Los enredos de un subdirector en el IDU

Con diversos actos académicos y sociales, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) celebra esta semana sus 40 años de creación. Pero un episodio reciente en el proceso licitatorio para el desarrollo del publicitado Sistema Integrado de Transporte Público empañó la fiesta. El hecho se generó con la sorpresiva declaratoria de insubsistencia del subdirector general de infraestructura de la entidad, Francisco Cifuentes Ramírez, la cual de paso obligó a revocar la millonaria licitación pública para los ocho tramos fundamentales de la obra.

Esta historia comenzó a mediados de mayo de 2012, cuando, basados en su experiencia técnica y dirección de proyectos de ingeniería en diversas entidades privadas, los directivos del IDU designaron como nuevo subdirector general de infraestructura al ingeniero civil Francisco Javier Cifuentes Ramírez. Con su llegada al organismo en este cargo de primordial importancia técnica, además de otros proyectos, el IDU puso en marcha el proceso de selección de contratistas para impulsar el Sistema Integrado de Transporte Público.

De esta manera, el pasado 22 de agosto, a través de la resolución 2301, con la firma del referido Francisco Cifuentes, se ordenó la apertura de la licitación pública, con un cronograma preciso como parte integral del pliego de condiciones y una convocatoria a las veedurías ciudadanas para que realizaran un control social al proceso. En la resolución quedaron incluidos los ocho grupos del sistema: Autopista Norte, calle 80, Avenida Suba, calle 26, Avenida Jiménez, Avenida NQS, localidad de Santa Fe y Avenida Caracas hasta Usme.

En términos generales, el proceso licitatorio cumplió con el cronograma previsto en cuanto a los pliegos de condiciones, las audiencias de revisión, la verificación de las propuestas y las observaciones del caso. De esta manera, el 14 de septiembre se cerró la licitación con cuatro proponentes de consorcios de ingeniería o uniones temporales. En los ocho grupos previstos para el sistema quedó habilitada la Unión Temporal SITP Mantenimientos, conformada por la firma CI Grodco S. en C.A. e Ingenieros Civiles Coopemun.

En su calidad de subdirector general de infraestructura, el ingeniero Francisco Cifuentes participó activamente, no sólo como delegado para la ordenación del gasto sino en la estructuración y elaboración de los documentos preparatorios y precontractuales, así como en los estudios de mercado, pliegos de condiciones y anexos técnicos. Sin embargo, días después, la directora del IDU, María Fernanda Rojas, fue advertida de una anomalía. Hasta la semana previa a su designación en el IDU, el ingeniero Cifuentes laboraba en CI Grodco.

De inmediato, a través de la resolución 2761 del 11 de octubre de 2012, Rojas revocó el acto de apertura de la licitación pública y ordenó devolver las carpetas que contenían las ofertas económicas de los proponentes. En el mismo documento precisó que sólo hasta ese día se había percatado de que el ingeniero Francisco Cifuentes no había advertido de su presunto conflicto de intereses para participar en el proceso contractual, a pesar de que hasta el 15 de mayo de 2012 había oficiado como director comercial de la aludida firma de ingeniería civil.

En su resolución, María Fernanda Rojas recordó que Cifuentes, como director comercial de CI Grodco, había sido responsable, entre otras misiones, de liderar y dar lineamiento al área de licitaciones participando en diferentes sectores de infraestructura. Por esta razón, y de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo, el Código Único Disciplinario, la Ley de Contratación (Ley 80 de 1993) y la propia Constitución, Cifuentes estaba incurso en un conflicto de intereses del que no advirtió.

Con el argumento de que el IDU busca observar en sus procesos de contratación los más altos estándares de transparencia y respeto a los derechos de igualdad e imparcialidad, la dirección de la entidad no vio otro camino que revocar el acto de apertura de la licitación. Ese mismo día, a través de la resolución 2757, Cifuentes fue declarado insubsistente. Al día siguiente, el IDU tuvo que empezar de nuevo el proceso de soporte técnico para el programa bandera de la administración del alcalde Gustavo Petro en materia de movilidad.

¿Qué sucedió en este proceso cuyo costo está estimado en $60.862 millones? El Espectador consultó la opinión del ingeniero Francisco Cifuentes y él manifestó que desde el día que llegó al IDU sus directivos sabían que provenía de la firma CI Grodco, y que incluso la persona que lo recomendó ante la directora María Fernanda Rojas fue uno de sus asesores, Ricardo Cárdenas, que también trabajaba en Grodco. Es más, añadió Cifuentes, era uno de sus subalternos y ayudó a convencerlo de que se fuera para el IDU.

Cifuentes añadió que si bien él era el ordenador del gasto, no era finalmente el funcionario que definía las adjudicaciones, pues esa labor le correspondía a la Subdirección General Jurídica del IDU a través de la dependencia de Procesos Selectivos. En tal sentido, Cifuentes manifestó que nunca incurrió en un conflicto de intereses como quedó señalado en la resolución del IDU, y que en cuanto a su declaratoria de insubsistencia, ya le dio poder a un abogado para que lo represente en los litigios derivados de la situación que se presentó.

Consultada sobre lo sucedido, la directora del IDU, María Fernanda Rojas, manifestó que revocó el proceso licitatorio porque era su obligación, pero que ella no estuvo presente en el comité en que se tomó la decisión. Sólo detectó el posible conflicto de intereses del ingeniero Cifuentes cuando hizo su propio filtro personal. La funcionaria recalcó que a pesar de su jornada de 17 horas de trabajo al día, no pudo detectar a tiempo el error, pero que asumió el costo de lo que pasó de la única manera que le podía dar transparencia: con la revocatoria.

En cuanto a la vinculación del ingeniero Cifuentes al IDU, Rojas señaló que ella misma lo nombró después de un minucioso proceso de selección, y que es cierto que su asesor Ricardo Cárdenas, de quien no tiene queja alguna, se lo recomendó y también provenía de la empresa CI Grodco. “La mayoría de los altos funcionarios del organismo proviene de la empresa privada, y eso no constituye ningún impedimento. Eso sí, cada persona tiene que advertir sobre los suyos. Cifuentes no lo hizo y yo tenía que proceder”.

La directora del IDU aclaró que ahora es necesario volver a iniciar el proceso de selección para contratar la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público, pero que esa es la única forma de darles garantías a todos los proponentes. Consultada sobre la incidencia que ahora pueda tener su asesor Ricardo Cárdenas, recalcó que tendrá que hablar con él, pero que después de haber denunciado lo que pasó en el IDU con relación al escándalo del carrusel de la contratación, no puede ser floja para tomar las decisiones que correspondan.

En cuanto al ingeniero Cifuentes, la directora del IDU aclaró que dio traslado de toda la documentación del caso a la oficina de control disciplinario para que se acoja el curso regular. Después, cuando haya una valoración de lo sucedido, verá si es pertinente remitir el caso a los organismos de control. Por ahora, puntualizó María Fernanda Rojas, lo importante es preservar la confianza de la ciudadanía en la administración Petro y revisar todos los procesos en los que participó el ingeniero Cifuentes.

El Espectador conoció que este funcionario, durante su vinculación de cerca de seis meses con el IDU, participó en al menos 67 contratos públicos, con un estimado de $149.348 millones en obras adjudicadas. Desde interventorías técnicas, mantenimiento de troncales, obras de emergencia o de conservación, estudios de diseños y adiciones de contratación. En su cargo había reemplazado a Luis Eduardo Montenegro Quintero, contra quien la Procuraduría recientemente formuló cargos por irregularidades en contratos.

A pesar de los contratiempos contractuales, el pasado 29 de septiembre arrancó la operación del Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá, con dos rutas urbanas que funcionarán entre las 4 a.m. y las 12:30 p.m. Según el plan trazado, en 18 meses tendrá que estar operando el resto del plan en materia de cobertura, medios de pago, tarifas e infraestructura. Este último aspecto es el que ahora preocupa en la administración, pues tendrá que recuperarse el tiempo perdido por la revocatoria del proceso licitatorio.

Por ahora, el IDU celebrará esta semana los 40 años de una institución que fue creada en 1972 por el entonces alcalde Carlos Albán Holguín, que tuvo como su primer director a Patricio Samper Gnecco y que a lo largo de cuatro décadas fue el organismo clave para el desarrollo vial de la capital. Desafortunadamente, en los últimos tiempos cayó es desgracia, y durante las gestiones de Liliana Pardo e Inocencio Meléndez, entre otros, en la administración de Samuel Moreno, protagonizó el mayor escándalo de corrupción en la historia de la ciudad.

Con diversos actos académicos y sociales, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) celebra esta semana sus 40 años de creación. Pero un episodio reciente en el proceso licitatorio para el desarrollo del publicitado Sistema Integrado de Transporte Público empañó la fiesta. El hecho se generó con la sorpresiva declaratoria de insubsistencia del subdirector general de infraestructura de la entidad, Francisco Cifuentes Ramírez, la cual de paso obligó a revocar la millonaria licitación pública para los ocho tramos fundamentales de la obra.

Esta historia comenzó a mediados de mayo de 2012, cuando, basados en su experiencia técnica y dirección de proyectos de ingeniería en diversas entidades privadas, los directivos del IDU designaron como nuevo subdirector general de infraestructura al ingeniero civil Francisco Javier Cifuentes Ramírez. Con su llegada al organismo en este cargo de primordial importancia técnica, además de otros proyectos, el IDU puso en marcha el proceso de selección de contratistas para impulsar el Sistema Integrado de Transporte Público.

De esta manera, el pasado 22 de agosto, a través de la resolución 2301, con la firma del referido Francisco Cifuentes, se ordenó la apertura de la licitación pública, con un cronograma preciso como parte integral del pliego de condiciones y una convocatoria a las veedurías ciudadanas para que realizaran un control social al proceso. En la resolución quedaron incluidos los ocho grupos del sistema: Autopista Norte, calle 80, Avenida Suba, calle 26, Avenida Jiménez, Avenida NQS, localidad de Santa Fe y Avenida Caracas hasta Usme.

En términos generales, el proceso licitatorio cumplió con el cronograma previsto en cuanto a los pliegos de condiciones, las audiencias de revisión, la verificación de las propuestas y las observaciones del caso. De esta manera, el 14 de septiembre se cerró la licitación con cuatro proponentes de consorcios de ingeniería o uniones temporales. En los ocho grupos previstos para el sistema quedó habilitada la Unión Temporal SITP Mantenimientos, conformada por la firma CI Grodco S. en C.A. e Ingenieros Civiles Coopemun.

En su calidad de subdirector general de infraestructura, el ingeniero Francisco Cifuentes participó activamente, no sólo como delegado para la ordenación del gasto sino en la estructuración y elaboración de los documentos preparatorios y precontractuales, así como en los estudios de mercado, pliegos de condiciones y anexos técnicos. Sin embargo, días después, la directora del IDU, María Fernanda Rojas, fue advertida de una anomalía. Hasta la semana previa a su designación en el IDU, el ingeniero Cifuentes laboraba en CI Grodco.

De inmediato, a través de la resolución 2761 del 11 de octubre de 2012, Rojas revocó el acto de apertura de la licitación pública y ordenó devolver las carpetas que contenían las ofertas económicas de los proponentes. En el mismo documento precisó que sólo hasta ese día se había percatado de que el ingeniero Francisco Cifuentes no había advertido de su presunto conflicto de intereses para participar en el proceso contractual, a pesar de que hasta el 15 de mayo de 2012 había oficiado como director comercial de la aludida firma de ingeniería civil.

En su resolución, María Fernanda Rojas recordó que Cifuentes, como director comercial de CI Grodco, había sido responsable, entre otras misiones, de liderar y dar lineamiento al área de licitaciones participando en diferentes sectores de infraestructura. Por esta razón, y de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo, el Código Único Disciplinario, la Ley de Contratación (Ley 80 de 1993) y la propia Constitución, Cifuentes estaba incurso en un conflicto de intereses del que no advirtió.

Con el argumento de que el IDU busca observar en sus procesos de contratación los más altos estándares de transparencia y respeto a los derechos de igualdad e imparcialidad, la dirección de la entidad no vio otro camino que revocar el acto de apertura de la licitación. Ese mismo día, a través de la resolución 2757, Cifuentes fue declarado insubsistente. Al día siguiente, el IDU tuvo que empezar de nuevo el proceso de soporte técnico para el programa bandera de la administración del alcalde Gustavo Petro en materia de movilidad.

¿Qué sucedió en este proceso cuyo costo está estimado en $60.862 millones? El Espectador consultó la opinión del ingeniero Francisco Cifuentes y él manifestó que desde el día que llegó al IDU sus directivos sabían que provenía de la firma CI Grodco, y que incluso la persona que lo recomendó ante la directora María Fernanda Rojas fue uno de sus asesores, Ricardo Cárdenas, que también trabajaba en Grodco. Es más, añadió Cifuentes, era uno de sus subalternos y ayudó a convencerlo de que se fuera para el IDU.

Cifuentes añadió que si bien él era el ordenador del gasto, no era finalmente el funcionario que definía las adjudicaciones, pues esa labor le correspondía a la Subdirección General Jurídica del IDU a través de la dependencia de Procesos Selectivos. En tal sentido, Cifuentes manifestó que nunca incurrió en un conflicto de intereses como quedó señalado en la resolución del IDU, y que en cuanto a su declaratoria de insubsistencia, ya le dio poder a un abogado para que lo represente en los litigios derivados de la situación que se presentó.

Consultada sobre lo sucedido, la directora del IDU, María Fernanda Rojas, manifestó que revocó el proceso licitatorio porque era su obligación, pero que ella no estuvo presente en el comité en que se tomó la decisión. Sólo detectó el posible conflicto de intereses del ingeniero Cifuentes cuando hizo su propio filtro personal. La funcionaria recalcó que a pesar de su jornada de 17 horas de trabajo al día, no pudo detectar a tiempo el error, pero que asumió el costo de lo que pasó de la única manera que le podía dar transparencia: con la revocatoria.

En cuanto a la vinculación del ingeniero Cifuentes al IDU, Rojas señaló que ella misma lo nombró después de un minucioso proceso de selección, y que es cierto que su asesor Ricardo Cárdenas, de quien no tiene queja alguna, se lo recomendó y también provenía de la empresa CI Grodco. “La mayoría de los altos funcionarios del organismo proviene de la empresa privada, y eso no constituye ningún impedimento. Eso sí, cada persona tiene que advertir sobre los suyos. Cifuentes no lo hizo y yo tenía que proceder”.

La directora del IDU aclaró que ahora es necesario volver a iniciar el proceso de selección para contratar la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público, pero que esa es la única forma de darles garantías a todos los proponentes. Consultada sobre la incidencia que ahora pueda tener su asesor Ricardo Cárdenas, recalcó que tendrá que hablar con él, pero que después de haber denunciado lo que pasó en el IDU con relación al escándalo del carrusel de la contratación, no puede ser floja para tomar las decisiones que correspondan.

En cuanto al ingeniero Cifuentes, la directora del IDU aclaró que dio traslado de toda la documentación del caso a la oficina de control disciplinario para que se acoja el curso regular. Después, cuando haya una valoración de lo sucedido, verá si es pertinente remitir el caso a los organismos de control. Por ahora, puntualizó María Fernanda Rojas, lo importante es preservar la confianza de la ciudadanía en la administración Petro y revisar todos los procesos en los que participó el ingeniero Cifuentes.

El Espectador conoció que este funcionario, durante su vinculación de cerca de seis meses con el IDU, participó en al menos 67 contratos públicos, con un estimado de $149.348 millones en obras adjudicadas. Desde interventorías técnicas, mantenimiento de troncales, obras de emergencia o de conservación, estudios de diseños y adiciones de contratación. En su cargo había reemplazado a Luis Eduardo Montenegro Quintero, contra quien la Procuraduría recientemente formuló cargos por irregularidades en contratos.

A pesar de los contratiempos contractuales, el pasado 29 de septiembre arrancó la operación del Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá, con dos rutas urbanas que funcionarán entre las 4 a.m. y las 12:30 p.m. Según el plan trazado, en 18 meses tendrá que estar operando el resto del plan en materia de cobertura, medios de pago, tarifas e infraestructura. Este último aspecto es el que ahora preocupa en la administración, pues tendrá que recuperarse el tiempo perdido por la revocatoria del proceso licitatorio.

Por ahora, el IDU celebrará esta semana los 40 años de una institución que fue creada en 1972 por el entonces alcalde Carlos Albán Holguín, que tuvo como su primer director a Patricio Samper Gnecco y que a lo largo de cuatro décadas fue el organismo clave para el desarrollo vial de la capital. Desafortunadamente, en los últimos tiempos cayó es desgracia, y durante las gestiones de Liliana Pardo e Inocencio Meléndez, entre otros, en la administración de Samuel Moreno, protagonizó el mayor escándalo de corrupción en la historia de la ciudad.