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Un juzgado penal ordenó la captura de uno de los empresarios más importantes del sector palmicultor en Colombia: el ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, cabeza de la multinacional italoespañola Poligrow, la cual opera desde 2008 en Mapiripán, Meta. Además, entre 2015 y 2016, el extranjero fue parte de la Junta Directiva de Fedepalma, el gremio fundado en los años sesenta que representa, apoya y defiende a los productores de palma de aceite en Colombia.
Según la investigación del caso, conocida por la Unidad Investigativa de El Espectador, este hombre de 60 años sería el supuesto “líder” de una de las organizaciones al margen de la ley que ha deforestado miles de hectáreas de bosques en el sur de Colombia. Además, según la Dirección de Carabineros de la Policía y el ente investigador, habría cometido otros delitos como ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal. Este diario se intentó contactar con Vigna y uno de sus abogados, pero no respondieron a nuestros mensajes. También llamamos a la compañía en varias oportunidades, pero tampoco obtuvimos respuesta. De contestar, serán agregadas a esta publicación.
Entre febrero y marzo de 2026, investigadores de la Fiscalía y la Policía hicieron inspecciones en el municipio donde hace presencia la multinacional con el fin de recaudar las pruebas que respalden su teoría del caso: que el italiano, junto a otras 16 personas, deforestó, entre 2008 y 2026, más de 52.000 hectáreas de tierra aledaña a parques naturales como Tinigua, La Macarena, Chiribiquete, Nukak y Picachos. Según cálculos de las autoridades, esas acciones contra el ambiente permitieron que se construyeran 68 kilómetros de vías ilegales en esta región.
En la mañana y tarde de este miercoles 10 de junio se desarrollaron operaciones para dar con la captura de 14 personas que también harían parte de la presunta organización al margen de la ley. Esos operativos se adelantaron en Casanare, Meta, Santander y Bolívar. Sus nombres son: Andrés Enrique Fonseca Romero, Eduardo Santos Leguizamo, Liliana Edith Bustos Méndez, Sandra Milena Ladino Ramírez, Leonardo Alexis Rondón Sáenz, Eiby Lucía Rodríguez Lara, Jorge Iván Duque Lenis (el destituido exalcalde de Mapiripán), Jaime Romero Romero, John Humberto Rodríguez Gómez y Jorge Avendaño Rodríguez.
Entre los detenidos por el CTI de la Fiscalía también están cinco familiares del congresista William Aljure Peña: sus hermanos Tufik, Vadit, Anafda y Loris Aljure Peña, así como Dumar Gontran Aljure Martínez. A su vez, los Aljure son nietos de una figura clave en la historia del conflicto armado colombiano: Dumar Aljure Moncaleano, excomandante de las guerrillas liberales de los Llanos en los años cincuenta que murió a manos del Ejército en abril de 1968. El Espectador se contacó con el representante a la Cámara pero no contestó nuestros mensajes.
¿ Poligrow acumuló terrenos baldíos ?
En 1953, cuando el comandante guerrillero Aljure Moncaleano fue amnistiado por la dictadura militar, el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla le entregó un extenso terreno baldío (propiedad de la Nación) llamado Santa Ana que comprende 120.000 hectáreas. Es decir, aproximadamente, 168.067 canchas de fútbol o tres veces el área urbana de Bogotá. Este contexto histórico es clave, ya que, justamente, son estas tierras las que habrían sufrido delitos ambientales por parte de la empresa de Vigna y los demás capturados.
La investigación contra la presunta estructura ilegal advierte que esta operaba a través de funciones diferenciadas, que combinaban poseedores de tierras, intermediarios, funcionarios locales, compradores y la multinacional palmicultora.
La hipótesis de los investigadores sostiene que el esquema comenzó con la ocupación y protocolización de grandes extensiones de baldíos de la Nación, que posteriormente fueron fragmentadas, transferidas y explotadas económicamente bajo una apariencia de legalidad. Una supuesta acumulación de baldíos que la Contraloría General denunció en 2017, pero que nunca tuvo eco en los estrados judiciales.
A partir de esa fragmentación, afirman fuentes del caso, las tierras fueron divididas en 60 predios y transferidas a terceros mediante escrituras públicas y contratos de posesión. Los investigadores describen esta etapa como un proceso de “fraccionamiento estratégico” destinado a dispersar la titularidad aparente de los terrenos y evitar alertas sobre la concentración de grandes extensiones de tierra.
Sin embargo, el núcleo central de la teoría del caso gira alrededor de la relación entre la familia Aljure y el empresario italiano Carlo Vigna Taglianti, fundador y directivo de Poligrow. Según los investigadores, los Aljure actuaron como poseedores históricos del predio Santa Ana, mientras que Vigna y las sociedades vinculadas a Poligrow aportaron el capital, la infraestructura agroindustrial y la capacidad empresarial para desarrollar proyectos productivos en la zona.
El informe sostiene que esta alianza se materializó mediante contratos de compraventa de posesión de la tierra, así como a través de la constitución de sociedades comerciales como Ganadería Santa Ana S.A.S., de la cual hacen parte los hermanos Aljure Peña y el italiano.
Otra de las hipótesis de las autoridades es que todos estos actores integraron una misma red con un objetivo común: transformar grandes extensiones de territorio mediante un proceso que iba desde la ocupación y formalización aparente de los predios hasta su explotación económica a gran escala. Investigadores del caso describen esa dinámica como un “carrusel de tierras”, en el que los terrenos pasaban sucesivamente por familiares, apoderados, compradores y sociedades comerciales hasta terminar incorporados a un modelo de explotación agroindustrial.
Fuentes del caso señalan que, en febrero pasado, cuando las autoridades viajaron hasta Mapiripán, encontraron ganadería extensiva, hectáreas con cultivos de palma africana, contaminación de fuentes hídricas, afectaciones a humedales y cultivos de hoja de coca.
De acuerdo con alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, así como con reportes de la fuerza pública y de la Fiscalía, en esta zona hace presencia el Frente 39 de las disidencias de alias “Iván Mordisco”. Esta estructura armada fue una de las que se enfrentó a finales de mayo pasado en Guaviare contra las disidencias de alias “Calarcá”, en hechos que dejaron un saldo de 50 personas muertas.
Las pruebas de la Fiscalía contra Carlo Vigna Taglianti y Poligrow sobre presuntos daños ambientales
Aunque la Federación Nacional de Palmeros (Fedepalma) dice que Poligrow y el italiano son un “ejemplo de desarrollo sostenible, inclusión social y protección ambiental”, para la Fiscalía existen varias pruebas de lo contrario.
En 2020, funcionarios del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) fueron los primeros en alertar que, aparentemente, en Mapiripán, estaban deforestando a gran escala. Diecisiete informes de esta entidad gubernamental, emitidos entre 2020 y 2023, identificaron 624 polígonos de deforestación en el megapredio Santa Ana. Según los informes, las áreas intervenidas correspondían originalmente a bosque natural y sabanas, antes de ser transformadas para el establecimiento de 29 hectáreas de palma de aceite y actividades de ganadería extensiva.
De acuerdo con investigadores del caso, la participación de Carlo Vigna Taglianti, representante de Poligrow Colombia, y de la familia Aljure habría sido determinante en la transformación ambiental del extenso terreno. Los investigadores concluyen que la deforestación registrada en la zona no obedeció a eventos aislados, sino a un proceso sistemático asociado a la implementación de proyectos agroindustriales y ganaderos.
La hipótesis de los investigadores sostiene que la familia Aljure habría actuado como poseedora y administradora inicial del predio, mientras que Carlo Vigna y Poligrow habrían aportado el capital y la infraestructura necesaria para la explotación económica del territorio. El documento afirma que el contrato de compraventa de posesión y mejoras suscrito en 2008 constituye el principal elemento para vincular a ambas partes con los hechos investigados.
En palabras de las autoridades, los implicados “conocían que debían eliminar el bosque y lo hicieron voluntariamente”, mientras que la existencia de 624 polígonos de deforestación evidenciaría un “modus operandi diseñado para evadir el control de las autoridades ambientales”. Los investigadores concluyen que la magnitud del daño configuraría no solo el delito de deforestación, sino también un escenario de afectación sistémica de los recursos naturales asociada a la expansión agroindustrial en el predio Santa Ana.
Estos informes y decenas de pruebas más serán presentadas por la Fiscalía General en los próximos días ante un juez de control de garantías con el propósito de imputarle cargos, entre ellos: ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal.
No será la primera vez que Vigna Taglianti comparezca ante la justicia. Hace una década, este diario también reportó cómo el italiano fue llamado a juicio por la Fiscalía y luego absuelto. En agosto de 2017, el juez 56 penal de conocimiento de Bogotá decidió declarar inocente al empresario de la multinacional palmera, quien era acusado de los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, fraude procesal y falsedad en documento público y privado. Cargos que él, desde un principio, negó rotundamente.
El juzgado señaló que las pruebas y testimonios llevados al juicio por la Fiscalía no eran contundentes para hallar culpable al director de la multinacional, la cual tiene cerca de 7.000 hectáreas sembradas con palma de aceite en Mapiripán (Meta) desde 2008. El turinés Vigna Taglianti era señalado de haber sido partícipe de un supuesto plan ilegal para hacerse con unas tierras en ese municipio metense.
Ahora, casi una década después, Vigna tendrá que volver a los estrados judiciales a defenderse de las acusaciones que hoy le endilga la Fiscalía. Personas cercanas a su entorno, que piden no revelar su identidad por no estar autorizadas para declarar, dicen que volverá a salir indemne y que él “demostrará que es un empresario que le ha aportado progreso económico y social a Mapiripán y al Meta”.
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Por David Escobar Moreno
