Las gestiones de Luis Miguel Pico a favor de Odebrecht

A pesar de que Luis Miguel Pico insistió por mucho tiempo que durante 23 años había desempeñado diferentes cargos públicos con “eficiencia, empeño, responsabilidad y honestidad”, hace cinco días reconoció ante un juez que recibió sobornos en el escándalo de Odebrecht. El político cordobés, que pasó durante la última década por importantes puestos en el gobierno Santos, aceptó cargos por cohecho —una especie de soborno— por ayudar en la firma del contrato de estabilidad jurídica en diciembre de 2012 a cambio de cerca de $12 millones. El principal testigo en su contra es el exsenador Miguel Bernardo Elías, quien ya fue condenado y les dijo a las autoridades que él le entregó cerca de $100 millones a Pico.

(Puede leer: Los hallazgos y tropiezos del fiscal “ad hoc” en el caso Odebrecht)

Para la época de los hechos, Luis Miguel Pico era asesor del ministro de Industria y Comercio Sergio Díaz-Granados. Ese ministerio, a través del Comité de Estabilidad Jurídica, era responsable de aprobar los contratos que inversionistas solicitaban firmar con el Gobierno para que no les cambiaran las reglas de juego en temas tributarios. Para el año 2012, la Concesionaria Ruta del Sol, de la que eran socias Odebrecht y Episol, filial de Corficolombiana, del Grupo Aval, estaba en una carrera contra el reloj para que dieran vía libre a su contrato, que estaba gestionando desde 2010. Por esa vuelta se pagaron cerca de $4.000 millones en sobornos.

Por eso Pico, al parecer junto con un grupo de senadores denominados los buldóceres, fue una de las piezas del engranaje de corrupción de Odebrecht que permitió que el 1° de enero de 2013, un día antes de que entrara a funcionar la ley que eliminaba los contratos de estabilidad jurídica en Colombia, se firmara el documento que favorecía los intereses de la Concesionaria Ruta del Sol. “Luis Miguel Pico jugó un papel importante porque ayudó a darle el visto bueno a ese contrato”, dijo el testigo Otto Bula ante las autoridades. Los $100 millones que le dieron a Pico, según declaró ante la Corte el Ñoño Elías, salieron de los $800 millones que a él le entregó Bula por sus gestiones en el Congreso.

(Vea: El contraataque de Pablo Felipe Robledo al procurador Carrillo)

Luis Miguel Pico surgió de la política cordobesa. Su nombre comenzó a escucharse fuertemente en 2006, cuando trabajó en la unidad parlamentaria de la excongresista Zulema Jattin, investigada por supuestos nexos con el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. Un año más tarde, con la llegada del nuevo gobierno, Pico aterrizó en el Ministerio de Industria y Comercio y se convirtió en el enlace con el Congreso. Se convirtió en mano derecha del entonces ministro Sergio Díaz-Granados, quien posteriormente fue nombrado director del Partido de la U y se llevó con él a Pico. Trabajaron en la creación de la lista de candidatos y en la reelección presidencial.

Tras las votaciones de 2014, Luis Miguel Pico fue nombrado en un importante cargo en la Presidencia: director de asuntos políticos. Su nuevo rol fue servir de enlace con el Congreso y manejar el computador de la Casa de Nariño. Además, su cargo dependía de Néstor Humberto Martínez, designado en 2014 ministro de la Presidencia. Ahí estuvo hasta junio de 2017, cuando fue designado como viceministro de Asuntos Agropecuarios en el Ministerio de Agricultura. Para esa época su nombre ya había sido vinculado con el caso Odebrecht, a tal punto que la Procuraduría le abrió una investigación.

El origen del contrato de estabilidad jurídica

El 10 de septiembre de 2010, un mes antes de que se acabara el plazo que había otorgado el Gobierno para tramitar los contratos de estabilidad jurídica a los inversionistas, el apoderado de la Concesionaria Ruta del Sol presentó la solicitud ante el Ministerio de Industria y Comercio. El abogado que los representaba era Néstor Humberto Martínez, quien argumentó que la necesidad del contrato se debía a que la nueva reforma tributaria disminuía el retorno de la inversión y se ponía en juego la viabilidad del proyecto por el aumento de costos. La solicitud fue admitida por el Comité de Estabilidad Jurídica en octubre de 2010.

Como representante de la Concesionaria Ruta del Sol, Néstor Humberto Martínez —quien no manifestó su impedimento en este caso— firmó todos los requerimientos, solicitudes y objeciones. La primera respuesta del Comité de Estabilidad Jurídica fue negativa. El 6 de septiembre de 2011 concluyó que en el contrato de concesión firmado en enero de 2010 para la construcción del tramo dos de la Ruta del Sol, Odebrecht y sus socios asumieron todos los riegos inherentes al proyecto y derivados de temas ambientales, legales y tributarios. Agregó el Comité que no se podían desconocer las cláusulas del contrato y el 7 de octubre de 2011 confirmó que no era viable el contrato de estabilidad jurídica.

El 10 de febrero de 2012 Néstor Humberto Martínez presentó un recurso de reposición ante el Comité. Además solicitó que los escucharan a él y al presidente de la Concesionaria Ruta del Sol, Eder Paolo Ferracuti —prófugo de la justicia y a quien le imputarán cargos próximamente—, así como al asesor jurídico Yesid Arocha. El 11 de mayo de 2012 los tres fueron escuchados por el Comité, que ocho meses después, el 28 de diciembre, terminó echando para atrás su primera decisión y validando la opción de negociar un contrato de transacción. Este se firmó en apenas tres días, el 31 de diciembre de ese mismo año, y un día antes del plazo que dio el Gobierno para derogar la ley que permitía otorgar este tipo de beneficios.

La firma del contrato de estabilidad fue presentada en su momento como una victoria jurídica para la Concesionaria Ruta del Sol. Sin embargo, hoy se sabe que, en paralelo a la estrategia jurídica, Odebrecht movió sus lobistas y fichas en el Congreso y el Gobierno para lograr que la reforma tributaria no afectara sus intereses. Por este caso, el exviceministro Luis Miguel Pico se convierte ahora, junto con el exviceministro Gabriel García Morales, en uno de los dos exfuncionarios de más alto nivel que aceptaron su responsabilidad en la red de corrupción que orquestó Odebrecht en Colombia durante siete años.

A pesar de que Luis Miguel Pico insistió por mucho tiempo que durante 23 años había desempeñado diferentes cargos públicos con “eficiencia, empeño, responsabilidad y honestidad”, hace cinco días reconoció ante un juez que recibió sobornos en el escándalo de Odebrecht. El político cordobés, que pasó durante la última década por importantes puestos en el gobierno Santos, aceptó cargos por cohecho —una especie de soborno— por ayudar en la firma del contrato de estabilidad jurídica en diciembre de 2012 a cambio de cerca de $12 millones. El principal testigo en su contra es el exsenador Miguel Bernardo Elías, quien ya fue condenado y les dijo a las autoridades que él le entregó cerca de $100 millones a Pico.

(Puede leer: Los hallazgos y tropiezos del fiscal “ad hoc” en el caso Odebrecht)

Para la época de los hechos, Luis Miguel Pico era asesor del ministro de Industria y Comercio Sergio Díaz-Granados. Ese ministerio, a través del Comité de Estabilidad Jurídica, era responsable de aprobar los contratos que inversionistas solicitaban firmar con el Gobierno para que no les cambiaran las reglas de juego en temas tributarios. Para el año 2012, la Concesionaria Ruta del Sol, de la que eran socias Odebrecht y Episol, filial de Corficolombiana, del Grupo Aval, estaba en una carrera contra el reloj para que dieran vía libre a su contrato, que estaba gestionando desde 2010. Por esa vuelta se pagaron cerca de $4.000 millones en sobornos.

Por eso Pico, al parecer junto con un grupo de senadores denominados los buldóceres, fue una de las piezas del engranaje de corrupción de Odebrecht que permitió que el 1° de enero de 2013, un día antes de que entrara a funcionar la ley que eliminaba los contratos de estabilidad jurídica en Colombia, se firmara el documento que favorecía los intereses de la Concesionaria Ruta del Sol. “Luis Miguel Pico jugó un papel importante porque ayudó a darle el visto bueno a ese contrato”, dijo el testigo Otto Bula ante las autoridades. Los $100 millones que le dieron a Pico, según declaró ante la Corte el Ñoño Elías, salieron de los $800 millones que a él le entregó Bula por sus gestiones en el Congreso.

(Vea: El contraataque de Pablo Felipe Robledo al procurador Carrillo)

Luis Miguel Pico surgió de la política cordobesa. Su nombre comenzó a escucharse fuertemente en 2006, cuando trabajó en la unidad parlamentaria de la excongresista Zulema Jattin, investigada por supuestos nexos con el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. Un año más tarde, con la llegada del nuevo gobierno, Pico aterrizó en el Ministerio de Industria y Comercio y se convirtió en el enlace con el Congreso. Se convirtió en mano derecha del entonces ministro Sergio Díaz-Granados, quien posteriormente fue nombrado director del Partido de la U y se llevó con él a Pico. Trabajaron en la creación de la lista de candidatos y en la reelección presidencial.

Tras las votaciones de 2014, Luis Miguel Pico fue nombrado en un importante cargo en la Presidencia: director de asuntos políticos. Su nuevo rol fue servir de enlace con el Congreso y manejar el computador de la Casa de Nariño. Además, su cargo dependía de Néstor Humberto Martínez, designado en 2014 ministro de la Presidencia. Ahí estuvo hasta junio de 2017, cuando fue designado como viceministro de Asuntos Agropecuarios en el Ministerio de Agricultura. Para esa época su nombre ya había sido vinculado con el caso Odebrecht, a tal punto que la Procuraduría le abrió una investigación.

El origen del contrato de estabilidad jurídica

El 10 de septiembre de 2010, un mes antes de que se acabara el plazo que había otorgado el Gobierno para tramitar los contratos de estabilidad jurídica a los inversionistas, el apoderado de la Concesionaria Ruta del Sol presentó la solicitud ante el Ministerio de Industria y Comercio. El abogado que los representaba era Néstor Humberto Martínez, quien argumentó que la necesidad del contrato se debía a que la nueva reforma tributaria disminuía el retorno de la inversión y se ponía en juego la viabilidad del proyecto por el aumento de costos. La solicitud fue admitida por el Comité de Estabilidad Jurídica en octubre de 2010.

Como representante de la Concesionaria Ruta del Sol, Néstor Humberto Martínez —quien no manifestó su impedimento en este caso— firmó todos los requerimientos, solicitudes y objeciones. La primera respuesta del Comité de Estabilidad Jurídica fue negativa. El 6 de septiembre de 2011 concluyó que en el contrato de concesión firmado en enero de 2010 para la construcción del tramo dos de la Ruta del Sol, Odebrecht y sus socios asumieron todos los riegos inherentes al proyecto y derivados de temas ambientales, legales y tributarios. Agregó el Comité que no se podían desconocer las cláusulas del contrato y el 7 de octubre de 2011 confirmó que no era viable el contrato de estabilidad jurídica.

El 10 de febrero de 2012 Néstor Humberto Martínez presentó un recurso de reposición ante el Comité. Además solicitó que los escucharan a él y al presidente de la Concesionaria Ruta del Sol, Eder Paolo Ferracuti —prófugo de la justicia y a quien le imputarán cargos próximamente—, así como al asesor jurídico Yesid Arocha. El 11 de mayo de 2012 los tres fueron escuchados por el Comité, que ocho meses después, el 28 de diciembre, terminó echando para atrás su primera decisión y validando la opción de negociar un contrato de transacción. Este se firmó en apenas tres días, el 31 de diciembre de ese mismo año, y un día antes del plazo que dio el Gobierno para derogar la ley que permitía otorgar este tipo de beneficios.

La firma del contrato de estabilidad fue presentada en su momento como una victoria jurídica para la Concesionaria Ruta del Sol. Sin embargo, hoy se sabe que, en paralelo a la estrategia jurídica, Odebrecht movió sus lobistas y fichas en el Congreso y el Gobierno para lograr que la reforma tributaria no afectara sus intereses. Por este caso, el exviceministro Luis Miguel Pico se convierte ahora, junto con el exviceministro Gabriel García Morales, en uno de los dos exfuncionarios de más alto nivel que aceptaron su responsabilidad en la red de corrupción que orquestó Odebrecht en Colombia durante siete años.