El pasado 8 de octubre, la Dirección Nacional de Estupefacientes entregó a la Iglesia Misión Carismática al Mundo, en calidad de depositario provisional y para desarrollar su objeto social, un millonario inmueble ubicado en Cali. Apenas dos semanas después ha trascendido que el mismo bien, otrora propiedad del extinto narcotraficante Hélmer Herrera Buitrago, hace parte de una investigación judicial por una ilícita negociación en la cual participó el representante legal de la misma Iglesia, Jorge Villavicencio Rosales.
Según información de la Fiscalía 28 especializada contra el lavado de activos, el inmueble, ubicado en la calle 7 Nº 82 -65 en el sector Meléndez de Cali, perteneció a la inmobiliaria UMV S.A., de la cual era propietario Hélmer Herrera. Sin embargo, el bien fue trasladado fraudulentamente a dos particulares a través de una negociación formalizada en la Notaría única de Jamundí (Valle). Dichas personas argumentaron que lo habían adquirido por la cancelación de una deuda con UMV S.A., que se había convertido en una herencia familiar.
Con el paso de los días se probó que dicho predio fue traspasado con documentación falsa en diciembre de 1996, para evitar que el Estado lo incautara. Once años después, el 26 de abril de 2007, el particular Óscar Naranjo Grisales, en representación de los presuntos propietarios, vendió el inmueble a la Iglesia Misión Carismática al Mundo por valor superior a los $1.600 millones. En pocos meses, investigadores del CTI de la Fiscalía en Cali empezaron a probar que esta última negociación también estuvo “viciada por la ilicitud”.
La primera sospecha recayó en constatar que los presuntos propietarios eran un ama de casa de un humilde sector de Medellín que durante mucho tiempo trabajó como empleada doméstica y hoy está afiliada al Sisbén, y un agricultor que según información financiera devengaba $800.000 y estaba incluido en una lista de desplazados. En otras palabras, prestaron sus nombres para ocultar el origen ilegal del bien. El notario octavo de Cali elevó denuncia penal cuando se enteró del caso y la justicia hoy también cuestiona al negociador de la iglesia.
En su momento el representante legal de la Iglesia Misión Carismática al Mundo, Jorge Villavicencio Rosales, argumentó que fue la inmobiliaria UMV la que ofreció el lote, que sólo se enteró de las irregularidades por el notario octavo de Cali y que persistió en la negociación por no perder el valor pagado por concepto de impuesto predial del bien adquirido. Sin embargo, la Fiscalía, después de recaudar varias pruebas, concluyó que “la situación fue aprovechada en su beneficio por parte de la Iglesia Misión Carismática al Mundo”.
Ante lo sucedido, el pasado 26 de mayo de 2009, la Fiscalía 28 Especializada contra el Lavado de Activos concluyó que, de “manera inequívoca” quedaban probadas las causas para emprender el trámite de extinción de dominio del inmueble. No obstante, y paradójicamente, el pasado 7 de octubre, mediante oficio remitido a la Dirección Nacional de Estupefacientes, el representante legal de la Iglesia Misión Carismática al Mundo, Jorge Villavicencio, solicitó el mismo bien en depósito provisional para desarrollar su objeto social.
Al día siguiente, mientras el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, anunciaba el proceso de entrega de los bienes a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), adscrita al Ministerio de Hacienda, la DNE expidió la resolución 1288, a través de la cual removió del cargo de depositaria provisional del controvertido inmueble de Cali a la Lonja de Propiedad Raíz de esa ciudad y se lo entregó a la Iglesia Misión Carismática al Mundo, representada por Jorge Villavicencio Rosales.
Entrega presidencial
El 9 de octubre, 48 horas después de la solicitud de Jorge Villavicencio y 24 horas después de la resolución de aprobación, el presidente de la República, Álvaro Uribe, durante un encuentro de pastores cristianos y evangélicos en Cali, hizo entrega del valioso lote a la Misión Carismática al Mundo. Tras un saludo afectuoso invocando los valores democráticos, la fraternidad y la cohesión social, le preguntó al director nacional de Estupefacientes, Ómar Figueroa: “Ómar, ¿qué es lo que usted tiene en esa resolución?”. Y Figueroa hizo el anuncio.
Acto seguido, el presidente Uribe resaltó que “ojalá todos los lotes de Estupefacientes estuvieran ocupados por ciudadanos como ustedes”, y reconoció que ojalá en pocos meses quedara transformada la entidad, porque muchos lotes se habían entregado “con amiguismo, con corrupción”. Después añadió que una vez existiera sentencia ejecutoriada de los jueces, de manera pública y sin suspicacias, se podía realizar una negociación para que pudieran acceder definitivamente a la propiedad.
De esta manera, Jorge Villavicencio Rosales, un ciudadano de nacionalidad boliviana que llegó a Colombia en 1982 y dos años más tarde creó la Iglesia Cristiana Misión Carismática al Mundo, de rápida expansión por varios municipios de los departamentos del Valle, Quindío y Cauca, quedó formalmente como depositario del mismo bien del sector de Meléndez de la ciudad de Cali que en septiembre de 2007 había adquirido, en una negociación que la Fiscalía cuestionó, al punto que autorizó que le fuera aplicada la extinción de dominio.
Esta semana, algunos medios de comunicación de Cali presentaron el encuentro con más de 300 pastores cristianos como una “abierta participación en política del presidente Álvaro Uribe, pues además de la presencia del concejal de Cali José Fernando Gil Moscoso, quien actualmente preside la Comisión de Presupuesto del Concejo de esa ciudad, el primer mandatario estuvo acompañado por el actual representante a la Cámara y aspirante al Senado Roy Barreras, y por la aspirante a la Cámara María Consuelo Hernández de Villamizar.
Cierto o no, y eventualmente en la misma situación un grupo de altos funcionarios del Gobierno, encabezados por la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Eva María Uribe, lo real es que la resolución en favor de la Iglesia Misión Carismática al Mundo quedó sujeta a mayores controversias judiciales. En uno de sus apartes, la norma dice que “si alguno de los integrantes de la iglesia resultare con antecedentes judiciales, el acto administrativo será revocado”. ¿Puede ser considerado antecedente el negocio cuestionado por la Fiscalía? Amanecerá y veremos.