Las simcard y los celulares robados

En la calle se consigue una simcard (dispositivo de línea celular) de cualquier operador en promedio a $5.000, sin trámite ni papeleos. Para quien la adquiere, el paso a seguir es obtener el equipo telefónico (nuevo o usado) para empezar a usar la línea celular. Muchos acuden al comercio del usado, alternativa que mueve todo un mercado negro que se alimenta en gran parte de celulares robados o extraviados. Y aunque el Gobierno y las compañías de celulares señalan que la venta de líneas móviles y el incremento de los robos de celulares no tienen relación, lo cierto es que ambas crecen casi de la mano.

En 2007, el país contaba casi con 30 millones de líneas celulares activas. Actualmente hay casi 55 millones y sigue en aumento. Además, en 2007 se robaban o se perdían diariamente 5.000 equipos en Colombia. En 2012 esta cifra se ha duplicado, alcanzando un promedio de casi cuatro millones al año. Cabe aclarar que las estadísticas no son precisas, ya que muchas de las víctimas prefieren no denunciar.

El hurto de celulares preocupa, más cuando las noticias demuestran que quienes se dedican a esta actividad son cada vez más violentos. A junio de 2012, según el propio Gobierno, en el país han asesinado a 550 personas por robarles el celular, sin contar a las que han herido. Un caso reciente causa pánico: un joven fue atacado con ácido en Bogotá por quitarle su celular. El miedo facilita el actuar de los delincuentes.

Un reciente estudio de la Corporación Nuevo Arco Iris, hecho por Ariel Ávila y Bernardo Pérez Salazar, presentó un panorama del mercado negro de celulares y su relación con la libre venta de líneas. “Con el crecimiento en el número de líneas de telefonía celular en el país, el problema del hurto de celulares ha resultado un problema difícil de controlar por parte de las empresas y las autoridades de seguridad y justicia”, señala el informe.

“Detrás de la relación venta de líneas con aumento de robos hay todo un tema de responsabilidad social, tanto de los operadores móviles como de la misma ciudadanía. Por un lado las empresas de celulares se lavan las manos diciendo que su negocio es vender minutos y no equipos, y la ciudadanía se queja de la inseguridad y de la cantidad de robos, pero siguen comprando en el mercado negro. Es algo muy complejo”, señaló Ariel Ávila.

“A esto se suma la dificultad que tienen las autoridades para contrarrestar el robo. Todo se mezcla y genera un buen ambiente para ese mercado. Las personas dedicadas a reprogramar celulares robados tienen un gran mercado, ya que se trata de un delito que podría calificarse como informático, en el que las autoridades no son expertas”, agregó Ávila.

Debido al incremento de robos de celulares en Colombia, las compañías aseguradoras comenzaron a retirar las pólizas de aseguramiento contra pérdida y hurto de teléfonos móviles. Para la Corporación Nuevo Arco Iris, el aumento de robos entre 2008 y 2010 generó que los usuarios comenzaran a comprar celulares ‘usados’ para reemplazar los robados.

El hurto

Tan fácil como adquirir una simcard, es conseguir un equipo celular usado y a bajo precio. Cada vez los ladrones tienen más facilidad para robarse y vender un teléfono móvil. Por ejemplo, en un Transmilenio en Bogotá, en la hora pico, un ladrón, mediante la modalidad de ‘cosquilleo’, puede robarse un Blackberry o un iPhone. Luego, puede venderlo en algún centro comercial de San Victorino, en donde le dan entre $50.000 y $80.000 por el equipo.

El comprador del celular le pasa el aparato a un ‘liberador’, que cobra entre $3.000 y $6.000 por cambiar el número IMEI del celular (número único de identificación) y lo reprograma para que se pueda usar una nueva línea móvil sin problema. En un día un liberador desactiva entre 10 y 15 teléfonos móviles. El último paso para completar el ciclo es revender el celular, que puede estar alrededor de los $300 mil.

Al final, el vendedor termina con una ganancia de 400 o 500%. Si el ladrón continúa con esta actividad y se roba un celular al día, podrá alcanzar una mensualidad de $750 mil. En este negocio es difícil establecer una estructura delincuencial específica, debido a que los ladrones de celulares no negocian directamente con un comprador, sino que venden el equipo hurtado al mejor postor.

Aunque en los últimos años se ha ventilado la versión de que gran parte de los celulares robados en Colombia terminan en países vecinos, el estudio de Arco Iris señala que es un porcentaje mínimo el que sale del país. El resto se queda alimentando un mercado negro, que patrocinan los propios colombianos cuando adquieren un celular en un lugar de dudosa procedencia.

Las redes que funcionan alrededor del mercado de los celulares robados suelen ser muy pequeñas, pues la captura de figuras pertenecientes a estructuras criminales no logra desmantelar a todos los actores que se desempeñan en este negocio. Según el informe, la comercialización ilegal se hace a través de conocidos y propietarios de los locales distribuidores de los celulares usados.

Tomando medidas

Frente al estudio, Francisco José Lloreda Mera, alto consejero presidencial para seguridad ciudadana, indicó que si bien existe una relación entre el incremento de las ventas de simcards y la venta de equipos celulares, no se puede relacionar la venta de las líneas móviles con el hurto de teléfonos. “Hay un largo trecho para poder hacer esa relación. Es algo mucho más complejo”. Por esta razón, dice el alto funcionario, las medidas que diseñó el Gobierno para contrarrestar el robo de celulares apuntan a controlar específicamente los equipos (importación, venta y activación), sin importar cuántas líneas estén activas.

“Acá no podemos generalizar. En algunos casos, la venta indiscriminada de líneas celulares puede influir en el comercio de equipos ilegales y no lo podemos negar, pero de ahí a responsabilizar a las compañías celulares, es imposible. El Gobierno está convencido de que controlando el mercado de los equipos el hurto tendrá que disminuir, independiente de la venta de simcards”, insistió Lloreda Mera.

Al preguntarle al funcionario sobre la posibilidad de ejercer mayor control a la venta de líneas celulares, explicó que no es habitual y el único que lo hace es el Reino Unido, donde debe existir coincidencia entre la simcard, el equipo y el documento de identidad del dueño. Para el caso colombiano, el alto funcionario aseveró que cree que el control del equipo será efectivo y, “en principio, no será necesario introducir controles a la línea móvil. Sólo se están considerando este tipo de controles en el caso de extorsión, pero lo estamos estudiando”.

Entre las medidas que tiene en marcha el Gobierno para controlar los equipos está la creación de dos bases de datos: una negativa, para reportar los equipos robados o extraviados (en la cual ya hay cerca de 17 millones de registros), y otra positiva, que contendría los celulares legales que funcionan en el país. Para estar activado un teléfono debe estar en la lista positiva. Ambas bases de datos deben estar funcionando en octubre. Actualmente funciona una página web en la que los ciudadanos pueden verificar si su equipo está reportado (www.imeicolombia.com.co).

Frente a la capacidad de quienes negocian equipos robados de cambiar el número de identificación del celular (conocido como IMEI), según el alto consejero para Seguridad, si ese número no está registrado en la base de datos positiva, tampoco podrá ser usado. “Esto también servirá supuestamente para evitar el contrabando de celulares”.

A esto se suma la creación de 43 grupos de investigación, por parte de la Policía, que trabajarán para contrarrestar el robo de celulares. Empezarán a operar desde la próxima semana en Bogotá y en diez ciudades más, especialmente donde se han detectado bandas dedicadas al tráfico de teléfonos robados. Además, controlarán la venta de celulares obligando a que los establecimientos dedicados a esta tarea consigan licencias de funcionamiento, para lo cual también tienen plazo hasta el 1° de octubre. A pesar del entusiasmo con el que el Gobierno ha anunciado las medidas para contrarrestar el robo de celulares, funcionarios de las propias compañías de telefonía móvil son escépticos y, pese a estar cumpliendo las disposiciones, consideran que no serán efectivas.

Mientras el mercado de líneas móviles siga creciendo, será cada día mayor el esfuerzo de las autoridades para contrarrestar el robo de celulares, que a diario azota a los ciudadanos y sigue incrementando la percepción de inseguridad en el país.

Simcard y código IMEI

La SIM o Simcard es una tarjeta donde está configurada la línea móvil. Es un dispositivo diseñado para guardar los datos de identidad personal como la libreta telefónica y se puede usar en cualquier equipo celular, por lo que el usuario ya no depende del aparato telefónico para estar conectado. Las venden libremente en cualquier ciudad y gracias a que existe la posibilidad de usarlas en cualquier teléfono, muchos acuden al mercado de los celulares usados para conseguir uno para usar su línea.

Por su parte, los equipos tienen un número único de identificación conocido como IMEI, que es un número de 15 dígitos. En caso de pérdida o robo, el usuario puede reportarlo con su empresa celular para bloquearlo. Sin embargo, los delincuentes se han especializado en burlar este control, reprogramando el equipo y cambiando su número IMEI, con lo que queda habilitado para ser usado nuevamente.

En la calle se consigue una simcard (dispositivo de línea celular) de cualquier operador en promedio a $5.000, sin trámite ni papeleos. Para quien la adquiere, el paso a seguir es obtener el equipo telefónico (nuevo o usado) para empezar a usar la línea celular. Muchos acuden al comercio del usado, alternativa que mueve todo un mercado negro que se alimenta en gran parte de celulares robados o extraviados. Y aunque el Gobierno y las compañías de celulares señalan que la venta de líneas móviles y el incremento de los robos de celulares no tienen relación, lo cierto es que ambas crecen casi de la mano.

En 2007, el país contaba casi con 30 millones de líneas celulares activas. Actualmente hay casi 55 millones y sigue en aumento. Además, en 2007 se robaban o se perdían diariamente 5.000 equipos en Colombia. En 2012 esta cifra se ha duplicado, alcanzando un promedio de casi cuatro millones al año. Cabe aclarar que las estadísticas no son precisas, ya que muchas de las víctimas prefieren no denunciar.

El hurto de celulares preocupa, más cuando las noticias demuestran que quienes se dedican a esta actividad son cada vez más violentos. A junio de 2012, según el propio Gobierno, en el país han asesinado a 550 personas por robarles el celular, sin contar a las que han herido. Un caso reciente causa pánico: un joven fue atacado con ácido en Bogotá por quitarle su celular. El miedo facilita el actuar de los delincuentes.

Un reciente estudio de la Corporación Nuevo Arco Iris, hecho por Ariel Ávila y Bernardo Pérez Salazar, presentó un panorama del mercado negro de celulares y su relación con la libre venta de líneas. “Con el crecimiento en el número de líneas de telefonía celular en el país, el problema del hurto de celulares ha resultado un problema difícil de controlar por parte de las empresas y las autoridades de seguridad y justicia”, señala el informe.

“Detrás de la relación venta de líneas con aumento de robos hay todo un tema de responsabilidad social, tanto de los operadores móviles como de la misma ciudadanía. Por un lado las empresas de celulares se lavan las manos diciendo que su negocio es vender minutos y no equipos, y la ciudadanía se queja de la inseguridad y de la cantidad de robos, pero siguen comprando en el mercado negro. Es algo muy complejo”, señaló Ariel Ávila.

“A esto se suma la dificultad que tienen las autoridades para contrarrestar el robo. Todo se mezcla y genera un buen ambiente para ese mercado. Las personas dedicadas a reprogramar celulares robados tienen un gran mercado, ya que se trata de un delito que podría calificarse como informático, en el que las autoridades no son expertas”, agregó Ávila.

Debido al incremento de robos de celulares en Colombia, las compañías aseguradoras comenzaron a retirar las pólizas de aseguramiento contra pérdida y hurto de teléfonos móviles. Para la Corporación Nuevo Arco Iris, el aumento de robos entre 2008 y 2010 generó que los usuarios comenzaran a comprar celulares ‘usados’ para reemplazar los robados.

El hurto

Tan fácil como adquirir una simcard, es conseguir un equipo celular usado y a bajo precio. Cada vez los ladrones tienen más facilidad para robarse y vender un teléfono móvil. Por ejemplo, en un Transmilenio en Bogotá, en la hora pico, un ladrón, mediante la modalidad de ‘cosquilleo’, puede robarse un Blackberry o un iPhone. Luego, puede venderlo en algún centro comercial de San Victorino, en donde le dan entre $50.000 y $80.000 por el equipo.

El comprador del celular le pasa el aparato a un ‘liberador’, que cobra entre $3.000 y $6.000 por cambiar el número IMEI del celular (número único de identificación) y lo reprograma para que se pueda usar una nueva línea móvil sin problema. En un día un liberador desactiva entre 10 y 15 teléfonos móviles. El último paso para completar el ciclo es revender el celular, que puede estar alrededor de los $300 mil.

Al final, el vendedor termina con una ganancia de 400 o 500%. Si el ladrón continúa con esta actividad y se roba un celular al día, podrá alcanzar una mensualidad de $750 mil. En este negocio es difícil establecer una estructura delincuencial específica, debido a que los ladrones de celulares no negocian directamente con un comprador, sino que venden el equipo hurtado al mejor postor.

Aunque en los últimos años se ha ventilado la versión de que gran parte de los celulares robados en Colombia terminan en países vecinos, el estudio de Arco Iris señala que es un porcentaje mínimo el que sale del país. El resto se queda alimentando un mercado negro, que patrocinan los propios colombianos cuando adquieren un celular en un lugar de dudosa procedencia.

Las redes que funcionan alrededor del mercado de los celulares robados suelen ser muy pequeñas, pues la captura de figuras pertenecientes a estructuras criminales no logra desmantelar a todos los actores que se desempeñan en este negocio. Según el informe, la comercialización ilegal se hace a través de conocidos y propietarios de los locales distribuidores de los celulares usados.

Tomando medidas

Frente al estudio, Francisco José Lloreda Mera, alto consejero presidencial para seguridad ciudadana, indicó que si bien existe una relación entre el incremento de las ventas de simcards y la venta de equipos celulares, no se puede relacionar la venta de las líneas móviles con el hurto de teléfonos. “Hay un largo trecho para poder hacer esa relación. Es algo mucho más complejo”. Por esta razón, dice el alto funcionario, las medidas que diseñó el Gobierno para contrarrestar el robo de celulares apuntan a controlar específicamente los equipos (importación, venta y activación), sin importar cuántas líneas estén activas.

“Acá no podemos generalizar. En algunos casos, la venta indiscriminada de líneas celulares puede influir en el comercio de equipos ilegales y no lo podemos negar, pero de ahí a responsabilizar a las compañías celulares, es imposible. El Gobierno está convencido de que controlando el mercado de los equipos el hurto tendrá que disminuir, independiente de la venta de simcards”, insistió Lloreda Mera.

Al preguntarle al funcionario sobre la posibilidad de ejercer mayor control a la venta de líneas celulares, explicó que no es habitual y el único que lo hace es el Reino Unido, donde debe existir coincidencia entre la simcard, el equipo y el documento de identidad del dueño. Para el caso colombiano, el alto funcionario aseveró que cree que el control del equipo será efectivo y, “en principio, no será necesario introducir controles a la línea móvil. Sólo se están considerando este tipo de controles en el caso de extorsión, pero lo estamos estudiando”.

Entre las medidas que tiene en marcha el Gobierno para controlar los equipos está la creación de dos bases de datos: una negativa, para reportar los equipos robados o extraviados (en la cual ya hay cerca de 17 millones de registros), y otra positiva, que contendría los celulares legales que funcionan en el país. Para estar activado un teléfono debe estar en la lista positiva. Ambas bases de datos deben estar funcionando en octubre. Actualmente funciona una página web en la que los ciudadanos pueden verificar si su equipo está reportado (www.imeicolombia.com.co).

Frente a la capacidad de quienes negocian equipos robados de cambiar el número de identificación del celular (conocido como IMEI), según el alto consejero para Seguridad, si ese número no está registrado en la base de datos positiva, tampoco podrá ser usado. “Esto también servirá supuestamente para evitar el contrabando de celulares”.

A esto se suma la creación de 43 grupos de investigación, por parte de la Policía, que trabajarán para contrarrestar el robo de celulares. Empezarán a operar desde la próxima semana en Bogotá y en diez ciudades más, especialmente donde se han detectado bandas dedicadas al tráfico de teléfonos robados. Además, controlarán la venta de celulares obligando a que los establecimientos dedicados a esta tarea consigan licencias de funcionamiento, para lo cual también tienen plazo hasta el 1° de octubre. A pesar del entusiasmo con el que el Gobierno ha anunciado las medidas para contrarrestar el robo de celulares, funcionarios de las propias compañías de telefonía móvil son escépticos y, pese a estar cumpliendo las disposiciones, consideran que no serán efectivas.

Mientras el mercado de líneas móviles siga creciendo, será cada día mayor el esfuerzo de las autoridades para contrarrestar el robo de celulares, que a diario azota a los ciudadanos y sigue incrementando la percepción de inseguridad en el país.

Simcard y código IMEI

La SIM o Simcard es una tarjeta donde está configurada la línea móvil. Es un dispositivo diseñado para guardar los datos de identidad personal como la libreta telefónica y se puede usar en cualquier equipo celular, por lo que el usuario ya no depende del aparato telefónico para estar conectado. Las venden libremente en cualquier ciudad y gracias a que existe la posibilidad de usarlas en cualquier teléfono, muchos acuden al mercado de los celulares usados para conseguir uno para usar su línea.

Por su parte, los equipos tienen un número único de identificación conocido como IMEI, que es un número de 15 dígitos. En caso de pérdida o robo, el usuario puede reportarlo con su empresa celular para bloquearlo. Sin embargo, los delincuentes se han especializado en burlar este control, reprogramando el equipo y cambiando su número IMEI, con lo que queda habilitado para ser usado nuevamente.