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A mediados de 2007, durante una reunión del plenario principal de la Universidad La Gran Colombia, su rector José Galat Noumer informó que había recibido propuesta de la red de instituciones académicas de Estados Unidos, Laurate Education Inc, para adquirir el centro docente. A pesar de que Galat explicó los beneficios de la venta, desde ese momento se desató un conflicto en el interior de la institución que derivó en múltiples acciones judiciales y que podría terminar en la intervención directa del Ministerio de Educación.
En ese momento, José Galat explicó a los plenarios que la propuesta de Laurate Education Inc era comprar el 51% de la institución, aunque él pensaba que lo idóneo era vender sólo el 40%, con la advertencia de que tocaba ceder algunos cargos administrativos. Aunque parecía atractivo negociar con un organismo que posee 76 instituciones de educación superior en 27 países del mundo, la idea de Galat no cayó bien entre los plenarios y comenzó una pugna interna porque el asunto derivó en reclamos por diversas inversiones.
Según el abogado Antonio Rocha, uno de los plenarios que participaron en los debates, el conflicto se ahondó porque surgieron nuevas suspicacias por las actividades políticas del rector José Galat, supuestamente comprometiendo recursos de la universidad. La pelea aplazó la posibilidad de vender el claustro, cuyo precio está estimado, según Rocha, entre US$300 y US$400 millones, pero a cambio comenzó a darse una purga. A finales de 2011 ya no quedaban sino dos opositores: el propio Rocha y el administrador Rafael Tribín.
Entonces vino el destape. En enero de 2012, Rafael Tribín envió seis derechos de petición a la dirección financiera, la gerencia de licitaciones, la dirección de control interno, la secretaría de la consiliatura, la dirección de recursos humanos y la revisoría fiscal de la universidad, requiriendo abundante información. Desde el salario, gastos de representación y bonificaciones al rector José Galat, hasta información sobre requisitos para acceder a cargos, contratos y otros pormenores económicos para el manejo del centro docente.
El objetivo de Tribín era conocer en detalle las inversiones, los gastos, el manejo de contratos y los dineros públicos en la universidad, para compararlos con los ingresos de la institución. Pero a vuelta de correo, quien respondió fue el rector José Galat por todos los jefes consultados. A la respuesta, con idénticos argumentos al rector, se fueron sumando diversos funcionarios. En esencia no se entregó la información requerida, lo cual motivó que, basándose en su condición de plenario, acudió a la acción de tutela para satisfacer sus interrogantes.
Lo hizo ante el juez 11 civil municipal de Bogotá, pero en esta ocasión, para sustentar su reclamo, Tribín no ahorró detalles de lo que él consideraba manejos irregulares. Así surgió otro de los temas de discrepancia: la orientación de la Unión Temporal Mujeres Emprendedoras en Acción, constituida en agosto de 2011 con otros organismos privados y la Agencia Presidencial para la Acción Social, con el ánimo de favorecer a mujeres con apremios económicos. El señalamiento a esta inversión agregó reclamos por privilegios a familiares.
En concreto, Tribín señaló que el yerno del rector ostentaba dos cargos administrativos con doble asignación salarial, y que dos familiares más estaban inmersos en ese proyecto. Luego fue vinculada una hija del rector Galat. Según Tribín, ninguno de los profesores de la universidad, con títulos, posgrados y maestrías tiene una asignación siquiera parecida a la de los familiares del rector. Además, reclamó que se le estuviera pagando también a una persona cercana al rector, condenada por peculado y falsedad en documento privado.
La tutela fue fallada el 29 de marzo y en desarrollo de la misma salieron a flote otras perlas. Por ejemplo, el manejo del llamado Fondo Unigran, una cuenta bancaria creada para movimientos financieros de la universidad, según Tribín manejada por una sobrina del rector José Galat. En dicha cuenta, de acuerdo con un reporte de la dirección financiera de la universidad, se llegaron a manejar cerca de $143 mil millones. Lo cierto es que de este y otros aspectos el juez ordenó que los derechos de petición fueran realmente resueltos.
Eso sí, el juez 11 civil municipal dispuso que la única excepción a la información por entregar era lo pertinente a los procedimientos de seguridad del rector Galat, referidos a escoltas y vehículos. El juez estimó que esa información pertenecía a la intimidad e integridad del directivo. En medio de la controversia judicial, Galat había argumentado que la condición de Rafael Tribín como plenario no le permitía acceder a buena parte de la información requerida, al tiempo que lo acusó de interpretar, de manera acomodaticia, situaciones internas.
El asunto no quedó ahí. Entre abril y mayo el rector Galat impulsó la designación de 114 nuevos plenarios, al tiempo que salieron del pleno principal los reclamantes Antonio Rocha y Rafael Tribín. Entonces este último decidió ir más lejos: denunció por presunto peculado por extensión al rector José Galat y a 13 directivos más de la entidad, documentando presuntas irregularidades en dos frentes: la precandidatura presidencial de José Galat en 2009 y el Fondo Unigran, creado para la internacionalización de la universidad.
En dicho documento el denunciante sostuvo que en el fondo se trataba de una maraña de trucos financieros y jurídicos pasa sacar los recursos de la universidad con anuencia de la consiliatura, para colocarlos en compañías que operan fuera de la jurisdicción colombiana, en entidades tipo off shore. Paradójicamente dentro de la documentación aportada apareció un informe ejecutivo confidencial de agosto de 2000, en el cual el rector Galat ya detallaba cómo apelar a este tipo de compañías para salvaguardar los intereses del centro docente ante cualquier eventualidad.
En dicho documento quedó claro que para fortalecer Unigran podía apelarse a la colocación de recursos en Panamá, Bélice o Islas Vírgenes. Incluso, en ese momento se agregó el nombre de los bufetes de abogados que fueron consultados en el exterior para consolidar la idea. Esta información hoy está en manos de la justicia. Sólo que por ahora la pelea sigue encerrada en el recinto de la tutela. El pasado 18 de septiembre, el mismo juez 11 civil, ordenó el arresto por tres días del rector José Galat y otros altos funcionarios de la universidad por desacato a la tutela.
En otras palabras, la información exigida por el explenario sigue en veremos. Pero Rafael Tribín no se quiere dar por vencido. Ya pidió a la Procuraduría y a la Contraloría que intervengan y en una semana, después de que se resuelva una apelación al desacato del rector Galat, pedirá al Ministerio de Educación que intervenga. Entre los directivos de la universidad, creada desde 1953 y regentada por el propio Galat desde 1981, predomina el silencio y la convicción de que los 14 mil estudiantes pueden seguir confiando en su Alma Máter.
Un académico apasionado por la política
Ad portas de cumplir 84 años, el abogado boyacense de recio carácter José Galat Noumer se ha desempeñado en importantes posiciones, especialmente en gobiernos del Partido Conservador, al que ha pertenecido siempre. Además de haber cursado estudios de ciencia política y filosofía en universidades de París y Barcelona, ser docente de diversas instituciones y hablar con destreza cuatro idiomas, Galat ha sido director de escuelas de formación de líderes empresariales comunitarios. Fue consejero de los presidentes Carlos Lleras Restrepo en el período 1966-1970 y Misael Pastrana Borrero entre 1970 y 1974.
El rector Galat ha integrado juntas directivas en el Banco Popular e Inravisión. En el ámbito diplomático se desempeñó como cónsul en París. Casado y con dos hijas, fue precandidato presidencial en varias ocasiones. En medios masivos de comunicación, creó el canal de televisión Teleamiga, que tiene contenido religioso y en formación de valores.