Los 48 expedientes claves refundidos de Buenaventura

Buenaventura de nuevo parece no levantar cabeza. Hace dos semanas, y luego de 20 días de protestas en el puerto sobre el Pacífico, se llegó a un acuerdo. Gobierno, autoridades locales y población anunciaron un presupuesto adicional de $1,5 billones. Un dinero para ejecutar obras en salud, educación, vivienda, servicios públicos, deportes, medioambiente y acceso a la justicia.

Fue justamente en este último sector en donde las partes en conflicto acordaron recursos frescos para mejorar la infraestructura, optimizar los servicios en los juzgados y empezar a luchar contra la impunidad, otro de los males mayores de la ciudad. Pero mientras las partes celebraban el acuerdo con alborozo, en secreto, las autoridades seguían trabajando en la recuperación de 48 expedientes fiscales que se refundieron de las oficinas de la Contraloría Distrital de Buenaventura. Se trata de procesos que representan un posible detrimento patrimonial para el puerto por $36.000 millones.

La situación no es de poca monta. De hecho, desde el pasado 28 de abril los hallazgos fueron reportados por los investigadores del tema al propio fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y mediante cinco detallados reportes y varios discos compactos, conocidos por El Espectador, hicieron visibles la pérdida de los expedientes y solicitaron establecer responsabilidades penales.

Un caso que se empezó a evidenciar por las denuncias ciudadanas en el puerto del Pacífico, las cuales señalaban que en decenas de los procesos de responsabilidad fiscal no pasaba nada. Entonces acudieron en auxilio de las autoridades. Fue entonces cuando desde Bogotá llegaron expertos en inspección, vigilancia y control y se tomaron las instalaciones de la Contraloría Distrital de Buenaventura.

En este contexto empezaron a revisar las actuaciones de la Dirección de Responsabilidad Fiscal en las vigencias de los años 2010 a 2015. En suma, se revisaron prácticamente uno a uno todos los procesos en los cuales funcionarios públicos de la administración local y particulares habían sido procesados o hallados fiscalmente responsables, quienes, por norma, deben ser reportados mediante boletín periódico.

La sorpresa fue mayor cuando los enviados a la Contraloría ingresaron a los sistemas de cómputo, verificaron los nombres de los procesados y pidieron los expedientes en físico. Allí, en la vetusta sede del organismo de control en el puerto, fue la de Troya. Uno a otro, papel por papel, expediente por expediente, desaparecieron.

Y no fueron uno o dos. La cifra se acerca al medio centenar de procesos en los que estaban en la mira varios servidores públicos de Buenaventura, a quienes especialmente se investigaba porque en los programas de cobertura educativa o infraestructura vial se habrían embolsillado más de $37.000 millones.

Hasta que, entre asustado y diligente, uno de los funcionarios de la Contraloría señaló que hacia el 25 de junio de 2015 apareció gente de una Fiscalía pidiendo los 48 expedientes. Según la investigación, se trata de los servidores adscritos a la Fiscalía Seccional de Buga, que, argumentando su competencia penal en el caso, solicitaron el material probatorio.

Entonces todos se dirigieron a Buga a buscar el material de los procesos, sin éxito. En respuesta, la Fiscalía ha dicho que algunos de los expedientes fueron devueltos hace dos meses a la Contraloría Distrital. En esta última entidad dicen que regresaron varios, pero que no se ejecutó ninguna actuación penal en los 48 expedientes y se sigue investigando algunos. Insiste, además, en que hay por lo menos cuatro expedientes que definitivamente no aparecen.

Ante el dilema de los expedientes refundidos y el rifirrafe institucional, las autoridades ya están en Buenavenura revisando todos los procesos. Sin embargo, los investigadores señalan que varios de los procesos fiscales, algunos con hallazgos penales, están a punto de prescribir.

Por ahora, las miradas como supuestos responsables del hecho están dirigidas hacia Rosa Belisa Góngora, excontralora distrital, y Óscar Eduardo Restrepo, exdirector de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de la Contraloría Distrital de Buenaventura. Es la historia repetitiva del puerto, en donde la justicia funciona a medias y la impunidad no cede.

Buenaventura de nuevo parece no levantar cabeza. Hace dos semanas, y luego de 20 días de protestas en el puerto sobre el Pacífico, se llegó a un acuerdo. Gobierno, autoridades locales y población anunciaron un presupuesto adicional de $1,5 billones. Un dinero para ejecutar obras en salud, educación, vivienda, servicios públicos, deportes, medioambiente y acceso a la justicia.

Fue justamente en este último sector en donde las partes en conflicto acordaron recursos frescos para mejorar la infraestructura, optimizar los servicios en los juzgados y empezar a luchar contra la impunidad, otro de los males mayores de la ciudad. Pero mientras las partes celebraban el acuerdo con alborozo, en secreto, las autoridades seguían trabajando en la recuperación de 48 expedientes fiscales que se refundieron de las oficinas de la Contraloría Distrital de Buenaventura. Se trata de procesos que representan un posible detrimento patrimonial para el puerto por $36.000 millones.

La situación no es de poca monta. De hecho, desde el pasado 28 de abril los hallazgos fueron reportados por los investigadores del tema al propio fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y mediante cinco detallados reportes y varios discos compactos, conocidos por El Espectador, hicieron visibles la pérdida de los expedientes y solicitaron establecer responsabilidades penales.

Un caso que se empezó a evidenciar por las denuncias ciudadanas en el puerto del Pacífico, las cuales señalaban que en decenas de los procesos de responsabilidad fiscal no pasaba nada. Entonces acudieron en auxilio de las autoridades. Fue entonces cuando desde Bogotá llegaron expertos en inspección, vigilancia y control y se tomaron las instalaciones de la Contraloría Distrital de Buenaventura.

En este contexto empezaron a revisar las actuaciones de la Dirección de Responsabilidad Fiscal en las vigencias de los años 2010 a 2015. En suma, se revisaron prácticamente uno a uno todos los procesos en los cuales funcionarios públicos de la administración local y particulares habían sido procesados o hallados fiscalmente responsables, quienes, por norma, deben ser reportados mediante boletín periódico.

La sorpresa fue mayor cuando los enviados a la Contraloría ingresaron a los sistemas de cómputo, verificaron los nombres de los procesados y pidieron los expedientes en físico. Allí, en la vetusta sede del organismo de control en el puerto, fue la de Troya. Uno a otro, papel por papel, expediente por expediente, desaparecieron.

Y no fueron uno o dos. La cifra se acerca al medio centenar de procesos en los que estaban en la mira varios servidores públicos de Buenaventura, a quienes especialmente se investigaba porque en los programas de cobertura educativa o infraestructura vial se habrían embolsillado más de $37.000 millones.

Hasta que, entre asustado y diligente, uno de los funcionarios de la Contraloría señaló que hacia el 25 de junio de 2015 apareció gente de una Fiscalía pidiendo los 48 expedientes. Según la investigación, se trata de los servidores adscritos a la Fiscalía Seccional de Buga, que, argumentando su competencia penal en el caso, solicitaron el material probatorio.

Entonces todos se dirigieron a Buga a buscar el material de los procesos, sin éxito. En respuesta, la Fiscalía ha dicho que algunos de los expedientes fueron devueltos hace dos meses a la Contraloría Distrital. En esta última entidad dicen que regresaron varios, pero que no se ejecutó ninguna actuación penal en los 48 expedientes y se sigue investigando algunos. Insiste, además, en que hay por lo menos cuatro expedientes que definitivamente no aparecen.

Ante el dilema de los expedientes refundidos y el rifirrafe institucional, las autoridades ya están en Buenavenura revisando todos los procesos. Sin embargo, los investigadores señalan que varios de los procesos fiscales, algunos con hallazgos penales, están a punto de prescribir.

Por ahora, las miradas como supuestos responsables del hecho están dirigidas hacia Rosa Belisa Góngora, excontralora distrital, y Óscar Eduardo Restrepo, exdirector de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de la Contraloría Distrital de Buenaventura. Es la historia repetitiva del puerto, en donde la justicia funciona a medias y la impunidad no cede.