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Pandora Papers es la nueva investigación periodística en la que más de 600 periodistas, liderados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelaron inversiones financieras secretas de millonarios y poderosos en jurisdicciones con beneficios fiscales. Algunas de ellas son consideradas en distintos listados como “paraísos fiscales”, por sus malas prácticas o poca transparencia, pues facilitan, en varios casos, la evasión de impuestos o la transferencia de activos producto de actividades ilegales.
Lea aquí el informe completo de los Pandora Papers en Colombia
Para entender cómo funcionan estas jurisdicciones offshore o paraísos fiscales, El Espectador y CONNECTAS conversaron con Susana Ruiz, coordinadora de Justicia Fiscal de Oxfam Internacional, organización no gubernamental que ha estudiado por años la desigualdad generada por los paraísos fiscales y su impacto en la pobreza. Ruiz se refiere a las dificultades para definir estos territorios, los obstáculos a los que se enfrentan los países de América Latina para combatirlos y los efectos de las investigaciones periodísticas, en especial los Panama Papers. (Pandora Papers: las facturas a nombre del director de la DIAN)
Si los paraísos fiscales son legales, ¿por qué Oxfam los critica?
El problema de los paraísos fiscales es que generan competencia desigual, casi que un juego sucio, al resto de los países, porque han decidido adoptar una legislación que genera un efecto de presión o competencia a otros países en el tratamiento de los impuestos, a las rentas de capital, a las grandes fortunas. Es como si al mercado llegara una empresa que no juega con reglas iguales. Pero además no controlan, y en cambio facilitan, la utilización de esos centros financieros para ocultar activos no declarados en los países de origen.
Es difícil imponer o prohibirle a un territorio que tenga determinada legislación, porque cada uno tiene su soberanía. Lo que sí se puede hacer es crear consensos internacionales en los que todos los países, o la mayoría, lleguen a acuerdos que permitan cambios en las legislaciones o poner medidas defensivas, que es lo que hacen muchos. (Acciones con nombre propio: el expresidente Andrés Pastrana en Pandora Papers)
En los últimos años ha habido una preocupación por diferenciar las “jurisdicciones offshore” de los “paraísos fiscales” y cada organización, Estado u organismo tienen su propio listado. De hecho, Oxfam tiene un listado de paraísos fiscales. ¿Qué es un paraíso fiscal y cómo elaboran ustedes esa clasificación?
Parte del problema es que no hay una única definición internacional o universal de qué es un paraíso fiscal o un territorio no cooperativo, llámenlos como quieran, pero los demás términos son eufemismos. Por eso, tampoco hay una única lista. Como los paraísos fiscales se utilizan para distintos objetivos (ocultar activos, actividades criminales, la elusión fiscal), no puede haber un único listado, sino que hay que pensar cómo distintos territorios sirven a distintas funciones.
Hemos decidido centrarnos en los territorios que suponen la mayor parte del tráfico mundial de los paraísos fiscales, que es la elusión fiscal. A pesar de todo lo que pensamos intuitivamente, la mayor parte del dinero que circula por los paraísos fiscales no tiene que ver con corrupción, ocultamiento de activos ni con actividades criminales, tiene que ver con la utilización de las grandes empresas para pagar menos impuestos. Y eso es lo que ha hecho que se normalicen estos territorios y, sobre todo, los europeos como Irlanda, Luxemburgo u Holanda. (Energía offshore: el expresidente César Gaviria en Pandora Papers)
Sobre los paraísos fiscales que se dedican a actividades criminales se han creado listados o mecanismos que establecen controles, especialmente, para la utilización de las cuentas bancarias y los activos. Por ejemplo, Suiza ha tenido que abandonar poco a poco el secreto bancario, y en distintos países, crear intercambios de información. Pero hay países con zonas grises, donde no es legal ni ilegal, y nadie quiere mirar las legislaciones. Es ahí donde nos hemos centrado nosotros, porque generan grandes pérdidas para los países, en especial para los que están en desarrollo.
¿Cuándo una jurisdicción empieza a comportarse como paraíso fiscal?
Cuando tiene baja tributación. Irlanda, por ejemplo, tiene un 12,5 % en la renta y otros países como Hungría o Bulgaria, que tienen baja tributación y legislación más floja o menos exigente a la hora de verificar quiénes son los titulares de las empresas que se constituyen en esos territorios. También tienen un tratamiento diferenciado para cierto tipo de actividad. Por ejemplo, en Holanda, todos los royalties (regalías) que vienen por intangibles, como las patentes o marcas, están gravados con impuestos bajos. Holanda grava con la mitad, cerca del 1 %, todos esos ingresos.
Cuando, por ejemplo, Nike tiene registrada su sociedad en Holanda o Irlanda, lo que hace es que cada par de zapatillas que vamos a comprar en cualquier país europeo tiene que estar pagando un porcentaje a esa filial en Holanda o Irlanda. Ese 5 % o 10 % de royalties que van a ir a Holanda o Irlanda ahí están tributando prácticamente al 0 %, pero reducen la base imponible en España. Es decir, en España pagan menos impuestos, pero en Irlanda u Holanda no están pagando impuestos. Por eso, en Oxfam nos hemos metido a los paraísos fiscales a estudiar esos mecanismos.
En conclusión, un territorio se comporta como paraíso fiscal cuando hay baja tributación, poca identificación de quiénes son los propietarios de las empresas, un tratamiento diferenciado de las actividades de residentes y no residentes, y un tratamiento especial para actividades como los intangibles o patentes, que permite reducir intereses financieros, la base fiscal y no tener que pagar impuestos. Y generalmente tienen poco intercambio de información.
Adicional a esos paraísos fiscales en Europa, ¿qué otros prenden las alarmas, especialmente en América Latina?
Los obvios siguen siendo Panamá y los caribeños: las Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Barbados e Islas Caimán, que son los más agresivos. Luego, también están en Asia, Singapur y Hong Kong. No pensemos que los paraísos fiscales tienen que estar en América Latina para ser utilizados por las fortunas o empresas latinoamericanas. El primer inversor en América Latina es Holanda, un 30 % de la inversión que llega a Colombia lo hace a través de paraísos fiscales y un 40 % que sale, una gran mayoría, lo hace a través de Holanda.
El dinero puede circular rápidamente, sin que la persona tenga que ir directamente al otro país, y la ventaja de los paraísos fiscales europeos es que ninguno de los países de América Latina los identifica como un paraíso fiscal. Es el caso de Holanda o Luxemburgo, que no aparecen en ningún listado de los estados latinoamericanos, y dan la sensación de ser territorios menos nocivos. Todavía queda mucho por hacer para que los países de América Latina vean la agresividad de esos territorios. Pero insisto en que el más peligroso para América Latina en estos momentos es Holanda, más que Panamá.
¿Qué cambios produjeron los Panama Papers, la investigación periodística que reveló secretos financieros y prácticas irregulares de abogados en paraísos fiscales, y a la que le siguieron publicaciones como Paradise Papers y FinCEN Files?
Aunque nos quejamos de que las legislaciones contra los paraísos fiscales son lentas, nada de lo que ha pasado hubiese sido posible sin las revelaciones periodísticas. Antes de los Panama Papers, estuvieron los Lux Leaks y en la agenda europea el escándalo fue muy grande. Fueron empresas europeas que tenían un acuerdo con un gobierno en Luxemburgo, que permitía un doble juego: el gobierno de Luxemburgo podía tener un tratamiento diferenciado con 350 empresas. La revelación permitió que se rompieran esos acuerdos que rompían el principio de plena competencia.
Ha cambiado la legislación. Toda la agenda internacional se ha ido moviendo al ritmo de los paraísos fiscales. Los Panama Papers siempre me han parecido muy explícitos con los casos de las empresas, contaron cómo eran los correos, cómo buscaban paraíso fiscal tras paraíso fiscal, según el que más les convenía, y eso golpeó a todo el planeta. Los Panama Papers hicieron que ningún gobierno pudiera decir “no es verdad”, “no es tanto” o minimizarlo. Ningún dirigente o jefe de Estado ha podido voltear la cabeza, y eso ha hecho que salga del clóset la evasión fiscal, ya no puede ser algo que esté escondido o que ningún gobierno no quiera verlo.
Los resultados aún son pequeños, son insuficientes, pero las investigaciones periodísticas han permitido tomar conciencia de que los paraísos fiscales son una realidad, un problema y un abuso. Se han puesto en marcha algunas medidas que consideramos insuficientes, pero los Panama Papers han hecho inevitable que existan estos cambios legislativos, que incluyen la identificación de titulares y la existencia de algunos registros públicos.
¿Cómo impactan los paraísos fiscales en la desigualdad?
La utilización de paraísos fiscales es un problema de desigualdad. El primer impacto directo es la menor recaudación para los gobiernos, que no viene del ciudadano corriente sino de grandes empresas y fortunas. Los gobiernos recortan, entonces, el gasto público o piden un mayor esfuerzo a quien no puede pagar, que son la clase media o las capas más vulnerables de la sociedad. Se genera una pérdida de recursos y una amenaza directa a la ciudadanía.
En los últimos diez años, ha caído en un 30 % la contribución de grandes empresas, pero han aumentado en un 15 % las contribuciones de las familias. El costo del sostenimiento del Estado recae sobre las familias. Adicional a esto, está el juego desleal que están generando. Una empresa que usa paraísos fiscales para canalizar la inversión extranjera paga menos impuestos, pero cualquier empresa tradicional en el país, la de la esquina, tiene que pagar impuestos que proporcionalmente son mucho más altos. Al final, tenemos grandes empresas que consiguen con artificios fiscales pagar menos impuestos, mientras negocios tradicionales o empresas más pequeñas, que no tienen actividad internacional y no pueden escapar a pagar impuestos, están sometidas a una presión fiscal mucho más alta.
¿Cuál es la situación de los Estados de América Latina, especialmente Colombia, frente a los paraísos fiscales?
Están mal preparados porque no ha habido voluntad política para hacerlo, salvo casos muy específicos. Cuando ves la lista de paraísos fiscales de Colombia y te das cuenta de que los paraísos fiscales que han sido el foco de los escándalos más grandes no están en ese listado, ya hay un problema. Hay una lista larga, pero los más importantes no están ahí. La falta de construcción de listados de paraísos fiscales en América Latina, con una identificación consensuada, es un problema.
Si, por ejemplo, Colombia quisiera identificar a todos los países que tienen un 0 % de impuestos a la renta o que tienen una tributación ultrabaja ya para empezar tendría a algunos de los más agresivos identificados. Tampoco hay registros públicos, salvo Argentina, para identificar quiénes son los titulares de las empresas. Se pueden usar muy fácilmente o registrar sociedades en paraísos fiscales sin que los gobiernos estén haciendo esfuerzos para poder rastrearlas. Los registros públicos serían un buen comienzo. Además, se puede poner un impuesto a la salida de capitales, para evitar la salida de esas grandes fortunas, y activar los intercambios de información, porque aún es insuficiente. Falta articulación.
¿Considera relevante conocer la existencia de sociedades offshore de funcionarios públicos o personas que manejen recursos públicos?
Que una persona congresista o con función pública tenga una sociedad offshore es un indicador. Yo no la tengo. Al menos sería interesante saber que la tiene, pero además tiene que explicar por qué la tiene. Cuando esas sociedades no tienen una actividad económica real, el funcionario tiene que justificar a qué se deben esas sociedades, si es para tener propiedades u ocultar activos. La existencia de una sociedad en un paraíso fiscal no es de por sí ilegal, la existencia para minimizar o ocultar tu patrimonio, sí lo es, y utilizarla para no declararlo es un problema.
Entonces, un funcionario público tiene la responsabilidad de generar confianza en la ciudadanía. Deberían estar obligados a justificar el uso de la sociedad o a cerrarla, repatriar ese capital y pagar los impuestos que les correspondan. Hay una responsabilidad con la ciudadanía y en estos momentos hay una percepción de que los funcionaros públicos están utilizando esos paraísos fiscales o sociedades pantalla para enriquecerse o cobrar corrupción. Es una responsabilidad contribuir a la confianza.
Pero no solo los funcionarios, todos los fondos públicos deberían hacer lo mismo. Por ejemplo, ahora es necesario que los fondos que vayan a la recuperación del Covid-19 deban tener una exigencia de no llegar a empresas que estén en paraísos fiscales o que tengan un comportamiento poco responsable, porque es inaceptable que nuestros impuestos, los recursos públicos, que son escasos para atender una crisis tan importante como la del Covid, vayan a empresas que tengan un comportamiento fiscal irresponsable. Desde funcionaros públicos, hasta fondos públicos hay responsabilidad de mostrar ala ciudadana para generar el bien común.
¿De qué manera impactan estas jurisdicciones a la población pobre?
Los Panama Papers han ayudado a que cualquier ciudadano piense que esto no es algo ajeno, que entienda que cuando estamos comprando un servicio, producto o bien en empresas que usan paraísos fiscales estamos elevando el costo, o generando una competencia desleal. Como consumidores tenemos el poder de decidir. Si puedo ir a tomar un café a una empresa que usa paraísos fiscales o puedo elegir tomarme un café en otro lugar, tomo conciencia como consumidora y elijo ir una empresa que tenga un comportamiento fiscal más responsable. Ahora está el otro efecto. La gente se pregunta: ¿Por qué tengo yo que pagar más impuestos si mi gobierno no está poniendo más controles suficientes para bloquear la utilización de paraísos fiscales para grandes fortunas y empresas? Al menos, desde mi voto como ciudadano, también puedo optar por elegir los gobiernos que tienen una política de intervención con los paraísos fiscales.