Lupa a precios de medicamentos

Un giro definitivo en el manejo de la política farmacéutica nacional se apresta a dar el Gobierno en los próximos días. Por eso, desde el pasado 23 de abril, el Ministerio de Salud y Protección Social hizo público entre todos los actores del sector un borrador de documento Conpes de 71 páginas. Allí efectuó una cruda radiografía de los graves problemas de la industria, examinó modelos de precios y calidad de los medicamentos y planteó una decena de estrategias con el fin de superar el acceso inequitativo de la población a las medicinas que derivan en una deficiente atención médica.

Según el documento puesto a consideración del sector para discusión y aportes, existe un gran contraste entre el gasto en salud y la recepción de los medicamentos de los enfermos frente al crecimiento del mercado farmacéutico nacional. Por ejemplo, en cifras destaca que mientras que el gasto per cápita en el régimen contributivo aumentó cerca del 45% entre los años 2006 a 2010, la población afiliada no recibe los medicamentos que les prescriben en más del 30% de los casos por diversos motivos.

Una realidad que se compara con la dinámica de la industria. En 2011 señala el borrador que el mercado fue de entre US$3.000 y US$3.300 millones, es decir, cerca del 30% del gasto total en salud. Para el Ministerio de Salud la mitad del mercado corresponde a lo institucional e incluye los recobros y el gasto farmacéutico de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), entre otras.

Resulta tan significativa la cifra para el ministerio del ramo, que en el documento señala que el mercado de los medicamentos incluso es mayor que el presupuesto total asignado a las universidades públicas del país sin contar las pensiones. En otras palabras, el proyecto de Conpes trata de explicarse porqué mientras que el Estado gira cuantiosos recursos y el mercado crece, los usuarios no acceden en un porcentaje significativo a los medicamentos que les prescriben en detrimento de la calidad de la salud.

Una multiplicación de problemas de la industria y del modelo que pasa por la explosión de recobros, que justamente tiene encartadas judicialmente a algunas EPS, directivos, funcionarios y exfuncionarios. A este se suman los problemas de transparencia en la información y distorsión de segmentos del mercado farmacéutico. Pero quizá la preocupación mayor está en que hay escasa información disponible sobre la pertinencia del uso de medicamentos y los resultados que pueden tener frente a los pacientes.

A estos factores se adicionan las inquietudes frente a la labor del Instituto para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Hay debilidades en la rectoría y el sistema de vigilancia de la calidad de la atención. En razón a esta situación, el Conpes destaca que fortalecen la decisión de formular una política farmacéutica. “Como elemento estratégico de la reforma al sistema de salud en Colombia”.

Con el diagnóstico claro por parte del Ministerio de Salud, la mayor parte del documento dictamina las diez estrategias para posibles soluciones a los problemas del sector farmacéutico. Las tres primeras hacen referencia a la disponibilidad de información confiable, oportuna y pública sobre acceso, precios, uso y calidad de medicamentos. Las otras siete estrategias buscan la creación de mecanismos para la regulación de precios y del mercado, la vigilancia, la sostenibilidad ambiental, la oferta y los servicios de acuerdo con las necesidades de salud nacionales y regionales.

Una iniciativa pública que busca no sólo la articulación de las entidades del sector, sino también la incorporación de entidades como los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, de Educación Nacional y Ambiente, así como de otros organismos como Colciencias, el Sena y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Según cifras oficiales, para desarrollar la nueva política farmacéutica se destinarán cerca de US$100 millones que se empezarán a ejecutar a partir de este año hasta 2021. Los recursos saldrán de inversión nacional, del Sistema General de Participación y cooperación internacional.

Pero quizás el punto que mayor controversia va a generar es la intervención directa en el mercado de los medicamentos, que se propone con la nueva política farmacéutica. Según el documento: “Colombia dispone de instrumentos de política de precios idóneos que requieren ajustes, pues han sido desatendidos en su implementación”. Por eso, se usarán herramientas de regulación eficaces y de fácil aplicación cuando el mercado presente precios no ajustados a la realidad.

Frente a los medicamentos en monopolio de un laboratorio, en su mayoría de alto costo, una vez se apruebe el Conpes entrarán en un proceso de estricto monitoreo de su precio y consumo a nivel nacional e internacional y cuando el Gobierno encuentre motivos de salud pública quedará facultado para efectuar negociaciones centralizadas o regular los precios.

En términos generales, se tiene previsto que con las medidas que se van a tomar, se presente una reducción sostenida de precios durante los dos primeros años de la implementación de la nueva política, calculada mediante un índice de medicamentos. Y en los 8 años siguientes se tiene previsto que el índice de precios de las medicinas deberá variar menos que la inflación de la economía colombiana.

Además de la nueva dinámica de precios que se quiere implementar durante los próximos diez años, se va a generar un sistema de información transparente y público que permita regular al mercado y que se convertirá en el insumo para la toma de decisiones del gobierno y los usuarios. La iniciativa busca además construir institucionalidad y su ejecución tendrá seguimiento a través de una comisión interinstitucional.

En cuanto al recurso humano para la industria, se va a adecuar la oferta de acuerdo con programas intersectoriales en áreas clínicas, industriales, en seguimiento de enfermedades crónicas y con la tecnificación y profesionalización de las droguerías. En materia de vigilancia se fortalecerán el Invima y la Superintendencia de Salud. En tanto que en lo ambiental se promoverá la investigación en biotecnología farmacéutica.

Otras estrategias plasmadas en la nueva política farmacéutica están encaminadas a estimular la producción de medicamentos estratégicos y genéricos, así como el desarrollo de nuevos programas de acceso, el diseño de redes de servicios farmacéuticos y la promoción del uso adecuado de los medicamentos.

La ministra de Salud, Beatriz Londoño, ya dio el paso fundamental para enderezar los vacíos de la industria farmacéutica. Faltan ahora los aportes del sector para de esta manera llevar a feliz término una difícil iniciativa que toca muchos intereses, pero que sin duda estaba en mora de hacerlo en beneficio de los usuarios. Se trata de una iniciativa que será el eje para la supervivencia del cuestionado modelo de salud ad portas de cumplir dos décadas de creado. ¿Lo logrará?

Evolución en el pago de los recobros por CTC y fallo de tutela (ver gráfico)

Árbol de problemas

Un giro definitivo en el manejo de la política farmacéutica nacional se apresta a dar el Gobierno en los próximos días. Por eso, desde el pasado 23 de abril, el Ministerio de Salud y Protección Social hizo público entre todos los actores del sector un borrador de documento Conpes de 71 páginas. Allí efectuó una cruda radiografía de los graves problemas de la industria, examinó modelos de precios y calidad de los medicamentos y planteó una decena de estrategias con el fin de superar el acceso inequitativo de la población a las medicinas que derivan en una deficiente atención médica.

Según el documento puesto a consideración del sector para discusión y aportes, existe un gran contraste entre el gasto en salud y la recepción de los medicamentos de los enfermos frente al crecimiento del mercado farmacéutico nacional. Por ejemplo, en cifras destaca que mientras que el gasto per cápita en el régimen contributivo aumentó cerca del 45% entre los años 2006 a 2010, la población afiliada no recibe los medicamentos que les prescriben en más del 30% de los casos por diversos motivos.

Una realidad que se compara con la dinámica de la industria. En 2011 señala el borrador que el mercado fue de entre US$3.000 y US$3.300 millones, es decir, cerca del 30% del gasto total en salud. Para el Ministerio de Salud la mitad del mercado corresponde a lo institucional e incluye los recobros y el gasto farmacéutico de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), entre otras.

Resulta tan significativa la cifra para el ministerio del ramo, que en el documento señala que el mercado de los medicamentos incluso es mayor que el presupuesto total asignado a las universidades públicas del país sin contar las pensiones. En otras palabras, el proyecto de Conpes trata de explicarse porqué mientras que el Estado gira cuantiosos recursos y el mercado crece, los usuarios no acceden en un porcentaje significativo a los medicamentos que les prescriben en detrimento de la calidad de la salud.

Una multiplicación de problemas de la industria y del modelo que pasa por la explosión de recobros, que justamente tiene encartadas judicialmente a algunas EPS, directivos, funcionarios y exfuncionarios. A este se suman los problemas de transparencia en la información y distorsión de segmentos del mercado farmacéutico. Pero quizá la preocupación mayor está en que hay escasa información disponible sobre la pertinencia del uso de medicamentos y los resultados que pueden tener frente a los pacientes.

A estos factores se adicionan las inquietudes frente a la labor del Instituto para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Hay debilidades en la rectoría y el sistema de vigilancia de la calidad de la atención. En razón a esta situación, el Conpes destaca que fortalecen la decisión de formular una política farmacéutica. “Como elemento estratégico de la reforma al sistema de salud en Colombia”.

Con el diagnóstico claro por parte del Ministerio de Salud, la mayor parte del documento dictamina las diez estrategias para posibles soluciones a los problemas del sector farmacéutico. Las tres primeras hacen referencia a la disponibilidad de información confiable, oportuna y pública sobre acceso, precios, uso y calidad de medicamentos. Las otras siete estrategias buscan la creación de mecanismos para la regulación de precios y del mercado, la vigilancia, la sostenibilidad ambiental, la oferta y los servicios de acuerdo con las necesidades de salud nacionales y regionales.

Una iniciativa pública que busca no sólo la articulación de las entidades del sector, sino también la incorporación de entidades como los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, de Educación Nacional y Ambiente, así como de otros organismos como Colciencias, el Sena y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Según cifras oficiales, para desarrollar la nueva política farmacéutica se destinarán cerca de US$100 millones que se empezarán a ejecutar a partir de este año hasta 2021. Los recursos saldrán de inversión nacional, del Sistema General de Participación y cooperación internacional.

Pero quizás el punto que mayor controversia va a generar es la intervención directa en el mercado de los medicamentos, que se propone con la nueva política farmacéutica. Según el documento: “Colombia dispone de instrumentos de política de precios idóneos que requieren ajustes, pues han sido desatendidos en su implementación”. Por eso, se usarán herramientas de regulación eficaces y de fácil aplicación cuando el mercado presente precios no ajustados a la realidad.

Frente a los medicamentos en monopolio de un laboratorio, en su mayoría de alto costo, una vez se apruebe el Conpes entrarán en un proceso de estricto monitoreo de su precio y consumo a nivel nacional e internacional y cuando el Gobierno encuentre motivos de salud pública quedará facultado para efectuar negociaciones centralizadas o regular los precios.

En términos generales, se tiene previsto que con las medidas que se van a tomar, se presente una reducción sostenida de precios durante los dos primeros años de la implementación de la nueva política, calculada mediante un índice de medicamentos. Y en los 8 años siguientes se tiene previsto que el índice de precios de las medicinas deberá variar menos que la inflación de la economía colombiana.

Además de la nueva dinámica de precios que se quiere implementar durante los próximos diez años, se va a generar un sistema de información transparente y público que permita regular al mercado y que se convertirá en el insumo para la toma de decisiones del gobierno y los usuarios. La iniciativa busca además construir institucionalidad y su ejecución tendrá seguimiento a través de una comisión interinstitucional.

En cuanto al recurso humano para la industria, se va a adecuar la oferta de acuerdo con programas intersectoriales en áreas clínicas, industriales, en seguimiento de enfermedades crónicas y con la tecnificación y profesionalización de las droguerías. En materia de vigilancia se fortalecerán el Invima y la Superintendencia de Salud. En tanto que en lo ambiental se promoverá la investigación en biotecnología farmacéutica.

Otras estrategias plasmadas en la nueva política farmacéutica están encaminadas a estimular la producción de medicamentos estratégicos y genéricos, así como el desarrollo de nuevos programas de acceso, el diseño de redes de servicios farmacéuticos y la promoción del uso adecuado de los medicamentos.

La ministra de Salud, Beatriz Londoño, ya dio el paso fundamental para enderezar los vacíos de la industria farmacéutica. Faltan ahora los aportes del sector para de esta manera llevar a feliz término una difícil iniciativa que toca muchos intereses, pero que sin duda estaba en mora de hacerlo en beneficio de los usuarios. Se trata de una iniciativa que será el eje para la supervivencia del cuestionado modelo de salud ad portas de cumplir dos décadas de creado. ¿Lo logrará?

Evolución en el pago de los recobros por CTC y fallo de tutela (ver gráfico)

Árbol de problemas