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“A través de la prueba recaudada se evidencia el presunto ingreso de dineros provenientes de Odebrecht a la campaña a la Presidencia de la República para el año 2014 de Juan Manuel Santos, en cuantía de $1.200 millones”. En estos términos, contenidos en una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), se resume la decisión de abrir investigación y formular cargos al primer mandatario, a los partidos de La U, Liberal y Cambio Radical y a tres altos directivos de la referida empresa electoral de 2014.
La decisión conocida por El Espectador está contenida en un documento de 104 páginas que incluye los extractos principales de largas declaraciones concedidas por exdirectivos de la campaña Santos 2014, altos ejecutivos de la multinacional brasileña Odebrecht, el propio presidente Juan Manuel Santos, dos altos empleados de la empresa de publicidad Sancho y, en general, las personas que aparentemente conocieron de la ayuda económica que Odebrecht dio a la campaña electoral hace tres años.
En las consideraciones del Consejo Nacional Electoral se descarta inicialmente la caducidad del caso y se define que, conforme a las leyes vigentes, constituye falta sancionable permitir la financiación de la campaña electoral con fuentes prohibidas, en este caso, de la firma brasileña Odebrecht. El pago se hizo a través de un estudio de opinión para la campaña presidencial de 2014, que se canceló por medio de una sociedad comercial en Panamá de propiedad de la familia del presidente de Sancho Publicidad, Carlos Arango Gómez.
La resolución del Consejo Nacional Electoral incluye apartes de la declaración rendida por el propio Arango, quien admitió la existencia del contrato entre la firma Paddington Ventures Limited Corp y la Constructora Odebrecht S.A., aunque manifestó no conocer mayores detalles del mismo. En el mismo documento aparece una declaración del ejecutivo de Odebrecht Eleuberto Martorelli, quien precisó que la empresa en Panamá le permitió un ahorro tributario, pero que era una encuesta de opinión sobre varios candidatos.
En consideración del organismo electoral, los deberes de una campaña electoral no se agotan con la designación de un auditor interno o la firma de un documento de coalición, sino que son integrales, desde la fecha del aval hasta la culminación del período presidencial. Por eso determinó, además del primer mandatario, abrir investigación y formular cargos a los tres partidos que apoyaron la coalición de gobierno, así como al gerente de la campaña, Roberto Prieto; el tesorero Gilberto Contreras y la auditora interna Aracelly Rojas.
A propósito del gerente Roberto Prieto, la resolución incluye casi la totalidad de su declaración ante el organismo electoral y en ella insiste una y otra vez que nunca ha tenido vínculos con el exsenador Otto Bula –eje del escándalo de Odebrecht–; que nunca recibió un dólar de la firma brasileña a través de este personaje; que los medios lo han acosado inmisericordemente; que no es el hombre de Odebrecht como lo calificó el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade; y que nada tiene que ver con el caso.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral concluye que la campaña presidencial de 2014 sí contrató con la empresa Sancho un estudio político y que el pago se hizo vía Panamá a través del ejecutivo de la firma publicitaria Luis Alberto Peña. En cuanto a Prieto, la resolución cita declaraciones del ejecutivo Luis Carlos Batista Filho ante la Fiscalía, quien manifestó que varias veces lo vio en las oficinas de Odebrecht hablando con Eleuberto Martorelli. Lo ratificó Luiz Bueno Junior, también de Odebrecht.
Un testigo añadió que, por solicitud de Roberto Prieto, en 2010 creó una sociedad comercial en Panamá y abrió una cuenta en un banco en la que le consignaron US$450.000 por parte de Odebrecht para el pago de un trabajo publicitario para la campaña de Juan Manuel Santos ese año. Otro testimonio ratifica esa versión y, según el organismo electoral, estas manifestaciones son demostrativas de que la relación entre Prieto y Odebrecht eran anteriores a las conductas que ahora son investigadas respecto a la campaña electoral de 2014.
En el documento se incluye el cuestionario remitido al presidente Santos con 19 preguntas referentes a Odebrecht y la campaña del 2014. De entrada, el primer mandatario recalcó que desde que se inscribió como candidato se estableció que la financiación se haría a través de un préstamo y un anticipo y que eso fue lo que se reflejó en las cuentas presentadas al Consejo Nacional Electoral. En las demás preguntas, las respuestas se remitieron a un no escueto “desconozco ese hecho”, “no es de mi competencia” o “me entero por informes de prensa”.
En síntesis, más allá de la apertura de la investigación en el organismo electoral, lo que por ahora se plantea por parte de la magistrada investigadora Ángela Hernández es que a través de contratos simulados y ficticios, Odebrecht pagó una supuesta encuesta para la campaña Santos Presidente 2014. En cuanto al papel de Otto Bula, el exviceministro Gabriel García, los altos funcionarios de la ANI Luis Fernando Andrade y Juan Sebastian Correa, entre otros, nada se aclara y el asunto continúa siendo un tema de la competencia directa de la Fiscalía General de la Nación.
El origen del caso y el pago de los sobornos
El caso Odebrecht se originó oficialmente el 21 de diciembre de 2016, cuando directivos de la multinacional brasileña y el Departamento de Justicia de Estados Unidos llegaron a un acuerdo de cooperación que terminó delatando el modus operandi de la compañía para ganar contratos de obra y financiar campañas en al menos doce países.
Se trató de sobornos entre 2001 y 2016, cuando la empresa giró a través de su Departamento de Operaciones Estructuradas US$788 millones a funcionarios, intermediarios, partidos y candidatos de Angola, Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia.
En el país, la justicia de Estados Unidos determinó que entre 2009 y 2014 la multinacional realizó pagos indebidos por US$11 millones. Recientemente, el fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que la cifra de sobornos fue mayor, es decir, más de US$25 millones. Actualmente el organismo adelanta 15 líneas de investigación por el caso.