“Yo me desligué de la firma Procesos Electorales cuando me nombraron Registrador. No tengo ni idea de quiénes se quedaron con la empresa. No tengo vínculos con ella. Yo cedí el 100% de mis derechos. Esa empresa tiene hoy otros dueños que yo no conozco”. Con este tipo de frases, el registrador Carlos Ariel Sánchez aseguró este lunes que nada tiene que ver con una empresa que está ofreciendo a congresistas quemados la oportunidad de pelear sus curules.
El Espectador publicó este lunes una investigación que da cuenta de cómo la empresa Procesos Electorales S.A. le ofreció a la emisaria de un político en apuros la posibilidad de impugnar resultados, o direccionar las actuaciones de los testigos, a través de un contrato tasado en $2,5 millones diarios, con una estricta fórmula de pago: el 50% de inmediato, un 25% después del diagnóstico y el saldo restante pagadero el día de la entrega de credenciales para el Congreso.
Al consultar los orígenes de esta empresa se constató que fue creada en febrero de 2003 por tres socios: Henry Villarraga Oliveros, actual magistrado del Consejo Superior de la Judicatura; Alfonso Portela Herrán, delegado para Asuntos Electorales, y Carlos Ariel Sánchez Torres, Registrador Nacional del Estado Civil. Sin embargo, Procesos Electorales S.A. cambió de dueños el 7 de diciembre de 2007, exactamente 11 días después de la designación de Sánchez como Registrador.
Sánchez insistió el lunes, y así lo dijo a la W Radio y a Caracol Radio, que no sabía a quiénes cedió sus derechos en la empresa. La escritura de la Notaría 76 de Bogotá señala que lo hizo a Holman Giovanni Ibáñez Parra, un abogado que ejerce actualmente como director del Censo Electoral, nombrado por Carlos Ariel Sánchez, pero que con anterioridad se desempeñó como jefe de control interno y registrador departamental de Cundinamarca, también nombrado por Sánchez.
El lunes, Holman Ibáñez, junto con el Registrador, acudió a este diario y entregó una certificación del revisor fiscal de Procesos Electorales, en la cual se dice que el mismo día que el Registrador le cedió sus cuotas en la empresa, éste a su vez las cedió a un tercero, identificado como Fernando Zabala Chacón. Además, acreditó una carta donde presentó renuncia irrevocable al cargo de miembro suplente de la Junta Directiva de la compañía.
Al revisar de nuevo la actual composición accionaria de Procesos Electorales se establece que en el tercer renglón de los nuevos dueños aparece Yeimi Milena Zabala Chacón, natural de Purificación (Tolima), con los mismos apellidos del hoy propietario de las acciones que le cedió Holman Ibáñez. Además, otra de las nuevas dueñas de la empresa es Dalia Constanza Peña, quien también acreditó cédula de ciudadanía de Purificación.
Según le dijo Ibáñez a El Espectador, él no conoce a quien le cedió sus acciones en Procesos Electorales. Lo que sí está claro es que los tres socios fundadores, es decir, el magistrado Villarraga, el registrador delegado Portela y el registrador Sánchez son nacidos en Purificación, Tolima; y al menos dos de las personas que les recibieron las acciones son del mismo municipio. Asimismo, quienes gerencian la empresa actualmente son familiares directos del magistrado Villarraga.
En sus explicaciones el lunes, el Registrador aminoró la vinculación de su nombre en la empresa Procesos Electorales, reconociendo que era de “pésima presentación”, pero que de todos modos cualquier pleito en este momento en materia de votos sólo lo puede resolver el Consejo Nacional Electoral. Un organismo al que también perteneció el registrador Carlos Ariel Sánchez entre 1994 y 1998.