Lluvia de glifosato
Vía libre a aspersión de cultivos ilícitos con el herbicida en zonas de resguardos indígenas. La Policía Antinarcóticos quedó habilitada para efectuar el procedimiento. Previa consulta, fumigación al 25% del país.
Norbey Quevedo H.
No aparece en los registros oficiales, pero desde el pasado lunes 8 de octubre la decisión está tomada por el Consejo Nacional de Estupefacientes y avalada por el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi: acatando los trámites de consulta previa a las etnias ancestrales vigentes, la Policía Antinarcóticos quedó autorizada para adelantar la erradicación forzosa de cultivos ilícitos en los resguardos indígenas.
A través de la resolución 0026, el Consejo de Estupefacientes, que preside el ministro Holguín, concluyó que ya están agotados los trámites de consulta previa con las comunidades indígenas y que el organismo ya tiene en su poder los certificados expedidos por la Oficina de Etnias del Ministerio del Interior, por lo cual la Dirección Antinarcóticos de la Policía puede fumigar cultivos ilícitos en las áreas de resguardo utilizando glifosato.
La norma señala además que en aquellos casos en los que las comunidades indígenas consultadas manifiesten que no poseen consumo ancestral de hoja de coca, previa certificación de la citada Oficina de Etnias, la Policía desarrollará las acciones de erradicación. Ambas disposiciones están sustentadas en una evidencia: según información oficial, en varios resguardos existen zonas dedicadas a la siembra de cultivos ilícitos para la elaboración de estupefacientes.
La determinación del Gobierno pone punto final a un largo proceso de discusión política, jurídica y ambiental que, en los últimos seis años, ha ocupado el interés de varias instancias oficiales, organismos de control, comunidad internacional y asociaciones ambientales e indígenas. Un extenuante debate que fue creando un marco legal que, según el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Estupefacientes les da vía libre para la aspersión de glifosato en las áreas indígenas.
El litigio
La controversia se inició a finales del gobierno de Andrés Pastrana, cuando la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), entabló una acción de tutela contra la Presidencia de la República, argumentando que la erradicación forzosa de cultivos ilícitos utilizando glifosato afectaba sus derechos a la vida, la existencia comunitaria, el medio ambiente sano, el debido proceso y el derecho de los pueblos indígenas a participar en las decisiones que afectaran su desarrollo.
Después de sus trámites ante un juzgado civil y el Tribunal Superior de Bogotá, el 13 de mayo de 2003 la Corte Constitucional tuteló parcialmente los derechos de las comunidades indígenas y dispuso que la Presidencia y el Consejo Nacional de Estupefacientes estaban obligados a consultar a los pueblos indígenas y tribales sobre la erradicación de cultivos ilícitos en sus territorios, a fin de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de las medidas a adoptar en la materia.
Esta determinación de la Corte Constitucional conminó al gobierno de Álvaro Uribe Vélez a desarrollar varios talleres regionales de información, para cumplir con el proceso de consulta ordenado. En desarrollo de los mismos, Gobierno y comunidades indígenas del Amazonas concertaron varios puntos, como gestión de recursos, apoyo en políticas de salud y ordenamiento territorial, extensión de programas de educación bilingüe y atención en derechos humanos, entre otros aspectos.
El proceso de consulta concluyó en noviembre de 2003 y en él participaron voceros indígenas de los departamentos del Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés. El instrumento jurídico además sirvió de base para repetir el procedimiento con los resguardos indígenas de Catatumbo y la Sierra Nevada de Santa Marta y, en noviembre de 2005, autorizar la aspersión aérea con el herbicida glifosato, a cargo del personal de la Policía Antinarcóticos.
Las cifras
Sin embargo, los informes técnicos de organismos especializados dieron cuenta de cómo el problema de los cultivos ilícitos en Colombia seguía constituyendo un desafío para las autoridades. En particular, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (Unodc) reportó en su Censo de Cultivos 2006 que, a pesar de que se registró una disminución del 9% en las hectáreas de coca sembradas con respecto a 2005, el país tenía aún 78 mil hectáreas sembradas.
El mismo informe dio cuenta de que esa siembra ilícita de coca, "la más baja en los últimos seis años", está distribuida en 23 de los 32 departamentos del país. Con una evidencia preocupante: una vez más el incremento mayor en siembra de cultivos ilícitos, un 37%, sigue concentrado en la región del Putumayo y Caquetá, y la mayor área cultivada se sigue presentando en la región de Meta y Guaviare. Dos circunstancias que dejaron al desnudo la necesidad de reforzar los programas de aspersión aérea en estas regiones del país.
En consecuencia, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior reanudó su proceso de diálogo con las comunidades indígenas en busca de acuerdos y vías de concertación, a pesar de los reclamos de varios líderes indígenas, en el sentido de que no han existido espacios ni oportunidades de diálogos con el Estado para tomar decisiones que afecten a sus resguardos. En contraste, el Ministerio del Interior reiteró su interés por buscar pactos con 84 pueblos indígenas del país.
De hecho, el pasado 10 de agosto el Gobierno expidió una declaración informando sobre la puesta en marcha de 154 procedimientos de ampliación de resguardos, el impulso a 26 emisoras indígenas y la extensión del programa familias guardabosques, entre otros beneficios. Y en medio del reporte, la evidencia de 10 procesos de consulta para erradicar cultivos ilícitos en varias áreas indígenas de Guaviare, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Cauca, Caquetá, Vichada, Arauca y Guainía.
El mismo informe registró que estaban pendientes por realizar procesos de consulta interna para erradicar cultivos ilícitos en áreas indígenas de Chocó, Amazonas, Antioquia, Córdoba, Valle, Meta, Nariño y Vaupés. Según estimativos del Dane, la población indígena del país se calcula hoy en 1,3 millones de habitantes que, en promedio, ocupan el 25% del territorio nacional. Sin embargo la mayoría de pueblos indígenas están situados en el sur del país, precisamente en áreas de confrontación armada con las Farc y zona de frontera.
Estos antecedentes prueban de qué manera el Gobierno se fue llenando de razones para tomar su decisión del pasado 8 de octubre. Además del fallo de la Corte Constitucional de mayo de 2003, según el Ejecutivo, la consulta previa con las comunidades indígenas otorgó un espacio amplio y suficiente a las autoridades de sus resguardos, por lo cual quedó agotada la instancia legal de caso y de manera complementaria a la confrontación a las agrupaciones guerrilleras, se autorizó la fumigación con glifosato.
Los químicos
Desde su utilización contra los cultivos de coca en 1992, el glifosato ha sido centro de polémica nacional. Aunque en otras épocas en el país se aplicaron químicos como el paraquat, triclopyr, tebuthiuron e imazapyr, ha sido el glifosato el más usado. En estimativos del año 2000, en ocho años se esparcieron en Colombia más de dos y medio millones de litros de glifosato. Y desde el gobierno de César Gaviria hasta la fecha, ha sido el químico primordial para erradicar cultivos ilícitos.
En los últimos tiempos, a raíz del Plan Colombia puesto en marcha durante el gobierno Pastrana y principalmente en desarrollo del gobierno Uribe Vélez, se ha incrementado notablemente la utilización del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. De hecho, el informe de Naciones Unidas de junio de 2006 confirmó que "por quinto año consecutivo" la aspersión aérea superó las 130 mil hectáreas. En el propio 2006 se superó el récord, alcanzando 172.025 hectáreas.
Sin embargo, el incremento en la aplicación de este producto ha traído como consecuencia la polémica con diversas organizaciones y grupos de oposición, con tres frentes inesperados que han incentivado aún más la controversia: los ambientalistas, que se oponen al uso del herbicida en áreas de reserva ecológica y parques naturales; el gobierno ecuatoriano, que ha venido protestando por la incidencia de las fumigaciones en los territorios limítrofes con Colombia; y los líderes indígenas, que también piden reglas claras para sus resguardos.
Frente al primer aspecto, desde 2003 se vienen adelantando labores de aspersión con glifosato en los parques naturales. La gestión inició en la Sierra Nevada de Santa Marta y el parque de Chiribiquete, y se ha venido extendiendo a otras reservas ambientales, pese a la oposición de organizaciones especializadas en la protección del hábitat. Aunque la postura inicial del Ministerio del Medio Ambiente fue no fumigar en esas áreas o erradicar manualmente, la extensión de cultivos ilícitos terminó por reversar la medida inicial.
La frontera
En cuanto al pulso fronterizo con Ecuador, desde enero de este año existe un acuerdo entre los dos gobiernos para que el vecino país mantenga una inspección que le garantice que la aplicación del glifosato no caiga en territorio ecuatoriano. El propio presidente Uribe lo definió en estos términos: "Colombia respeta el derecho legítimo de Ecuador de que el glifosato no caiga en su territorio. Y Ecuador respeta el derecho de Colombia de aplicar el glifosato en su territorio para derrotar la coca".
No obstante, el tema ya ha pasado a instancias internacionales, sin pronunciamientos de fondo. Recientemente, el propio ministro de Defensa ecuatoriano, Wellington Sandoval, comentó que su país limitaba al norte con las Farc, suficiente evidencia de que las asperezas no se han limado del todo. Como tampoco se han podido saldar las controversias en Colombia, razón por la cual el pasado mes de marzo fue necesario crear un procedimiento especial para la atención de quejas derivadas de presuntos años por aplicación del glifosato.
Según conoció El Espectador, hasta el momento se han instaurado más de 6.000 quejas. La norma contenida en la resolución 008 de marzo de 2007 dispuso que sea la Policía Nacional la entidad encargada de tramitar tales quejas y decidir si debe existir compensación económica por eventuales daños a actividades agropecuarias lícitas. Una instancia que no contempla otro frente de controversia: los presuntos daños a la salud humana por la aplicación del glifosato.
El caso más sonado fue el ocurrido con los niños indígenas de la etnia Eperara Siapidaara, habitantes de varios resguardos de las selvas del noroccidente de Nariño. El hecho ocurrió en marzo de 2003 y, según el Instituto Departamental de Salud de Nariño, por efecto de la aplicación del glifosato en Bocas de Satinga murieron tres niños indígenas y 16 quedaron enfermos. Sin embargo, el tema se desvaneció en la memoria, sobre todo porque las autoridades insisten en que el glifosato no afecta la salud humana.
En síntesis, hablar de glifosato significa desde hace 15 años hablar de polémica nacional y extranjera. Con un nuevo aditivo: a partir del 8 de octubre, agotados los trámites de consulta previa con las comunidades indígenas, la Policía Nacional quedó habilitada por el Consejo Nacional de Estupefacientes para promover la erradicación de cultivos ilícitos en áreas de resguardo, donde habitualmente también se viven las secuelas del conflicto armado que hace varias décadas afecta al país.
Carlos Albornoz / Director Nacional de Estupefacientes
"Los cultivos son ilícitos y se está respetando la costumbre ancestral de los indígenas de consumir. Pero resulta que algunos pasaron los límites y están sembrando para exportación, por eso se iniciaron estos trabajos de erradicación. El Gobierno hizo ajustes a su política antidrogas, dándole mayor énfasis a la erradicación manual, pero existen zonas en donde sólo se puede fumigar por la vía aérea. Supongo que allí se evaluará la situación de cada resguardo antes de asperjar".
Marco Aníbal Avirama / Presidente Alianza Social Indígena
"Estamos en contra de procesos como este, que acaban con la tierra, la cultura y la vida de nuestros pueblos. La erradicación debe ser manual, estamos en contra de la fumigación. No es un problema de seguridad alimentaria, en este caso se deben brindar proyectos integrales a las comunidades indígenas".
nquevedo@elespectador.com
No aparece en los registros oficiales, pero desde el pasado lunes 8 de octubre la decisión está tomada por el Consejo Nacional de Estupefacientes y avalada por el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi: acatando los trámites de consulta previa a las etnias ancestrales vigentes, la Policía Antinarcóticos quedó autorizada para adelantar la erradicación forzosa de cultivos ilícitos en los resguardos indígenas.
A través de la resolución 0026, el Consejo de Estupefacientes, que preside el ministro Holguín, concluyó que ya están agotados los trámites de consulta previa con las comunidades indígenas y que el organismo ya tiene en su poder los certificados expedidos por la Oficina de Etnias del Ministerio del Interior, por lo cual la Dirección Antinarcóticos de la Policía puede fumigar cultivos ilícitos en las áreas de resguardo utilizando glifosato.
La norma señala además que en aquellos casos en los que las comunidades indígenas consultadas manifiesten que no poseen consumo ancestral de hoja de coca, previa certificación de la citada Oficina de Etnias, la Policía desarrollará las acciones de erradicación. Ambas disposiciones están sustentadas en una evidencia: según información oficial, en varios resguardos existen zonas dedicadas a la siembra de cultivos ilícitos para la elaboración de estupefacientes.
La determinación del Gobierno pone punto final a un largo proceso de discusión política, jurídica y ambiental que, en los últimos seis años, ha ocupado el interés de varias instancias oficiales, organismos de control, comunidad internacional y asociaciones ambientales e indígenas. Un extenuante debate que fue creando un marco legal que, según el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Estupefacientes les da vía libre para la aspersión de glifosato en las áreas indígenas.
El litigio
La controversia se inició a finales del gobierno de Andrés Pastrana, cuando la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), entabló una acción de tutela contra la Presidencia de la República, argumentando que la erradicación forzosa de cultivos ilícitos utilizando glifosato afectaba sus derechos a la vida, la existencia comunitaria, el medio ambiente sano, el debido proceso y el derecho de los pueblos indígenas a participar en las decisiones que afectaran su desarrollo.
Después de sus trámites ante un juzgado civil y el Tribunal Superior de Bogotá, el 13 de mayo de 2003 la Corte Constitucional tuteló parcialmente los derechos de las comunidades indígenas y dispuso que la Presidencia y el Consejo Nacional de Estupefacientes estaban obligados a consultar a los pueblos indígenas y tribales sobre la erradicación de cultivos ilícitos en sus territorios, a fin de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de las medidas a adoptar en la materia.
Esta determinación de la Corte Constitucional conminó al gobierno de Álvaro Uribe Vélez a desarrollar varios talleres regionales de información, para cumplir con el proceso de consulta ordenado. En desarrollo de los mismos, Gobierno y comunidades indígenas del Amazonas concertaron varios puntos, como gestión de recursos, apoyo en políticas de salud y ordenamiento territorial, extensión de programas de educación bilingüe y atención en derechos humanos, entre otros aspectos.
El proceso de consulta concluyó en noviembre de 2003 y en él participaron voceros indígenas de los departamentos del Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés. El instrumento jurídico además sirvió de base para repetir el procedimiento con los resguardos indígenas de Catatumbo y la Sierra Nevada de Santa Marta y, en noviembre de 2005, autorizar la aspersión aérea con el herbicida glifosato, a cargo del personal de la Policía Antinarcóticos.
Las cifras
Sin embargo, los informes técnicos de organismos especializados dieron cuenta de cómo el problema de los cultivos ilícitos en Colombia seguía constituyendo un desafío para las autoridades. En particular, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (Unodc) reportó en su Censo de Cultivos 2006 que, a pesar de que se registró una disminución del 9% en las hectáreas de coca sembradas con respecto a 2005, el país tenía aún 78 mil hectáreas sembradas.
El mismo informe dio cuenta de que esa siembra ilícita de coca, "la más baja en los últimos seis años", está distribuida en 23 de los 32 departamentos del país. Con una evidencia preocupante: una vez más el incremento mayor en siembra de cultivos ilícitos, un 37%, sigue concentrado en la región del Putumayo y Caquetá, y la mayor área cultivada se sigue presentando en la región de Meta y Guaviare. Dos circunstancias que dejaron al desnudo la necesidad de reforzar los programas de aspersión aérea en estas regiones del país.
En consecuencia, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior reanudó su proceso de diálogo con las comunidades indígenas en busca de acuerdos y vías de concertación, a pesar de los reclamos de varios líderes indígenas, en el sentido de que no han existido espacios ni oportunidades de diálogos con el Estado para tomar decisiones que afecten a sus resguardos. En contraste, el Ministerio del Interior reiteró su interés por buscar pactos con 84 pueblos indígenas del país.
De hecho, el pasado 10 de agosto el Gobierno expidió una declaración informando sobre la puesta en marcha de 154 procedimientos de ampliación de resguardos, el impulso a 26 emisoras indígenas y la extensión del programa familias guardabosques, entre otros beneficios. Y en medio del reporte, la evidencia de 10 procesos de consulta para erradicar cultivos ilícitos en varias áreas indígenas de Guaviare, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Cauca, Caquetá, Vichada, Arauca y Guainía.
El mismo informe registró que estaban pendientes por realizar procesos de consulta interna para erradicar cultivos ilícitos en áreas indígenas de Chocó, Amazonas, Antioquia, Córdoba, Valle, Meta, Nariño y Vaupés. Según estimativos del Dane, la población indígena del país se calcula hoy en 1,3 millones de habitantes que, en promedio, ocupan el 25% del territorio nacional. Sin embargo la mayoría de pueblos indígenas están situados en el sur del país, precisamente en áreas de confrontación armada con las Farc y zona de frontera.
Estos antecedentes prueban de qué manera el Gobierno se fue llenando de razones para tomar su decisión del pasado 8 de octubre. Además del fallo de la Corte Constitucional de mayo de 2003, según el Ejecutivo, la consulta previa con las comunidades indígenas otorgó un espacio amplio y suficiente a las autoridades de sus resguardos, por lo cual quedó agotada la instancia legal de caso y de manera complementaria a la confrontación a las agrupaciones guerrilleras, se autorizó la fumigación con glifosato.
Los químicos
Desde su utilización contra los cultivos de coca en 1992, el glifosato ha sido centro de polémica nacional. Aunque en otras épocas en el país se aplicaron químicos como el paraquat, triclopyr, tebuthiuron e imazapyr, ha sido el glifosato el más usado. En estimativos del año 2000, en ocho años se esparcieron en Colombia más de dos y medio millones de litros de glifosato. Y desde el gobierno de César Gaviria hasta la fecha, ha sido el químico primordial para erradicar cultivos ilícitos.
En los últimos tiempos, a raíz del Plan Colombia puesto en marcha durante el gobierno Pastrana y principalmente en desarrollo del gobierno Uribe Vélez, se ha incrementado notablemente la utilización del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. De hecho, el informe de Naciones Unidas de junio de 2006 confirmó que "por quinto año consecutivo" la aspersión aérea superó las 130 mil hectáreas. En el propio 2006 se superó el récord, alcanzando 172.025 hectáreas.
Sin embargo, el incremento en la aplicación de este producto ha traído como consecuencia la polémica con diversas organizaciones y grupos de oposición, con tres frentes inesperados que han incentivado aún más la controversia: los ambientalistas, que se oponen al uso del herbicida en áreas de reserva ecológica y parques naturales; el gobierno ecuatoriano, que ha venido protestando por la incidencia de las fumigaciones en los territorios limítrofes con Colombia; y los líderes indígenas, que también piden reglas claras para sus resguardos.
Frente al primer aspecto, desde 2003 se vienen adelantando labores de aspersión con glifosato en los parques naturales. La gestión inició en la Sierra Nevada de Santa Marta y el parque de Chiribiquete, y se ha venido extendiendo a otras reservas ambientales, pese a la oposición de organizaciones especializadas en la protección del hábitat. Aunque la postura inicial del Ministerio del Medio Ambiente fue no fumigar en esas áreas o erradicar manualmente, la extensión de cultivos ilícitos terminó por reversar la medida inicial.
La frontera
En cuanto al pulso fronterizo con Ecuador, desde enero de este año existe un acuerdo entre los dos gobiernos para que el vecino país mantenga una inspección que le garantice que la aplicación del glifosato no caiga en territorio ecuatoriano. El propio presidente Uribe lo definió en estos términos: "Colombia respeta el derecho legítimo de Ecuador de que el glifosato no caiga en su territorio. Y Ecuador respeta el derecho de Colombia de aplicar el glifosato en su territorio para derrotar la coca".
No obstante, el tema ya ha pasado a instancias internacionales, sin pronunciamientos de fondo. Recientemente, el propio ministro de Defensa ecuatoriano, Wellington Sandoval, comentó que su país limitaba al norte con las Farc, suficiente evidencia de que las asperezas no se han limado del todo. Como tampoco se han podido saldar las controversias en Colombia, razón por la cual el pasado mes de marzo fue necesario crear un procedimiento especial para la atención de quejas derivadas de presuntos años por aplicación del glifosato.
Según conoció El Espectador, hasta el momento se han instaurado más de 6.000 quejas. La norma contenida en la resolución 008 de marzo de 2007 dispuso que sea la Policía Nacional la entidad encargada de tramitar tales quejas y decidir si debe existir compensación económica por eventuales daños a actividades agropecuarias lícitas. Una instancia que no contempla otro frente de controversia: los presuntos daños a la salud humana por la aplicación del glifosato.
El caso más sonado fue el ocurrido con los niños indígenas de la etnia Eperara Siapidaara, habitantes de varios resguardos de las selvas del noroccidente de Nariño. El hecho ocurrió en marzo de 2003 y, según el Instituto Departamental de Salud de Nariño, por efecto de la aplicación del glifosato en Bocas de Satinga murieron tres niños indígenas y 16 quedaron enfermos. Sin embargo, el tema se desvaneció en la memoria, sobre todo porque las autoridades insisten en que el glifosato no afecta la salud humana.
En síntesis, hablar de glifosato significa desde hace 15 años hablar de polémica nacional y extranjera. Con un nuevo aditivo: a partir del 8 de octubre, agotados los trámites de consulta previa con las comunidades indígenas, la Policía Nacional quedó habilitada por el Consejo Nacional de Estupefacientes para promover la erradicación de cultivos ilícitos en áreas de resguardo, donde habitualmente también se viven las secuelas del conflicto armado que hace varias décadas afecta al país.
Carlos Albornoz / Director Nacional de Estupefacientes
"Los cultivos son ilícitos y se está respetando la costumbre ancestral de los indígenas de consumir. Pero resulta que algunos pasaron los límites y están sembrando para exportación, por eso se iniciaron estos trabajos de erradicación. El Gobierno hizo ajustes a su política antidrogas, dándole mayor énfasis a la erradicación manual, pero existen zonas en donde sólo se puede fumigar por la vía aérea. Supongo que allí se evaluará la situación de cada resguardo antes de asperjar".
Marco Aníbal Avirama / Presidente Alianza Social Indígena
"Estamos en contra de procesos como este, que acaban con la tierra, la cultura y la vida de nuestros pueblos. La erradicación debe ser manual, estamos en contra de la fumigación. No es un problema de seguridad alimentaria, en este caso se deben brindar proyectos integrales a las comunidades indígenas".
nquevedo@elespectador.com