En la mayoría de los informes grandes e importantes sobre el tráfico de drogas no se suele incorporar una perspectiva de género ni un análisis de la participación de las mujeres en estos negocios. Así lo reconoció la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) en el Informe Mundial sobre Drogas presentado el 2018. Este vacío de información no solo hace que sea más difícil evaluar el alcance de la participación de las mujeres en negocios relacionados con drogas, sino que también es un obstáculo para implementar políticas y programas efectivos y apropiados para esta población. (Le recomendamos: “En la cárcel perdí todo: mi dignidad, mis valores, mi familia”: mujer pospenada)
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Esto es aún más preocupante si se tiene en cuenta que el encarcelamiento de mujeres en Colombia y en América latina se ha incrementado dramáticamente en las últimas dos décadas, a un ritmo mucho más rápido que el de los hombres. Un informe realizado por la organización WOLA sobre mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas en América Latina, que recopila los últimos datos disponibles por cada país en la región, muestra que estos delitos son la principal causa de que las mujeres terminen en prisión. Además, el encarcelamiento de mujeres en las Américas presenta la tasa más alta a nivel mundial, con 31,4 mujeres encarceladas por cada 100.000 mujeres.
Sin embargo, como explica el mismo informe, el encarcelamiento de mujeres “no consigue alterar en absoluto los mercados de drogas ni desbaratar el tráfico de estas sustancias, porque ellas cumplen primordialmente funciones menores que conllevan un alto riesgo y son fácilmente reemplazadas. Mientras que quienes conducen estas redes criminales rara vez terminan en la cárcel”. (Puede leer: Crisis carcelaria en Colombia: ¿Qué hacer con el Inpec?)
Los análisis de los datos disponibles han evidenciado que, en cambio, las mujeres encarceladas en América Latina por delitos relacionados con drogas tienden a tener características y antecedentes socioeconómicos similares: provienen de situaciones de extrema pobreza y desigualdad, con bajos niveles educativos y viven del trabajo informal, están subempleadas o desempleadas. Además, sobre las mujeres recaen generalmente las tareas del cuidado, por lo que suelen ser cuidadoras, proveedoras y madres.
Según los datos recopilados por WOLA, el 87% de mujeres en prisión en América Latina por delitos de drogas eran cuidadoras de hijos, hijas y/o personas mayores. Dejusticia, un centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, hace una mirada más detallada al caso de Colombia. Tras solicitar información al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), del total de mujeres que ingresaron a las cárceles por delitos de drogas entre 2010 y 2014, el 93,4% tenía hijos. (Le puede interesar: El pesebre de marihuana que crece en el Cauca)
“El encarcelamiento de mujeres por delitos de drogas puede tener un impacto mayor sobre la destrucción de lazos familiares y generar mayores afectaciones sobre el interés superior de niños, niñas y adolescentes”, afirma el informe de Dejusticia. Datos entregados por el INPEC y el Ministerio de Justicia colombiano evidencian cómo, cerca del 82% de la población total de mujeres condenadas por estos delitos deben hacerse cargo también de otros problemas con sus familias.
El 77% tiene hijos menores de edad, y la jefatura del hogar estaba en cabeza de las mujeres en el 58% de los casos. Asimismo, el 12,5 % de las mujeres encuestadas manifestaron que sus hijos o hijas afrontaban, al menos, una problemática de vulnerabilidad. Entre esas, el 5% se enfrentaba a la prostitución, el 6% al pandillismo, el 12% a la habitabilidad de calle, y el 74% a la drogadicción.
De igual forma, la mayoría (el 58,6%) de las mujeres encuestadas manifestó que la motivación más frecuente para cometer el delito fue no tener cómo solventar las necesidades del hogar. A lo que se le sumaban otras razones. (Le recomendamos: El calvario de las mujeres en las cárceles durante la pandemia)
En Colombia, el 22,5 % de mujeres que están prisión por estos delitos no cuentan con ningún nivel educativo o registran primaria incompleta. El 49,7% terminó solo la primaria. Más de la mitad de ellas realizaba trabajos informales y el 83% vivía en estratos bajos (0, 1 y 2). Además, el 48% reportó haber sido víctima de algún tipo de violencia de género, donde los principales victimarios fueron sus cónyuges o parejas.
“Se trata de mujeres con pocas oportunidades para ingresar al mundo laboral en buenas condiciones”, se lee en el informe de Dejusticia. “Esa vulnerabilidad antes descrita es funcional para las organizaciones criminales de drogas, pues se trata de mujeres con necesidades económicas apremiantes a las que, justamente por eso, pueden cooptar fácilmente para realizar actividades de baja remuneración y de alto riesgo, en las que, si son capturadas, son rápidamente reemplazadas por otras, sin peligro de que las cabezas de la organización criminal sean identificadas”.
Aunque desde hace más de 10 años la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó las “Reglas de Bangkok” con la intención de mejorar el tratamiento de las mujeres en las prisiones. Sin embargo, hoy las condenas y las legislaciones no tienen en cuenta estos aspectos.
“Esta es la primera vez que el país cuenta con una información primaria sobre esta problemática que tenga este nivel de representatividad muestral, y que aborde no sólo la problemática penitenciaria sino las condiciones de vida que han constituido factores facilitadores o impulsores de su participación en esta actividad ilegal”, relata el informe del ministerio de Justicia, a través del cual se busca también tener las bases para diseñar una política pública en torno a las mujeres vinculadas con la ilegalidad y, particularmente, con la producción y tráfico de drogas. (Le puede interesar: Condenadas a no ver a sus hijos: el impacto de la pandemia en la cárcel)
Desde 2020, el Congreso de Colombia aprobó un proyecto de ley que pretende implementar medidas alternativas a la cárcel para madres cabeza de hogar, o que estén a cargo de otra persona, y que hayan sido condenadas a penas inferiores a ocho años por delitos de drogas o hurto. En su momento, el expresidente Iván Duque lo objetó, argumentando que en el proyecto había elementos de la norma que no eran acordes a lo que estipula la Constitución.
“Esto va en contravía de la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar severamente –con pena privativa de la libertad– ese tipo de conductas y del derecho de las víctimas de tales delitos a la verdad, a la justicia y a la reparación”, aseguró el entonces mandatario en sus objeciones.
Pero la Corte Constitucional, en julio de este año, salvó la ley de penas alternativas para madres cabeza de hogar y negó las objeciones del expresidente Duque. La entidad estableció que “casi la mitad de las mujeres condenadas lo está por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y que en un universo importante de casos las mujeres no desempeñaban un rol significativo dentro de las organizaciones criminales”. La Corte tiene 30 días hábiles para emitir la sentencia definitiva y, después, el presidente Gustavo Petro tendrá que firmarlo como ley en un plazo de seis días.
En el 2019, en el marco del trabajo humanitario para garantizar un trato digno y condiciones de detención humanas para las personas privadas de la libertad, la delegación en Colombia de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, la Universidad Javeriana y el Centro de Investigación y Docencia Económica de México insistió en la necesidad de que se promuevan políticas y actuaciones que propendan por la humanización del sistema carcelario, en particular, teniendo presente las necesidades específicas de las mujeres.
