Las pistas contra un general de la Policía (r) en la desaparición de 13 personas

Hace un par de semanas, la Fiscalía reactivó uno de los expedientes claves relacionados con el conflicto armado colombiano: el denominado caso Colectivo 82, el cual investiga qué miembros de la mafia colombiana y la fuerza pública se asociaron para asesinar y desaparecer de manera forzada a 13 personas en 1982. El pasado 7 de mayo, el ente investigador llamó a juicio a 14 exmiembros de la inteligencia policial que, aparentemente, participaron en los crímenes, ocurridos entre abril y septiembre de ese año en Bogotá y Cundinamarca. De acuerdo con la Fiscalía, una de las cabezas de esa asociación ilícita fue un alto oficial de la Policía que llegó a ser uno de los emblemas de la inteligencia de esa institución: Nacín Yanine Díaz.

Se trata de un general retirado de la Policía que llegó a ser director de la inteligencia de esa institución a finales del siglo pasado y, a su vez, hermano de otro alto oficial señalado de tener alianzas con grupos paramilitares en el Magdalena Medio: el fallecido general del Ejército, Farouk Yanine Díaz, quien murió en 2009 sin que la justicia comprobara ese señalamiento. El Espectador conoció detalles del extenso expediente sobre el Colectivo 82, el cual es clave para entender cómo, aparentemente, en los años 80, agentes del Estado colombiano forjaron una alianza con el grupo de origen narcoparamilitar Muerte a Secuestradores (MAS) con distintos propósitos criminales.

Entre ellos, uno de los episodios más violentos de la historia de Colombia: el exterminio de los miembros del partido político la Unión Patriótica (1984-2002). Para entender el caso del Colectivo 82 hay que tener claro un hecho previo y fundamental: el secuestro y asesinato de los tres hijos del narcotraficante del cartel de Medellín, José Jáder Álvarez, ocurrido en octubre de 1981. Durante los meses siguientes, inteligencia de la Policía, denominada en ese momento como el F-2, priorizó la investigación del crimen tras una orden presidencial y el revuelo mediático que generó en todo el país. En ese momento, los estudiantes fueron señalados por el F-2 —encabezada por el entonces coronel Yanine — como los autores del triple plagio y homicidio.

La Fiscalía dice en su investigación que, en este caso, la inteligencia policial se descarriló de sus funciones: prefirieron hacer “justicia por mano propia” antes que construir una investigación que pudiera determinar con certeza quiénes fueron los secuestradores y poderlos procesar ante la justicia. “Cuestión deleznable vista por sí sola y, peor aún, se aliaron con un ala de la mafia, a la que estaban obligados a desmantelar”, aseguró la Fiscalía. En el expediente, el general de la Policía Yanine Díaz, quien ahora tiene 83 años, es catalogado como el “hombre de atrás” o la “palanca de mando”; conceptos que usan los abogados penalistas para referirse a una persona que “comete un delito a través de otra, sin participar directamente en los hechos”.

Es decir, en palabras más simples, el oficial retirado es acusado de ser la cabeza de la estructura policial que terminó desapareciendo de manera forzada a Orlando García Villamizar, Pedro Silva Bejarano, Rodolfo Espitia Rodríguez, Edgar García Villamizar, Gustavo Campos, Hernando Ospina, Rafael Prado, Edilbrando Joya, Francisco Medina, Bernardo Acosta Rojas, Manuel Acosta Rojas y los hermanos Alfredo y Samuel Sanjuan. Hoy, cuando la Fiscalía está ad portas de iniciar el juicio contra los expolicías, organizaciones de víctimas del conflicto armado tienen sus ojos puestos en el proceso. ¿La razón? Fue el caso que terminó conformado, en 1983, la oenegé Asfaddes, la asociación de familias que buscan a los desaparecidos forzadamente en Colombia.

“Encubrimientos” y seguimientos

Lo que pudo determinar la Fiscalía, a través de testimonios de los familiares de los desaparecidos y de los subordinados de Yanine Díaz, es que el rol del alto oficial fue central en tanto tenía dominio del aparato organizacional de la División de Información Policial Especializada de la Policía Nacional (Dipec), la cual habría ejecutado las desapariciones. Aunque el alto oficial retirado negó ante la Fiscalía que tuvo conocimiento de los hechos, los padres de los hermanos Sanjuan dicen que tan pronto conocieron de las capturas de sus hijos por parte del F-2 fueron hasta sus instalaciones. Allí, el alto oficial les habría dicho que: “Tranquilos que ellos están bien. En cualquier momento, vivos o muertos, ellos aparecen”.

Una respuesta similar, aparentemente, recibió un familiar de los hermanos Acosta Rojas, capturados de manera irregular en septiembre de 1982 por el F-2 de la Policía, en Gachalá (Cundinamarca). El tío de los capturados le dijo a la Fiscalía que sus sobrinos, Bernardo y Darío, habían sido llevados a las dependencias del F-2 en Bogotá. Allí, al parecer, el entonces director de la Dipec Yanine Díaz, le dijo que sus sobrinos “al ser indagados por su pasado judicial no habían resultado comprometidos en lo que (la Policía) se proponía investigar y, en consecuencia, habían sido puestos en libertad hacía escasos dos minutos, que nos podíamos venir tranquilos porque ellos seguramente los encontrábamos en Gachalá”.

Los Sanjuan declararon que, tras las desapariciones, el general Yanine siguió en contacto con ellos. Además de tranquilizarlos, el ente investigador dice que Yanine le habría pedido a la familia información sobre otra persona: Yovanny Sanjuan, hermano de los desaparecidos, a quien, según la Fiscalía, Yanine y sus hombres del F-2 comenzaron a buscar “activamente”. Para el fiscal del caso, el alto oficial usó su cargo como director de la inteligencia policial para recoger información de las familias de las víctimas para ampliar las persecuciones contra las personas que hoy, 43 años después, siguen desaparecidas.

Los familiares también señalaron que, previo a las capturas y desapariciones de los jóvenes, identificaron en inmediaciones a sus casas y trabajos la presencia de camionetas. María Teresa Sanjuan, hermana de los desaparecidos, relató que vio circular sospechosas camionetas por su lugar de trabajo y la casa de su madre. Cuando ella le consultó al general Yanine sobre si esos vehículos pertenecían al F-2, este, aparentemente, lo confirmó. “Siempre estaban parqueadas cerca de la oficina. (...) le preguntamos al coronel Yanine que si esas placas pertenecían al F-2 y nos dijo que sí”, aseguró la mujer ante el fiscal del caso.

Un vecino de los Sanjuan confirmó esos seguimientos. El hombre relató ante el ente investigador que agentes encubiertos del F-2 de la Policía lo interrogaron sobre los hermanos, afirmando que los estaban esperando porque uno de ellos “era de una banda muy peligrosa”. El hombre le dijo a la Fiscalía que varias veces habló con personas que decían pertenecer a la inteligencia de la Policía y observó vigilancia constante en la zona. “Inclusive, en varias ocasiones, observaba si llegaban o no (los Sanjuan). En vista de que no llegaban volví a hablar con el hombre y me dijo que los tenía desde las cinco de la mañana y que ya estaba cansado. El tercer día vinieron (los del F-2) en la mañana. Al mediodía, varios carros estuvieron un rato”, agregó.

Los dineros de Álvarez a la Policía

El expediente también señala que los subordinados de Yanine Díaz, al parecer, recibieron pagos en efectivo por parte del narco Álvarez como un “incentivo” para dar con el paradero de sus hijos, quienes fueron hallados muertos el 18 de septiembre de 1982, 11 meses y medio después del plagio. Los cuerpos, que tenían un tiro en la cabeza, fueron enterrados en costales en un paraje selvático entre los municipios de Gachalá y Medina (Cundinamarca). De acuerdo con los testimonios recogidos por la Fiscalía, parte del dinero entregado por Álvarez también se gastó para temas logísticos, como el movimiento de uniformados y el sobrevuelo de aeronaves privadas por el lugar donde se presumía que estaban los menores secuestrados.

Dos pilotos le dijeron al ente investigador que Álvarez estuvo acompañando a los miembros de la Dipec en Gachalá. Los primeros días, aseguraron los testigos, pensaron que el narcotraficante era un coronel, pero luego supieron que se trataba del padre de los niños. Para el ente investigador, tanto la financiación, como la presencia de Álvarez en los operativos, habla de la compenetración que tenía este hombre con los uniformados de la Dipec. Incluso, la Fiscalía, con base en el testimonio de un uniformado, señala que pudieron llegar a la fosa común guiados por una persona que la Policía había capturado de manera ilegal. Sin embargo, el expediente no deja clara su identidad.

La Fiscalía agrega en su argumentación sobre el posible rol del general (r) en el caso que el despliegue de cerca de 30 uniformados de la Dipec en ese operativo de búsqueda tuvo que ser de pleno conocimiento para Yanine, quien era en ese momento la cabeza de esa dependencia de la Policía. Esa alianza, advirtió el fiscal del caso, permitió que se cometieran graves crímenes y constituyó una de las primeras convergencias entre el Estado y grupos narcoparamilitares. Esa peligrosa alianza, continua la Fiscalía, se produjo en medio de un contexto en el que estaba en boga la teoría del gobierno estadounidense del “enemigo interno, según la cual era necesario formar y apoyar fuerzas contrainsurgentes ante las falencias de la fuerza pública”.

Tres años después de las 13 desapariciones forzadas, el F-2 estuvo envuelto en otro emblemático caso del conflicto armado en el que civiles que estaban bajo su custodia terminaron torturados y desaparecidos: el de la toma y retoma del Palacio de Justicia, hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985. Un fallo de la Corte Suprema, el informe final de la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica, señalan (sin especificar nombres) que miembros del F-2 estuvieron en la Casa del Florero, en donde eran trasladadas las personas que salían con vida del Palacio y, muchas de ellas, terminaron desaparecidas. Allí también estuvieron otros miembros de la inteligencia, como militares y agentes del extinto DAS.

La defensa del general (r) Yanine en el proceso ha sido poca por dos aspectos. Primero, porque hasta el año pasado no contaba con un abogado que hiciera su defensa técnica, es decir, que tratara de controvertir la teoría del caso de la Fiscalía. Por ende, la Defensoría del Pueblo tuvo que asignarle uno. El segundo motivo es el deteriorado estado de salud del alto oficial retirado, el cual, dice su defensa, le impidió entregar su versión de los hechos. Sin embargo, a la Fiscalía no le termina de convencer su excusa. En septiembre de 2024, se aportó su historia clínica, que registraba que el alto oficial tenía Parkinson, pero también hay anotaciones, de 2023 y 2024, en las que un médico reportó que tenía buen estado de salud que estaba alerta, orientado, afebril’”.

En todo caso, la defensa de Yanine Díaz se ha basado en dos fallos judiciales. La primera sentencia judicial, que data de 1986, absolvió al alto oficial porque, según un juez de la justicia penal, no había pruebas que incriminaran al general con el secuestro de los 13 jóvenes. Además, en ese época, el delito de desaparición forzada no estaba en el Código Penal. La segunda decisión, emitida en 2003 por un juez de Bogotá, absolvió al narcotraficante Álvarez porque no se encontraron pruebas que vincularan a Álvarez como determinador, instigador o autor de las desapariciones. En todo caso, la Fiscalía sigue adelante con su acusación contra Díaz por el delito de desaparición forzada.

Además de llamar a juicio al general (r), el ente investigador también llamó a otros 13 expolicías, decisión que fue apelada por sus abogados, provocando que la acusación en estos momentos esté en manos de un fiscal de segunda instancia, quien debe determinar si el llamado a juicio cumple con todos los requerimientos de ley. De ser así, el caso entrará a juicio, donde el juez del caso escuchará a los testigos y valorará las pruebas para emitir el fallo de primera instancia sobre este expediente, que buscar determinar si el general (r) de la Policía Nacín Yanine Díaz y 13 de sus subordinados del F-2 participaron, o no, en la desaparición forzada de los 13 jóvenes en 1982. Una búsqueda de verdad judicial después de más de cuatro décadas.

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