Las andanzas judiciales del “Panadero”

El 16 de mayo de 1998, al frente de un comando paramilitar, Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero, protagonizó uno de los peores crímenes en la historia de las autodefensas: el homicidio de siete civiles y la desaparición de 25 más en Barrancabermeja. Diez meses después fue capturado en El Playón (Santander), pasó a convertirse en uno de los temibles jefes de esta organización ilegal en la cárcel La Modelo de Bogotá y, cuando surgió Justicia y Paz, en un dudoso testigo que hoy sabe maniobrar entre mentiras y verdades.

Cuando Jaimes Mejía cayó preso en marzo de 1999, La Modelo en Bogotá era un territorio de guerra y el tráfico de armas dentro del penal una constante. En poco tiempo, el Panadero encajó en el fortín que armaron los jefes paramilitares Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha desde sus celdas situadas en el mismo patio, y se volvió protagonista de violentos enfrentamientos armados con la guerrilla o la delincuencia común que dejaron decenas de muertos, en una época en que esta cárcel era sinónimo de impunidad.

Ese fue el infierno que quiso develar la periodista Jineth Bedoya y la razón por la cual fue secuestrada y ultrajada en mayo de 2000. Desde ese día, Mario Jaimes está asociado al hecho como uno de sus gestores, pero quince años después lo sigue negando, a pesar de que la Fiscalía ya lo acusó formalmente. En las últimas semanas ha impedido dos veces que el juez designado para procesarlo pueda emprender la audiencia pública. Se niega a tener abogado, amenaza con huelga de hambre, sólo quiere saber de sus tratos con Justicia y Paz.

Es en este escenario donde comienzan sus calculados pasos. Hasta que apareció la ley de Justicia y Paz, creada en el marco del accidentado proceso de negociación entre el gobierno Uribe y las autodefensas, el Panadero vivía aferrado a su silencio. Tanto de sus andanzas como paramilitar en Santander como de los señalamientos en el caso Jineth Bedoya. Cuando se aceptó que los detenidos antes de la referida ley fueran también sus beneficiarios, decidió hablar, pero no de los expedientes por los que era reconocido.

Recluido en la cárcel de Itagüí, donde estaban presos los principales jefes paramilitares y él resultó trasladado, en abril de 2008 el Panadero sorprendió porque en vez de confesar sus crímenes en las autodefensas resultó hablando de su militancia en las Farc, pues antes de su vinculación a las Autodefensas de Santander y el sur del Cesar hacia 1996, había pertenecido al frente 24 de la organización guerrillera. Cambió de bando cuando las Farc lo conminaron a que no siguiera extorsionando por su cuenta.

El Panadero aseguró que durante sus días como miliciano de las Farc participó en varias acciones, en especial el asesinato del dirigente David Núñez Cala, ocurrido el 5 de abril de 1991. Según su declaración, él conducía la moto desde la cual uno de sus compinches le disparó al secretario de Obras de Barrancabermeja, en un crimen que fue planeado en un restaurante cercano al paso a nivel del ferrocarril. En su declaración, Jaimes agregó que los dirigentes políticos Aristides Andrade y David Ravelo hicieron parte del plan.

Como era de esperarse, cuando trascendió la declaración se armó el revuelo en Barrancabermeja. No sólo porque Aristides Andrade –en ese momento ya retirado– había sido por casi 30 años el político más influyente del puerto, sino porque su hija Claudia Andrade acababa de ser concejal y candidata a la Alcaldía del municipio. Ravelo era un reconocido dirigente del Polo. El escándalo creció un año después cuando un fiscal antiterrorismo dio validez a lo dicho por Mario Jaimes y abrió investigación contra los dirigentes políticos.

La prensa regional cuestionó las imputaciones y recordó que el mentor del asesinado Núñez había sido justamente Andrade, por lo cual no era creíble que estuviera fraguando su muerte con autodefensas y menos instigándola con el comentario de que era un colaborador de los Masetos. El entonces gobernador de Santander, Horacio Serpa, aliado de Andrade desde que constituyeron el movimiento Frente de Izquierda Liberal Auténtico (Fila) en 1977, testificó que “eso del tal Panadero era una patraña muy grande”.

A pesar de que el jefe paramilitar Ernesto Báez admitió judicialmente y ante los medios de comunicación que una de las consignas del bloque central Bolívar fue posicionarse política y militarmente en Barrancabermeja, y que en 2002 sacaron electoralmente a Aristides Andrade e impidieron su reelección al Congreso, el expediente contra los dirigentes políticos siguió adelante. En septiembre de 2010, David Ravelo fue detenido y hoy está condenado a 18 años de prisión. El caso de Andrade, por tratarse de un exparlamentario, fue enviado a la Corte Suprema de Justicia.

Desde entonces, a través de su abogado Pablo Elías González, el excongresista libra una disputa jurídica aparte con la Corte Suprema, y su hija Claudia Andrade se ha dedicado a evidenciar los vacíos y yerros en las declaraciones del Panadero. En mayo de 2013, Jaimes Mejía fue denunciado por el presunto delito de falso testimonio y un fiscal de la Unidad de Falsos Testigos le imputó además el delito de fraude procesal. Está previsto que semana esta se inicie en Bucaramanga el juicio en su contra.

En desarrollo del proceso han aparecido situaciones y testigos que no favorecen al polémico exparamilitar. Por ejemplo, uno de los sujetos que el Panadero citó como asistente al encuentro en el que supuestamente se planificó el asesinato de David Núñez, el exguerrillero Orlando Noguera, testificó que no estuvo en esa cita, que no conoce a Aristides Andrade y que en cambio fue abordado en la cárcel por Jaimes y su amigo Fremio Sánchez, para que les colaborara a cambio de ayudarle a entrar a Justicia y Paz.

Como si fuera poco, en noviembre de 2014 un comerciante de Barrancabermeja entabló otra denuncia contra el Panadero por el presunto delito de extorsión agravada. El caso está en etapa de juicio, pero el procesado se ha negado a aceptar cargos. Por el contrario, argumenta que sus contribuciones a los fiscales de Justicia y Paz han sido muchas, que debe estar en la cárcel de Bucaramanga y que sí participó en masacres en cárcel La Modelo, pero no en el secuestro de la periodista Jineth Bedoya.

Sin duda, su colaboración tiene que ver con las desapariciones en Barranca en 1998. Hoy varios militares están procesados y detenidos. Según él, tanto unidades militares como gente del DAS colaboraron en esa acción. El abogado William Cristancho, que representa algunas de las familias de las víctimas, sostiene que así como se debe reconocer que ha contribuido para aclarar este caso, no es creíble lo que dice de Andrade, porque él mismo trabajaba en la administración local en 1991 y David Núñez no era obstáculo para el dirigente político.

El enredo es grande. Algunos fiscales avalan lo que ha dicho sobre los hechos de 1998, pero ahora el Panadero ha expresado su desinterés en seguir colaborando porque el panorama se le complicó con el caso Jineth Bedoya. Estaba cerca de la libertad, pero este expediente es complejo y, así lo niegue, está comprometido. Ya ha entorpecido dos veces la audiencia pública. Esta semana tiene otra cita con la justicia: esta vez de quienes buscan probar que acomodando versiones para encartar a políticos que fueron detractores de las autodefensas ha sido un testigo falso en busca de beneficios.

El 16 de mayo de 1998, al frente de un comando paramilitar, Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero, protagonizó uno de los peores crímenes en la historia de las autodefensas: el homicidio de siete civiles y la desaparición de 25 más en Barrancabermeja. Diez meses después fue capturado en El Playón (Santander), pasó a convertirse en uno de los temibles jefes de esta organización ilegal en la cárcel La Modelo de Bogotá y, cuando surgió Justicia y Paz, en un dudoso testigo que hoy sabe maniobrar entre mentiras y verdades.

Cuando Jaimes Mejía cayó preso en marzo de 1999, La Modelo en Bogotá era un territorio de guerra y el tráfico de armas dentro del penal una constante. En poco tiempo, el Panadero encajó en el fortín que armaron los jefes paramilitares Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha desde sus celdas situadas en el mismo patio, y se volvió protagonista de violentos enfrentamientos armados con la guerrilla o la delincuencia común que dejaron decenas de muertos, en una época en que esta cárcel era sinónimo de impunidad.

Ese fue el infierno que quiso develar la periodista Jineth Bedoya y la razón por la cual fue secuestrada y ultrajada en mayo de 2000. Desde ese día, Mario Jaimes está asociado al hecho como uno de sus gestores, pero quince años después lo sigue negando, a pesar de que la Fiscalía ya lo acusó formalmente. En las últimas semanas ha impedido dos veces que el juez designado para procesarlo pueda emprender la audiencia pública. Se niega a tener abogado, amenaza con huelga de hambre, sólo quiere saber de sus tratos con Justicia y Paz.

Es en este escenario donde comienzan sus calculados pasos. Hasta que apareció la ley de Justicia y Paz, creada en el marco del accidentado proceso de negociación entre el gobierno Uribe y las autodefensas, el Panadero vivía aferrado a su silencio. Tanto de sus andanzas como paramilitar en Santander como de los señalamientos en el caso Jineth Bedoya. Cuando se aceptó que los detenidos antes de la referida ley fueran también sus beneficiarios, decidió hablar, pero no de los expedientes por los que era reconocido.

Recluido en la cárcel de Itagüí, donde estaban presos los principales jefes paramilitares y él resultó trasladado, en abril de 2008 el Panadero sorprendió porque en vez de confesar sus crímenes en las autodefensas resultó hablando de su militancia en las Farc, pues antes de su vinculación a las Autodefensas de Santander y el sur del Cesar hacia 1996, había pertenecido al frente 24 de la organización guerrillera. Cambió de bando cuando las Farc lo conminaron a que no siguiera extorsionando por su cuenta.

El Panadero aseguró que durante sus días como miliciano de las Farc participó en varias acciones, en especial el asesinato del dirigente David Núñez Cala, ocurrido el 5 de abril de 1991. Según su declaración, él conducía la moto desde la cual uno de sus compinches le disparó al secretario de Obras de Barrancabermeja, en un crimen que fue planeado en un restaurante cercano al paso a nivel del ferrocarril. En su declaración, Jaimes agregó que los dirigentes políticos Aristides Andrade y David Ravelo hicieron parte del plan.

Como era de esperarse, cuando trascendió la declaración se armó el revuelo en Barrancabermeja. No sólo porque Aristides Andrade –en ese momento ya retirado– había sido por casi 30 años el político más influyente del puerto, sino porque su hija Claudia Andrade acababa de ser concejal y candidata a la Alcaldía del municipio. Ravelo era un reconocido dirigente del Polo. El escándalo creció un año después cuando un fiscal antiterrorismo dio validez a lo dicho por Mario Jaimes y abrió investigación contra los dirigentes políticos.

La prensa regional cuestionó las imputaciones y recordó que el mentor del asesinado Núñez había sido justamente Andrade, por lo cual no era creíble que estuviera fraguando su muerte con autodefensas y menos instigándola con el comentario de que era un colaborador de los Masetos. El entonces gobernador de Santander, Horacio Serpa, aliado de Andrade desde que constituyeron el movimiento Frente de Izquierda Liberal Auténtico (Fila) en 1977, testificó que “eso del tal Panadero era una patraña muy grande”.

A pesar de que el jefe paramilitar Ernesto Báez admitió judicialmente y ante los medios de comunicación que una de las consignas del bloque central Bolívar fue posicionarse política y militarmente en Barrancabermeja, y que en 2002 sacaron electoralmente a Aristides Andrade e impidieron su reelección al Congreso, el expediente contra los dirigentes políticos siguió adelante. En septiembre de 2010, David Ravelo fue detenido y hoy está condenado a 18 años de prisión. El caso de Andrade, por tratarse de un exparlamentario, fue enviado a la Corte Suprema de Justicia.

Desde entonces, a través de su abogado Pablo Elías González, el excongresista libra una disputa jurídica aparte con la Corte Suprema, y su hija Claudia Andrade se ha dedicado a evidenciar los vacíos y yerros en las declaraciones del Panadero. En mayo de 2013, Jaimes Mejía fue denunciado por el presunto delito de falso testimonio y un fiscal de la Unidad de Falsos Testigos le imputó además el delito de fraude procesal. Está previsto que semana esta se inicie en Bucaramanga el juicio en su contra.

En desarrollo del proceso han aparecido situaciones y testigos que no favorecen al polémico exparamilitar. Por ejemplo, uno de los sujetos que el Panadero citó como asistente al encuentro en el que supuestamente se planificó el asesinato de David Núñez, el exguerrillero Orlando Noguera, testificó que no estuvo en esa cita, que no conoce a Aristides Andrade y que en cambio fue abordado en la cárcel por Jaimes y su amigo Fremio Sánchez, para que les colaborara a cambio de ayudarle a entrar a Justicia y Paz.

Como si fuera poco, en noviembre de 2014 un comerciante de Barrancabermeja entabló otra denuncia contra el Panadero por el presunto delito de extorsión agravada. El caso está en etapa de juicio, pero el procesado se ha negado a aceptar cargos. Por el contrario, argumenta que sus contribuciones a los fiscales de Justicia y Paz han sido muchas, que debe estar en la cárcel de Bucaramanga y que sí participó en masacres en cárcel La Modelo, pero no en el secuestro de la periodista Jineth Bedoya.

Sin duda, su colaboración tiene que ver con las desapariciones en Barranca en 1998. Hoy varios militares están procesados y detenidos. Según él, tanto unidades militares como gente del DAS colaboraron en esa acción. El abogado William Cristancho, que representa algunas de las familias de las víctimas, sostiene que así como se debe reconocer que ha contribuido para aclarar este caso, no es creíble lo que dice de Andrade, porque él mismo trabajaba en la administración local en 1991 y David Núñez no era obstáculo para el dirigente político.

El enredo es grande. Algunos fiscales avalan lo que ha dicho sobre los hechos de 1998, pero ahora el Panadero ha expresado su desinterés en seguir colaborando porque el panorama se le complicó con el caso Jineth Bedoya. Estaba cerca de la libertad, pero este expediente es complejo y, así lo niegue, está comprometido. Ya ha entorpecido dos veces la audiencia pública. Esta semana tiene otra cita con la justicia: esta vez de quienes buscan probar que acomodando versiones para encartar a políticos que fueron detractores de las autodefensas ha sido un testigo falso en busca de beneficios.