarse una nueva sentencia que deje sin valor las que se hicieron hace 15 años. El tema de la indemnización quedaría sujeto a un comité de ministros, como lo ordena una ley de 1996.

De ser acogida la tesis del magistrado Rojas Ríos, según los entendidos, podría generarse una cascada de acciones similares de otros políticos que cayeron en la redada del Proceso 8.000 por nexos con el narcotráfico, en particular con el cartel de Cali. De paso, se reabriría un debate aparte: las secuelas que dejó al país el régimen de la justicia sin rostro, en particular a los principios del derecho universal del debido proceso. El tema ya fue agendado en la Corte Constitucional y se resolverá en Sala Plena.

La historia de un exparlamentario liberal

José Guerra de la Espriella, conocido como Joselito, fue senador en 1992 y 1996. Proviene de una de las familias más tradicionales en la política de departamento de Sucre. Desde 1978, en el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala, el patriarca de la familia, José Guerra Tulena, se consolidó como uno de los hombres más importantes en la política y en el ejecutivo, junto con su hermano el hoy gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena.

Una herencia que mutó en Joselito Guerra y sus hermanos Antonio Guerra, actual senador, y su hermana la exministra de Comunicaciones del gobierno Uribe y candidata al Senado por el Centro Democrático María del Rosario Guerra.

Cuando ejercía la política, Joselito fue condenado por testimonios claves del contador del cartel de Cali, Guillermo Pallomari. En los últimos año ha sido nombrado por su relación con los primos Nule y por un asunto de armas, situaciones de las cuales ha salido bien librado.

Otro fallo que causó polémica nacional

Desde el momento de su elección, el nombre del magistrado Alberto Rojas Ríos ha estado en el centro de la polémica. Va a cumplir seis meses en la Corte Constitucional y su ponencia más reciente, presentada en septiembre pasado y que fue acogida por los ocho magistrados de la corporación, causó ampolla: el manejo de los precios de la gasolina en el país. En esencia, la Corte acabó la potestad que tenía el Gobierno para fijar por decreto el precio de los combustibles y lo obligó a replantear una fórmula que en concepto del alto tribunal y los ciudadanos se reflejaba en que el precio del combustible es uno de los más altos de la región.

En la decisión de la Corte señaló que los tributos, incluidos los de la gasolina, deben ser aprobados por el Congreso en trámite de proyectos de ley y no en decretos.

Actualmente la Corte está a la espera de que se dé cumplimiento a su orden en el Legislativo, al tiempo que el Gobierno anunció que tiene lista una propuesta de fórmula para fijar los precios del combustible.

nquevedo@elespectador.com

@norbeyquevedo

A pesar de que el escándalo por el Proceso 8.000, que surgió en los años 90 con el objetivo de cortar los nexos entre el narcotráfico y la política, ya es asunto del pasado, quedan coletazos que podrían causar incalculables problemas al Estado colombiano. Así se desprende de una tutela ganada por el condenado excongresista José Elías Guerra de la Espriella, que de ser respaldada por la Corte Constitucional, como lo advierte el proyecto de fallo, podría abrir la puerta a un sinnúmero de acciones similares con serios apremios para la justicia.

Esta historia se remonta a mayo de 1995, cuando estalló el escándalo por la narcofinanciación de la campaña de Ernesto Samper a la Presidencia y la justicia dispuso que también se iniciaran pesquisas contra varios congresistas. Entre los investigados fue incluido el entonces senador José Elías Guerra, procesado por enriquecimiento ilícito. En abril de 1998, un juez sin rostro lo condenó además por falsedad en documento privado y estafa. En noviembre del mismo año el Tribunal Nacional dejó la sentencia en 72 meses de prisión.

Nueve años después, el 23 de enero de 2007, José Elías Guerra decidió revivir su caso y escribió al Comité de Derechos Humanos de la ONU para buscar reparación de la justicia. En términos generales, Guerra de la Espriella alegó que el Estado colombiano había violado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues al procesarlo no tuvo garantías en debido proceso. Según él, no hubo audiencia pública y los fiscales y jueces que lo acusaron y condenaron ni siquiera dieron su rostro.

En desarrollo del 98 período de sesiones, que se adelantó entre el 8 y el 26 de marzo de 2010, el Comité de Derechos Humanos de la ONU examinó el caso y parcialmente le concedió la razón a José Elías Guerra. En esencia, el Comité encontró que Guerra fue procesado por un juez y un tribunal sin rostro, sin audiencia pública ni opción de su abogado a estar presente. Además, que fue interrogado en cuartos en penumbra con voz distorsionada. En otras palabras, que no tuvo garantías y que el Estado debe permitirle un recurso e indemnización.

Aunque el Estado colombiano fue notificado en abril de 2010, sólo hasta octubre de ese año la Cancillería informó a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos su decisión. En dicho informe manifestó que la justicia sin rostro ya no existe y el Sistema Penal Acusatorio de hoy ofrece todas las garantías, y que en lo pertinente a la opción de presentar un recurso, el caso fue remitido a la Defensoría del Pueblo. Sobre la posible indemnización, se reiteró que José Elías Guerra había gozado de todos sus derechos.

Ante esta circunstancia, Guerra de la Espriella decidió apelar a la tutela, con una pretensión directa: revocar los fallos de la justicia en su contra dentro de su capítulo del Proceso 8.000. En enero de 2011, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca declaró la acción improcedente. Sin embargo, en segunda instancia, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le dio la razón a Guerra, y aunque se negó a anular las sentencias, sí abrió el camino a la revisión del caso y posible indemnización.

En agosto de 2012 el caso llegó a la Corte Constitucional y la tutela fue seleccionada para su revisión. Durante dos años y medio el expediente tuvo un largo trámite en el alto tribunal. Finalmente quedó en manos del magistrado Alberto Rojas Ríos. A un mes de que comience el período de vacancia judicial, se acerca la hora de una decisión. El Espectador conoció que el sentido del fallo propuesto por el magistrado Rojas, es que se confirme la posibilidad de que el proceso de José Elías Guerra se revise, y de ser el caso haya indemnización.

La ponencia de Rojas Ríos plantea que, de conformidad con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, José Elías Guerra cumplió con la pena que le impuso la justicia colombiana, pero los perjuicios de la sentencia pueden seguir vigentes si se prueba que fueron infringidas las garantías del debido proceso. En consecuencia, plantea el documento, el Estado tiene que remediar la situación. Pero la salida no es anulando los fallos en su contra, sino debatiendo de nuevo la responsabilidad penal del excongresista Guerra de la Espriella.

La fórmula sugerida por el magistrado Rojas Ríos es que Guerra presente una acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia. Si este alto tribunal admite que las condenas de 1998 se ajustaron a derecho, no le podrán imponer a José Elías Guerra una pena adicional. Pero si es al contrario, y se concluye que el excongresista es inocente, tendrá que dictarse una nueva sentencia que deje sin valor las que se hicieron hace 15 años. El tema de la indemnización quedaría sujeto a un comité de ministros, como lo ordena una ley de 1996.

De ser acogida la tesis del magistrado Rojas Ríos, según los entendidos, podría generarse una cascada de acciones similares de otros políticos que cayeron en la redada del Proceso 8.000 por nexos con el narcotráfico, en particular con el cartel de Cali. De paso, se reabriría un debate aparte: las secuelas que dejó al país el régimen de la justicia sin rostro, en particular a los principios del derecho universal del debido proceso. El tema ya fue agendado en la Corte Constitucional y se resolverá en Sala Plena.

La historia de un exparlamentario liberal

José Guerra de la Espriella, conocido como Joselito, fue senador en 1992 y 1996. Proviene de una de las familias más tradicionales en la política de departamento de Sucre. Desde 1978, en el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala, el patriarca de la familia, José Guerra Tulena, se consolidó como uno de los hombres más importantes en la política y en el ejecutivo, junto con su hermano el hoy gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena.

Una herencia que mutó en Joselito Guerra y sus hermanos Antonio Guerra, actual senador, y su hermana la exministra de Comunicaciones del gobierno Uribe y candidata al Senado por el Centro Democrático María del Rosario Guerra.

Cuando ejercía la política, Joselito fue condenado por testimonios claves del contador del cartel de Cali, Guillermo Pallomari. En los últimos año ha sido nombrado por su relación con los primos Nule y por un asunto de armas, situaciones de las cuales ha salido bien librado.

Otro fallo que causó polémica nacional

Desde el momento de su elección, el nombre del magistrado Alberto Rojas Ríos ha estado en el centro de la polémica. Va a cumplir seis meses en la Corte Constitucional y su ponencia más reciente, presentada en septiembre pasado y que fue acogida por los ocho magistrados de la corporación, causó ampolla: el manejo de los precios de la gasolina en el país. En esencia, la Corte acabó la potestad que tenía el Gobierno para fijar por decreto el precio de los combustibles y lo obligó a replantear una fórmula que en concepto del alto tribunal y los ciudadanos se reflejaba en que el precio del combustible es uno de los más altos de la región.

En la decisión de la Corte señaló que los tributos, incluidos los de la gasolina, deben ser aprobados por el Congreso en trámite de proyectos de ley y no en decretos.

Actualmente la Corte está a la espera de que se dé cumplimiento a su orden en el Legislativo, al tiempo que el Gobierno anunció que tiene lista una propuesta de fórmula para fijar los precios del combustible.

nquevedo@elespectador.com

@norbeyquevedo