Los líos de la firma Plataforma Universal, un grande en el negocio de las libranzas
Denuncias por falsificación de certificados de custodias de pagarés, supuesto “gemeleo” de libranzas y millonarias deudas hacen parte del expediente contra una sociedad que había sido presentada como ejemplo de un mercado que desde hace un par de años está en crisis.
Redacción Investigación
El negocio de la compraventa de libranzas terminó en uno de los descalabros financieros más grandes de los últimos años. Hoy están embolatados cerca de $2 billones por medio de actividades de cooperativas que “gemeliaron” y vendieron pagarés hasta tres veces. Pocas sociedades del sector han quedado bien paradas. Incluso Plataforma Universal S.A.S., que venía operando desde 2011 y era ejemplo de buenas prácticas administrativas. Sin embargo, hace seis meses se descubrió un hueco en sus finanzas y entró en proceso de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades. De igual modo, hoy recaen sospechas sobre presuntos actos ilegales en esta empresa, tales como falsificación de documentos y captación ilegal.
(En contexto: Crecen las reclamaciones por desfalco con libranzas)
Una de las denuncias la interpuso un grupo de ocho inversionistas contra María Claudia Vargas y Carlos Felipe Alvarado, socios y representantes legales de Plataforma Universal. La denuncia fue planteada por Nuevacol S.A.S. y otras siete personas, quienes al parecer recibieron certificados de custodia falsos. “Nosotros invertimos en una cartera de libranzas sana. Las auditorías a Plataforma Universal demostraban que no tenían deudas. Pero el movimiento societario que hicieron para consolidarse como grupo económico, al unirse a una decena de cooperativas, hizo que los problemas financieros de las otras empresas migraran a Plataforma Universal”, explicó Danny Jordán, representante de Nuevacol.
Los problemas económicos comenzaron a ser visibles el 12 de julio de 2018, durante una asamblea de accionistas. En dicha reunión, el revisor fiscal de Plataforma Universal advirtió que sus deudas habían aumentado en casi $4.000.000 millones. Algunos inversionistas pidieron explicaciones y comenzaron a investigar por su cuenta. Entonces encontraron que la empresa no tenía capacidad para responder a los contratos de compra de cartera, que un mismo pagaré de libranza se había vendido dos veces, que las cifras estaban siendo manipuladas y que el negocio prometido era diferente a la realidad. Pero el hallazgo que más sorprendió fue una serie de contratos de custodia de pagarés que, al parecer, fueron falsificados.
Estos documentos eran la garantía de que los pagarés de libranza estaban bajo la custodia de un tercero, que resultó ser la sociedad Administradora de Archivos (AdeA). Según los inversionistas denunciantes, fue gracias a la alerta de una exempleada de la firma Plataforma Universal que se dieron cuenta de las irregularidades. Inicialmente tomaron la decisión de elevar un derecho de petición a AdeA para que certificara si ellos realmente eran los custodios de sus pagarés. La empresa de ingeniería documental respondió el pasado 2 de agosto de 2018 y precisó literalmente que los certificados en poder de los inversionistas eran falsos.
(Vea este blog de Alberto Donadio: Otra quiebra en libranzas: Plataforma Universal)
AdeA manifestó que desde el año pasado Plataforma Universal no les había pagado por la custodia de los pagarés. Asimismo, indicó que suspendieron el contrato y que no devolverían documento alguno a Plataforma Universal hasta obtener una explicación de lo sucedido. Además, que solo entregarían la información que tenían en su poder a las autoridades correspondientes. Frente a los certificados de custodia que adjuntaron los inversionistas a su derecho de petición, AdeA sostuvo que la dirección de operaciones realizó un análisis y encontró que ninguno de estos documentos fue elaborado por la empresa. La conclusión fue que, en todos los casos, se presentaron anomalías con los logos, que no era su papelería, que el NIT estaba errado y que tenían firmas distintas a la de la directora de operaciones. “Ni siquiera se tomaron el trabajo de imitarlas”, concluyó el estudio hecho por AdeA.
“Esta situación provocó que solicitáramos una explicación a Plataforma Universal. Y estamos esperando su respuesta para darle traslado a la Fiscalía (…) Nos sentimos instrumentalizados y somos los primeros que queremos saber qué ocurre”, escribió AdeA en su respuesta a los inversionistas encabezados por Nuevacol. “Falsificaron la papelería. A mí me dieron un original con una firma que no corresponde a la verdad. Con la respuesta que nos envió AdeA, radicamos la respectiva queja ante la Superintendencia de Sociedades y la denuncia ante la Fiscalía en la que está fundamentada la falsedad documental”, dijo Jordán.
El Espectador consultó a María Claudia Vargas, representante legal de Plataforma Universal, quien sostuvo que la denuncia por la supuesta falsedad de unos certificados de custodia de AdeA fue interpuesta por un abogado que la representa a ella. “No tengo conocimiento de ninguna denuncia por parte de los ‘inversionistas quejosos’ en contra de los representantes legales de Plataforma Universal. La responsabilidad que corresponda deberá establecerla un juez, en atención a que ya el tema está en manos de las autoridades”, sostuvo María Claudia Vargas, quien aseguró que es completamente falso que la sociedad hubiese vendido un mismo pagaré de libranza a dos clientes.
(Otros casos: Estraval,un descalabro peor que Interbolsa)
El caso en Supersociedades
El expediente en la Superintendencia de Sociedades para la reorganización empresarial de Plataforma Universal se abrió el pasado 26 de septiembre. Luego de recibir un informe sobre sus finanzas, Supersociedades concluyó que desde marzo de 2018 empezaron sus incumplimientos. “La sociedad ha presentado versiones confusas, pues además de la confesión expresa sobre el incumplimiento de obligaciones, también ha manifestado que este se dio en contra del patrimonio de la empresa y sus socios (…) Ello quiere decir que la cartera vendida no genera flujos necesarios para cubrir los pagos correspondientes y que se está desmejorando la prenda general de los acreedores, con el objeto de atender los pagos de ciertas obligaciones particulares”. Así se lee textualmente en el informe de la Superintendencia.
A su vez, los inversionistas que se han negado a renegociar sus contratos con Plataforma Universal se mostraron en desacuerdo con la decisión de iniciar un proceso de insolvencia. “No estamos contentos con ese proceso de reorganización, porque no nos protegen. Nosotros no somos acreedores de Plataforma Universal, no les prestamos plata. Lo que hicimos fue comprar un activo que ellos debían administrar y entregarnos unos flujos. Desde que nos notificaron sobre el problema dejaron de pagarnos y nuestros recursos los han dispuesto para pagar a otros inversionistas que sí han renegociado sus deudas”, sostuvo Jordán.
El superintendente delegado para Inspección, Vigilancia y Control fue quien solicitó la apertura del proceso de insolvencia. En su informe aseguró que en Plataforma Universal se estaban pagando algunas obligaciones, pero otras no, a partir de un “criterio azaroso y errático”, al punto de que estaban reteniendo dineros que pertenecían a los inversionistas. “Existe una posibilidad real de que la sociedad deje de atender debidamente sus deudas con ciertos grupos de acreedores, mientras que beneficia a aquellos con los que ha negociado directamente”, recalcó. Para la entidad tampoco es clara la situación económica y contable de Plataforma Universal, al punto que no se sabe dónde están algunos pagarés de libranza comercializados.
La defensa de Plataforma Universal
La representante legal de Plataforma Universal, María Claudia Vargas, aseguró que el objetivo de la reorganización es preservar el interés de todos los acreedores de la sociedad y que la compañía siga funcionando, “contrario a la intención de Danny Jordán, Juan Carlos García Afanador (ex-Interbolsa), Ivonne Mejía (ex-Interbolsa), Juan Carlos Caputi (Adcap), Sergio Mejía (Adcap), Eduardo Alejandro Orjuela (ex-KPMG) y Emilio José Luna (Credicorp Capital-Correval), quienes querían apoderarse de la compañía. Ellos sustrajeron activos de la misma y como no lograron su objetivo, ahora buscan perjudicar a los demás acreedores”. Según Vargas, los “inversionistas quejosos” quieren imponer sus intereses y, de mala fe, mover el aparato estatal a su favor.
A su vez, Plataforma Universal aseguró que su caso no puede calificarse como descalabro financiero, porque su situación no es equiparable a la de otras cooperativas. “Los socios estamos al frente, como siempre, respondiendo por la compañía y haciendo un gran esfuerzo por mantener su operación en medio de las dificultades en las que el grupo demandante ha pretendido sumergirla”. La última palabra la tendrán las autoridades. Por un lado la Supersociedades, que deberá vigilar el proceso de reorganización y determinar si existió alguna responsabilidad por malas gestiones administrativas; y por el otro la Fiscalía, que deberá determinar quién está detrás de las falsificaciones de los certificados de AdeA.
El negocio de la compraventa de libranzas terminó en uno de los descalabros financieros más grandes de los últimos años. Hoy están embolatados cerca de $2 billones por medio de actividades de cooperativas que “gemeliaron” y vendieron pagarés hasta tres veces. Pocas sociedades del sector han quedado bien paradas. Incluso Plataforma Universal S.A.S., que venía operando desde 2011 y era ejemplo de buenas prácticas administrativas. Sin embargo, hace seis meses se descubrió un hueco en sus finanzas y entró en proceso de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades. De igual modo, hoy recaen sospechas sobre presuntos actos ilegales en esta empresa, tales como falsificación de documentos y captación ilegal.
(En contexto: Crecen las reclamaciones por desfalco con libranzas)
Una de las denuncias la interpuso un grupo de ocho inversionistas contra María Claudia Vargas y Carlos Felipe Alvarado, socios y representantes legales de Plataforma Universal. La denuncia fue planteada por Nuevacol S.A.S. y otras siete personas, quienes al parecer recibieron certificados de custodia falsos. “Nosotros invertimos en una cartera de libranzas sana. Las auditorías a Plataforma Universal demostraban que no tenían deudas. Pero el movimiento societario que hicieron para consolidarse como grupo económico, al unirse a una decena de cooperativas, hizo que los problemas financieros de las otras empresas migraran a Plataforma Universal”, explicó Danny Jordán, representante de Nuevacol.
Los problemas económicos comenzaron a ser visibles el 12 de julio de 2018, durante una asamblea de accionistas. En dicha reunión, el revisor fiscal de Plataforma Universal advirtió que sus deudas habían aumentado en casi $4.000.000 millones. Algunos inversionistas pidieron explicaciones y comenzaron a investigar por su cuenta. Entonces encontraron que la empresa no tenía capacidad para responder a los contratos de compra de cartera, que un mismo pagaré de libranza se había vendido dos veces, que las cifras estaban siendo manipuladas y que el negocio prometido era diferente a la realidad. Pero el hallazgo que más sorprendió fue una serie de contratos de custodia de pagarés que, al parecer, fueron falsificados.
Estos documentos eran la garantía de que los pagarés de libranza estaban bajo la custodia de un tercero, que resultó ser la sociedad Administradora de Archivos (AdeA). Según los inversionistas denunciantes, fue gracias a la alerta de una exempleada de la firma Plataforma Universal que se dieron cuenta de las irregularidades. Inicialmente tomaron la decisión de elevar un derecho de petición a AdeA para que certificara si ellos realmente eran los custodios de sus pagarés. La empresa de ingeniería documental respondió el pasado 2 de agosto de 2018 y precisó literalmente que los certificados en poder de los inversionistas eran falsos.
(Vea este blog de Alberto Donadio: Otra quiebra en libranzas: Plataforma Universal)
AdeA manifestó que desde el año pasado Plataforma Universal no les había pagado por la custodia de los pagarés. Asimismo, indicó que suspendieron el contrato y que no devolverían documento alguno a Plataforma Universal hasta obtener una explicación de lo sucedido. Además, que solo entregarían la información que tenían en su poder a las autoridades correspondientes. Frente a los certificados de custodia que adjuntaron los inversionistas a su derecho de petición, AdeA sostuvo que la dirección de operaciones realizó un análisis y encontró que ninguno de estos documentos fue elaborado por la empresa. La conclusión fue que, en todos los casos, se presentaron anomalías con los logos, que no era su papelería, que el NIT estaba errado y que tenían firmas distintas a la de la directora de operaciones. “Ni siquiera se tomaron el trabajo de imitarlas”, concluyó el estudio hecho por AdeA.
“Esta situación provocó que solicitáramos una explicación a Plataforma Universal. Y estamos esperando su respuesta para darle traslado a la Fiscalía (…) Nos sentimos instrumentalizados y somos los primeros que queremos saber qué ocurre”, escribió AdeA en su respuesta a los inversionistas encabezados por Nuevacol. “Falsificaron la papelería. A mí me dieron un original con una firma que no corresponde a la verdad. Con la respuesta que nos envió AdeA, radicamos la respectiva queja ante la Superintendencia de Sociedades y la denuncia ante la Fiscalía en la que está fundamentada la falsedad documental”, dijo Jordán.
El Espectador consultó a María Claudia Vargas, representante legal de Plataforma Universal, quien sostuvo que la denuncia por la supuesta falsedad de unos certificados de custodia de AdeA fue interpuesta por un abogado que la representa a ella. “No tengo conocimiento de ninguna denuncia por parte de los ‘inversionistas quejosos’ en contra de los representantes legales de Plataforma Universal. La responsabilidad que corresponda deberá establecerla un juez, en atención a que ya el tema está en manos de las autoridades”, sostuvo María Claudia Vargas, quien aseguró que es completamente falso que la sociedad hubiese vendido un mismo pagaré de libranza a dos clientes.
(Otros casos: Estraval,un descalabro peor que Interbolsa)
El caso en Supersociedades
El expediente en la Superintendencia de Sociedades para la reorganización empresarial de Plataforma Universal se abrió el pasado 26 de septiembre. Luego de recibir un informe sobre sus finanzas, Supersociedades concluyó que desde marzo de 2018 empezaron sus incumplimientos. “La sociedad ha presentado versiones confusas, pues además de la confesión expresa sobre el incumplimiento de obligaciones, también ha manifestado que este se dio en contra del patrimonio de la empresa y sus socios (…) Ello quiere decir que la cartera vendida no genera flujos necesarios para cubrir los pagos correspondientes y que se está desmejorando la prenda general de los acreedores, con el objeto de atender los pagos de ciertas obligaciones particulares”. Así se lee textualmente en el informe de la Superintendencia.
A su vez, los inversionistas que se han negado a renegociar sus contratos con Plataforma Universal se mostraron en desacuerdo con la decisión de iniciar un proceso de insolvencia. “No estamos contentos con ese proceso de reorganización, porque no nos protegen. Nosotros no somos acreedores de Plataforma Universal, no les prestamos plata. Lo que hicimos fue comprar un activo que ellos debían administrar y entregarnos unos flujos. Desde que nos notificaron sobre el problema dejaron de pagarnos y nuestros recursos los han dispuesto para pagar a otros inversionistas que sí han renegociado sus deudas”, sostuvo Jordán.
El superintendente delegado para Inspección, Vigilancia y Control fue quien solicitó la apertura del proceso de insolvencia. En su informe aseguró que en Plataforma Universal se estaban pagando algunas obligaciones, pero otras no, a partir de un “criterio azaroso y errático”, al punto de que estaban reteniendo dineros que pertenecían a los inversionistas. “Existe una posibilidad real de que la sociedad deje de atender debidamente sus deudas con ciertos grupos de acreedores, mientras que beneficia a aquellos con los que ha negociado directamente”, recalcó. Para la entidad tampoco es clara la situación económica y contable de Plataforma Universal, al punto que no se sabe dónde están algunos pagarés de libranza comercializados.
La defensa de Plataforma Universal
La representante legal de Plataforma Universal, María Claudia Vargas, aseguró que el objetivo de la reorganización es preservar el interés de todos los acreedores de la sociedad y que la compañía siga funcionando, “contrario a la intención de Danny Jordán, Juan Carlos García Afanador (ex-Interbolsa), Ivonne Mejía (ex-Interbolsa), Juan Carlos Caputi (Adcap), Sergio Mejía (Adcap), Eduardo Alejandro Orjuela (ex-KPMG) y Emilio José Luna (Credicorp Capital-Correval), quienes querían apoderarse de la compañía. Ellos sustrajeron activos de la misma y como no lograron su objetivo, ahora buscan perjudicar a los demás acreedores”. Según Vargas, los “inversionistas quejosos” quieren imponer sus intereses y, de mala fe, mover el aparato estatal a su favor.
A su vez, Plataforma Universal aseguró que su caso no puede calificarse como descalabro financiero, porque su situación no es equiparable a la de otras cooperativas. “Los socios estamos al frente, como siempre, respondiendo por la compañía y haciendo un gran esfuerzo por mantener su operación en medio de las dificultades en las que el grupo demandante ha pretendido sumergirla”. La última palabra la tendrán las autoridades. Por un lado la Supersociedades, que deberá vigilar el proceso de reorganización y determinar si existió alguna responsabilidad por malas gestiones administrativas; y por el otro la Fiscalía, que deberá determinar quién está detrás de las falsificaciones de los certificados de AdeA.