El Instituto Anticorrupción acaba de publicar el primer informe de hallazgos del Observatorio de Justicia e Impunidad, un documento que presenta estadísticas detalladas sobre procesos penales relacionados con delitos contra la administración pública o mecanismos de participación democrática. El informe, que además incluye cifras sobre irregularidades electorales y procesos de pérdida de investidura, utilizó bases de datos de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado, con información entre 2014 y 2020.
Camilo Enciso, director del Instituto, explica que es la primera vez que Colombia cuenta con un estudio de recolección de datos para entender la dimensión real de la lucha contra la corrupción. “Nuestro informe desnuda las debilidades del Estado, muestra sus avances y permite identificar en dónde están los problemas críticos”, explica Enciso. Y añade: “Esta es una herramienta que nos permite hacer política pública responsable y pasar del populismo anticorrupción a la construcción de política pública basada en hechos”.
Uno de los hallazgos más preocupantes de la investigación es que en 2020 hubo un aumento del 68 %, frente al año anterior, en presuntos casos de corrupción cometidos por funcionarios de elección popular. Estos hechos, asociados a delitos contra la administración pública, pasaron de 432 casos en 2019 a 727 en 2020. De acuerdo con el estudio, entre 2014 y 2020, los delitos contra la administración pública en los que hubo más audiencias de imputación de cargos fueron: violencia contra servidor público (48,9 %), cohecho por dar u ofrecer (15,9 %) y peculado por apropiación con (9,6 %).
Adriana Romero, coordinadora del proyecto Cero Impunidad, del Instituto Anticorrupción, afirma que la información suministrada por la Fiscalía no permite identificar las razones específicas del incremento de los casos, pero insiste en que es importante tener en cuenta que 2020 fue un año “atípico” para la administración pública. “Algunas reglas se flexibilizaron en función de dar rápida atención a las demandas de la pandemia”, dice Romero.
La investigadora se refiere, en concreto, a que para enfrentar la crisis del COVID-19 se declaró la Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Estas dos figuras, a través de las cuales se adoptaron medidas extraordinarias desde el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, permitieron fortalecer el poder de los funcionarios de elección popular y quizás aumentaron el número de hechos presuntamente relacionados con delitos contra la administración pública.
En la investigación se hace énfasis en que la mayoría de las actuaciones penales contra servidores de elección popular hasta ahora se encuentra en etapa de indagación. “En casi todos estos casos aún no se han realizado las audiencias de imputación de cargos, que son las primeras audiencias del proceso penal”, se lee en las conclusiones del trabajo. Por esto, Enciso hace un llamado a la “celeridad”, con el fin de que los servidores públicos que presuntamente defraudaron la confianza de sus electores, al incurrir en actos de corrupción, sean investigados y judicializados. “Hay que evitar que estos actos queden impunes”.
Otro de los descubrimientos importantes del trabajo está relacionado con el poco control político electoral que ha ejercido la ciudadanía en los últimos años. Un ejemplo de esta ausencia es que en las elecciones locales de 2015 y de 2019 el Consejo Nacional Electoral conoció 1.809 solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos a cargos de elección popular en los concejos, asambleas, juntas de administración local, alcaldías y gobernaciones. De estas, solo el 7 % fueron radicadas por la ciudadanía independiente y por los grupos significativos de ciudadanos. El resto de solicitudes las presentaron la Procuraduría General de la Nación, con el 73 %, y los partidos y movimientos políticos, con 20 %.
Una de las sugerencias de los autores es buscar mecanismos que permitan empoderar a la sociedad civil con respecto al control y la veeduría que pueden ejercer frente a las actuaciones de servidores públicos. Rafael Vargas, subsecretario del Consejo Nacional Electoral, la institución encargada de recibir y tramitar estas solicitudes de revocatoria, insiste en que es importante recordar que cada ciudadano tiene el deber de acudir a las entidades públicas competentes si conoce “cualquier posible irregularidad frente a un candidato a elección popular, para que se tomen oportunamente las decisiones necesarias”. Según Vargas, la mayor participación ciudadana en estos procesos de revocatoria aumentaría la identificación de casos en los que los candidatos no cumplen los requisitos exigidos por la Constitución y fortalecería el sistema democrático.
El documento también revela que entre 2014 y 2020 se han archivado 7.367 procesos penales por delitos contra mecanismos de participación democrática y contra la administración pública, debido a la imposibilidad de encontrar o establecer una víctima, pese a que en estos casos el sujeto a quien se le vulneran los derechos es el sistema democrático o el Estado. “En estos presuntos delitos la víctima es conocida, no debe ser encontrada o establecida”, explican los autores del trabajo. La investigadora Romero afirma que archivar estos procesos implica la suspensión temporal del proceso penal y de la investigación. “Así se incrementa el riesgo de prescripción de la acción penal y, consecuentemente, de impunidad”.