Los peritazgos forenses de Máximo Duque

En el Juzgado 11 Penal del Circuito deberán comparecer las jóvenes Laura Moreno y Jessy Quintero, sindicadas de coautoría impropia en homicidio agravado y falso testimonio, en desarrollo de la investigación por la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes en la noche del 31 de octubre de 2010. Además de los 23 testigos que prepara la defensa, esta vez la novedad es el peritazgo que presentó la experta forense puertorriqueña Yocasta Brugal, quien argumentó que Colmenares murió de manera accidental.

Hasta el momento, la hipótesis del homicidio de Luis Andrés Colmenares está basada en el informe que presentó en octubre de 2011 el médico legista Máximo Duque Piedrahíta, después de la exhumación del cadáver en el cementerio de Villa Nueva (La Guajira), luego de la gestión promovida por el fiscal Antonio González y los gastos del viaje pagados por la familia Colmenares. En su momento, Duque aseguró que lo hizo porque la Fiscalía le pidió su colaboración, pero que no hubo contrato. Lo cierto es que su diagnóstico de que se trató de una “muerte violenta” ha sido la base del caso judicial más mediático de los últimos tiempos.

Sin embargo, el reporte de la forense y experta en patología anatómica Yocasta Brugal es que el joven Colmenares falleció de manera accidental por asfixia y que su cuerpo “tenía las vías respiratorias comprometidas debajo del agua”. Es decir, que afectado por el alcohol ingerido esa noche de octubre de 2010, Colmenares se ahogó cuando quedó inconsciente al caer al caño del parque El Virrey. Cierto o no, las dudas sobre el caso persisten y no es la primera vez que los diagnósticos forenses del médico Máximo Duque generan controversia pública en sonados expedientes en los que ha concurrido como experto por solicitud privada o de la justicia.

Hace tres meses salió a la luz el libro del periodista Alberto Donadío, El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, que además de la investigación del autor, agregó un análisis de medicina forense de Máximo Duque que sembró dudas acerca de la forma como fue asesinado el ministro de Justicia en abril de 1984. Tuvo tal impacto la opinión pericial de Duque, que la Fiscalía anunció que va a exhumar el cadáver e interrogar a quienes escoltaban al ministro en el momento del crimen. La conclusión de Duque, 32 años después de los hechos, es que los impactos y las trayectorias de las balas no coinciden con las versiones ofrecidas por los testigos del homicidio.

Según el dictamen de Duque, solicitado por el congresista Rodrigo Lara Restrepo, tras examinar el informe de la necropsia realizada al cuerpo de Rodrigo Lara Bonilla en el Instituto de Medicina Legal en 1984, y los reportes emitidos por los laboratorios de balística de la misma entidad y de la Dijín, “es improbable que un tirador en movimiento pudiera impactar varias veces en un blanco que también estaba en movimiento”. En otras palabras, que la versión que quedó para la historia de un magnicidio perpetrado por dos sicarios al servicio de Pablo Escobar Gaviria queda en entredicho, y que una vez más el DAS está bajo sospecha.

Nacido en Ituango (Antioquia) en 1970, Máximo Duque Piedrahíta tiene una trayectoria larga. Médico cirujano especializado en ciencias forenses y múltiples estudios en derechos humanos, su propio cálculo es que ha realizado más de 2.500 informes de autopsias y unos 2.000 en clínica forense. Trabajó en la región de Urabá en los años 90 y a partir de 1998 se radicó en Bogotá. Fue director de Medicina Legal entre octubre de 2004 y abril de 2007. Luego se vinculó al Comité Internacional de la Cruz Roja con misiones en Irak, Afganistán y el norte de África, y desde 2008 hasta la fecha trabaja con su propia empresa, Mforence Consultance.

En desarrollo de sus labores como funcionario público o en calidad de asesor independiente, entre aciertos o yerros, no deja de ser un experto polémico. “Perito mercenario” o “perito a sueldo de los agentes estatales” fueron los calificativos que le dio el periodista Daniel Coronell en noviembre de 2013, por sus argumentos forenses respecto a otro sonado caso judicial: la muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, en los cruentos hechos del holocausto del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Lo hizo porque el médico Duque puso en duda la versión mediática y judicial sobre la suerte corrida por el jurista.

Por varios años, desde que se reabrió la investigación por los desaparecidos del Palacio de Justicia, una de las pruebas claves de la Fiscalía fue la imagen de varios noticieros de televisión de la época, en la que se ve cojeando y apoyado en el hombro de un militar a un hombre que fue rescatado por la Fuerza Pública. Ana María Bidegain lo reconoció como su esposo, el magistrado Carlos Horacio Urán. La conclusión de la Fiscalía, por la cual están procesados tres generales del Ejército, es que el magistrado Urán salió con vida, pero después fue ejecutado por agentes del Estado. Lo cierto es que su cuerpo fue encontrado después de la toma con un disparo en la cabeza.

El médico Máximo Duque apareció en 2012 planteando una versión diferente. En apoyo del alegato presentado por el abogado Julio Andrés Sampedro para defender al Estado en el proceso que se adelantó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Duque negó que el hombre del video fuera Carlos Horacio Urán. En su criterio, después de revisar el expediente y las necropsias realizadas, el jurista tenía el fémur izquierdo fracturado en tres partes, otra fractura en la pierna derecha y lesiones en la columna vertebral lumbar. En tal sentido, salvo que hubiese salido en una camilla, no podía movilizarse por sí mismo.

Además, el médico legista agregó que el incendio que consumió el Palacio de Justicia fue de tal intensidad, que no puede descartarse que varios cadáveres hubieran terminado convertidos en cenizas. En tales condiciones, su peritazgo sugirió que varios de los desaparecidos en realidad murieron en el Palacio, sin opción de ser identificados. En contraste, el experto peruano Carlos Basigalupo resaltó que es muy difícil que un cuerpo se consuma hasta que queden sólo cenizas. En noviembre de 2014, la Corte Interamericana declaró responsable al Estado colombiano por diez desapariciones y la violación de distintos derechos.

En diálogo con El Espectador, Duque observó que lo importante, en este o en otros casos, no es tener opiniones contrarias, sino buscar la verdad con razones, y que por eso no le da miedo exponer su criterio ni someterlo a la controversia en distintos juicios. Pero su actuación en sonados expedientes no deja de causarle insultos y hasta amenazas. Por ejemplo, en desarrollo del juicio contra seis militares procesados por el asesinato del joven Fair Leonardo Porras, una de las víctimas del caso conocido como los falsos positivos de Soacha en 2008, el médico Duque terminó exponiendo una tesis en contravía del consenso unánime.

El joven Fair Leonardo Porras padecía de un retardo mental moderado, razón por la cual era improbable que andara por Ocaña (Norte de Santander) realizando actividades criminales, como fue reportado por el Ejército tras su muerte violenta en el sitio Aguas Claras. El exdirector de Medicina Legal armó polémica porque argumentó que el retraso mental leve por la presencia de posibles secuelas por enfermedad neurológica con discapacidad para trabajar no necesariamente impide que una persona lleve a cabo acciones delictivas o use armas de fuego. Los seis militares fueron condenados por desaparición forzada y homicidio.

Tampoco Máximo Duque estuvo alineado a la conclusión que terminó imperando respecto a la extraña muerte del historiador, exconcejal y sindicalista Jaime Gómez Velásquez, ocurrida en abril de 2006. En esa época, Gómez se desempeñaba como asesor de la exsenadora Piedad Córdoba, y súbitamente desapareció el día 21 de marzo. Su familia reportó que muy temprano salió a dar una caminata ecológica por el Parque Nacional en Bogotá y nunca regresó a casa. Después de una intensa búsqueda, en avanzado estado de descomposición, su cuerpo desarticulado e incompleto y con escasos tejidos blandos, fue hallado el 23 de abril.

En ese momento, en calidad de director de Medicina Legal, el médico Duque manifestó que Jaime Gómez Velásquez probablemente había muerto por accidente. Su tesis fue que la causa del deceso había sido un trauma cráneo-encefálico. La familia de Gómez, con el apoyo de la Comisión Colombiana de Juristas, nunca aceptó esta conclusión y buscaron a tres expertos forenses, que ocho años después concluyeron que su muerte fue producto de un homicidio. En su criterio, hubo participación de un tercero que le causó heridas con un instrumento contundente, y por eso cuestionaron la falta de rigor de los investigadores.

El último caso no es menos discutido. El 27 de marzo de 2014, la joven Natalia Ponce de León fue atacada con ácido por Jonathan Vega. La víctima fue afectada con quemaduras de tercer grado en su rostro y cuerpo. La investigación ha probado que el agresor adquirió el ácido sulfúrico y actuó con actitud dolosa. Sin embargo, el médico Duque apareció con un reporte forense, según el cual Vega presentaba esquizofrenia paranoide y trastorno mental permanente, porque además comenzó a consumir alcohol y droga desde los doce años, que lo hacían incapaz de autodeterminarse. Es decir, que era un inimputable. Hoy Vega está preso y acusado de tentativa de homicidio.

Máximo Duque resalta que la prueba forense es apenas una pieza en los procesos y que él lo único que hace es exponer con respeto su criterio profesional porque ha visto peritos que emiten conceptos sin fundamento científico sólido. No obstante, en los últimos tiempos, sus peritazgos han resultado más controvertidos que los propios casos. Por ahora, y a partir de este lunes, uno de ellos constituye la base del expediente más taquillero: el caso Colmenares. Sólo que esta vez Duque está en la orilla mayoritaria por vía mediática, es decir, de quienes creen que al estudiante lo asesinaron. Como él dice, es una opinión. En debido proceso, es la justicia la que resuelve.

Conceptos del exdirector de Medicina Legal

¿Por qué sus conceptos generan debate?

El sistema judicial actual en Colombia, y en buena parte del mundo, es de partes y cada una debe tener iguales derechos. Este principio de igualdad de armas permite que la parte que acusa y la parte que se defiende puedan tener la facultad de presentar pruebas y eso incluye las pruebas científicas. Esto genera un debate en el juicio, cada parte puede controvertir las pruebas de la otra y finalmente un juez decide. Los conceptos científicos, forenses, no son ajenos a ese sistema y sin importar quién sea el perito, muchas veces generan debate o polémica en el proceso judicial. Y es allí donde debe darse la controversia, con el respeto debido y en el contexto técnico y científico.

¿Qué concluye en torno a la polémica que genera su trabajo?

Mi trabajo es como perito, soy una pieza pequeña del gran rompecabezas que comprende un caso judicial, y siempre trato de hacer mi labor con los mejores fundamentos científicos y técnicos.

Costos promedio de un servicio pericial